NEUQUÉN (AN).- Desde que comenzó el segundo juicio por delitos cometidos durante la dictadura se recibió casi una denuncia por mes en la fiscalía federal y el juzgado de instrucción por parte de personas que sufrieron tormentos durante el período de facto.
Según datos de la fiscalía, se radicó una denuncia en marzo, otra en abril, en mayo recibieron el testimonio de una víctima (que ya integraba la causa) que dio a conocer el nombre de otra persona con la que padeció el cautiverio y que no figuraba en la investigación, una nueva denuncia se recepcionó en junio y dos más en agosto de 2012. En el juzgado también atendieron el mes pasado a una víctima que fue a pedir que se instruyera su caso.
La fiscal Cristina Beute se reservó los nombres de las víctimas que denunciaron los hechos, aunque aclaró que fueron detenciones ilegales producidas durante a fines de 1976 y desde 1977 en adelante, tanto en la región como en la zona andina inclusive hasta fines de 1977, dijo.
A diferencia de los tramos que se ventilaron hasta ahora en los juicios en los cuales se abundó sobre las torturas padecidas en "La Escuelita", en la sede de la federal y comisarías de Neuquén y Río Negro a partir del golpe militar del 24 de marzo de 1976; estos casos "fueron detenciones que no se produjeron por grupos de tarea, sino uniformados en vehículos oficiales que detenían a las víctimas en la calle o en lugares de trabajo y los interrogaban con aplicación de tormentos en las mismas dependencias a las que eran llevados", dijo Beute.
Los interrogatorios "tenían que ver con la persecución ideológica", en tanto destacó que se observó la intervención de profesionales que presenciaban los interrogatorios bajo tormentos o que los encubrían, indicó.
Ejemplificó con el caso de un médico que ante la presencia de una víctima "severamente torturada, con dedos rotos inclusive", extendía un certificado de la inexistencia de lesiones.
"No sé si es por el juicio, pero coincide en el tiempo. Se trata de personas –que no tienen relación entre sí– que vinieron espontáneamente a la fiscalía o al juzgado, son de Roca, de Neuquén, también recibimos de la zona de Junín de los Andes e inclusive la presentación de una familia que hizo sobre lo ocurrido con su familiar durante la dictadura a pesar de que ya falleció", dijo.
La fiscal Beute precisó que en todos las presentaciones, a partir de la denuncia, se inició el trabajo fiscal de la recolección de pruebas, por lo que aún no hay imputación de responsables por estas denuncias.
Explicó que se realizó una primera evaluación para conocer si los hechos denunciados se encuadraban dentro de la causa por delitos de lesa humanidad y cuando correspondió, se dio intervención al centro de atención a la víctima en el caso de aquellos denunciantes en los que se observó alguna fragilidad de ánimo antes de iniciar el relato pormenorizado de los hechos por los cuales se presentaba como denunciante.
Beute detalló que "fueron denuncias larguísimas porque había mucho detalle para preguntar, muchas cosas que a las víctimas no les parecía importante y sí, lo eran, por lo que pedíamos un esfuerzo en el relato y aprovechamos el momento para agotar todo la prueba que se pudiera recabar en una sola sesión para no volverlos a citar.
A partir de allí comenzaron las medidas de investigación", dijo Beute.
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