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lunes, 16 de abril de 2012

"Tengo una mínima esperanza que confiesen"

Teresa Aigo espera que los militares y policías imputados en el juicio digan lo que hicieron con los cuerpos de los desaparecidos, entre ellos el de su hermano Celestino, secuestrado en agosto de 1976.
Ahora entiendo muchas cosas por las que luchaba mi hermano , afirmó.  
Teresa Aigo es la hermana de Celestino, secuestrado de su casa en la calle Lanín al 1.300 del barrio Villa Florencia la noche del 16 de agosto de 1976.
 
Luego de todos estos años de angustia e incertidumbre, la incorporación de la desaparición de su hermano en el juicio abre una nueva puerta para esta familia.
El Chino, así lo llamaban, había nacido en Aluminé en 1953, y participaba de la comisión vecinal del barrio Sapere. Aún resuena en los oídos de Teresa cuando uno de los tres sujetos que irrumpieron en la casa, y pusieron a sus padres, hermanos y cuñado contra la pared, identificó a Celestino al grito de "Ah, sos el famoso Chino".
Teresa está citada como testigo en el proceso judicial que comenzó el 28 de marzo pasado. Tenía 14 años cuando se llevaron a su hermano mayor que "muchas veces se comportaba como un padre".
Cuando Celestino fue metido a los golpes en el automóvil en el que se desplazaban, uno de ellos amenazó con dispararle a su madre, Matilde Cayún, porque había salido de la casa pidiendo por su hijo.
Teresa afirma que con el paso del tiempo entendió muchas de las cosas por las que luchó su hermano y por eso espera que "haya una verdadera justicia, pena máxima y cárcel común para estos militares y policías que fueron responsables partícipes del genocidio". "Si bien uno recibe órdenes de sus superiores también tienen la facultad para decir 'no'”, consideró.
Aún mantiene “una mínima esperanza” de que los imputados confiesen dónde dejaron los cuerpos de los desaparecidos.
 
Tras el secuestro de Celestino, sus padres recorrieron comisarías y hospitales e incluso fueron a preguntar al Comando del Ejército. La ausencia de su hijo deprimió al padre, quien falleció a los nueve meses de aquella fatídica noche de agosto.
Con 88 años, su madre sigue las alternativas de las audiencias del juicio a través de los medios y anhela justicia. “Igual es muy distinto lo que vive una madre que lo que vive una hermana", comentó Teresa.
Unos días antes de su desaparición, Javier Seminario, quien estaba detenido en la U9 antes de ser llevado al centro clandestino de detención La Escuelita, le dijo a la cuñada de su esposa que tanto Celestino Aigo como los hermanos José Francisco y Juan Raúl Pichulman corrían peligro y debían irse.

domingo, 15 de abril de 2012

La declaración de Jorge Molina Ezcurra es considerada trascendente en la causa.

La delegada de Nación en Neuquén de la secretaría de Derechos Humanos, Beatriz Gentile, adelantó que elevará a la secretaría nacional las acusaciones en contra de Martín Balza de que mandó a quemar documentación durante la dictadura y que supo del funcionamiento de al menos dos centros clandestinos de detención, "para que se lo investigue y para cruzar información" con otros antecedentes.

La acusación la hizo el coronel (R) Jorge Molina Ezcurra al declarar como imputado en el juicio de "La Escuelita" II que se hace en esta ciudad por delitos de lesa humanidad.

Gentile opinó que las declaraciones de Molina Ezcurra son "importantes porque modificó su estrategia de no reconocer que había un plan sistemático, de no reconocer que había centros clandestinos y desaparecidos. Esta vez dejó en claro que sí los hubo", reafirmó. E indicó que si bien era un imputado que estaba desplegando su estrategia de defensa, "nos pareció importante esta aceptación implícita de que fueron responsables de este plan sistemático en Argentina".

"Pareciera que (Molina Ezcurra) escupiera un montón de información, pero habrá que investigar", advirtió Gentile.

Destacó igualmente la postura "de alguien que se siente responsable" y que está "denunciando hasta sus cómplices en el delito" y sostuvo que esta estrategia defensista del imputado es "un avance" respecto a la postura anterior de negar la existencia de un plan sistemático de exterminio.

La secretaría de Derechos Humanos es querellante en distintos juicios penales en los que se debaten los crímenes del terrorismo de estado.

