El Ceprodh reclamó que se condene por genocidio
"Que la pena coincida con la verdad histórica". Pidió 12 perpetuas y diez de 30 años de cárcel.
NEUQUÉN (AN).- La querella del Centro de profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh) reclamó ayer que el Tribunal Oral Federal condene a los 22 imputados "por genocidio", para que la pena judicial "coincida con la verdad histórica" de lo que ocurrió en el país a partir del 24 de marzo. Con ese enfoque pidieron penas perpetuas y a 30 años de cárcel.
"En Argentina tuvo lugar un genocidio, cometido por genocidas que cometieron actos genocidas; el genocidio no es un marco, como se ha consignado en algunas condenas en juicios similares en otros puntos del país- sino un delito", subrayaron las querellantes Ivana Dal Bianco y Natalia Hormazábal.
En una extensa explicación indicaron que no aceptan el argumento de la falta de tipicidad legal para no condenar por este delito, porque entienden que existe el encuadramiento en el artículo 55, que habla de "concurso de delitos" y porque la Convención Internacional para la prevención y sanción del delito de genocidio, caracteriza lo ocurrido en Argentina "en los apartados a, b y c del artículo 2".
Sostuvieron que genocidio es "un crimen de crímenes" que se produjo en medio de un ataque desmedido en contra de la militancia, cuando fueron secuestrados, torturados, desaparecidos "por su pertenencia a un grupo nacional", a una parte del país que buscaba "pelear por un país sin explotadores ni explotados".
Detallaron que el señalamiento de este grupo nacional fue hecho "por el mismo represor" que buscó en el "aniquilamiento" de este sector su herramienta para transformar lo que requería, la imposición de un modelo económico.
Con un paralelismo sobre cómo en la región se aplicaron los mismos mecanismos del "plan genocida" que operó en el resto del país, argumentaron que los jueces deben condenar por genocidio para que "la verdad histórica coincida con la verdad judicial".
Consideraron probado el ataque a la militancia en la región, tanto la gremial, como la estudiantil y la política.
"En nombre de los desaparecidos, de Jorge Julio López, de los trabajadores y el pueblo pobre", pidieron las siguiente penas: para Oscar Reinhold, Hilarión Sosa, Enrique Olea, José Luera, Gustavo Vitón, Jorge Molina Ezcurra, Sergio San Martín, Julio Oviedo, Enrique Casagrande, Raúl Guglielminetti, Alberto Camarelli y Antonio Laurella Crippa, cadena perpetua.
Para Jorge Gaetani, Máximo Maldonado, Serapio Barro, Emilio Sacchitella, Miguel Quiñones, Gerónimo Huircaín, Oscar Del Magro, Saturnino Martínez y Desiderio Penchulef, 30 años de cárcel.
El público colmó la sala de audiencias
La sala de audiencias volvió a estar colmada de público como en los primeros días de juicio, cuando se escucharon los relatos de los sobrevivientes de la dictadura militar.
Los 22 acusados ingresaron al salón bajo los cánticos de "asesinos", "a donde vayan los iremos a buscar", y bastó una sola advertencia del presidente del tribunal, Orlando Coscia, de que ordenaría el desalojo si persistían en esa actitud, para que no se repitiera la escena.
Sí hubo aplausos, en dos oportunidades, ante las afirmaciones de las querellantes durante su interpretación de la prueba: una de ellas fue cuando plantearon que los imputados no habían dicho la verdad cuando se declararon inocentes.
Las abogadas pusieron especial énfasis en sostener su planteo de rechazar la figura de homicidio para los desaparecidos, seis entre las víctimas de este proceso. Destacaron que alegaban por 38 víctimas, ya que encuadraron el caso de José Luis Cáceres (fallecido, que llevado a la tortura en "La Escuelita" por una interna parapolicial con Raúl Guglielminetti) como parte del aparato de represión paraestatal que especulaba con la preparación del golpe, debido a que integraba la triple A antes de ser encarcelado.
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