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miércoles, 29 de junio de 2016

Oscar Ragni: “Los archivos existen, el reclamo de apertura es legítimo”

Entrevistamos a Oscar Ragni, militante de la Corriente Militante por los Derechos Humanos, padre de Oscar Ragni – hijo – quien permanece desaparecido.
Marina López Dorigoni

Oscar Ragni es militante de Derechos Humanos desde el año 76`, cuando desapareció su hijo Oscar. Es fundador de la APDH de Neuquén, participante de la primera delegación de la Asamblea por los Derechos Humanos de Buenos Aires, la primera delegación en Neuquén. Posteriormente fundador, con otros compañeros, de la Corriente de Militantes por los Derechos Humanos. En el marco del juicio “La Escuelita IV” desde La Izquierda Diario dialogamos con él sobre su visión de los juicios a los genocidas, que en la región comenzaron en el 2008.

¿Qué opinas de este "desmembramiento" del juicio, por tramos, por partes?

No sé de quién es la estrategia, pero esto tiene “olor” a intención de prolongar el juicio, buscando que muchos queden sin ser condenados. Porque el tiempo pasa, las edades de ellos van avanzando como la de cualquier otro ser humano y llega un momento que, como sucedió ahora por ejemplo con Farías Barrera y Olea que por insanidad no los pueden seguir juzgando. Con ellos estaría solucionado el tema porque ya han sido condenados y esa condena no se la van a sacar, si bien no pueden participar y si bien hay que reconocer que esto lo permite la justicia, por el derecho a su defensa, por las garantías constitucionales. Cosas que se las niego rotundamente, no les reconozco ningún derecho y no quisiera darles ningún tipo de garantías, no quiero ponerlos en el paredón a ninguno, pero si quiero verlos a todos juzgados. Ya que ninguno de ellos, hasta ahora ha asumido la responsabilidad de decir la verdad y responder la pregunta de estos últimos 40 años de qué hicieron con los compañeros desaparecidos y dónde están y quiénes fueron los responsables y autores de todo lo que hicieron. Ese es único objetivo, si no se logra, es lo mismo que los condenen a 10, a 20 o a 50 años.
Este es un pensamiento personal, por supuesto, aquí lo que se busca es la verdad. La trilogía de “memoria, verdad y justicia” será muy interesante. La memoria está, está flotando desde los cuatro puntos cardinales. Pero justicia sin verdad no es justicia y para que se haga justicia tenemos que saber la verdad.

¿Cómo ves a la comunidad en relación a los juicios, al terrorismo de estado?

La sociedad ha sido víctima como todos, yo creo que está un poco desgastada, no te olvides que llevamos 40 años atrás de esto. Los primeros tiempos hubo mucha ansiedad, por supuesto, pero después – evidentemente hay que reconocerlo – la gente que no tuvo participación directa, salvo raras excepciones, terminó no por desinteresarse del tema, sino por no preocuparse más.

Y en cuanto a los jóvenes, que tanto esperamos de ellos, es cierto que hay grupos de jóvenes se han encaminado bien, siguiendo caminos que no se desviaron en momentos de definición. ¿Esto por qué lo digo? Porque hay mucho interés en quienes han participado, en quienes hemos participado en todo esto, de que se vaya sabiendo la verdad y que la juventud que no recibe los datos precisos a través de los medios, por ejemplo un análisis completo en todos los niveles de estudio, primario, secundario. Ha habido tantos desvíos en estos años de lo que fue el Terrorismo de Estado. Las consecuencias que produjo y cuando se llega al punto de quiénes tuvieron participación, ahí es donde empieza a cambiarse un poco la historia de aquéllos que quieren contar la historia a su manera.

Hay influencias que son muy pesadas, que siempre están en manos del poder. Los organismos de Derechos Humanos que hemos sido históricamente los que hemos llevado a todos los ámbitos posibles la información que íbamos obteniendo a través de la militancia, la participación y de la actividad que tuvimos, empujados también muchos por la necesidad propia que teníamos de saber la verdad, eso se ha ido perdiendo, porque lo han ido ganando organizaciones que empezaron a quedarse dentro de los ámbitos de poder político, para llevar el mensaje que a cada sector le beneficiaba. Lo usaban como una forma de tergiversar la realidad de los hechos para no llegar en profundidad a la verdad.

Acá en Neuquén la marcha del 24 de marzo es multitudinaria, es un hecho muy importante y significativo

Sí, claro. Desde que estamos en esta lucha, Neuquén ha sido el punto destacado dentro del país. No en vano Neuquén en momentos álgidos de la pelea, digamos, fue declarada la “capital de los Derechos Humanos”. No porque se hayan respetado los Derechos Humanos, ni aún en plena democracia, sino por la militancia, por la participación, también los 24 de marzo. Eso es un ejemplo concreto. También sabemos cómo es Neuquén en cuanto a su participación, a la militancia de distintas organizaciones de distintos organismos, muchos de los cuales tienen su orientación política diferente, pero el 24 de marzo nos juntamos todos, ahí se ve realmente desde dónde nace la militancia. No va sólo convocada para reivindicar su espacio político, concurre para reivindicar a los compañeros que faltan, a los que fueron víctimas, a los que fueron torturados y masacrados y al volver tuvieron el coraje de contarlo, para que de alguna manera se pueda, sobre una base firme, hacer los juicios que se están llevando a cabo.

Esto es muy destacado, porque personalmente uno tiene discusiones con muchos de los compañeros que nos abrazamos el 24 de marzo. Es decir, la sociedad en Neuquén, la militancia en la región sin distinción, ha entendido que el 24 de marzo es un símbolo que no se debe abandonar, que no se debe cambiar, que no se vende, que no se entrega. Esto no tiene precio.

Lamentablemente hemos visto en el resto del país, fundamentalmente desde el poder político, espacialmente en ésta “década ganada” cómo el poder político, que sintió que con los juicios le estaba tocando el agua en los talones, empezó a manipular a los organismos para cooptarlos y no dejarlos mover libremente para que no sigan actuando. Está bien, si entre dos hay un acuerdo es porque ambos participan, hay responsabilidades y aceptación. No nos olvidemos que quienes han querido cambiar la historia, nunca quisieron explicar lo que tienen que explicar con respecto a lo que precedió al Golpe de Estado de 76`, que es el accionar de la Triple A. Y la Triple tenía signo político.

¿Qué opinas de la exigencia al Estado de la apertura de los archivos?

No te olvides que hace un par de años, durante la primera parte del gobierno de Cristina Fernández, hubo una apertura de archivos, que se hizo con muchos bombos y platillos, y se encontró – o al menos eso se dio a conocer – todo lo que se sabía. No fue ninguna apertura de archivo, fue como darnos la razón a aquellos que veníamos contando todo desde el 76. Pero no condujeron a nada. Ahora, esos archivos existen, las Fuerzas Armadas se han cuidado mucho de guardar esos archivos. Porque ególatras y soberbios como son, porque creyeron que en algún momento iban a poder tapar sus culpas con eso. De todo lo que hicieron no puede reivindicarse nada. Es necesario saber la verdad. Yo creo que el poder político de todos estos años, sabe muy bien dónde están esos archivos, saben que están guardados. Entonces el reclamo que abran los archivos es legítimo, a cualquier signo político que esté gobernando.

Hace unos días, o semanas, el presidente Macri anuló un decreto que creo que era del tiempo del Alfonsinismo por el cual los traslados – siempre hablando de las jerarquías superiores de las FFAA – y los nombramientos de los comandantes de las tres fuerzas, pasaban por el Poder Ejecutivo, se presentaban pliegos y el Ejecutivo los analizaba. Con esto les dio amplia libertad para que hagan lo que quieran. Parecería algo sin importancia, pero no es así. Dejar eso en sus manos es un peligro para la sociedad.

¿Cuál es tu opinión sobre acusar y pedir las condenas por homicidio y no por desaparición forzada?