Al pedido de opinión sobre las declaraciones de Molina Ezcurra, a través de sus colaboradores la ministra de Gobierno, Educación y Justicia, Zulma Reina, de quien depende la subsecretaría de Derechos Humanos, optó por el silencio.

Victoria López, directora de Derechos Humanos del municipio capitalino, dijo que "está claro que si bien hay que lograr una condena judicial a los responsables del terrorismo de estado, ya hay una condena social. Esta actitud -de Molina Ezcurra- pareciera ser un intento de escapar de sus responsabilidades". Y añadió que "de todos modos dio datos importantes a evaluar y además puede ayudar a otros hablen y salgan más cosas a la luz. Ojalá que sea así".

Para Oscar Ragni, de la Corriente por los Derechos Humanos, "no es raro lo que dijo, pero aunque ya lo sabíamos es un indicio de que han empezado a cortarse los eslabones de esa cadena de sangre que hicieron en algún momento".

Agregó que "después de 30 años eso se ha roto, porque si bien ellos dicen que siguen perteneciendo a las fuerzas armadas, no tienen ese vinculo tan poderoso de jerarquías y es posible que por resentimiento, venganza, odio, empiecen a contarse estas cosas". Aún así dijo "de Balza no puede esperarse mucho porque siempre mintió, pero lo de Molina Ezcurra sirve porque puede ser una incentivación y que otros hablen"

Pronunciamiento de la Multisectorial de Derechos Humanos de Neuquén

La Multisectorial de Derechos Humanos de Neuquén, ante los hechos producidos en el marco del juicio a los 24 genocidas que actuaron en nuestra región, denunciamos:

 El juicio debió comenzar a mediados de noviembre, siendo suspendido dos veces antes de dar comienzo definitivo este 28, además de cambiar el lugar que se había acordado para garantizar la participación masiva de compañeros y compañeras en el transcurso del mismo, AMUC.

La falta de seguridad de los propios compañeros y compañeras que asistimos a las audiencias, ante las provocaciones constantes de los genocidas que se pasean por delante nuestro sin esposas ni llamados de atención.

Las amenazas por parte del presidente del Tribunal, ante cualquier expresión en voz alta contra los genocidas. So pena de ser expulsados de la audiencia y no poder volver a entrar mientras dure el juicio.

La decisión del Tribunal de rechazar el pedido de revocatoria de las domiciliarias y excarcelaciones ante el atentado a Oscar e Inés y brindarles el beneficio de no tener que estar presentes en el transcurso del juicio.

Pero aún hay dos hechos cualitativamente superiores en el marco de este juicio.

La “despedida” de la Policía Federal-que junto a personal penitenciario son los encargados de la seguridad y el traslado de los genocidas-tirando al piso dos gases a los compañeros y compañeras que allí se encontraban, generando en el rebote, que el gas le diera de lleno en la cara a una compañera provocándole lesiones en su rostro y una ceguera de un par de horas en sus ojos. La compañera debió ser asistida en el hospital Castro Rendón. Luego hizo la denuncia en la fiscalía, responsabilizando al Tribunal.

Y el atentado, inédito, sufrido en la casa de Oscar e Inés Ragni, y a través de ellos a todos y todas los luchadores de Neuquén- en la que además funciona la sede de las Madres en Neuquén- recibiendo 4 disparos en la puerta de su local.

Desde este espacio nos parece imprescindible la investigación de semejantes actos que no se pueden desvincular de un accionar que se ampara en la impunidad que le otorga este sistema y responsabilizamos al TOF por las agresiones que sufrió la compañera Nadia Paris y a los gobiernos nacional y provincial por el atentado sufrido en casa de Inés y Oscar Ragni.

Como así también creemos que todos deben expedirse al respecto de lo sucedido, porque cuando hace años dijimos NUNCA MÁS, también se lo decíamos a la impunidad, a la complicidad, a la inacción de la justicia.

Vaya nuestro mas profundo repudio a estos hechos y la exigencia de investigación ya!!!

Por cárcel común, perpetua y efectiva a todos los represores!!!!!

