Norberto Blanco y Silvia Barco señalaron a Quiñones y Viton

Viton y Quiñones, Foto SPNQN
Norberto Blanco fue detenido primero en Marzo del 76 y Luego en Agosto. La segunda detención no entro en discusión en este juicio por que ya tuvo "condena" en 2008. Esa condena no incluyo las fuerzas policiales que hicieron posible el secuestro y la entrega de Norberto a La Escuelita, donde lo torturaron. Solo entro en debate la detención de Marzo.

 
Era empleado municipal en aquellos años, militante del Partido Comunista (aclaro que ese partido apoyo a los militares), y que no importaba si uno era socialista, justicialista etc. Cerca de las 7.20 hs del día 24 de Marzo un operativo de Fuerzas conjuntas entró a la Municipalidad de Cipolletti y se llevaron detenido a su hermano. Minutos mas tardes, la misma comisión volvió a buscarlo a el, pero Norberto se había retirado. Cuando llego a la casa ubicada en las 432 viviendas, vio policías apostados en su monoblok, por lo que decidió irse y esconderse algunos días. Días después, hablo con su hermano quien había sido liberado, y lo convenció de entregarse en la comisaria 4ª de la ciudad, "preséntate en la comisaria por que si te ven en la calle te matan", le dijo el hermano. En la comisaria fue atendido por Viton e ingresado a un calabozo. Durante los días de detención reconoció la voz de Pailos, y dijo haber sido llevado hasta el Batallón de ruta 22 en Neuquén. Estuvieron media hora, y regresaron a Cipolletti. En el Batallón dijeron que traían a unos detenidos que tenían libros subversivos, y le contestaron, llevatelos, si vamos a meter a todos los que tengan libros no nos alcansarian las cárceles, relató. Compartió el traslado con el Dr. Sergio Listein.

Norberto Blanco, detenido y torturado.
Señaló directamente al Oficial Quiñones ya que el dirigió los allanamientos en su casa tanto en Marzo como en Agosto, Quiñones detuvo a mi hermano.
Durante el traslado pararon en el Servicio de Inteligencia de Av. Argentina, donde reconoció haber visto a Raúl Guglielminetti entrando al edificio. Lo reconoció tiempo mas tarde cuando lo vio como guardaespaldas del ex Presidente Alfonsin.
Preguntado si fue detenido o secuestrado contesto, "yo me entregue en la comisaria, pero no estaba registrado por lo que fue una detención clandestina."
El 30 de Abril la Municipalidad lo dejo en disponibilidad laboral.Al final criticó a la periodista del Diario Río Negro Alicia Miller quien en unas notas publicadas desacredito las declaraciones de los testigos que fueron víctimas de la represión ilegal en Cipolletti, y entra ellas nombró a su esposa Silvia Barco.

Silvia Barco
Silvia Barco es Docente de la Facultad de Ciencias de la Educación y esposa de Norberto. Estuvo de rehén embarazada y junto  a sus hijos durante una semana. El operativo de la Policía provincial fue dirigido por Quiñones.
El 24 de Marzo allanaron su casa buscando a su esposo. Primero llegaron tipo 7 pero no encontraron el domicilio, luego volvieron  al medio día. Hicieron un despliegue importante en el barrio con camiones del ejercito. En la casa se identificaron Viton (civil) y Quiñonez (uniformado). Los agentes ocuparon la casa, revolvieron todo, se llevaron todos los libros, fotos de familiares, cuadernos del colegio. Un libro en especial llamo la atención,"La roja insignia del valor" de Stephen Crane. Un oficial lo agarro y le dijo," ¿Usted me va a negar que no es terrorista?", mostrandole el libro. Léalo, le contesto. Los oficiales no abandonaron el departamento por una semana, estaban de rehén, no podían salir ni hablar con nadie. Comieron gracias a los vecinos que le acercaron alimentos. Tenia dos hijos de 3 y 4 años y un embarazo de 7 meses. A los niños los amenazaban con las armas, luego de un desorden Quiñones les ordeno hacer guardia fuera del edificio. Un día Silvia presento perdidas, por lo que la llevaron en el patrullero a ver a su Ginecólogo el Dr. Villagra (Padre), quien se negó atenderla diciendo "no atiendo a subversivos".
Todas las veces que fue a la comisaria por su marido fue atendido por Quiñones. Él tenia capacidad de mando, daba ordenes, nunca consultaba nada, por eso lo señaló. También identificó a Viton en la Comisaria 4ª de Cipolletti. Preguntado si conoció a Guglielminetti dijo saber de él ya que era funcionario de la Universidad Nacional del Comahue cuando fue intervenida y que sabia que trabajaba con su cuñada en el Diario de Neuquén.
Libro de la discordia
Silvia finalizó agradeciendo a la justicia por que esta siendo justa, y recordando un trabajo con sus alumnas de la Facultad de Ciencias,"a ellas en el 76 las habrían llevado, por pensar". Describió como consecuencias la perdida de trabajo (despego de toda red de relaciones), irse del lugar que habían elegido vivir, alejarse de sus seres queridos por miedo a involucrarlos en algo, tener que obligarse a olvidar direcciones y nombres para no involucrar personas. "me dolió mucho tener que irme sin poderme despedir de mis alumnos, de sus padres/as", declaro.

Más pruebas contra los imputados.

Con las declaraciones brindadas la semana pasada por los testigos hubo significativos avances sobre los hechos ocurridos dentro de la Comisaría 4ª de Cipolletti y en el Operativo Cutral Co.

 
Por GEORGINA GONZALES
También fueron relevantes los testimonios del ex fiscal federal de Bahía Blanca Hugo Cañón y de Stella Segado, quien trabajó en la elaboración del archivo de la Conadep.

Neuquén - Las audiencias del juicio oral y público contra 24 represores acusados de violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura en la región se reanudaron el martes con la declaración de Luis Guillermo Almarza Arancibia, quien fue detenido en Plaza Huincul el 15 de junio de 1976. Su declaración evidenció una vez más los fuertes tormentos que sufrieron los detenidos en la Comisaría Nº14 de Cutral Co, cuyo jefe era el comisario Héctor Mendoza (extraditado desde Paraguay en el marco de la causa en la que se investigan delitos de lesa humanidad pero que no está imputado en este tramo).

Almarza recordó que en esa dependencia policial lo tiraron al piso, boca abajo, le pisaron la espalda, le saltaron encima y por último lo dieron vuelta para continuar golpeándolo en la parte frontal de su cuerpo. Pero ese fue sólo el inicio de su derrotero carcelario. Lo trasladaron al distrito militar que funcionaba en la esquina de Perito Moreno y Olascoaga, a la U9, al Comando de la VI Brigada de Infantería de Montaña y, en varias oportunidades, a la Policía Federal. También a la U6 de Rawson y a la U9 de La Plata hasta conseguir la libertad en 1980 que le permitió exiliarse en Bélgica.

Esta víctima fue además uno de los últimos en ver a cuatro de las personas que permanecen desaparecidas. Recordó que un día de noviembre de 1976, los detenidos Osvaldo Cancio, Javier Seminario, Miguel Ángel Pincheira y Sergio Méndez fueron sacados de sus celdas en Rawson en medio de un gran movimiento. Después le avisan que los diarios hablaban de que habían sido dejados en libertad.

Emiliano del Carmen Cantillana, detenido en la madrugada del 15 de junio de 1976 por parte de fuerzas del Ejército en Plaza Huincul, también relató los tormentos sufridos en la comisaría de Cutral Co identificando a Mendoza.