Cuando cae un avión o se hunde un barco, hay heridos, muertos y desaparecidos. Y estos siguen siendo desaparecidos aunque sabemos que han ido al fondo del mar porque el barco se hundió, que han explotado contra una montaña porque el avión se estrelló, pero la justicia los considera desaparecidos porque sus cadáveres no se encuentran.

Cuando empezamos a hablar con ciertos sectores del tema, el objetivo era lograr una mayor condena al ser homicidio. Ya a esa altura de los acontecimientos hace un par de años atrás, ya no me interesaba – nunca me interesó – 5, 10, 50 años, porque además sabíamos que iban a ser condenados en distintas etapas. En unas causas a 10, en otras a 15, ya todos están sumando 80 o 90 años de condena.

El tema es que ni un juez tiene autoridad para decretar una muerte. Yo entiendo que hay familiares, que por muchas razones, quisieran que esto termine o necesitan que esto termine. ¿Cómo termina esto? Con esa condena por homicidio.

Quien lo haga, es su responsabilidad, su conciencia, su necesidad que lo impulsa a hacerlo. Pero que de una acusación que lleva años, tomando Neuquén, que desde la militancia, se ha estado hablando siempre de los desaparecidos y pidiendo respuesta por las desapariciones, no creo que se pueda cambiar de un día para el otro. Aquí hay algo más profundo que ha hecho cambiar a algunos sectores, personas con las que hemos compartido estos 40 años de militancia y hemos compartido también, el concepto de desaparecido.

Aquí hubo un solo homicidio, comprobado y fue condenada la persona responsable, es el caso de Albanessi, el compañero que era cooperativista en Cipolletti. Está también el pedido que hizo una persona, de ausencia con presunción de fallecimiento para poder salir del país. Es una señora que fueron secuestrados los dos, ella volvió, su esposo no. Era muy asediada y quería irse de Argentina y llevar consigo a su hija. Dando por fallecido el padre, podía sacar la niña del país. Bueno ese es un caso conocido…

Con Inés (NdR: Inés Rigo de Ragni, su esposa y Madre de Plaza de Mayo Filial Neuquén y Alto Valle), cuando hubo un pedido concreto en juicio de condenas por homicidio, hicimos una presentación mediante una carta al Tribunal que titulamos “No maten a los desaparecidos” y manifestando nuestra opinión y por qué no acordamos. En nuestro caso – de Oscarcito – fueron condenados por desaparición forzada y hay muchas condenas por lo mismo. El tema es los compañeros que quedan ¿por qué los vamos a dar por muertos? ¿Porque no se buscan los medios para saber qué hicieron con los desaparecidos? Ninguno ha dicho “si, yo maté 10 desaparecidos”

Es cierto que en el código no estaba la figura de desaparición forzada, pero fue incluida y es válida para juzgarlos. Si fue necesario crear una nueva figura para poder juzgarlos, por qué ahora vamos a desechar eso, para darles mayor condena o, como creo yo, para terminar con los juicios.
(laizquierdadiario.com)

lunes, 2 de diciembre de 2013

CCD y E : Comisaría de Cutral Co : Crudo relato de sobrevivientes de la tortura

Ayer declararon Tomasevich y Méndez Saavedra, quienes cargaron duro contra los acusados.

“Querían hacer de nosotros un trapo de piso”, afirmó Francisco Tomasevich con relación a las torturas físicas y psíquicas sufridas durante su detención ilegal en la Comisaría 14 de Cutral Co y en las cárceles de Neuquén y de Rawson durante la última dictadura militar.
Tomasevich declaró ayer en el tercer juicio oral y público contra cinco represores acusados de cometer delitos de lesa humanidad en la región, que se lleva a cabo en el Salón Verde de AMUC de esta ciudad.

Frente a Jorge Di Pasquale -ex jefe de Inteligencia del Destacamento 182-, el único de los cinco imputados presente en la sala, relató su detención ocurrida el 15 de junio de 1976 en el marco del Operativo Cutral Co, llevado adelante por fuerzas del Ejército y de la Policía provincial. En ese momento se desempeñaba como obrero de YPF. “Me sacaron de mi casa y me llevaron a la comisaría, donde me vendaron y me dieron picana y golpearon constantemente, sin tener tiempo de preguntar lo que pasaba”, explicó Tomasevich, quien recordó que quienes lo detuvieron “estaban con uniforme policial y de civil”.

Señaló que fue trasladado a la U9 de Neuquén y posteriormente a Rawson, donde reconoció a otros detenidos, entre ellos a Orlando Balbo, Ramón Jure, Carlos Kristensen, Sergio Méndez Saavedra, Guillermo Almarza, Orlando Cancio, Miguel Pincheira y Pedro Maidana. Afirmó que ahí los golpes “fueron terribles, inhumanos”.
Puntualizó que los familiares de los detenidos en la U9 se entrevistaban con el imputado en esta causa, Luis Alberto Farías Barrera, quien era jefe de Personal del Comando de la Sexta Brigada.
Tomasevich, quien en 1979 se exilió en Suecia -donde reside actualmente-, afirmó que “no hay que olvidar a los compañeros que quedaron en el camino, hay que hablar y decir la verdad para que se sepa lo que pasó, porque las dictaduras son crueles”.

Posteriormente, Sergio Méndez Saavedra relató las dos veces que fue detenido en forma ilegal en Cutral Co y sometido a torturas. La primera, el 14 de junio de 1976, fue llevado junto a Carlos Chávez -quien se encuentra desaparecido- a la comisaría de Cutral Co “donde Héctor Mendoza era espectador mientras nos golpeaban y torturaban”. Mendoza era el jefe de la comisaría y estaba imputado en esta causa pero fue separado por razones de salud.
Méndez fue trasladado a la U9, donde reconoció a otros detenidos como Pincheira y Jure. “Muchos han muerto y no pueden venir a hablar como yo”, aseguró.

Comentó que luego de un mes fue liberado pero “todos los días tenía un auto frente a mi casa que me vigilaba”. En la segunda detención, Méndez fue llevado al centro clandestino de detención “La Escuelita”, donde aseguró que estuvo “vendado todo el tiempo pero escuchaba las torturas”. “Durante 20 días fui torturado con picana en el cuerpo, en la garganta y en los testículos”, aseguró. Un mes después lo sacaron en auto y lo llevaron a una chacra en Plottier. “Me hicieron arrodillar, yo esperaba el sonido de la bala, pero me abandonaron allí”, dijo.
Recordó que cuando estuvo detenido en la U9 lo trasladaban al Comando, “donde ahora está Carrefour, ese era el lugar de tortura”.

domingo, 1 de diciembre de 2013

LA ESCUELITA III - Juicio Demorado :Víctimas de Operativo CUTRAL CO

Espera incansable
 
Neuquén > “Quiero decirles que si hoy estoy en este juicio es para honrar la desaparición de mi esposo, Miguel Ángel, y de los demás desaparecidos”, inició ayer su declaración Juana Aranda, la esposa de Miguel Ángel Pincheira, secuestrado durante el Operativo Cutral Co el 14 de junio de 1976.

Al describir el momento del secuestro, Aranda recordó que esa noche golpearon en su casa e ingresaron oficiales de las “Fuerzas Armadas con ametralladoras”, acompañados por un vecino que pedía disculpas. “Mi marido estaba con nuestro hijo y me pedía que me tranquilizara, me aseguraba que no iba a pasar nada”, describió.

En la comisaría de Cutral Co le dijeron que lo habían trasladado a Neuquén. “Fue Farías Barrera quien me dijo que lo podía ver en la U9; lo vi dos sábados seguidos y el tercero ya no estaba”, aseguró.

La testigo confirmó que Farías Barrera la recibió en varias oportunidades y que le expresó que su marido “era un pobre perejil, que tenía que saber dónde estaba Oscar Hodola”, otro de los secuestrados en el operativo. Luego le indicaron que lo habían trasladado al penal de Rawson, donde el 16 de octubre de 1976 lo vio por última vez.