Secretaría Derechos Humanos CTA-ATEN Capital-CEHUMA (UNCo)-Grupo de Apoyo a las Madres de Plaza de Mayo, Neuquén y Alto Valle-Corriente de militantes por los Derechos Humanos--ZAINUCO- Ce.Pro.DH -Agrupación Frente de Unidad y Lucha en UNTER-Colectiva feminista La Revuelta-GRAMARPAL (Grupo de Amistad Argentina Palestina de Nqn.)-Frente Popular Darío Santillán
Proyecto Sur-Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST)-Unión de juventudes por el Socialismo (UJS)-Partido Obrero (PO)-Izquierda Socialista (IS)
Partido de los Trabajadores por el Socialismo (PTS)

sábado, 31 de marzo de 2012

Genocidas mudos

La gran mayoría de los imputados se abstuvo de declarar y respondieron una vez más al pacto de silencio para no revelar nombres, hechos o circunstancias de los secuestros, torturas y desaparición de personas por los que están en el banquillo de los acusados en el juicio de "La Escuelita" II. No obstante se abre la expectativa de que algunos de los cinco que resta cumplir la formalidad antes de las testimoniales, pueda hacerlo cuando se reanuden las audiencias el 11 de abril.

Ayer quien se destacó fue el agente de inteligencia del Ejército Raúl Antonio Guglielminetti, con una actitud soltura y por momentos de dominio de la situación, no declaró pero, casi en tono desafiante, anticipó que "lo haré en otras circunstancias, después de los alegatos"

Pero la audiencia se abrió con el rechazo por unanimidad del Tribunal integrado por Orlando Coscia, Eugenio Krom y Mariano Lozano, a todos los planteos realizados por las defensas el jueves.

No prosperaron el pedido de dividir el juicio entre militares y policías provinciales y careos.

"No ha lugar", respondió el Tribunal a la requisitoria de la defensora Paola Rubianes, que insistió en reclamar que antes de que se iniciaran los testimonios las víctimas que habían denunciado haber sido picaneados con electricidad, se prestaran a pericias de médicos de la Corte Suprema. "La prueba médica autorizada está en curso y en cuanto se reciba será puesta a disposición de las partes", se reafirmó.

Se rechazó la pretensión de que los policías rionegrinos fueran juzgados en otro ámbito, y en cuanto a anular la acusación de la fiscalía, se resolvió que "la prueba es compleja, eficiente y fundamentada", y que "no está afectado el derecho de defensa en juicio" de los acusados.

En tanto aceptaron el pedido de que se ingrese por lectura las declaraciones de los testigos que fallecieron en los últimos meses.

Ayer ante planteos los jueces resolvieron que luego de las indagatorias los acusados que lo prefieran durante las audiencias puedan permanecer en la U-9; que los imputados excarcelados puedan volver a sus domicilios hasta la reanudación de las audiencias.

Los querellantes dieron a conocer el atentado contra la casa de los Ragni y la casa de las Madres, calificándolo de "brutal y cobarde".

"El Ejército me puso un nombre de fantasía: Rogelio Ángel Guastavino", dijo ayer Guglielminetti, el agente civil que trabajó, precisamente, bajo el alias de "mayor Guastavino", en tareas de inteligencia y se desempeñó en varios centros clandestinos del país, en similares tareas a las que cumplió en esta zona.

El ex agente de inteligencia se explayó largamente ante los jueces cuando le solicitaron sus datos personales antes de que se le consultara si quería declarar en su defensa por las denuncias que está acusado.

Reveló que tuvo otra identidad hasta los 18 años, Raúl Antonio Beleni, cuando su padre de crianza, Amleto Guglielminetti, le dio su apellido.

Explicó además que ya fue condenado a 25 años de prisión por el TOF 2 de Capital Federal por "delitos similares a los de esta causa", en la ESMA; mientras que también cuenta con otra condena de 20 años dictada por el TOF 1 por la causa "Automotores Orletti".

Al hablar de su vida dijo que también estuvo preso, seis meses, en Perú; otros tantos en España; y que llegó a Neuquén en 1965, donde permaneció hasta después del 76.

Guglielminetti ya tiene 70 años y en este proceso tiene negado el beneficio excarcelatorio.

jueves, 29 de marzo de 2012

“Digan qué hicieron con nuestros hijos”

Por Elio Brat
Desde Neuquén

Neuquén, la ciudad más poblada de la Patagonia, es escenario desde ayer del juicio oral y público con mayor cantidad de militares y policías acusados de cometer delitos de lesa humanidad en tiempos de la dictadura militar. Como estaba previsto, 21 de los 24 represores imputados se sentaron en el banquillo de los acusados frente al Tribunal Oral Federal de Neuquén que comenzó a juzgar la causa denominada “La Escuelita II”, tomando como nombre al campo de concentración más terrible que funcionó en el sur argentino entre los años 1976 y 1979. Con la lectura de las acusaciones sobre 39 casos elevados a juicio terminó la primera jornada.