Confirmación
Los nombres de los imputados que más resonaron durante las audiencias fueron los de Miguel Ángel Quiñones, quien se desempeñaba por entonces como oficial de la Comisaría Cuarta de Cipolletti; Gustavo Vitón, asignado a la jefatura de esa dependencia policial, y Antonio Camarelli, jefe de la dependencia policial de la ciudad rionegrina.

Los vejámenes sufridos por los detenidos en la comisaría cipoleña siguieron siendo reflejados durante el testimonio de Elena Meraviglia.

Por el secuestro de su ex esposo Luis Genga, la mujer relató que en varias ocasiones se entrevistó con Camarelli, quien nunca le brindó precisiones sobre el destino de, en ese entonces, secretario General del gremio docente rionegrino, UNTER. Junto con Genga habían sido detenidos María y Silvia Botinelli y Jorge Villafañe. Recordó la detención dentro de su domicilio de otras de las víctimas de este juicio, Silvia Barco.

Casa tomada
El matrimonio Blanco también pudo declarar para disparar directamente sobre las responsabilidades de la Policía de Río Negro en sus detenciones ilegales.

Quiñones, Vitón y Camarelli fueron los apellidos que volvieron a retumbar en la sala. Norberto Blanco, detenido en marzo y en agosto de 1976, dijo que en los últimos años “se intentó minimizar la responsabilidad de la Policía de Río Negro”. “Si bien yo no sufrí tormentos en la Comisaría de Cipolletti, sí fue Quiñones el que allanó mi casa, el que detuvo a mi hermano, el que me llevó al Batallón donde me torturaron”, destacó. Su mujer, Silvia Barco ubicó a Quiñones y Vitón como los responsables del allanamiento de su vivienda y la permanencia de varios oficiales en su casa quienes exhibían sus armas a sus dos hijos, de 3 y 4 años. “Los dos oficiales con capacidad de tomar decisiones, de comando eran Vitón y Quiñones”, afirmó.

Remordimientos
Jorge Luis Cassolini, comisario retirado de la Policía de Neuquén, reveló que el operativo represivo en Cutral Co, donde se detuvo a estudiantes y militantes de partidos políticos, fue conducido por el Jefe de Inteligencia de la Sexta Brigada, Oscar Lorenzo Reinhold.

El testigo, quien se desempeñaba en el Departamento de Informaciones de la Policía provincial, declaró que en junio fue enviado con su jefe, comisario René Poblet, a Cutral Co “para quedar a las órdenes del Ejército”.

Admitió que conoció a Enrique Casagrande, Eduardo Molina Ezcurra, quienes trabajaban en Inteligencia del Ejército, y al ex agente Raúl Guglielminetti. Afirmó que detuvieron entre 10 y 15 personas y que todos estaban esposados.

También se empezó a profundizar el caso del único detenido de "La Escuelita" que logró fugarse -Hugo Obed Inostroza- a través de la declaración de un ex compañero de trabajo, el albañil Sergio Larenas Bascuñan.

El testigo confirmó que el secuestro de Inostroza, el 26 de agosto de 1976 en su vivienda de la calle Manuel Estrada de Plottier, fue realizada "en forma violenta" por los militares.

Homicidios
Las declaraciones del ex fiscal federal de Bahía Blanca Hugo Cañón, quien estuvo a cargo de las investigaciones de delitos de lesa humanidad en esa ciudad, y de Stella Segado, ex Directora Nacional del Archivo de la Conadep, sirvieron de puente para que la querella de la APDH solicitara al tribunal que las desapariciones sean juzgadas como homicidios.

Las pruebas compartidas por los especialistas condujeron a decir que los desaparecidos fueron asesinados y la APDH quiere que se juzgue a los responsables, postura apoyada por la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y repudiada por las abogadas del Ceprodh.

Coinciden en que "fueron asesinados"

El testimonio del fiscal federal Hugo Cañón y de la secretaria de Derechos Humanos del ministerio de Defensa, Miriam Stella Segado, fueron coincidentes en que los casos probados de desaparición forzada durante la dictadura involucraban el asesinato de los que habían sido detenidos durante la dictadura militar y no se conocía luego su destino.

Ambos fueron convocados por la querella de la APDH para sustentar su argumentación de pedir que se juzgue por homicidio a los jefes militares de la zona.

El querellante Juan Cruz Goñi, también convocó a Néstor Rojas, un sobreviviente del régimen militar quien dio testimonio de cómo desaparecían y eran muertos los detenidos en los "pabellones de la muerte, 1 y 2" en la U9 de La Plata. El testigo señaló casos que como los de Orlando Cancio, Javier Seminario Ramos, Miguel Pincheira y José Méndez, fueron "puestos en libertad" desde el penal, y desde allí nada más se supo de ellos.

Segado discriminó que existen "más de 2.000 expedientes" en el país (documentados en el ministerio de Defensa) con la historia de desaparecidos bajo la modalidad de retirarlos como liberados PEN (a disposición del Poder Ejecutivo Nacional) de las cárceles comunes. Cifró en más de 14.000 las denuncias existentes por desapariciones en el país -muchas de esas denuncias contienen a más de un desaparecido, aclaró-, y dijo que había 5.000 registros de "ejecuciones sumarias" que no fueron catalogadas inicialmente como desapariciones; a lo que dijo que había que contabilizar las desapariciones de niños nacidos en cautiverio, que las Madres de Plaza de Mayo cifran en 500. El fiscal Cañón describió que la desaparición forzada incluía muertes de personas que eran arrojadas al mar, el asesinato con un balazo en la cabeza y luego arrojados en fosa común como NN, la escenificación de un enfrentamiento -en cuyo caso el cadáver del secuestrado aparecía en la vía pública-, la incineración de cadáveres, entre otros.

Los Valles - El que se escapó del centro

Un docente de Plottier, Raúl Lagos, detalló ayer cómo fue el secuestro de Hugo Inostroza Melo, el que se escapó de la tortura en "La Escuelita" en agosto de 1976.

"Me impactó la imagen de un niño de unos 8 ó 9 años que intentó evitar que se lo llevaran, se aferró a sus piernas, y como no pudo evitarlo, se quedó tirándole piedras al auto", dijo ayer.

Lagos no conocía a Inostroza Melo, pero vivía en la misma cuadra.

Describió cómo un auto grande se metió en contramano por la calle Manuel Estrada al 200, se detuvo, cuatro civiles armados bajaron del auto de un color claro, se bajaron en una casa de donde se llevaron a una persona "que lo llevaban a la fuerza".

"Después supe que era de apellido Inostroza y alquilaba allí", dijo Lagos.

Inostroza vive actualmente en España y solicitó declarar por teleconferencia desde Madrid.

Estudiantes en el juicio
Estudiantes del Instituto de Formación Docente Continua (IFDC) de Luis Beltrán, participaron ayer de las dos jornadas de audiencia en el juicio en el que se ventilan los delitos cometidos durante la dictadura militar.

Alumnos de Magisterio, Historia y Geografía escucharon los testimonios de los policías retirados Jorge Cassolini y Amador Luengo; luego al vecino de Plottier que fue testigo del secuestro de Hugo Inostroza, Raúl Lagos, y aguardaban conocer los detalles de los ataques que sufrió la familia Blanco y Silvia Barcos, que dictará un seminario sobre "políticas educativas" en el IFDC beltranense.

Víctimas involucraron a la policía rionegrina

Declaró el matrimonio Blanco. - Incriminaron al exagente Quiñones de Cipolletti.