“Farías me presentó un papel donde decía que mi marido había quedado en libertad y que me quedara tranquila que ya iba a llegar”, contó.
Más tarde fue a buscar al mayor Oscar Reinhold a su casa de Bahía Blanca, quien le confirmó que “había estado a cargo de él y que le había dado la libertad. Le expliqué que nunca había llegado a casa y me contestó ‘se habrá ido con otra mujer’”.

viernes, 29 de noviembre de 2013

Testigo que no había declarado por dudas que los represores cumplan las condenas

El testigo Norberto Blanco dijo hoy que se decidió a declarar en el tercer juicio en Neuquén por crímenes de lesa humanidad porque "lo merecen" los asesinados y quienes lucharon "por los derechos humanos durante estos 37 años".

Sobreviviente del centro clandestino de detención "La Escuelita", Blanco no había declarado en los dos juicios anteriores debido a una salud quebrantada y también, explicó, por dudas sobre que los "represores cumplan con la condena que les impongan".

En su exposición ante el Tribunal Oral Federal 1, recordó que tras ser detenido en agosto de 1976 permaneció vendado y encadenado a una cama por unos diez días, en los que fue interrogado bajo torturas con picana eléctrica y golpes.

"Después de la picana sentía en la boca, la lengua y el paladar una especie de pasta que me impedía hablar", declaró en el juicio contra cinco represores imputados por delitos de lesa humanidad.

En diálogo con la prensa, Blanco señaló que "tuve mis dudas para presentarme a declarar porque tengo dudas de que estos represores cumplan con la condena que les impongan si cambian en un plazo determinado las condiciones políticas".

"Lo hice porque se lo merecen los compañeros que han militado conmigo (integraba en 1976 la juventud del Partido Comunista) y fueron asesinados y que ya no están, más allá de lo que me pasó a mí, y también por la gente que ha luchado por los derechos humanos durante estos 37 años", añadió.

Blanco consideró que que "estos procesos para la Argentina son muy positivos pero en la sociedad no han tenido la repercusión que se merecen".

El testigo expresó además que "esto puede volver a repetirse porque subsisten aún los factores de poder y las causas económicas que generaron la matanza de los años de la dictadura".

"Quienes manejaron siempre el país, la oligarquía, las corporaciones mantienen su poder económico y cuando se quiso aplicar las retenciones, la Sociedad Rural salió a cortar rutas y a mostrar su poder y consiguieron los jueces necesarios para impedir su aplicación y también lo hicieron con la ley de medios".

Blanco estimó que "esto pasa más allá de que tengamos un gobierno que quiere hacer algunas reformas que posibiliten una mejor distribución de la riqueza, un mejor acceso de las clases populares a la educación o a la vivienda".

En esta audiencia dio además su testimonio Edgardo Kristensen, quien también fue detenido en 1976 y estuvo secuestrado en "La Escuelita".

En su exposición, relató que su hermano Carlos permaneció detenido en la cárcel de Rawson y en 1979 tuvo la opción del exilio en Dinamarca, donde falleció en 1996.

Carlos Kristensen se destacó como un hombre de la cultura y las letras y por esa razón se incorporó como prueba documental en el juicio uno de sus libros, titulado "Salmos del Exilio", donde refleja en poesías la crudeza de la represión y del exilio sufrido junto a su familia.

viernes, 15 de noviembre de 2013

Testimonios de víctimas con contundentes datos y pruebas contra los represores

Testigo afirmó que “en la Policía Federal se hacían los interrogatorios"

"Los gritos de los torturados eran como de animales desesperados”, sostuvo Orlando Balbo al declarar en la causa de los prófugos por delitos de lesa humanidad.
Neuquén > Con la presencia en la sala del Tribunal Oral Federal de Neuquén de Jorge Di Pasquale, uno de los cinco imputados de este tercer juicio por delitos de lesa humanidad, declararon ayer por la mañana Orlando Balbo y Silvia Barco de Blanco.

Balbo comenzó su declaración señalando que tuvo que ir a notificarse a la Policía Federal de concurrir a la audiencia que se realizó ayer, precisamente a escasos metros de la habitación en la que sufrió torturas luego de ser detenido de su casa el 24 de marzo de 1976  por un grupo de civiles armados encabezados por el agente de Inteligencia Raúl Guglielminetti. “Entré por la misma puerta donde fui torturado”, dijo el ex dirigente de ATEN.
Relató que se sorprendió por el despliegue “inusitado” que había en la cuadra de su casa durante su detención, “civiles con armas y escopetas parapetados detrás de árboles y autos”, describió.
Precisó que fue trasladado a la delegación de la Policía Federal, ubicada en la calle Santiago del Estero, donde fue golpeado y torturado con picana eléctrica, ahogamiento con una bolsa de nylon, golpes en los oídos que lo dejaron sordo, sesiones encabezadas por Guglielminetti y en las que también estuvo el “Perro” González, director de la delegación. “Nadie que haya estado en la Policía Federal podía ignorar lo que pasaba ahí porque los gritos de los torturados eran como de animales desesperados”, enfatizó.
Además señaló que fue llevado a la Unidad Penitenciaria 9 donde estuvo unos diez días hasta que nuevamente Guglielminetti se lo llevó a la Policía Federal. Balbo afirmó que “tenía terror que me dejaran en la Policía Federal porque ahí las torturas eran terribles, en la U9 estaba a salvo”.
 
"De gusto"
Luego de una de las sesiones de tortura, Balbo quedó en una sala donde, según su testimonio, había una persona de civil comiendo pollo con puré, que le dice “te estás haciendo pegar de gusto”.
  Ante las preguntas del Tribunal y de las querellas, Balbo no pudo precisar si esa persona era Jorge Alberto Soza, segundo jefe de la delegación, imputado en la causa. “Cuando vi sus fotos en los diarios pensé que podía tratarse de él, pero no puedo asegurarlo”, sostuvo y recordó que “se hacía el bueno, pero no era un subordinado, un subordinado no come delante de un secuestrado”.
Balbo también mencionó a otro de los imputados, Luis Alberto Farias Barrera, jefe de Personal del Comando de la VI Brigada, quien estaba presente cuando fue trasladado en avión junto a otros detenidos a la cárcel de Rawson. Además aseguró que Farías Barrera atendía a sus padres que iban a buscar información sobre su hijo. “Siempre les daba una versión diferente y los hacía ir a todos lados”.
Luego Balbo pudo exiliarse en Italia, donde vivió seis años. “Las marcas que yo tengo en el cuerpo por las torturas son marcas que le dejaron a la sociedad”, finalizó. 
Denuncian violaciones en cautiverio
 

Neuquén > Dora Seguel, secuestrada durante el Operativo Cutral Co, relató los golpes y amenazas que sufrió en la Comisaría 14 de esa localidad. Además, identificó a la Policía Federal como la fuerza que se llevó ilegalmente de su casa a su hermana Arlene, quien sigue desaparecida, y desde la casa de un familiar a su hermana Argentina.
A Seguel la secuestraron en el CEM 6 cuando tenía 16 años. En el celular que la transportó identificó al represor Oscar Reinhold.

Aseguró que fue violada por uno de los tres oficiales que estaba en la comisaría durante los interrogatorios. “Estaba el comisario (Héctor) Mendoza, un militar, y otra persona que estaba vestida de civil y él fue quien me violó", confirmó.

Le preguntaban por las amistades de su hermana Arlene e intentaban que admitiera que tenían armas. Le hicieron firmar un documento donde se la pasaba a disposición de la U9. Atada de manos y con los ojos vendados, pasó la noche en un camión policial con pequeños calabozos, donde identificó a las víctimas Miguel Ángel Pincheira y Carlos Chávez.
En la U9 se encontró con su hermana Argentina y ambas fueron trasladas en avión junto a otros detenidos a Bahía Blanca. "En un momento durante los interrogatorios sentí que Argentina gritaba mucho, pienso que ahí fue cuando la violaron, además por las groserías que se escuchaban", recordó la mujer, quien denunció que durante un nuevo traslado volvió a ser violada por otro hombre. Ya en el centro clandestino de detención La Escuelita de Bahía Blanca, Dora escuchó por última vez la voz de su hermana Arlene.

