Así se expresaron desde el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh), que es parte querellante en el proceso judicial contra ex jefes militares e integrantes de otras fuerzas represivas. Esperan que los acusados reciban "prisión perpetua en cárcel común". Neuquén > “Este juicio tiene que ver con el pasado pero también con el presente, no sólo por las consecuencias económicas que significó el genocidio, el ataque a los trabajadores y al pueblo, y la imposición del plan económico que vivimos hoy, sino también la relación con la impunidad”. Con estas palabras resumió Ivana Dal Bianco, abogada del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh), las expectativas del organismo que actuará como querellante en el juicio que se inicia el miércoles 7 de marzo que juzgará a ex jefes militares e integrantes de otras fuerzas de seguridad que actuaron en la región durante la última dictadura militar.La abogada, junto a su colega Natalia Hormazabal, advirtió que la mayoría “de los genocidas están impunes” y que los que van a juicio “son pocos, por algunos casos y no por todos”.
“Esto tiene que ver con que una de las piezas claves del genocidio es haber garantizado la impunidad de los represores”, aseguraron. Por eso, las profesionales del Ceprodh esperan que los acusados reciban como condena “prisión perpetua en cárcel común”.Destacaron la importancia de que en este segundo tramo del juicio no sólo se juzgará a los ocho ex represores condenados en 2008 por delitos de lesa humanidad sino también a los integrantes de otras fuerzas represivas que secuestraron, torturaron y desaparecieron a militantes políticos, estudiantes y trabajadores y que hasta el momento “no se los había tocado", como por ejemplo la Policía de Río Negro, "que en su mayoría actuaba en los grupos de tareas o quienes estaban en las comisarías de Cipolletti y en el Destacamento de Inteligencia 182”.También destacaron que estará sentado "en el banquillo de los acusados" Raúl Guglielminetti, "quien fue parte de la Triple A, que operaba desde la Universidad del Comahue junto con Remus Tetu, y que después formó parte de los grupos de tareas de la dictadura", precisó Dal Bianco.
Para Hormazabal, este histórico proceso judicial presenta una particularidad: "empieza a mostrar el circuito represivo en el que actuaron Policía Federal, las policías de Neuquén y Río Negro, Gendarmería y Ejército”. "Sigue la impunidad"Las abogadas del Ceprodh cuestionaron la forma de juzgamiento que se llevará adelante ya que consideran que se deben juzgar a todos los imputados "por circuitos represivos y no por casos individuales como en este caso"."Por ejemplo, en el juicio anterior hubo una condena a siete años a Francisco Julio Oviedo, quien participaba como ex suboficial de Inteligencia”, explicaron.El pasado 17 de febrero, los jueces del Tribunal Oral Federal decidieron que, de los 24 procesados, los que tienen prisión domicliaria la mantengan y los que están en condición de excarcelados también, con la condición de que se presenten los días de las audiencias en la Unidad Penal 9 de Neuquén y así ser trasladados al juicio. En caso de no hacerlo, se les terminará el beneficio procesal y deberán esperar la sentencia en la cárcel mientras duren las audiencias.“Los ex militares que están con prisión domiciliaria o excarcelados siguen demostrando la impunidad. Que estén excarcelados o con prisión domiciliaria es un peligro para las víctimas.
En Argentina, Jorge Julio López está desaparecido desde 2006, asesinaron a puñaldas a fines de 2010 en Rafaela a Silvia Suppo, quien fuera testigo en los juicios en los que se condenaron a represores”, dijo Hormazabal.“No es menor el peligro de presión y amedrentamiento que los acusados pueden realizar sobre los testigos y víctimas. Recordemos que en 2007 Luis Farías Barrera, quien está cumpliendo prisión domiciliaria en su casa de Alta Barda, amenazó a uno de sus denunciantes en este juicio”, precisó Dal Bianco.Dal Bianco destacó la “pelea” que desde hace más de treinta años siguen dando los organismos de derechos humanos y Madres de Plaza de Mayo “para que se conozca la verdad histórica de lo que ocurrió y se condene a los responsables del genocidio”.“Acá no debemos contentarnos con condenar a los jefes, a los ex militares emblemáticos, lo que la sociedad quiere es que vaya preso el que torturaba y todos aquellos militares, policías y civiles que formaron parte del plan genocida”, expresaron.
El viernes, el Tribunal Oral Federal de Neuquén decidió suspender el comienzo del juicio tras conocer la resolucóhn de la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca que resolvió dejar sin efecto la designación del juez Mariano Lozano para integrar el tribunal y mencionar en su reemplazo al Juez Norberto Ferrando y, como jueza sustituta, a María del Carmen de la Barrera de Inglemo.
La resolución emitida por la Cámara Federal de General Roca de dejar sin efecto la designación del juez Lozano para atender en esta causa y designar en su reemplazo a jueces jubilados “que no están en condiciones de hacerse cargo de dicho proceso”, a sólo dos días del comienzo del juicio “no puede ser interpretado sino en clave de obstaculización a la búsqueda de la verdad e impedimento al ejercicio de la justicia”.
