Denuncian un ataque intimidatorio a Madres de Plaza de Mayo en Neuquén

Harán la presentación oficial en la fiscalía. Lo vincularon al inicio de la sexta etapa del juicio por delitos de lesa humanidad durante la dictadura, "La Escuelita".

POR REDACCIÓN MAYO 29, 2019 

Inés y Lolin solicitaron el acompañamiento de las organizaciones mañana, cuando realicen la denuncia formal por el ataque. 

Las Madres de Plaza de Mayo denunciaron que la sede de la organización fue blanco de un ataque con el objetivo de amedrentarlas, de cara al inicio de “La Escuelita” VI, el juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en la región durante la última dictadura.
Inés Ragni y Lolin Rigoni convocaron a otros organismos a acompañarlas mañana por la mañana a la sede de la fiscalía, donde harán la presentación formal por lo ocurrido.

Con dos meses de atraso, arranca el VI juicio “La Escuelita”
El ataque intimidatorio ocurrió anoche en la sede de Mascardi 55. Fue calificado por la organización como “un hecho cuanto menos amedrentador”.

“A pocos días de iniciarse la etapa VI del Juicio “La Escuelita” consideramos que este hecho no es fortuito, por lo que debemos darlo a conocer y repudiarlo enérgicamente”, resaltaron.

Requieren en Neuquén la indagatoria de nueve ex magistrados por crímenes de la dictadura

Lo solicitó el fiscal Adrián García Lois. Los imputados cumplían funciones en Neuquén y en el Alto Valle de Río Negro en la justicia ordinaria y en la federal y están sospechados de actuar "en complicidad con las Fuerzas Armadas". El fiscal solicitó que se les prohíba la salida del país y que eventualmente se los detenga.

El fiscal federal subrogante e integrante de la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado, jurisdicción Neuquén, Adrián García Lois, requirió en diciembre pasado que nueve ex magistrados judiciales de Neuquén y del Alto Valle de Río Negro, tanto de la órbita federal como provincial, sean convocados a prestar declaración indagatoria.

"Están sospechados de haber actuado –cuanto menos- en complicidad con las Fuerzas Armadas y de Seguridad, nacionales y locales, para la comisión de crímenes de lesa humanidad", le dijo a Fiscales García Lois, quien en su presentación también requirió que se decrete la prohibición de salida del país y la eventual detención de los acusados. El fiscal formuló el pedido con la colaboración del secretario de la Unidad, Mariano Mannará.

El requerimiento fue formulado al Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de esa ciudad, a cargo de Luis Villanueva, quien hasta ahora sólo dispuso medidas probatorias y aún no ha convocado a declarar a los imputados.

Los ex magistrados imputados por la fiscalía son el ex juez federal de Neuquén, Pedro Laurentino Duarte; el ex fiscal federal de Neuquén, Víctor Marcelo Ortiz; el ex juez federal subrogante de Neuquén y ex Juez Federal de General Roca, Rodolfo Ramón López Marquet; la ex defensora federal de Pobres, Incapaces y Ausentes y ex jueza federal subrogante de Neuquén, María Ester Borghelli de Poma; a la ex jueza de General Roca, Mirta Ebe Fava; el ex juez de General Roca, Cecilio Alfredo Pagano; el ex fiscal de General Roca, Hernán Etcheverry; al ex Juez de San Carlos de Bariloche, Dardo Ismael Sosa, y el ex Fiscal de la misma localidad, Leopoldo Fuentes.

Sobre la base de prueba recogida en el expediente de la causa caratulada “Reinhold, Oscar Lorenzo y otros s/ delitos contra la libertad y otros”, García Lois consideró que había razones suficientes para estimar que durante la última dictadura cívico militar esos magistrados habrían prestado una colaboración indispensable al personal de las Fuerzas Armadas y de seguridad, para la perpetración de delitos de lesa humanidad. En la región, la represión ilegal fue conducida por la Jefatura de la Subzona de Seguridad 52 a cargo del Comando de la Brigada de Infantería de Montaña VI, con sede en Neuquén capital

Al fundamentar la requisitoria el fiscal destacó que los imputados, pese haber estado a su tiempo "llamados a intervenir para poner fin a los flagelos infligidos en el área local por la dictadura y hacer valer las garantías constitucionales de los ciudadanos, optaron por desamparar a las víctimas del terrorismo de Estado prestando al aparato represivo estatal instalado en la zona" neuquina y del Alto Valle de Río Negro, "al servicio de un gobierno sedicioso", una adecuada cobertura judicial y garantía de impunidad.