También declaró Juan Carlos Maidana, quien fue detenido en su vivienda en el mismo operativo por personal del Ejército.
Al final de la audiencia, el tribunal informó que admitieron el pedido de la querella del Ceprodh de incluir en el proceso el informe del Ministerio de Defensa Nacional sobre los documentos recientemente encontrados de la última dictadura militar.

domingo, 3 de noviembre de 2013

Testigos comprometen a los federales:asegura que se camuflaban como trabajadores y linyeras

Las partes acusadoras buscaron durante la audiencia de ayer dejar en claro la participación de la Policía Federal en Neuquén en los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.

Neuquén > Las partes acusadoras en el juicio de La Escuelita III buscaron durante la audiencia de ayer dejar en claro la participación de la Policía Federal en los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.

El testigo Rubén Sandoval, primo de las hermanas Arlene, Argentina y Dora Seguel, fue contundente al indicar que efectivos que exhibían credenciales de la Policía Federal fueron los que se llevaron desde su vivienda en Cutral Co a Arlene.

Sandoval, quien por primera vez tuvo la oportunidad de contar su historia ante el Tribunal Oral Federal de Neuquén, relató que sus tíos se presentaron al día siguiente del secuestro en su vivienda de esta capital y desde ahí comenzaron una larga recorrida para hallar a su prima.
La primera visita fue ante el oficial González de la Policía Federal, quien les dijo que no sabía nada. Luego Sandoval recurrió a su padre quien había sido Policía provincial en tiempos de territorios nacionales.
Por intermedio de una pareja amiga el padre de Sandoval concretó una cena familiar a la que invitó a un agente de la Policía Federal de apellido Ricomini para intentar obtener datos de Arlene.
“Estoy bastante cansado porque recién llegué de Buenos Aires de llevar a una guerrillera muy peligrosa”, recordó Sandoval que dijo aquel oficial durante la cena. Recordó que ante esos dichos el temor invadió a la familia. Era apenas el inicio del terror. Minutos más tarde golpearon a la puerta dos policías de civil quienes se llevaron a Argentina Seguel.

“A uno de los dos policías yo lo conocía porque había trabajado conmigo, era Francisco Chaneton”, precisó el testigo. Esa noche la Policía se llevó a Argentina y un tiempo después también secuestraron a Dora, ambas liberadas, mientras que Arlene aún continúa desaparecida. Las gestiones del padre de Sandoval concluyeron ante una “recomendación” de un comisario de apellido Vargas, quien les indicó que dejaran de buscar porque se iban a “ver comprometidos”.

“La pasaron muy mal, hasta fueron violadas”, precisó Sandoval en referencia a los padecimientos de sus primas durante el cautiverio.
También declaró durante la tarde de ayer Hugo Monsalvez, quien realizó el servicio militar durante 1976. Dijo que era habitual ver a los oficiales entrar y salir del destacamento de civil y que varias veces los vio disfrazados de choferes de colectivo, con mamelucos y hasta de linyeras.

Recordó además que en una oportunidad vio un camión azul de la Policía en el playón del Comando, donde había detenidos dentro. “Cuando le pregunté al oficial Taquini quiénes eran, me dijo: ‘Son terroristas de Cutral Co’”, afirmó.

martes, 15 de octubre de 2013

La "Escuelita III" : juicio histórico de los "prófugos"

Un nuevo paso en busca de justicia

Cuatro integrantes del Ejército y un miembro de la Policía Federal Argentina serán juzgados a partir del jueves en un nuevo tramo del juicio por delitos de lesa humanidad ocurridos en Neuquén durante la última dictadura militar.

Por Pablo Montanaro


Neuquén > El próximo jueves 17 a las 9 comenzará en esta ciudad el tercer juicio oral y público contra cinco represores (cuatro ex militares y un ex policía) que actuaron en Neuquén durante la última dictadura militar acusados por delitos de lesa humanidad. Los hechos que serán ventilados en las audiencias a desarrollarse en el Salón Verde de AMUC (Avenida Argentina 1637) involucran a un total de 56 víctimas (17 del primer juicio desarrollado en 2008 y 39 del segundo juicio de 2012).
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Neuquén convocó a 61 personas para que declaren como testigos.
 
“De los prófugos”, tiene como imputados a Jorge Di Pasquale, quien en el momento de los hechos se desempeñaba como teniente coronel de Inteligencia; Jorge Soza, segundo jefe de la Delegación Neuquén de la Policía Federal; Mario Alberto Gómez Arenas, jefe de Inteligencia del Destacamento 182; Luis Alberto Farías Barrera, jefe de Personal del Comando de la Sexta Brigada, e Hilarión de la Pas Sosa, jefe de la sección Sanidad de la Brigada de Infantería de Montaña VI. En tanto, el ex comisario Héctor Mendoza, quien estaba a cargo de la Comisaría 14 de Cutral Co en el momento de los hechos, fue apartado del juicio por motivos de salud.
Tanto Gómez Arenas como Pas Sosa y Farías Barreras se incorporaron a este tercer juicio ya que quedaron fuera del proceso judicial realizado el año pasado a raíz de problemas de salud.
Di Pasquale, quien se encuentra en el penal de Marcos Paz cumpliendo condena, estará presente en la audiencia de apertura del debate ya que el Tribunal Oral Federal no hizo lugar a la solicitud presentada por su abogado defensor, Pablo Matkovich, para que se lo exima de asistir. Matkovich planteó que el ex represor no debía estar presente durante la lectura de la acusación, entre otros motivos, porque la Unidad 9 no está en condiciones de alojarlo.
Para el fiscal Adrián García Lois, junto a su par Marcelo Grosso, el  pedido de la defensa de Di Pasquale “encubre la intención de mejorar un privilegio”.
Por otra parte, el tribunal no hizo lugar a la solicitud para que se revoquen las detenciones domiciliarias de Gómez Arenas, Farías Barrera, De la Pas Sosa y Soza, pedido formulado por las querellas. Sin embargo, la APDH interpuso un recurso de reposición.
Matkovich asistirá además a De la Pas Sosa, Farías Barrera y Gómez Arenas, mientras que Laura Giuliani representa a Soza.
En la audiencia preliminar, Matkovich aseguró que Di Pasquale iba a declarar el primer día de debate. Lo mismo que Soza, que lo hará por el lapso de una hora, según adelantó su defensora, Giuliani. En tanto, De la Pas Sosa, Farías Barrera y Gómez Arenas no prestarán declaración.
Además, el tribunal resolvió que los testigos víctimas que están fuera del país declaren en oficinas del consulado, como es el caso de Pedro Justo Rodríguez, y que se reproducirá el material fílmico de quienes hayan declarado y no puedan hacerlo en esta oportunidad.
Los querellantes de la parte acusadora la componen Marcelo Grosso y Adrián García Lois (Fiscalía Federal), Juan Cruz Goñi (Asamblea por los Derechos Humanos, APDH), Ivana dal Bianco y Natalia Hormazábal (Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, Ceprodh) y Marcelo Medrano (Secretaria de Derechos Humanos de la Nación).

miércoles, 21 de agosto de 2013

Piden exoneración de médico de Neuquén juzgado por delitos de lesa humanidad en Formosa

El Sindicato de Profesionales de la Salud Pública de Neuquén, reclamó la exoneración del médico Faustino Blanco Cabrera del hospital de Cutral Có, ante el juicio al que es sometido en Formosa por delitos de lesa humanidad cometidos en esa provincia durante la última dictadura.


Cabrera prestaba servicios en el área de psiquiatría del hospital de Cutral Có hasta que fue detenido en el mes de junio pasado y en la actualidad cuenta con una licencia por enfermedad y continúa percibiendo su salario.

El Sindicato de Profesionales de la Salud Público solicitó al ministerio de Salud de la provincia que sea apartado del plantel de salud del sistema de Neuquén.

En una presentación dirigida al ministro de Salud, Rubén Butigue, los profesionales señalan que “el médico psiquiatra Faustino Blanco Cabrera, DNI 7,646,122, legajo 136,436, ingresó en el año 2006 a la planta del Sistema de Salud en el Hospital de Cutral Có sin mediar el correspondiente concurso”.