Norberto Blanco y su esposa Silvia Barco relataron con crudeza los sometimientos físicos y psíquicos a los que fueron sometidos cuando el 24 de marzo del 76 fuerzas policiales de Río Negro y del Ejército irrumpieron con violencia en su departamento en Cipolletti. Blanco no estaba y lo fueron a detener al municipio donde trabajaba, pero como minutos antes se habían llevado a su hermano, se escapó y ocultó.

Para obligarlo a que se entregara, efectivos policiales tomaron de rehén a su esposa -embarazada de siete meses- e hijos, ocupando la vivienda una semana hasta que lograron el objetivo: Blanco se entregó en la comisaría Cuarta y desde allí fue llevado al Batallón 181 de esta ciudad.

En agosto lo secuestraron en esta ciudad, lo llevaron a La Escuelita, donde fue torturado con picana eléctrica.

De esos y otros episodios ambos incriminaron al expolicía rionegrino Miguel Ángel Quiñones y le atribuyeron un rol protagónico en las peripecias de todo orden que debieron atravesar.

"Cuando me entregué en la comisaría me atendió el teniente (Gustavo) Vitón y estaba Quiñones", dijo Blanco.

"Quiñones allanó mi casa y ordenó la permanencia de los efectivos en el interior. Tenía poder de mando y me recibía en la comisaría cuando iba a preguntar por qué habían detenido a mi esposo", señaló Barco.

Blanco remarcó: "Quiñones me detuvo en agosto y me llevó a La Escuelita. Un informe de ´Río Negro' intentó legitimar el accionar de la policía rionegrina e involucró intencionalmente a mi esposa, aunque después ante el reclamo se publicó que había sido un error involuntario. Pero la Policía de Río Negro fue responsable".

Norberto Blanco era militante del Partido Comunista -al que al año renunció por que ésta fuerza apoyó el golpe militar- y del sindicato municipal;su esposa era docente, integraba el centro de estudiantes del Instituto de Formación Docente y el gremio Unter. "Nuestras actividades eran transparentes, públicas, ejercidas en el marco del estado de derecho", dijo la mujer de Blanco.

El hombre dijo que había optado por entregarse porque -en momento que estaba oculto- su hermano se lo aconsejó "porque si me encontraban en la calle me iban a matar y porque sabía lo que estaba sufriendo mi familia"

Blanco agregó que, como consecuencia de las detenciones "me tuve que ir a Buenos Aires. Sin trabajo, sin casa, sin muebles. Me torturaron, me picanearon, pero eso no influyó en mi físico ni en mi espíritu... Sí que me humillaron". Por su lado, Barco relató que cuando en un patrullero la llevaron a ver un ginecólogo, el doctor Villagra -no recordó el nombre- "no me quiso atender. Me dijo que no atendía guerrilleros".

Causa "la escuelita" II. Vieron a Guglielminetti en asambleas obreras

Sergio Méndez Saavedra es un obrero de la construcción -jubilado- que fue secuestrado en Cutral Co en 1976, brutalmente golpeado en la comisaría de la localidad y torturado hasta perder el oído en el centro clandestino "la Escuelita" de Neuquén, en una segunda detención.

Aseguró que Raúl Guglielminetti -civil de Inteligencia imputado en este juicio- era uno de los que intervenía en las asambleas obreras de El Chocón antes del golpe.

El juicio en el que se debaten delitos de lesa humanidad continuó esta semana con testimonios de víctimas del "Operativo Cutral Co", cuando una docena de militantes gremiales, adolescentes y jóvenes que adherían al PRT (Partido Revolucionario de los Trabajadores) fueron secuestrados de la comarca petrolera en junio de 1976. Varios de los detenidos en aquel procedimiento están desaparecidos.

Según se escuchó en las últimas tres audiencias, el centro de Cutral Co y las escuelas secundarias de Huincul fueron "rodeados" por soldados para que militares y oficiales de la policía neuquina llevaran a cabo los secuestros junto con personal de Inteligencia del Ejército, en tanto la comisaría fue utilizada para el interrogatorio bajo tormentos de los detenidos.

"Golpearon la puerta y como estaban armados, les abrí; le pusieron una pistola en la cabeza a mi esposa mientras pateaban a mis hijos más pequeños que no querían que me llevaran. Estaban encapuchados, armados y vestidos de civil", describió Méndez Saavedra, secuestrado violentamente en junio y luego en septiembre de 1976.

Agregó que cuando lo llevaron afuera de su casa, en uno de los Falcon vio a Carlos Chávez -militante del PRT desaparecido- que "iba más muerto que vivo" por la paliza a la que había sido sometido; en tanto describió que le vendaron los ojos para meterlo a una oficina de la comisaría de Cutral Co, donde fue duramente castigado con patadas, golpes y culatazos.

Agregó que allí pudo advertir que estaban Pedro Maidana y Francisco Tomasevich, mientras que el traslado a Neuquén en un camión celular quedó en la U9, donde fue testigo de que Guillermo Almarza -que estaba encarcelado- volvió destrozado y con los oídos sangrantes, tras ser sacado del lugar.

Méndez Saavedra dijo adherir al PRT "pero nunca fui violento, ni llevé un arma en mi cintura".

En una segunda detención, padeció torturas en los 20 días que estuvo en "La Escuelita" de Neuquén, cuando escuchó la presencia allí de los cutralquenses Raúl Metz y Graciela Romero de Metz, embarazada.

Dramático relato sobre las secuelas de la tortura

Cuando lo secuestraron en 1976, Luis Almarza recibió 57 golpes desde la nuca hasta al coxis en el traslado en avión desde Neuquén a Rawson. Su columna quedó destrozada.

"Las consecuencias físicas están a la vista, son los 57 golpes del traslado" dijo ayer Luis Guillermo Almarza para ilustrar cómo quedó destrozada su columna tras los golpes y picana eléctrica aplicados en su cuerpo en sesiones de tortura que sufrió desde que fue secuestrado en Cutral Co el 14 de junio de 1976.

"57 bastonazos recibí desde la nuca hasta el coxis", dijo Almarza que contó en el trayecto por avión en el que fue trasladado desde la U-9 neuquina hasta Rawson -en septiembre de ese año-, cuando estaba vendado con las manos esposadas en los pies.

Cuando lo bajaron a las patadas al penal del sur "no podía caminar". En 1978 y por gestión del obispo neuquino, Jaime De Nevares, sus padres lograron que luego de dos años de estar encarcelado tras el secuestro, pudiera usar sus anteojos, sin los cuales no veía.

Almarza fue picaneado desde su secuestro en Cutral Co, el 14 de junio de 1976, cuando tenía 26 años. "La persona que estaba con Mendoza (ex comisario de Cutral Co en 1976) era la que llevaba a cabo los tormentos", dijo al recordar a quiénes pudo ver entre sus victimarios.

En la comisaría los tormentos comenzaron con trompadas, militares parados sobre sus extremidades durante la paliza y luego la picana hasta el desmayo.

Almarza fue uno de los testigos centrales en la jornada del juicio por delitos cometidos en la región en la última dictadura militar.

Aunque estuvo vendado, el excomisario neuquino Héctor Mendoza le hizo firmar una declaración que no pudo ver. "Vivía en Huincul desde niño, conocía a mucha gente, me preguntaban por Oscar Hodola, que era mi amigo y yo sabía que era del PRT -Partido Revolucionario de los Trabajadores-, y por otros que militaban en movimientos sociales y en el PJ. Yo no estaba afiliado a ningún partido político, pero adhería al PRT, y muchos los que queríamos otro futuro, eran mis amigos", dijo.

