miércoles, 19 de febrero de 2014

Requieren en Neuquén la indagatoria de nueve ex magistrados por crímenes de la dictadura

Lo solicitó el fiscal Adrián García Lois. Los imputados cumplían funciones en Neuquén y en el Alto Valle de Río Negro en la justicia ordinaria y en la federal y están sospechados de actuar "en complicidad con las Fuerzas Armadas". El fiscal solicitó que se les prohíba la salida del país y que eventualmente se los detenga.

El fiscal federal subrogante e integrante de la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado, jurisdicción Neuquén, Adrián García Lois, requirió en diciembre pasado que nueve ex magistrados judiciales de Neuquén y del Alto Valle de Río Negro, tanto de la órbita federal como provincial, sean convocados a prestar declaración indagatoria.

"Están sospechados de haber actuado –cuanto menos- en complicidad con las Fuerzas Armadas y de Seguridad, nacionales y locales, para la comisión de crímenes de lesa humanidad", le dijo a Fiscales García Lois, quien en su presentación también requirió que se decrete la prohibición de salida del país y la eventual detención de los acusados. El fiscal formuló el pedido con la colaboración del secretario de la Unidad, Mariano Mannará.

El requerimiento fue formulado al Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de esa ciudad, a cargo de Luis Villanueva, quien hasta ahora sólo dispuso medidas probatorias y aún no ha convocado a declarar a los imputados.

Los ex magistrados imputados por la fiscalía son el ex juez federal de Neuquén, Pedro Laurentino Duarte; el ex fiscal federal de Neuquén, Víctor Marcelo Ortiz; el ex juez federal subrogante de Neuquén y ex Juez Federal de General Roca, Rodolfo Ramón López Marquet; la ex defensora federal de Pobres, Incapaces y Ausentes y ex jueza federal subrogante de Neuquén, María Ester Borghelli de Poma; a la ex jueza de General Roca, Mirta Ebe Fava; el ex juez de General Roca, Cecilio Alfredo Pagano; el ex fiscal de General Roca, Hernán Etcheverry; al ex Juez de San Carlos de Bariloche, Dardo Ismael Sosa, y el ex Fiscal de la misma localidad, Leopoldo Fuentes.

Sobre la base de prueba recogida en el expediente de la causa caratulada “Reinhold, Oscar Lorenzo y otros s/ delitos contra la libertad y otros”, García Lois consideró que había razones suficientes para estimar que durante la última dictadura cívico militar esos magistrados habrían prestado una colaboración indispensable al personal de las Fuerzas Armadas y de seguridad, para la perpetración de delitos de lesa humanidad. En la región, la represión ilegal fue conducida por la Jefatura de la Subzona de Seguridad 52 a cargo del Comando de la Brigada de Infantería de Montaña VI, con sede en Neuquén capital

Al fundamentar la requisitoria el fiscal destacó que los imputados, pese haber estado a su tiempo "llamados a intervenir para poner fin a los flagelos infligidos en el área local por la dictadura y hacer valer las garantías constitucionales de los ciudadanos, optaron por desamparar a las víctimas del terrorismo de Estado prestando al aparato represivo estatal instalado en la zona" neuquina y del Alto Valle de Río Negro, "al servicio de un gobierno sedicioso", una adecuada cobertura judicial y garantía de impunidad.

El fiscal explicó que los imputados prestaron ese "servicio" interviniendo en las causas donde se ordenaron las detenciones de las víctimas aunque desoyendo sus denuncias de haber sido "interrogadas bajo la imposición de tormentos por parte de las autoridades que ejercían el poder de hecho sobre ellas, y/o al haber rechazado los habeas corpus y amparos" -algunos de manera sistemática con costas para los familiares de las víctimas como un modo de desalentarlos en la búsqueda del paradero de ellas- o bien imprimiéndoles un trámite simplemente formal, y/o al haber archivado -por falta de compromiso y ausencia de actividad investigativa- las denuncias "instauradas por las víctimas o sus familiares en orden a los ilícitos penales de los cuales habían resultado damnificadas".

Además, García Lois solicitó al Juzgado Federal N° 2 de Neuquén el desarrollo de una profunda pesquisa tendiente a establecer si pudo mediar la complicidad de alguno –u otros- de los ex magistrados imputados en relación con otros hechos que victimizaron a más de una treintena de víctimas del terrorismo de Estado en la región de la Provincia de Neuquén y el Alto Valle, cuya actuación, por acción u omisión, pudo haber sido deliberadamente funcional al programa criminal de la última dictadura militar.

Hasta el momento, los ex magistrados no fueron formalmente convocados a declarar por el juez Federal de Neuquén Luis Villanueva, quien dispuso diversas medidas probatorias.

En este contexto, el imputado Duarte se presentó al proceso para solicitar que se quite su nombre de la carátula del expediente, pedido que fue rechazado. Duarte llegó al Poder Judicial el 8 de julio de 1976, cuando asumió como juez federal de primera instancia de Neuquén. Hasta entonces se había desempeñado, con el grado de mayor, y en la función de auditor, en el Comando de la VI Brigada, "es decir, en el mismo lugar donde ya más de un año antes se venían decidiendo, planificando y ejecutando, este tipo de delitos de lesa humanidad", indicó el fiscal.