”Este profesional actualmente está detenido en la provincia de Formosa acusado de cometer delitos de lesa humanidad durante la dictadura militar de 1976?, denuncian.

Precisan que “se lo acusa de participar en torturas y fraguar certificados de defunción cuando revestía el cargo de Teniente Primero médico en el Regimiento 29 de Infantería de Monte”.

Indican que “por la reactivación de esas causas y la negación de excarcelación se libró pedido de captura en junio de este año, ha sido detenido y permanecerá en esa situación hasta la sustanciación del juicio”.

Afirman que “las denuncias que pesan sobre él tienen tal gravedad que son suficientes para determinar la inmediata exoneración como lo prevén el artículo 8° inciso D y el artículo 111° incisos D y E del Estatuto de la Administración Pública Provincial (EPCAPP)”.

”Nos resulta inaceptable que además se lo esté amparando con una licencia por enfermedad de largo tratamiento (Art. 62°), siendo que no está enfermo sino acusado y preso por los peores delitos cometidos hacia la sociedad argentina en los oscuros años de la dictadura”, expresan.

Agregan que “no es la primera vez que desde nuestra organización nos vemos en la obligación de denunciar a profesionales que participaron en el Terrorismo de Estado, entre los que se encuentran Roberto Fermín de Los Santos, Roberto Moyano y Ricardo Grisotto”.

Consideran que “la anulación de la leyes de impunidad permitió reactivar los juicios a los genocidas, motivo más que alentador para que en definitiva se haga justicia con los responsables y colaboradores del plan de exterminio en todo el país”.

En consecuencia exigen que “se aparte inmediatamente del plantel de Salud a Faustino Blanco Cabrera porque ofende nuestros principios ciudadanos y éticos”.

sábado, 10 de agosto de 2013

Exoneraron a tres docentes que colaboraron con la dictadura militar

Los hombres realizaron trabajos de inteligencia para el Batallón 601. Sus nombres se conocieron en 2010 cuando se publicó el listado de colaboradores del último gobierno de facto.
       
El gobierno provincial aplicó la máxima sanción prevista para un empleado de la administración pública.

Neuquén:  Tres docentes de la provincia que fueron agentes de inteligencia durante la última dictadura fueron separados de su cargo y no podrán volver a ejercer la docencia. La decisión fue ratificada por el gobierno provincial el lunes mediante el Decreto 1271/13 que aplicó la máxima sanción prevista para un empleado provincial.
Se trata de Daniel Nappi, Jorge Rosales y Carlos Clavier, quienes se desempeñaban en el CPEM 40, EPET 8 y CPEM 48, respectivamente, y que fueron colaboradores durante la dictadura prestando servicio en el Batallón de Inteligencia 601.


La exoneración se determinó tras la realización de un sumario que comenzó en 2010 cuando se conoció un listado de 4.300 agentes que colaboraron con las Fuerzas Armadas.
Nappi y Rosales figuraban en esa nómina como “agentes de reunión” cuya misión habría sido la de infiltrarse en sindicatos, fábricas, universidades, organizaciones políticas y sociales para recabar información sobre personas a quienes luego las fuerzas militares y parapoliciales se encargaban de secuestrarlas. En tanto, Clavier, figura como “analista de información” de la central de inteligencia de la dictadura militar.
Durante el proceso sumarial, el Consejo Provincial de Educación determinó que transgredieron las funciones y deberes determinadas en el Estatuto Docente, en la Constitución Nacional y Tratados Internacionales de Derechos Humanos.
“Con la prueba recabada se logró acreditar fehacientemente la participación de los sumariados en el Batallón de Inteligencia Nº 601”, establece el Decreto 1271 del pasado 5 de agosto.
El documento argumentó que “el sistema educativo, al ser parte integrante del Estado de Derecho, no puede ignorar hechos de tal naturaleza” y que el deber de los docentes es educar en los principios democráticos. Además, se determinó que se incumplió con los artículos 5 y 13 del Estatuto Docente que indica que los docentes deben “observar una conducta acorde con la función educativa y no desempeñar actividad que afecte la dignidad del docente” y que deben “poseer la capacidad física y la moralidad inherente a la función educativa”.

“Fueron cómplices”
Desde ATEN se mostraron conformes con la exoneración de los tres agentes de inteligencia y destacaron que desde que se conoció el listado de colaboradores, el gremio inició una investigación para promover la separación de los docentes de su cargo.


“Estas personas fueron cómplices de las desapariciones y entregadores de los militares”, manifestó Demian Romero, secretario adjunto de ATEN. Desde el gremio acusaron al Gobierno de adoptar encubrir la situación en un principio, al trasladar a los docentes hacia otras escuelas. Según explicó, “Esto generó un repudio general en los establecimientos y exigieron que se conozca los archivos completos de la dictadura donde figuran los nombres de todos los colaboradores y las funciones que cumplían. “Los organismos de derechos humanos y ATEN reclamamos verdad completa”, sostuvo.

Fuente: La Mañana de Neuquén

jueves, 1 de noviembre de 2012

A poco de la sentencia en el juicio "Escuelita II"

LOS JUZGA UN TRIBUNAL…

Como lo hemos sostenido desde el principio, estos juicios tardíos no son una concesión graciosa de ningún poder político para saciar la sed de venganza de un sector particular, sino que constituyen el fruto de más de 36 años de lucha inclaudicable por el Juicio y Castigo a los Genocidas.
Lamentablemente, las secuelas de tantos años de impunidad se han plasmado en la manera en que se llevan a cabo, de forma parcializada y sin un criterio en común para dar respuesta a la elección discrecional de algunas “victimas” por sobre otras. No es necesario ser muy perspicaz para entender que el desguace de la causa tuvo entre sus objetivos, desvirtuar la verdad histórica de lo ocurrido en nuestra región y en el país en general. Además de garantizar la impunidad a muchos de los imputados que serán juzgados en varios tramos por uno o dos casos, buscando obtener penas menores que disminuyan su responsabilidad en el Plan Genocida.


Es así, que a 7 meses de iniciado el Juicio “Escuelita 2”, en que se juzga solo a 22 Genocidas de Rio Negro y Neuquén, es necesario reafirmar algunas denuncias y apreciaciones que hemos hecho públicas en el transcurso del mismo. Estas evidencian cual ha sido el rol asumido por la “Justicia”, representada por el Tribunal Oral Federal de Neuquén, conformado por Orlando Coscia, Eugenio Krom y Mariano Lozano y por la Fiscalía Federal.
En principio, continua siendo una aberración moral que, quienes son juzgados por los crímenes más atroces que se pueden cometer contra la humanidad, cuenten con innumerables beneficios. Mediante ellos, se busca equiparar simbólicamente a las víctimas directas con los victimarios, y generar situaciones de peligro y vulnerabilidad para quienes tienen el peso de dar su testimonio como única prueba fehaciente de imputar responsabilidades a los acusados. Todos ellos, pertenecientes a las Fuerzas Represivas han mantenido y seguirán manteniendo, un “pacto de silencio”; además de haber eliminado y ocultado las pruebas materiales que los incriminan. Sirviéndose para ello de acuerdos espurios con el poder político de los sucesivos gobiernos constitucionales, y consolidando así, las garantías de impunidad brindadas por el Estado y que todo proceso genocida exige.


Ante esta realidad notoria, los jueces anteriormente mencionados, han optado por proteger y beneficiar sistemáticamente a los genocidas. Permitiendo abiertamente el maltrato y hostigamiento a las víctimas-testigos y sus familiares. Incluso reprimiéndonos como al comienzo del Juicio, cuando de una de las camionetas en que se transportaba a los imputados, se dispararon tres granadas de gas pimienta que lesionaron a una compañera en su rostro y ocasionaron problemas respiratorios a muchos de los presentes. Asimismo, este tribunal admitió como “testigos” a varios genocidas que reconocieron en sus declaraciones su participación activa en el plan y que han sido identificados por las propias víctimas, como el ex comisario de la Policía de la Provincia de Neuquén, Alejandro Rojas y el oficial de inteligencia de la Policía de la Provincia de Rio Negro Jorge Galera, entre muchos otros.