Después de los tormentos en Cutral Co fue trasladado hasta la U-9, de donde lo sacaban casi a diario desde el penal la primera semana. "La picana era inamovible, las trompadas y también el falso teléfono, la mano ahuecada en los oídos" en la Federal o en el ex Distrito Militar, ubicado en 1976 en Olascoaga y la ruta, que luego se vendió a una cadena de supermercados.

"Periódicamente me sacaban para interrogarme en la Federal y en el Distrito", sostuvo Almarza quien dijo que reconoció el lugar cuando, de regreso del exilio en Bélgica, como técnico gráfico ingresó a ese edificio cuando funcionó allí la escuela de Bellas Artes. "Cuando hice un recorrido por las aulas, me situé que allí había estado", dijo. A pesar del cruento trato a los presos en Rawson, Almarza denunció ante la Cruz Roja internacional cómo había sido torturado y los vejámenes carcelarios, y luego ante la comisión de la OEA -a fines de septiembre de 1979-, ya en la U-9 de La Plata, atestiguó conocer de la desaparición de los José Méndez, Javier Seminario, Juan Manuel Pincheira y Orlando Cancio, una tarde de siesta de 1976 cuando fueron sacados de Rawson "y en el diario salió que les habían dado la libertad, pero hasta hoy no están".

El cautiverio marcó una bisagra en la vida

Emiliano Cantillana Marchant aseguró que fue un hombre antes y otro después de haber pasado por la tortura . "Antes éramos jóvenes que pensaban en el futuro, en una patria libre, soberana, igualitaria; y pasamos a ser seres silentes; porque si te llevaron, por algo fue (le decían), entonces la sociedad y la justicia estaba ausente ", aseguró.

Cantillana Marchant reconoció a un hombre alto, rubio, de unos 35 años y de tez rosada como la voz que estuvo presente cuando lo picaneaban en Cutral Co en la U-9 de Neuquén. "Sabemos todo de vos, cuidate", le dijo al dejarlo en libertad uno de los interrogadores después de un mes de cautiverio, que incluyó las torturas en la comisaría y los golpes en la U-9.

Sin dudarlo, aseguró que el jefe de la comisaría de Cutral Co, Héctor Mendoza, estuvo en la comisaría la noche de secuestros y tormentos. "No sé si el torturaba, estaba con los militares que me torturaron. El estaba ahí", dijo Cantillana Marchant, quien fue secuestrado de Cutral Co.

Mendoza no integró el grupo de imputados en este juicio debido a que estuvo prófugo hasta el 2010, cuando fue hallado en Paraguay, en una comunidad religiosa donde se hacía llamar "hermano Héctor". Su procesamiento fue confirmado y está en la U-9 a la espera de un nuevo juicio.

¿Porqué no dio el nombre en el 85?, le preguntó la defensa oficial al comparar la declaración de ayer, con una realizada ante la Conadep y la instrucción judicial realizada por el juez federal Rodolfo Rivarola.

"Porque Mendoza estaba en funciones y no estaban dadas las condiciones en el país", contestó.

"Se llevaban el libro de Caperucita Roja"

Con su testimonio de una hora y media, Elena Margarita Meraviglia volvió a poner ayer a la comisaría de Cipolletti en escena como centro de detenciones ilegales tras el golpe del 24 de marzo del 76.

La testigo resaltó la arbitrariedad de sus funcionarios, incluido los militares que actuaron en ese lugar, para llevar a cabo las privaciones de libertad y ocultarle a los familiares de las víctimas noticias de sus paraderos.

Meraviglia habló particularmente respecto de dos detenidos: Luis Genga, quien había sido su esposo y fue detenido junto a las hermanas María Cristina y Silvia Beatriz Bottinelli y Jorge Villafañe, y de Norberto Osvaldo Blanco, quien era su vecino en el complejo de las 432 Viviendas en la vecina ciudad.

Cuando la defensora Paola Rubianes le preguntó si Blanco o su esposa Silvia Barcos (que declararán hoy) le habían dicho por qué habrían detenido al primero, dijo que "él militaba en el sindicato municipal y creo que venía por ahí. Pero cualquier cosa era motivo para poner en duda a una persona, se llevaban el libro de Caperucita Roja porque era roja".

En cuanto a Blanco dijo que cuando lo fueron a buscar los uniformados, policías y militares, "se metieron hasta por la ventana y como no estaba se quedaron como una semana" para obligar a que se entregara.

El libro que compiló los casos padecidos en cautiverio

El libro "Grietas en el Silencio" compiló la investigación sobre violencia sexual en el marco del terrorismo de Estado que abordó a víctimas de la dictadura que fueron abusadas sexualmente en centros clandestinos de detención de cinco provincias diferentes.

"Constatamos en varones y mujeres que la agresión sexual fue extendida, frecuente, constante y que ocurrió en todos los centros clandestinos", dijo Susana Chiarotti, integrante del Instituto de Género, Derechos y Desarrollo y desde 2.005 integrante de comité de expertas en violencia de la OEA, durante la presentación del ejemplar la semana pasada en la ciudad de Neuquén.

El libro no se vende, y fue entregado en forma gratuita a bibliotecas populares e instituciones durante la exposición del trabajo que se llevó a cabo en la Conrado Cultural, ante un auditorio colmado.

Algunos de los capítulos, que incluye la investigación sobre jurisprudencia argentina e internacional, fueron citados en la sentencias que se dictaron en Mar del Plata en la causa Molina; y en Mendoza cuando la Cámara de Apelaciones revocó la falta de mérito de Benjamín Menéndez (noviembre del 2011) por los abusos cometidos contra los detenidos en el centro clandestino que funcionó en el Departamento de Informaciones de Mendoza (DEI).

"Si hubo cinco testigos de la violación en un centro clandestino, su desaparición o muerte no puede ser una causa de impunidad; así lo describe un instructivo de la Unidad Fiscal que se logró como parte de este trabajo", dijo Marta Vasallo, periodista que compiló y editó la investigación.

Escuelita I: La Corte confirmó las condenas del 2008

La Corte Suprema de Justicia dejó firmes las condenas a 25 años de prisión contra Oscar Lorenzo Reinhold, Mario Alberto Gómez Arenas y Luis Alberto Farías por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura en el centro clandestino de detención denominado "La Escuelita", en la provincia de Neuquén.

El máximo tribunal rechazó un último recurso presentado por la defensa oficial de los tres exrepresores, a cargo de la defensora oficial Brenda Palucci. La resolución completa se publicó ayer en el sitio de la Corte.

La defensora había planteado una serie de nulidades, inconstitucionalidades y excepciones que ya habían sido rechazadas por la Sala Cuarta de la Cámara Federal de Casación Penal, y ahora ratificada por el máximo tribunal, con las firmas de Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi, Raúl Zaffaroni y Juan Carlos Maqueda.

En febrero de este año la sala IV de la Cámara de Casación Penal había confirmado la sentencia dictada por el Tribunal Oral Federal de Neuquén, en el juicio realizado por el secuestro de 17 personas.

Reinhold fue condenado a 25 años de prisión como "autor penalmente responsable de privación ilegal de libertad doblemente agravada por el uso de violencia y duración por más de un mes, aplicación de tormentos psíquicos y físicos agravados por resultar las víctimas perseguidos políticos, violación de domicilio y robo, asociación ilícita y coacción".

Farías fue condenado a 22 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua, y Gómez Arenas a 25 años de cárcel. Los tres están imputados en la causa "La Escuelita" II.

Incluyen la violación como delito de lesa humanidad

La fiscalía investiga los casos que se registraron en Neuquén durante la dictadura. Considera que la agresión sexual es un delito autónomo. Ya hay precedentes en otras provincias.