Se detallaron delitos cometidos en la propia Neuquén Capital, pero también en la petrolera Cutral-Có y las ciudades rionegrinas de Cipolletti y Cinco Saltos. Seis de las 39 víctimas se encuentran aún desaparecidas. La próxima audiencia será el 11 de abril, pero se estima que recién el miércoles 18 comenzarán a declarar los 200 testigos previstos. El primero será el maestro Orlando “Nano” Balbo, quien reconoce a Raúl Guglielminetti como uno de sus torturadores.

Cuando el presidente del tribunal, Orlando Coscia, pidió el primer cuarto intermedio se produjo el primer cruce entre familiares de las víctimas y militantes de organismos de derechos humanos con los represores que estaban en la sala muy cerca de ellos, separados por un vidrio blindex.

“Ustedes son unos cobardes, basuras, que están ahí apretados porque torturaron y mataron a nuestros pibes”, gritó Oscar Ragni, uno de los fundadores de la APDH en Neuquén y padre de un joven neuquino desaparecido que lleva su mismo nombre. Su esposa, Inés Ragni –la misma que en el primer juicio del 2008 se paró ante los militares acusados y les dijo “ya tengo 78 años de edad y antes de morir quiero saber ¿qué hicieron con nuestros hijos, quién dio la orden, porqué no dan la cara?”–, junto a Lolín Rigoni, ambas Madres de Plaza de Mayo Filial Neuquén –la primera que se conformó en el país bajo el acompañamiento del recordado obispo Jaime De Nevares–, destinaron la mayor parte de sus gritos a Raúl Guglielminetti, quien estaba sentado en el lugar más cercano al público. “Asesino, decí qué le hiciste a Susana Mujica”, gritó Inés al momento que el propio Guglielminetti la miró sorprendido sin realizar ni una mueca. Susana, hija de Beba Mujica, fallecida hace algunos años en Neuquén, fue secuestrada en junio de 1976 en esta ciudad junto a Cecilia Vechi, Alicia Pifarré, Mirta Tronelli, Graciela Romero de Metz y Arlene Seguel. A 35 años de ese secuestro masivo, las seis jóvenes aún están desaparecidas. Mientras en la sala se producían esos hechos, afuera en la calle Carlos H. Rodríguez decenas de estudiantes, trabajadores docentes, judiciales y estatales enrolados en la CTA –que llamó a un paro de 24 horas para asistir al comienzo del juicio–, obreros de Zanon, militantes de distintos organismos, partidos de izquierda y público en general que se acercó al tribunal no dejaron de redoblar sus bombos y cantar. Algunos llegaron muy temprano, poco después de las 7, con el objetivo de estar al momento en que dos combis del Servicio Penitenciario Federal trasladaron a los militares y policías enjuiciados. Uno de ellos, Gervasio Díaz, de HIJOS Alto Valle, dijo a Página/12 que “como hicimos en el primer juicio, cuatro años atrás, vinimos temprano para escrachar a estos genocidas, para quienes exigimos la cárcel común y no como muchos de ellos, que aún condenados están libres en sus casas”.

Díaz subrayó que para ellos en este juicio no hay 39 víctimas, sino 38: “José Luis Cáceres, quien para este tribunal es una víctima, fue integrante del grupo de tareas de Remus Tetu, interventor desde el ’75 en la Universidad Nacional del Comahue. Es un genocida más”, afirmó. Una de las abogadas de la querella, Ivana Dal Bianco, apoyó esta versión. “Cáceres era miembro de la Triple A, pero por una interna en ese grupo terminó detenido. Por eso nosotros en este juicio reconocemos y defendemos a 38 víctimas de genocidio en Neuquén y Río Negro”, subrayó.