En contraposición a los numerosos beneficios que se brindó a los genocidas, como no asistir a la mayor parte de las audiencias, permisos de viajar a visitar a sus familias, excarcelaciones y prisiones domiciliarias para la mayoría de ellos, e incluso permitir que amedrenten e insulten en medio de su testimonio a una víctima; Este tribunal no dudo en amenazar con echar de la audiencia a las Madres de Plaza de Mayo de Neuquén y Alto Valle, y en expulsar de la misma a una hija de desaparecidos y a una víctima por romper el silencio ante tamañas injusticias sufridas en el proceso judicial.
Este mismo tribunal, que alegó ser el responsable principal de la seguridad y de garantizar los buenos modales en las audiencias, permitió en incontables oportunidades que los abogados defensores atacaran ferozmente a las víctimas, tildándolas de fabuladoras, mentirosas, delincuentes, entre otros adjetivos peyorativos.
Asimismo, censuró el reclamo mayoritario de la sociedad, expresada a través de organizaciones, victimas, sobrevivientes y familiares, de que se respete la verdad histórica de lo sucedido y se condene por genocidio a los responsables, al negarse a recibir el petitorio elaborado al respecto y rechazando exclusivamente a las testigos de concepto ofrecidas por el CeProDH, quienes debían exponer sobre el tema, después de haber aceptado la totalidad de testigos de concepto ofrecidos por el resto de las partes.

Por su parte, la Fiscalía solicitó penas irrisorias que van de 24 a 5 años de prisión. Alega que es un atenuante para la totalidad de los imputados gozar del concepto de ser “buenos vecinos”. PARA LA FISCALÍA LOS EJECUTORES DE ESTE PLAN GENOCIDA QUE SECUESTRARON, TORTURARON Y DESAPARECIERON A NUESTROS COMPAÑEROS DEBEN SER CONSIDERADOS COMO BUENOS VECINOS Y POR ENDE GOZAR DE PARTE DE LOS ATENUANTES QUE PERMITE UTILIZAR EL CODIGO PENAL.
LOS CONDENAMOS TODO@S!!

Desde el inicio en la Causa “Escuelita II”, decidimos participar activamente de todas las instancias del juicio para acompañar a los testigos-víctimas y a sus familias, para reivindicar la ideología y la militancia política de los compañeros/as desaparecidos/as y para denunciar las arbitrariedades del tribunal, de las defensas y de las querellas que representaron la versión oficial. Participamos de este momento histórico para ser testigos presenciales de la resolución de los juicios a los genocidas que intentó desde el inicio ponerle ”punto final” a más de 36 años de lucha del pueblo trabajador. Militamos contra la impunidad, para que no quede asentada en este tramo del juicio, ni en los venideros, la “historia oficial” que se ha construido desde el poder y se ha legitimado en este tribunal. En las calles esperamos el primer día de Audiencia a los Genocidas para manifestar nuestro repudio y condena social. Trabajamos junto a compañeros y familiares para realizar un homenaje al compañero desaparecido Celestino Aigo, vecino del barrio Villa Florencia y militante por los derechos de los pueblos originarios. Junto a su familia plantamos un árbol, pintamos un mural y fuimos parte de un conmovedor acto en su memoria. También, invitamos a Daniel Eduardo Feierstein, especialista en genocidio, para continuar con los debates y argumentos políticos y jurídicos que reafirman que se puede y debe juzgar bajo esta figura a los imputados de la Causa Escuelita II.
Nos nucleamos en la “Multisectorial contra el genocidio” para organizar acciones conjuntas con otros sectores sociales, sindicales, de derechos humanos, políticos, estudiantiles, victimas, testigos y familiares, para exigir: la condena por genocidio en cárcel común, perpetua y efectiva para todos los culpables, para que los policías que fueron llamados a declarar como testigos sean imputados por su participación indispensable en el plan genocida, para que no se desacreditara la declaración de los testigos-victimas, etc. La primera expresión conjunta de la multisectorial, fue un petitorio que expresaba con cientos de firmas, la exigencia del respeto a la verdad histórica y la condena por Genocidio a los 22 Imputados.

Continuamos en la calles y junto a la Multisectorial señalizamos la Comisaría 4º de Cipolletti, como Centro Clandestino de Detención y Torturas, en el que accionaron los acusados: Enerio Gerónimo Huircaín, Antonio Camarelli, Saturnino Martinez, Oscar Ignacio Del Magro, Julio Hector Villalobos, Desiderio Penchulef y Miguel Ángel Quiñones. Allí se informó a los vecinos que durante la dictadura cívico-militar la policía de Río Negro tuvo un rol activo en la represión ilegal tal como lo declararon decenas de testigos y familiares víctimas del terror organizado. En esa actividad se dejó asentado que el plan genocida no podría haberse ejecutado sin el accionar conjunto de las fuerzas armadas y las fuerzas policiales provinciales que integran hasta hoy un aparato represivo que el propio estado no ha querido desmantelar.

Consideramos que la única forma de lograr el respeto por la verdad histórica y concretar el Juicio y Castigo, es y será la movilización del pueblo trabajador.

Es por ello que este Viernes 2 de Noviembre llamamos a movilizarnos a las puertas del Tribunal para exigir una vez más que el Estado, a través de sus sentencias, reconozca que en Argentina, y en nuestra región, se planificó y ejecutó un GENOCIDIO y condene a los 22 imputados a Cárcel común, perpetua y efectiva.
Porque la verdad es revolucionaria seguimos en la lucha sin dar “ni un paso atrás”.

ACTIVAR, 1 DE OCTUBRE DE 2012

jueves, 4 de octubre de 2012

"Casagrande era Pedro", el interrogador


NEUQUÉN (AN).- El patrocinante de Rubén Ríos, Marcelo Hertzriken Velasco, aseguró ayer que el suboficial Enrique Charles Casagrande era "Pedro", el que torturó al gremialista roquense cuando permaneció detenido-desaparecido en "La Escuelita" en 1976. El suboficial Enrique Charles Casagrande y el general Enrique Braulio Olea

El abogado pidió para todos los responsables del secuestro y torturas de Ríos "prisión perpetua" en adhesión al pedido de condena por el delito de genocidio que hizo el Ceprodh. Aclaró que si el tribunal no acordaba con esta calificación para las penas, "subsidiariamente" a Casagrande se lo condenara a 25 años de cárcel por los delitos de secuestro, tortura y asociación ilícita, y para los otros responsables del secuestro y tortura de Ríos solicitó 15 años. Explicó que era el máximo establecido (en el tiempo de ocurridos los hechos) por el secuestro ilegal, con tormentos agravados por ser perseguido político. Al término del alegato, les dijo a los que "protagonizaron el calvario de Ríos", que pese al daño producido a su familia y a su persona que "sigue empeñado en sus convicciones e incólume en su pensamiento". Pidió los 15 años para el jefe del Batallón, Enrique Braulio Olea; al jefe de inteligencia del Comando, Oscar Reinhold; al médico militar Hilarión Sosa; a los militares de inteligencia Jorge Molina Ezcurra y Sergio San Martín; lo mismo para el civil de inteligencia Serapio Barros -a quien responsabilizó por el traslado al centro clandestino- y 25 para Casagrande.

Casagrande "fue la persona que le infligió la mayor parte de los tormentos a Ríos, él habló de dos personas más, pero uno lo tenemos, es Pedro", sostuvo ayer el abogado quien al ser consultado si este mismo apodo no lo usaba más de un torturador en el centro clandestino, "pude ser que se haya denominado Pedro a varios interrogadores, pero el Pedro que le infligió la mayoría de los tormentos viajaba a Tucumán, según le dijo al mismo Ríos en esta suerte de relación que se generó allí, y de todas las personas que prestaban servicios en el destacamento de inteligencia, el único que fue al Operativo Independencia fue él", dijo Hertzriken Velasco en función de la investigación del juez Guillermo Labate y Silvina Domínguez, lo que ponderó por haberlo hallado "por vía indiciaria".