La violación como delito de lesa humanidad forma parte de la instrucción de la causa de "La Escuelita", a partir de los testimonios de mujeres y hombres que describieron su paso por la tortura en los juicios tanto de Bahía Blanca como de Neuquén.

Así lo confirmó la fiscal federal María Cristina Beute, tras el planteo que surgió la semana pasada en el juicio neuquino por delitos de lesa humanidad para que se impute por violación a los responsables de los secuestros y torturas en el Alto Valle.

Beute aclaró que hace un año y medio que la fiscalía revisa "las agresiones sexuales como un ataque distinto a lo que fue la aplicación de tormentos".

Existe el antecedente de al menos cuatro víctimas de violencia sexual (incluso hombres) por abusos cometidos cuando estaban maniatados, vendados y esposados durante el secuestro clandestino practicado durante la dictadura militar.

El pedido de que se condene por violación lo hizo Dora Seguel en el juicio neuquino, convocada como testigo por su secuestro a los 16 años, en el denominado "operativo Cutral Co", que tuvo como resultado la detención y tortura de una decena de militantes sociales y políticos de la comarca petrolera, varios de los cuales siguen desaparecidos.

Cuando las querellas de la APDH y del Ceprodh solicitaron que un tramo de su declaración (el de la violación en la comisaría de Cutral Co) fuera enviada a la instrucción, el fiscal José María Darquier informó que desde enero, la violación como delito de lesa humanidad forma parte de la instrucción de la "causa Reinhold".

"Cuando Dora Seguel declaró en el juicio de Bahía Blanca -por la desaparición de Mónica Morán- el tribunal bahiense le consultó si quería instar a la acción penal, y como asintió, los jueces remitieron las actuaciones a la fiscalía y el hecho es parte de la causa Reinhold", confirmó la fiscal Beute.

Se agregó otro hecho de violación que ya había denunciado Seguel y se compilaron "todas las declaraciones de todas las víctimas de la causa en las que detectamos que recibieron una agresión sexual, e invitamos a instar la acción", ya que por ser un delito de acción privada, la víctima debe expresar el planteo de que se investigue.

Explicó que "es un tipo de agresión que tiende a afectar a la persona de una manera distinta que no sólo tiene que ver con su integridad física. En todos los casos se está imputando, además de la responsabilidad en la privación de la libertad y los tormentos, la agresión sexual como autores mediatos".

Existen antecedentes en Mar del Plata y en Mendoza de condenas por el abuso sexual como delito de lesa humanidad.

En ambas sentencias, por casos diferentes, se consideró que dentro del plan sistemático de exterminio, la violación fue aplicada como método y debía ser castigado como delito autónomo.
Los secuestros en Cutral Co, los testimonios de exiliados políticos y la posibilidad de que declare "el que se escapó" del centro clandestino neuquino en agosto de 1976, forman parte de las expectativas de esta semana de juicio que se reanuda hoy por los delitos cometidos durante la dictadura.

El cronograma prevé hoy las declaraciones de Luis Almarza Arancibia, Emiliano Cantillana Marchant y Francisco Tomasevich, los tres secuestrados en Huincul y Cutral Co tres meses después del golpe del 24 de marzo.

El paso por las torturas tanto en unidad policial de la comarca petrolera como después al ser trasladados a "La Escuelita" fue reseñado la semana pasada por otros sobrevivientes. Almarza se exilió en Bélgica como opción que dio el régimen para salir de la cárcel en Rawson y actualmente vive en la región; en tanto aunque se aguarda con expectativas la declaración de Tomasevich -que desde que salió de Rawson reside en el exterior-, no estaba confirmado que hubiera arribado a la Argentina.

Revelan el accionar de Inteligencia

Hugo Monsalvez, conscripto que cumplió tareas en el comando de esa área del Ejército, aseguró que pudo ver a algunos oficiales ingresar al edificio vestidos con ropas que los hacían "irreconocibles".
 
Monsalvez dijo que la oficina de Mario Gómez Arenas estaba prohibida. -

Recordó que una tarde en un camión calabozo estacionado en la playa del comando, en su interior estaban algunos detenidos de Cutral Co, según le dijo un teniente.
 
Con la ausencia de los imputados, continuó ayer el juicio contra 24 represores acusados de violaciones a los derechos humanos ocurridos en la región durante la última dictadura militar.
El primer testigo en declarar ayer en el Salón Verde de AMUC donde está emplazado el Tribunal Oral Federal fue un ex soldado conscripto nacido en Plaza Huincul, designado al Comando de Inteligencia del Ejército, cuyo centro de operaciones funcionaba en Avenida Argentina y Sargento Cabral.

 
Hugo Nelson Monsalvez dijo que ingresó a cumplir con el servicio militar obligatorio quince días antes del 24 de marzo de 1976, y que durante su permanencia en el lugar se enteró que en el sector desplegaban distintas actividades los oficiales del Destacamento de Inteligencia Eduardo Molina Ezcurra y Sergio Adolfo San Martín; Mario Alberto Gómez Arenas, jefe de Inteligencia; y los suboficiales Francisco Julio Oviedo y Enrique Charles Casagrande. “Todo el mundo usaba ropas de civil”, aseguró Monsalvez.
Indicó que un día vio entrar al edificio a Molina Ezcurra vestido con un mameluco de la empresa petrolera Halliburton. “Estaba irreconocible, lleno de grasa”, manifestó, y agregó que en otro momento entró San Martín, “con ropas sucias y rotas, disfrazado de linyera”.
Expresó que también vio a ambos con una vestimenta igual a la que usaban los choferes de colectivos (camisa celeste y pantalón gris) y señaló que la entrada a la oficina de Gómez Arenas, a quien se lo identificaba como Teco, estaba prohibida.
Añadió que una tarde observó “un camión calabozo” estacionado en la playa del Comando en el que en su interior había gente, y que estaba custodiado por cuatro o cinco soldados que empuñaban armas largas. Indicó que "el teniente Taquini"  contó que los detenidos eran “terroristas de Cutral Co”.
Sorprendentemente, los fiscales y los abogados querellantes no interrogaron al testigo sobre las actividades de Raúl Guglielminetti en el Departamento de Inteligencia donde desempeñaba sus tareas.

 
El presidente del Tribunal, Orlando Coscia, le preguntó al testigo si los soldados destinados al Comando contaban con algunas ventajas y cómo se produjo su designación. Reconoció que contaban con ciertos privilegios y que fue enviado al lugar por la intervención de su jefe laboral “Jorge Cruz”. “(Cruz) era personal de Inteligencia. Entraba y salía diariamente sin documentos y en aquel entonces era gerente del Casino de la provincia y en la actualidad sigue desempeñándose en el cargo”.
Después declaró Juan Carlos Maidana, detenido por fuerzas militares cuando se encontraba en su casa el 14 de junio de 1976. Confirmó que en el procedimiento participó personal de civil que cubrían sus rostros con pasamontañas y fue llevado a la Comisaría de Cutral Co e interrogado sobre las actividades de su hermano Pedro Maidana.
También declaró Sergio Roberto Méndez Saavedra, de 76 años, sobreviviente de "La Escuelita" de Neuquén, quien calificó de cobardes a los imputados por delitos de lesa humanidad. Méndez Saavedra, nacido en Chile, era obrero de la construcción en Cutral Co cuando fue detenido y torturado durante el operativo que realizó el Ejército y la Policía de la provincia.

Testigo tildó de cobardes a imputados en juicio "Escuelita II"

Sergio Mendez Saavedra declaró como testigo.