Juzgan en Neuquén a 24 represores por la causa "La Escuelita II"

Comenzó esta mañana en el Tribunal Oral Federal de Neuquén, el juicio oral y público a 24 represores acusados de delitos de lesa humanidad cometidos en las provincias de Rio Negro y Neuquén, durante la última dictadura militar.
La audiencia es presidida por el Juez Orlando Coscia junto a los vocales, Eugenio Krom y Mariano Lozano en la causa que se conoce como "La Escuelita II", en alusión al Centro Clandestino de Detención que funcionó en el batallón militar de Neuquén en ese entonces.

En 2008 se realizó en Neuquén el primer juicio por las consecuencias del terrorismo de Estado implementado por la dictadura, en el que fueron condenados ocho ex militares que también están imputados en este nuevo proceso.

El ex agente civil de inteligencia, Raúl Guglielminetti, es otro de los procesados junto a ex miembros del Ejército, Gendarmería y también de la policía provincial de Río Negro.

Por video conferencia, el juicio es seguido en la Cámara Federal de Bahía Blanca por los imputados Oscar Lorenzo Reinhold y José Ricardo Luera, y en el Consejo de la Magistratura de Buenos Aires, por el militar retirado Osvaldo Antonio Laurella Crippa.

El único imputado que no se presentó al debate -por razones de salud- es el ex jefe de inteligencia del Comando de la Sexta Brigada de Neuquén, Mario Alberto Gómez Arenas.

Durante esta primera jornada se inició la lectura de la requisitoria fiscal por los casos de 39 víctimas de la región, seis de las cuales permanecen detenidas-desaparecidas.

La delegada en Neuquén de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Beatriz Gentile, asistió al juicio en su calidad de querellante en la causa.

En declaraciones a Télam, Gentile dijo que "se concreta algo que tendría que haber sido hace dos años y por lo tanto este inicio es central. También es importante la presencia de todos los imputados escuchando la acusación que me parece fundamental".

"Cada vez que uno escucha el relato de lo sucedido confirma aún más la necesidad de hacer justicia en la Argentina, de modo que estoy conforme y con la expectativa de lograr condenas para los represores", agregó.

La dirigente de la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén -APDH-, Noemí Labrune, manifestó que "estamos gozando de este momento que no se hubiera dado si alguien hubiera aflojado y suponemos que el juicio va a ser muy interesante para toda la comunidad".

Precisó que "se van a ver aspectos de la represión, la organización de inteligencia y la participación de otras fuerzas que no fueron conocidas durante el primer juicio realizado en 2008".

Inés Ragni, Madre de Plaza de Mayo, expresó que "ninguno de nuestros hijos está para decir la verdad, pero ahora ellos (por los acusados) tienen la oportunidad de hacerlo".

"Nosotros les seguimos exigiendo cara a cara que digan qué es lo que han hecho, quien se llevó a nuestros hijos, quien los torturó y que pasó con ellos. Mientras no digan la verdad vamos a seguir en la calle", enfatizó Ragni.

Un momento de tensión se vivió dentro de la sala cuando las Madres, junto con familiares de una de las víctimas, repudiaron a los represores, que permanecían sentados en sus sillas separados del público y de la prensa por un vidrio.

La sala fue desalojada algunos minutos, hubo un cuarto intermedio y poco después se reanudó la audiencia.

Frente al Tribunal, se concentró desde la mañana temprano un nutrido grupo de manifestantes, quienes arrojaron huevos a los represores cuando eran introducidos al edificio por los uniformados que los custodiaban.

lunes, 14 de noviembre de 2011

De prófugo a teatrero... revocan arresto domiciliario a represor

Revocan arresto domiciliario de ex policía acusado por delitos de lesa humanidad
Se trata de Héctor Mendoza. La medida fue dispuesta por la Cámara Federal de General Roca. El tribunal señaló que la conducta observada por el imputado permite presumir que “se dará a la fuga en la primera oportunidad que se le presente”

La Cámara Federal de Apelaciones de General Roca revocó el beneficio de prisión domiciliaria concedido al ex policía Héctor Mendoza, en el marco de una causa por delitos de lesa humanidad cometidos durante el último gobierno militar.

En su fallo, el tribunal aseguró que el imputado “jamás tuvo la menor intención de someterse a las consecuencias jurídicas derivadas del proceso penal”.

En tanto, afirmó que “la ausencia de todo control sobre su encierro cautelar permite presumir, acabadamente y sin que abrigue en esta conclusión ninguna clase de duda, que se dará a la fuga en la primera oportunidad que se le presente propicia para ello”.