Aclaró que cuando el imputado declaró sobre sus datos personales al inicio de las audiencias, reconoció su permanencia en Tucumán.

miércoles, 3 de octubre de 2012

Causa "La Escuelita II" pedido de condena por Genocidio


El Ceprodh reclamó que se condene por genocidio

"Que la pena coincida con la verdad histórica". Pidió 12 perpetuas y diez de 30 años de cárcel.

NEUQUÉN (AN).- La querella del Centro de profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh) reclamó ayer que el Tribunal Oral Federal condene a los 22 imputados "por genocidio", para que la pena judicial "coincida con la verdad histórica" de lo que ocurrió en el país a partir del 24 de marzo. Con ese enfoque pidieron penas perpetuas y a 30 años de cárcel.

"En Argentina tuvo lugar un genocidio, cometido por genocidas que cometieron actos genocidas; el genocidio no es un marco, como se ha consignado en algunas condenas en juicios similares en otros puntos del país- sino un delito", subrayaron las querellantes Ivana Dal Bianco y Natalia Hormazábal.

En una extensa explicación indicaron que no aceptan el argumento de la falta de tipicidad legal para no condenar por este delito, porque entienden que existe el encuadramiento en el artículo 55, que habla de "concurso de delitos" y porque la Convención Internacional para la prevención y sanción del delito de genocidio, caracteriza lo ocurrido en Argentina "en los apartados a, b y c del artículo 2".

Sostuvieron que genocidio es "un crimen de crímenes" que se produjo en medio de un ataque desmedido en contra de la militancia, cuando fueron secuestrados, torturados, desaparecidos "por su pertenencia a un grupo nacional", a una parte del país que buscaba "pelear por un país sin explotadores ni explotados".

Detallaron que el señalamiento de este grupo nacional fue hecho "por el mismo represor" que buscó en el "aniquilamiento" de este sector su herramienta para transformar lo que requería, la imposición de un modelo económico.

Con un paralelismo sobre cómo en la región se aplicaron los mismos mecanismos del "plan genocida" que operó en el resto del país, argumentaron que los jueces deben condenar por genocidio para que "la verdad histórica coincida con la verdad judicial".

Consideraron probado el ataque a la militancia en la región, tanto la gremial, como la estudiantil y la política.

"En nombre de los desaparecidos, de Jorge Julio López, de los trabajadores y el pueblo pobre", pidieron las siguiente penas: para Oscar Reinhold, Hilarión Sosa, Enrique Olea, José Luera, Gustavo Vitón, Jorge Molina Ezcurra, Sergio San Martín, Julio Oviedo, Enrique Casagrande, Raúl Guglielminetti, Alberto Camarelli y Antonio Laurella Crippa, cadena perpetua.

Para Jorge Gaetani, Máximo Maldonado, Serapio Barro, Emilio Sacchitella, Miguel Quiñones, Gerónimo Huircaín, Oscar Del Magro, Saturnino Martínez y Desiderio Penchulef, 30 años de cárcel.
El público colmó la sala de audiencias

La sala de audiencias volvió a estar colmada de público como en los primeros días de juicio, cuando se escucharon los relatos de los sobrevivientes de la dictadura militar.

Los 22 acusados ingresaron al salón bajo los cánticos de "asesinos", "a donde vayan los iremos a buscar", y bastó una sola advertencia del presidente del tribunal, Orlando Coscia, de que ordenaría el desalojo si persistían en esa actitud, para que no se repitiera la escena.

Sí hubo aplausos, en dos oportunidades, ante las afirmaciones de las querellantes durante su interpretación de la prueba: una de ellas fue cuando plantearon que los imputados no habían dicho la verdad cuando se declararon inocentes.

Las abogadas pusieron especial énfasis en sostener su planteo de rechazar la figura de homicidio para los desaparecidos, seis entre las víctimas de este proceso. Destacaron que alegaban por 38 víctimas, ya que encuadraron el caso de José Luis Cáceres (fallecido, que llevado a la tortura en "La Escuelita" por una interna parapolicial con Raúl Guglielminetti) como parte del aparato de represión paraestatal que especulaba con la preparación del golpe, debido a que integraba la triple A antes de ser encarcelado.

domingo, 26 de agosto de 2012

Los juicios construyen una "memoria pública"

Entrevista a Elizabeth Jelin, socióloga e investigadora.

NEUQUÉN/CENTENARIO (AN/ACE).- La socióloga, investigadora del Conicet y especialista en el abordaje de las memorias de la represión política, Elizabeth Jelin, sostuvo que los juicios por delitos de lesa humanidad que se sustancian en la Argentina por los crímenes de la dictadura "dan pie a memorias o son soportes de memoria".

Jelin fue invitada a la región por la secretaría de Derechos Humanos de la Nación y en el marco del desarrollo del segundo juicio por "La Escuelita"

En un encuentro con periodistas que trabajan en la cobertura de las audiencias por el juicio contra los 22 acusados de secuestros, torturas y desapariciones en la región durante la última dictadura, recordó que en estos procesos "todos los testimonios de las víctimas, de los sobrevivientes están basados en memorias".

Estimó que el resultado del proceso penal y de la sentencia del juicio "son elementos para una política de memoria pública".

Ejemplificó que independientemente de la polémica posterior del informe Conadep (sobre el prólogo o el eje de la teoría de los dos demonios) "fue la constatación oficial del Estado Argentino de que existieron los centros clandestinos, existieron los listados, las denuncias fueron tomadas y hasta testimonios de violencia sexual están allí, que en ese momento no fueron interpretados como un crimen específico diferente a la tortura, como ahora los estamos separando", describió.

Esbozó su hipótesis de que tanto los informes de las comisiones como los juicios "tienen un nivel de legitimidad que superan cualquier otro de los instrumentos de transmisión de la memoria social (como puede ser una marca simbólica, conmemoración de fechas y lugares); con una idea de verdad, de que es una verdad probada y que está reconocida; ese el lugar del juicio en esta historia de memoria", sostuvo. Aclaró que independientemente de que los juicios en los que se conocen los crímenes de la dictadura sean un "legado para la memoria", en primer término "es un acto de justicia. Cuáles son las consecuencias, las tendremos que estudiar después; estamos en contra de la impunidad, es importante hacer los juicios con todos los elementos de la justicia para dirimir las responsabilidades. Estos crímenes que se están juzgando son de lesa humanidad, horrendos, dejan marcas sociales tan profundas que en el derecho internacional se han decidido que no prescriben: en muchos casos el crimen continua, como los chicos secuestrados que siguen viviendo el secuestro hasta que se aclara su situación, pero aún en aquellos casos en que el asesinato o la desaparición ocurrió hace 35 años, fueron parte de planes de exterminio que es bueno que se puedan juzgar", determinó.

miércoles, 22 de agosto de 2012

Causa "La Escuelita" II: Fallido testimonio de dos expolicías neuquinos

Se desempeñaban en Cutral Co y Huincul en los 70.
Pero uno dijo que no recordaba y el otro no declaró.

NEUQUÉN (AN).- "No recuerdo ningún operativo militar, excepto los controles de ruta", dijo ayer el comisario retirado Miguel Ángel Balmaceda, que entre 1976 y 1978 era oficial de guardia en la comisaría de Huincul y que fue citado como testigo en el juicio en el que se busca establecer las responsabilidades de los imputados durante el operativo que en junio de 1976 marcó a la comarca petrolera.

Juan Domingo Vizcarra, otro comisario retirado de Neuquén, del que se tenían expectativas sobre lo que podía decir ante los jueces porque estaba en la comisaría de Cutral Co durante el operativo militar a la comarca petrolera, no declaró.

Balmaceda sólo recordó un episodio, supuestamente a mediados de 1976, cuando un jefe policial -del que no recordó el nombre- le ordenó por teléfono a la comisaría sexta de Huincul (donde cumplía guardia) que "no intervinieran" porque esa noche iba a haber un "operativo importante del Ejército en el campamento a YPF".