Un sobreviviente del Centro Clandestino de Detención "La Escuelita" de Neuquén, calificó de cobardes a los imputados por delitos de lesa humanidad juzgados por el Tribunal Oral Federal 1. Sergio Méndez Saavedra, nacido en Chile y de 76 años, era obrero de la construcción en 1976 en Cutral Co, cuando fue detenido y torturado durante el operativo que realizó el Ejército y la Policía de la Provincia en ese entonces.

Al declarar este viernes en el juicio que se le sigue a 24 represores acusados de graves violaciones a los derechos humanos, se preguntó "por qué se adueñaron de mi libertad y de mi cuerpo".

"Hubiera querido tenerlos acá enfrente para preguntarles donde están los compañeros detenidos-desaparecidos, pero no están porque tienen esa posibilidad de no asistir a las audiencias", afirmó.

En tono vehemente, Méndez calificó a los imputados en la causa como "cobardes".

"No son valientes. Se hacían llamar machos cuando nos torturaban encadenados y vendados pero no son más que cobardes que no tienen dignidad", manifestó.

"Son enfermos, cobardes y me hubiera gustado preguntarles donde están los compañeros desaparecidos", y se esperanzó en que "sean juzgados y se den condenas a cárceles comunes, aunque tenemos antecedentes que no ha sido así".

"Estoy satisfecho porque queda plasmado en la sociedad este antecedente inolvidable para que se den cuenta la herida que tiene la Argentina que todavía no se puede cicatrizar".

Estimó que "ninguno de los imputados va a decir que pasó. No me hago ilusiones. Siempre ellos reivindican lo que hicieron. Acá no hubo guerra como dicen, acá hubo un plan sistemático cumpliendo órdenes extranjeras para exterminar a todo aquel que se opusiera  a los mezquinos intereses de ellos".

Méndez reveló que en "La Escuelita" que funcionó en el batallón militar de Neuquén, durante sus días de cautiverio pudo escuchar como torturaban a Graciela Romero y a su esposo Raúl Metz.

La pareja fue secuestrada en Cutral Co estando ella embarazada.

Por testimonios de otras víctimas, se supo que fueron trasladados a la "Escuelita" de Bahía Blanca donde nació su hijo apropiado que es buscado por sus familiares de origen.

En la audiencia también declaró Juan Carlos Maidana, quien fue detenido en el operativo Cutral Co con 17 años de edad.

Recuperó su libertad horas después, cuando ya habían apresado a su hermano Pedro, quien declaró ayer y relató al Tribunal las torturas a las que fue sometido y el largo trajinar de cárcel en cárcel hasta que pudo recuperar la libertad en 1981.

La actitud de los jueces en la dictadura

La querella de la secretaría de Derechos Humanos de la Nación solicitó que el tribunal pidiera la nómina de los magistrados y funcionarios judiciales de Roca y de Neuquén entre 1974 y 1983 y se cruzara esta información con los hábeas corpus que fueron rechazados a los familiares en este período en el que buscaban a los desaparecidos.

El pedido efectuado en la audiencia del miércoles fue respaldado por el resto de las querellas, y los jueces deben definir si hacen o no lugar al planteo.

"Es una petición de nueva prueba que está vinculada con una gran cantidad de testimonios que hablan de habeas corpus rechazados. El hábeas corpus es una garantía esencial en épocas de legalidad, y en el marco de la dictadura tenían una relevancia superior precisamente por la falta de garantías", dijo el querellante Marcelo Medrano, en tanto la apoderada Beatriz Gentile, detalló que "queremos determinar cómo actuó la estructura del poder judicial para después saber si el juez o el fiscal encubrió, fue cómplice, actuó, le mintió a la familia... como no lo sabemos exigimos que esta nómina esté para saber qué papel jugó la justicia provincial y federal en esto", dijo.

Agregó que "queremos tener la nómina de magistrados y saber cómo operaron porque la implementación del plan sistemático necesitó de sojuzgar al poder judicial y otras instituciones, como en este juicio tenemos testigos que manifestaron que presentaban hábeas corpus que no eran respondidos, queremos saber si la ciudadanía tuvo algún tipo de defensa de las instituciones provincial o federal", dijo Gentile.

A los 19 años conoció el secuestro y la tortura

Se escuchó el testimonio de Pedro Maidana, que era muy joven cuando fue secuestrado en la ENET 1 de Cutral Co y sometido a la picana eléctrica en Neuquén y en Bahía Blanca.

Pedro Maidana tenía 19 años cuando fue secuestrado de la Enet 1 de Cutral Co y llevado a la picana eléctrica en un camión del Ejército que estaba estacionado frente a la comisaría, en el operativo del 14 de junio de 1976 que se llevó a una docena de vecinos de la comarca petrolera.

Trasladado a Neuquén, en los meses siguientes padeció la tortura en los centros clandestinos de Bahía Blanca y en "La Escuelita" de Neuquén capital, en tanto su periplo de perseguido político (militaba en el PRT -Partido Revolucionario de los Trabajadores-) lo mantuvo en la U9 de Neuquén, luego fue trasladado a la U6 de Rawson, después al penal de Caseros y recién obtuvo salidas "vigiladas" el 28 de agosto de 1981, cuando egresó de la U9 de La Plata.

Regresó a la comarca petrolera casi seis años después y debía presentarse cada semana ante un policía federal que lo esperaba en una oficina de la comisaría de Cutral Co, al que debía rendirle cuentas de qué hacía de su vida.

Algunos amigos de militancia habían desaparecido, la sociedad estaba cambiada "por el terror y el miedo" y su familia había sido atravesada por el dolor, dijo.

¿Tiene sed de venganza?, le preguntó el defensor Hernán Corigliano, luego de que Maidana exigiera a los imputados "la honorabilidad de que reconozcan lo que hicieron".

"Sostengo que lo que ha pasado tiene que tener una respuesta y una dirección justa; ocultar, es esa resistencia a conocer la verdad, ellos tenían una ideología política y como no podían contener esa enorme cantidad de jóvenes militantes, utilizaron mecanismos perversos y maquiavélicos para desarrollar un plan criminal; que se hagan cargo", respondió.

Describió que el 14 de junio de 1976 cuando fue sacado de la escuela por el capitán Robert Maier (imputado en este juicio, fallecido), lo llevaron a la comisaría de Cutral Co, donde civiles que antes había visto camuflados con gorros y bufandas, lo metieron en la oficina del comisario, le vendaron los ojos y comenzaron a golpearlo brutalmente para que diga "dónde están las armas".

Como no hablaba, "me sacaron y me llevaron vendado en un auto, y como me resistía a colaborar con fuerzas paramilitares, me escapé así como estaba, para que la gente supiera que me llevaban secuestrado. Me trajeron a los culatazos, me apretaron más las vendas y me subieron a un camión que estaba estacionado frente a la comisaría para seguir pegándome: allí me aplicaron picana bajo la venda de los ojos, en las sienes, en la boca y en otras partes del cuerpo. Uno me picaneaba y otro me preguntaba por las armas hasta que se cansaron", describió.

Maidana fue el último en ver con vida a los desaparecidos José Méndez, Orlando Cancio, Miguel Pincheira y Javier Seminario, cuando los retiraron de la cárcel de Rawson el 4 de noviembre de 1976 "a la hora de la siesta".

Miguel Angel Pincheira: Era subdelegado de YPF en 1976

Omar Pincheira, y la esposa del desaparecido Miguel Angel Pincheira, Juana Aranda, detallaron las dramáticas consecuencias que tuvo la desaparición del cutralquense, quien era subdelegado de YPF en 1976.

"Yo lo vi muy desmejorado, flaco, con marcas en el rostro y en las manos; marcas como esa tenía en todo el cuerpo, pero no me quería decir lo que le pasó porque quería que los dos estuviéramos bien", dijo Juana Aranda en referencia a los dos únicos momentos en los que vio a su esposo luego de que fue detenido en su casa de Cutral Co, el 14 de junio de 1976 durante el operativo de detención masiva que hubo en la comarca petrolera. Omar Pincheira detalló ayer que un grupo de tareas llegó a la casa de sus padres en busca de su hermano Miguel Angel. A punta de pistola lo llevaron a él hasta la casa de su hermano e ingresaron brutalmente al domicilio. Fue el Omar el que se llevó a su sobrino de apenas un año de vida en brazos, mientras los secuestradores daban vuelta todo en la casa de su hermano y su cuñada gritaba. "Yo le dije a mi cuñado que se llevara al nene, porque me había agarrado un ataque de nervios y no me contestaban qué pasaba mientras revolvían todo y a Miguel Ángel lo tenían con las manos arriba", dijo Juana Aranda, cuando declaró frente al tribunal.

Se excusó de no recordar detalles que ya había declarado porque "hice un bloqueo en mi vida para seguir viviendo, me cagaron la vida, éramos jóvenes y estábamos iniciando".

Miguel Ángel Pincheira fue trasladado a Neuquén capital y su mujer lo pudo ver en la U9 varios días después, cuando ya había pasado por tormentos.

Identificaron a Reinhold en el "operativo Cutral Co"

Los testimonios apuntaron al ex jefe de inteligencia. - En aquella acción hubo dos personas desaparecidas.

El jefe de inteligencia del Comando, Oscar Reinhold, fue identificado como partícipe del "operativo Cutral Co", donde los testimonios abundaron ayer en las figuras de los desaparecidos Miguel Angel Pincheira y José Delineo Méndez.

La figura del mayor (r) Luis Alberto Farías Barrera surgió otra vez como el militar que en el Comando les comunicó en noviembre de 1976 a los familiares de la "libertad" que le había dado personalmente en Rawson a los detenidos de Cutral Co (hasta ese momento a disposición del PEN) y que él se había encargado de dejar "a dos cuadras de la terminal de Bahía" para que regresaran a la comarca petrolera.

Los familiares esperaron en vano el arribo de Méndez y Pincheira, según coincidieron en los relatos de ayer y de la semana pasada. La sala estuvo colmada de público, en tanto ninguno de los 22 imputados presenció la audiencia.

Durante su declaración como testigo del secuestro de Pincheira y Carlos Chávez, Dora Seguel dio a conocer su adhesión, a los 15 años (1975), al PRT (Partido Revolucionario de los Trabajadores), "que funcionaba en la clandestinidad, por seguridad, porque nos perseguían por nuestra ideología", dijo.

Seguel fue una de las alumnas secundarias secuestradas en el operativo Cutral Co (hubo tres adolescentes retirados violentamente de clases). Reveló dos episodios de violación: uno –vendada y maniatada– en el transporte de detenidos antes de que el grupo fuera trasladado desde la comarca a Neuquén capital, y el otro sufrido en el centro clandestino de Bahía.

Exigió que se investigue el abuso sexual durante la dictadura como un delito de lesa humanidad; la querella de la APDH solicito que se extraiga el testimonio para que se inicie el expediente en primera instancia, el Ceprodh agregó que se presentará con Seguel para impulsar este proceso y la fiscalía dio a conocer que desde enero estaba abierta la investigación de los delitos sexuales durante la dictadura. Seguel dijo que días antes de ser detenida en la escuela, un grupo de entre 4 y 7 hombres "disfrazados" con pelucas, bufandas y guantes que se identificaron como "de la Federal" ingresó violentamente el 12 de junio a su casa paterna preguntando por "Silvia".

Aseguró que un de ellos era Reinhold, debido a que su papá –fallecido– hizo un identikit con sus características, y que luego ella lo volvió a ver por la ventana y junto a un grupo de soldados en el patio de la comisaría de Cutral Co el 14 de junio; agregó que cuando la retiraron de la escuela nocturna comercial Margarita Salinas de Páez "estaba afuera" con los soldados que rodeaba el secundario y vestía uniforme; en tanto reafirmó que "era el mismo militar" al que luego consultaron su padre y su hermana Argentina en el Comando, cuando buscaban a su hermana Arlene, estudiante de Servicio Social y desaparecida.

Sobreviviente pide que la violación sea considerada un delito de lesa humanidad

Con una nueva audiencia, 16/5/12, continuó la investigación de los casos de secuestros, torturas y desapariciones en la comarca petrolera, conocido como 'operativo Cutral Co'. Declararon Dora Seguel, Juana Aranda y Rogelio Méndez.

Una víctima y sobreviviente de la última dictadura pidió al Tribunal Oral Federal de Neuquén que considere a la violación delito de lesa humanidad, al declarar hoy en el juicio a 24 represores por violaciones a los derechos humanos en ese entonces, en la región.

Dora Seguel, de 52 años, tenía 16 cuando fue detenida por miembros del ejército y de la policía provincial de Neuquén, en junio de 1976 en la ciudad de Cutral Co.

En el mismo operativo también fue detenida su hermana Argentina (ya fallecida) y ocurrió lo mismo, dos días antes, con la mayor de todas, Arlene quien permanece desaparecida.

"Hace 36 años que esperaba decir todo esto. Pude despacharme y expresarme y ahora estoy más tranquila porque llevo una mochila muy pesada", afirmó.

Dijo que tanto ella como su hermana fueron violadas durante la detención que sufrieron.

"Lo importante es que lo pude denunciar y con el apoyo de la Asamblea por los Derechos Humanos y el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos pudimos pedir que sea un delito de lesa humanidad", afirmó.

Señaló que "eso es lo que estamos pidiendo porque no te lo sacás de la cabeza. Un golpe de los tantos que me dieron casi no lo recuerdo, pero esto no te lo podés sacar".

"Estás con tu marido y lo recordás. Es terrible. No te lo podés sacar de la cabeza y no lograron lo que querían porque todo el tiempo me susurraban al oído que no iba a servir para nada, que no iba a poder mirar a nadie a la cara, que no iba a poder integrarme a la sociedad, que vas a ser una lacra", contó.

"Pero no, soy docente, tengo una familia, un marido, hijos que me aman y alumnos que me quieren a quienes les enseño quiénes son ellos y quienes somos nosotros y por qué es esta lucha", agregó.

Identificó al teniente coronel (R), Oscar Reinhold (imputado en la causa) como responsable del operativo militar y policial realizado en junio de 1976 en Cutral Co.

También declaró Juana Aranda, esposa de Miguel Angel Pincheira detenido en ese mismo operativo en Cutral Co y que hoy permanece desaparecido.

Nombró a Reinhold y al mayor (R), Luis Alberto Farías Barreras como los jefes militares que la atendieron junto a otros familiares para conocer la situación de su marido.

Pincheira era subdelegado de los trabajadores en Plaza Huincul de la empresa YPF y permaneció detenido en las unidades federales 9 de Neuquén, 5 de General Roca (Río Negro) y 6 de Rawson (Chubut).

Rogelio Méndez, hermano de José Delineo, detenido-desaparecido mientras cumplía el servicio militar obligatorio en el Grupo de Artillería de Montaña de Junín de los Andes, al declarar hoy solicitó a los culpables "que digan donde están los muertos, donde yacen sus restos".

Le recordó al jefe del GAM de Junín de los Andes de ese entonces que "le quedó algo pendiente; le faltó un soldado clase 55; que lo justifique".