Aseguró que luego hubo denuncia de un familiar en la comisaría porque se habrían llevado a una persona y que "todo quedó asentado en el parte diario". No recordó tampoco a la familia denunciante.

El policía retirado no dio mayores precisiones, dijo desconocer el operativo militar en Cutral Co y tampoco recordó haberse enterado después por versiones de lo que había ocurrido en la comunidad contigua.

Cuando la fiscalía le preguntó por esos operativos que recordaba sobre la ruta, durante la dictadura militar, dijo que "eran idénticos a los de ahora, se pedía la documentación personal y no era tan preventivos; eran más extensivos a las personas".

Según revelaron abundantemente los testigos durante el juicio, fue notoria la presencia militar en los días en los que se le pedía precisión, con soldados en las calles, allanamientos, móviles militares y hasta hubo agentes policiales que hablaron de partícipes de otras fuerzas, que en un accionar conjunto recalaron en la comarca al menos por tres días de junio de 1976 cuando se llevaron a la capital neuquina a una decena de militantes y adolescentes de la comarca, con secuestros que incluyeron la inmovilización de estudiantes en tres escuelas diferentes, tanto de Cutral Co como de Huincul.

Las audiencias del juicio por los delitos cometidos durante la dictadura se reanudaron con una gran cantidad de testigos que fueron desestimados -más de una docena- supuestamente porque no aportarían más pruebas a los hechos que ya se conocen.

Sólo el imputado Osvaldo Laurella Crippa -interventor militar de la policía neuquina en 1976- siguió la continuidad del juicio desde Bahía Blanca, por videoteleconferencia.

Para el cronograma de los próximos días sólo quedaron habilitados para declarar cinco personas, por lo que se analizaba una nueva reestructuración del orden de citación.

Antes de Balmaceda, el militar Miguel Ángel Acuña y el policía Vizcarra se vieron sorprendidos con la novedad de que no declararían ante los jueces. Con evidente alivio, los testigos se retiraron de la sala sin hablar.

Vizcarra había sido solicitado por el defensor Hernán Corigliano. En las audiencias de mayo, el policía neuquino fue señalado por Octavio Méndez, estudiante en 1976, como el que lideraba la comisión que lo retiró por la fuerza de la escuela para llevarlo a la comisaría de Cutral Co, donde fue golpeado al igual que todos los que iban llegando detenidos.

Recordó que afuera, en el perímetro de la escuela y en los patios inclusive del establecimiento, habían soldados armados para evitar que los alumnos que se buscaban, pudieran escaparse del procedimiento.

jueves, 2 de agosto de 2012

“La Policía Federal fue una pieza clave de la represión en Neuquén”

 Así lo manifestaron los querellantes en el juicio por delitos de lesa humanidad.
Esa dependencia fue un centro ilegal de detención y torturas antes de ponerse en funcionamiento “La Escuelita”.
Por Georgina Gonzales y Pablo Montanaro
Ramón González, alias “Perro” (fallecido en octubre de 1988), y Raúl Guglielminetti eran quienes realizaban los interrogatorios. 
 
Neuquén- Algunos de los testimonios brindados por víctimas y testigos durante las audiencias de la primera parte del juicio contra 23 imputados por delitos de lesa humanidad cometidos en la región durante la última dictadura militar, que se está desarrollando en esta ciudad y que retomará el próximo lunes 6 de agosto, confirmaron el rol significativo que desempeñó la Policía Federal en Neuquén en el marco de la alegada lucha contra la subversión.

A esto se le ha sumado la detención a mediados de julio en la Unidad Nº9 del Servicio Penitenciario Federal de Jorge Alberto Soza, quien se desempeñara como segundo jefe de la Policía Federal de Neuquén desde septiembre de 1975 y enero de 1977, período en el que se registró la mayor cantidad de detenciones y secuestros en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén.

El texto del procesamiento con prisión preventiva dictado por el Juzgado Federal Nº2 contra Soza señala “el rol de la Policía Federal Argentina en la alegada lucha subversiva en cuyo marco fueron cometidos los hechos aquí investigados fue preponderante, no sólo en cuanto a la experiencia que el personal policial tenía para su formación en cuanto a la práctica de llevar a cabo allanamientos, detenciones, labrar actuaciones sumariales, etcétera, como a la vez por las tareas de inteligencia que desarrollaba personal de su repartición”.

En ese tiempo la delegación de la Policía Federal en Neuquén estaba a cargo del comisario Jorge Ramón González, alias “Perro” (fallecido en octubre de 1988), quien junto al agente civil de inteligencia Raúl Guglielminetti, imputado en esta causa, realizaban los interrogatorios.

Según consta en la instancia de instrucción, esa dependencia “recibía en horario diurno detenidos provenientes de otras unidades de detención que eran interrogados bajo la aplicación de tormentos y luego devueltos por la noche a su lugar de origen.

En la ejecución de las actividades ilegales se encuentra acreditada la participación de personal de Policía Federal y personal civil de Inteligencia militar”. Cuando Soza fue indagado luego de su detención, el ex policía afirmó que nunca vio detenidos en la delegación de la Policía Federal y negó que el lugar haya sido utilizado para interrogatorios y aplicación de torturas a detenidos.

Para Ivana Dal Bianco, abogada querellante por el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh), la Policía Federal “fue una de las fuerzas fundamentales en el genocidio de Estado que se desató a partir del 24 de marzo de 1976”. Es que la delegación de la Policía Federal, ubicada en la calle Santiago del Estero 130 de esta ciudad, fue utilizada como centro de interrogatorios y torturas mucho antes de junio de 1976 cuando comenzó a funcionar “La Escuelita”.

Prueba
Para Dal Bianco, la prueba más clara del rol de la Policía Federal durante los años de la dictadura está en que allí “llevaban a los detenidos hasta que se puso en funcionamiento La Escuelita, era el lugar de secuestro y era una comunidad entre todas las fuerzas, decidían a quién secuestraban, había una conexión y un aporte fundamental, no sólo de la fuerza sino de las instalaciones”.

Por su parte, el abogado querellante por la Asamblea por los Derechos Humanos (APDH), Juan Cruz Goñi, señaló que en la sede de la Policía Federal “se instituyó un verdadero centro de detención, donde se mantuvieron detenidas a las víctimas ilegalmente en condiciones inhumanas y donde muchas de ellas fueron cruelmente interrogadas y torturadas, lo que quedó demostrado en los casos, entre otros, de Orlando Balbo y Carlos Kristensen pero también por una serie de casos que serán tratados en el tercer tramo del juicio contra los represores en el que muchas víctimas relatarán lo sucedido en ese lugar”.

Indicó que en el marco del esquema represivo la conexión de la delegación de la Policía Federal de Neuquén con Capital Federal era manifiesta “en razón de que es posible afirmar que nuestra región se comportó como una zona de recolección de víctimas que luego eran enviadas a Coordinación Federal.

Ello quedó comprobado en el caso Susana Mordasini e inclusive se verá reforzado en el tercer tramo del juicio”. Mordasini tenía 16 años cuando en 1977 fue secuestrada de la casa de sus abuelos en Neuquén donde vino a pasar sus vacaciones (el mismo día en que en Buenos Aires detenían a su hermana) y llevada al Batallón, luego a la U9 y de ahí a la Alcaidía y posteriormente trasladada a la Capital Federal donde fue alojada en el tercer piso de Superintendencia de Coordinación Federal, junto con otros presos políticos.

Cutral Co
La Policía Federal fue clave en el Operativo Cutral Co porque los interrogatorios a las personas detenidas durante los días 14 y 15 de junio en la Comarca se hicieron en la delegación de la calle Santiago del Estero.

Dal Bianco aportó que no sólo la Policía Federal participó de los secuestros de esos dos días sino antes, “el 9 de junio con la detención de Alicia Pifarré, Susana Mujica, Arlene Seguel y Argentina Seguel”. “Participaron de secuestros de personas que aún están desaparecidas”, agregó.