Lugares donde se sembró el terror

En las últimas audiencias, algunas víctimas de la represión señalaron a la actual Comisaría 4ª de Cipolletti como uno de los centros clandestinos de detención y torturas que hubo en la región.
Por georgina gonzales y pablo montanaro

También funcionó como "lugar de paso" previo al traslado a otras cárceles o lugares de cautiverio y tormentos.
Neuquén - En este segundo tramo del juicio a los represores que actuaron en la región durante la última dictadura militar la investigación busca revelar otros centros clandestinos de detención y torturas además de "La Escuelita" que comenzó a funcionar en junio de 1976.

En las últimas jornadas de las audiencias que se llevan a cabo en el Salón Verde de AMUC quedó demostrado que también en la Comisaría Séptima de Cipolletti (actualmente Comisaría Cuarta) fueron torturadas víctimas directas de la represión.

Si bien los testimonios de los hermanos Juan Domingo y Julio Eduardo Pailos, el miércoles pasado, quedaron suspendidos por una denuncia de persecución laboral en el Hospital de Cipolletti, sus declaraciones anteriores daban cuenta del terror que les había tocado vivir.

Hasta el momento con las declaraciones de Raúl Sotto y Oscar Contreras se identificaron a algunos de los policías que accionaban en esa comisaría ubicada en pleno centro cipoleño.

Sotto identificó al suboficial Saturnino Martínez como el autor de las torturas sufridas en esa dependencia policial, y a Miguel Ángel Quiñones, en ese momento subayudante de Inteligencia de la Policía de Río Negro; al oficial Oscar Ignacio del Magro y a Gerónimo Huircaín, oficial encargado del Servicio de Informaciones, como partícipes de su detención días después del 24 de marzo de 1976. Quien estaba a cargo de la dependencia en ese momento era el comisario principal Antonio Alberto Camarelli.

La víctima relató que sufrió una forma de tortura conocida como "submarino" realizada por Martínez, quien le sumergía la cabeza en un fuentón con agua durante varios minutos para que contestara el interrogatorio.

En su declaración del 27 de abril, Sotto afirmó que “Del Magro me agarró y me dijo: 'Cantá la justa, mirá cómo tenés el oído', ya que producto de las torturas "me reventaron el tímpano". “¡Policía!”, escuchó del otro lado de la puerta de su casa Oscar Contreras. Después del grito y de numerosos golpes en la puerta irrumpió un oficial acompañado de hombres del Ejército, quienes lo metieron en una camioneta Ford de color verde hasta la comisaría, ubicada en Roca al 400.

En su declaración, Contreras aclaró que no había hecho nunca la denuncia de su secuestro en 1976. "Lo mío fue triste y doloroso. Pero mucho más triste y doloroso fueron las que pasaron los que hoy no están”, aseguró.

Contreras identificó al imputado Julio Villalobo, suboficial de la comisaria de Cipolletti al momento de los hechos, como uno de los protagonistas de su detención y marcó al Teniente Primero Gustavo Vitón, quien se desempeñó como responsable militar del área operativa de la Comisaría 24 de Cipolletti.

Ya en el juicio del 2008 el suboficial Jorge Amare contó que Vitón fue destinado a esa comisaría en el marco de la “lucha contra la subversión”.

En sus declaraciones anteriores Juan Domingo Pailos relató que cuando lo detuvieron lo tiraron contra un paredón, momento en que se le aflojaron todos los dientes.

Además, Pedro Trezza y Luis Genga estuvieron confinados en la comisaría antes y después de su cautiverio en "La Escuelita".

Plan sistemático
La fiscal María Cristina Beute, de la Fiscalía en Primera Instancia de Neuquén, señaló que el fallo condenatorio dictado por el Tribunal Oral Federal en diciembre de 2008 que condenó a ocho ex jefes militares que actuaron en la provincia por esos años de dictadura, "por hechos similares a los que se están investigando en la actualidad, consta que la comisaría de Cipolletti operó como centro de detención ilegal en contribución al plan sistemático de represión ilegal perpetrado por el Estado dictatorial".

Y agregó que "la afirmación que acusa a los policías imputados reposa en diversas pruebas, además de los testimonios de las víctimas, oportunamente evaluadas por el Juzgado Federal Nº2 de Neuquén y la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca”.

Beute señaló que a fines de 1975, María Cristina Botinelli estuvo presa en la Comisaría de Cipolletti donde durante las dos semanas de cautiverio fue golpeada.

Por su parte, Noemí Labrune, integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), precisó que los casos de Sotto, Contreras, Ricardo Novero y otra víctima de apellido Carmona -fallecido, cuyo caso se analizará en el siguiente tramo de este juicio- ocurrieron en los primeros días posteriores al golpe de Estado.

“En ese momento La Escuelita no estaba habilitada por eso algunos fueron a la Unidad Penal 9, y la interrogación y tormentos ocurrieron en la Policía Federal de Neuquén, y otros en la comisaría de Cipolletti que se habilitó como centro clandestino de detención porque estas personas no estaban registradas en el libro de entradas y salidas, y fueron sometidas sistemáticamente a tormentos”, explicó.

Cuando se habilitó La Escuelita en los fondos del Batallón de Ingenieros 181, según consideró Labrune “ya no fue necesario utilizar la comisaría de Cipolletti”. “Pero el solo hecho que se haya utilizado durante varias semanas al principio del golpe militar demuestra que el plan de exterminio era uno solo y se cumplía en diferentes unidades con diferentes fuerzas, que estaban alineadas para el cumplimiento de ese plan”, expresó.

Con respecto a los tormentos y torturas que sufrieron los secuestrados en la comisaría de Cipolletti, Labrune describió que “eran golpes muy bien estudiados, había una técnica para que no dejaran rastros visibles. No le reventaban un ojo, pero le hacían el 'sifón' (les metían soda helada en los oídos), golpes en los riñones y en las piernas que a la larga dejan su rastro porque de esa manera el cuerpo se deteriora".

Comentó que “a la noche sacaban a los secuestrados y los llevaban al paraje conocido como El Treinta, a una instalación militar, y allí continuaban los tormentos y vejámenes, en algunos casos hubo picana. En el caso de Carmona hubo vejámenes sexuales muy aberrantes, propinados, según su testimonio, por personal policial que logró identificar". “De manera tal que lo más liviano, por así decirlo, lo hacían dentro de la comisaría y lo más espantoso afuera, pero tenían la potestad de entrar y salir con detenidos que podrían no haber vuelto”, describió.

Negaciones
El historiador de la Universidad Nacional del Comahue, Pablo Scatizza, señaló que antes de existir "La Escuelita" otros lugares oficiaron de centros clandestinos de detención y torturas, "aunque mucho más 'públicos' y a la vista de toda la sociedad", como la comisaría de Cipolletti.

"A pesar de las evidencias, hay quienes hoy se niegan a pensar o reconocer que una comisaría ubicada en pleno centro de Cipolletti o una Delegación de la Policía Federal ubicada en pleno centro neuquino, haya sido un centro clandestino de detención y torturas. Pero si lo pensamos un poco, nada tiene de raro: el plan sistemático de represión, tortura y muerte perpetrado durante la última dictadura militar no pudo haberse ejecutado sin la participación activa, consciente y deliberada de las fuerzas policiales y de seguridad -que incluso estaban obligadas a hacerlo por directivas del Ejército-, así como de numerosos cíviles y funcionarios políticos y judiciales convencidos del proyecto".

Fuente:LaMañanaNeuquen - Publicado por Colectivo Ex P. Pol. Sobrev. Rosario