El fiscal explicó que los imputados prestaron ese "servicio" interviniendo en las causas donde se ordenaron las detenciones de las víctimas aunque desoyendo sus denuncias de haber sido "interrogadas bajo la imposición de tormentos por parte de las autoridades que ejercían el poder de hecho sobre ellas, y/o al haber rechazado los habeas corpus y amparos" -algunos de manera sistemática con costas para los familiares de las víctimas como un modo de desalentarlos en la búsqueda del paradero de ellas- o bien imprimiéndoles un trámite simplemente formal, y/o al haber archivado -por falta de compromiso y ausencia de actividad investigativa- las denuncias "instauradas por las víctimas o sus familiares en orden a los ilícitos penales de los cuales habían resultado damnificadas".

Además, García Lois solicitó al Juzgado Federal N° 2 de Neuquén el desarrollo de una profunda pesquisa tendiente a establecer si pudo mediar la complicidad de alguno –u otros- de los ex magistrados imputados en relación con otros hechos que victimizaron a más de una treintena de víctimas del terrorismo de Estado en la región de la Provincia de Neuquén y el Alto Valle, cuya actuación, por acción u omisión, pudo haber sido deliberadamente funcional al programa criminal de la última dictadura militar.

Hasta el momento, los ex magistrados no fueron formalmente convocados a declarar por el juez Federal de Neuquén Luis Villanueva, quien dispuso diversas medidas probatorias.

En este contexto, el imputado Duarte se presentó al proceso para solicitar que se quite su nombre de la carátula del expediente, pedido que fue rechazado. Duarte llegó al Poder Judicial el 8 de julio de 1976, cuando asumió como juez federal de primera instancia de Neuquén. Hasta entonces se había desempeñado, con el grado de mayor, y en la función de auditor, en el Comando de la VI Brigada, "es decir, en el mismo lugar donde ya más de un año antes se venían decidiendo, planificando y ejecutando, este tipo de delitos de lesa humanidad", indicó el fiscal.

La Escuelita III : Octavio Méndez responsabilizó represores porla desaparición de José Delineo

"Farías dijo que liberó a mi hermano, pero hace 37 años que no aparece"
Detalló el accionar conjunto de las fuerzas del Ejército, Policía provincial y Federal durante los secuestros del Operativo Cutral Co en junio de 1976.

 Dos sobrevivientes del Operativo Cutral Co brindaron detalles ayer ante el Tribunal Oral Federal 1 de Neuquén sobre el accionar de las fuerzas del Ejército, Policía provincial y Federal en esa localidad en junio de 1976.
En primer lugar declaró Octavio Méndez, quien tenía 15 años el 14 de junio de ese año, cuando fue detenido en la escuela secundaria donde estudiaba. Nombró al oficial Juan Vizcarra -también mencionadao el miércoles por Dora Seguel- como la persona que se presentó en la escuela para llevárselo hasta la Comisaría 14 donde estuvo detenido varias horas y fue torturado.
Méndez comentó que durante los interrogatorios a los que era sometido se le preguntaba por su hermano, José Delineo, quien estaba haciendo el servicio militar en el Regimiento de Junín de los Andes y que fue secuestrado ese mismo día y trasladado al Batallón de Ingenieros 181 de Neuquén.
Méndez recordó que, horas antes de su detención, la casa de sus padres había sido allanada. Al otro día, Octavio fue liberado en la comisaría de Plaza Huincul.
En relación con la detención de su hermano, señaló que en julio de 1976 el imputado Luis Alberto Farías Barrera, quien era jefe de personal del Comando de la Sexta Brigada, autorizó a la familia a visitarlo. "Mi hermano le dijo a mis padres que había sido torturado, sobre todo el 22 de junio, que era su cumpleaños", subrayó.
Luego de pasar por la U9, José Delineo fue trasladado al penal de Rawson. "Farías fue quien le informó  a mi madre que a mi hermano se lo había puesto en libertad y que él personalmente lo había llevado a Bahía Blanca junto a otros detenidos (Miguel Angel Pincheira, Javier Seminario y Orlando Cancio), todos continúan desaparecidos", relató.
"En ningún momento mi hermano estuvo en libertad. Incluso Farías Barrera le dio a mi madre un documento con membrete del Ejército que decía que a mi hermano lo habían dejado en libertad. Era mentira", relató. "Pasaron 37 años y todavía no llega. Uno termina pensando que está muerto, pero siempre espera que vaya a llegar", agregó.
A su turno, Pedro Maidana, también detenido el 14 de junio de 1976 en la ENET 1 de Plaza Huincul, declaró que  fue llevado a la comisaría 14 de Cutral Co donde fue golpeado y torturado con picana eléctrica y, luego, trasladado  junto a Dora Seguel, Miguel Pincheira, Luis Almarza, Sergio Méndez, entre otros, al Comando de la Sexta Brigada. Maidana tenía 19 años en el momento de los hechos, y estuvo secuestrado en los centros clandestinos de detención "La Escuelita" de Bahía Blanca y de Neuquén. Permaneció en varias cárceles del país (Rawson, Caseros y La Plata), hasta que en 1981 se le otorgó la "libertad vigilada".

"Estaban en estado deprimente"
Juan Uribe -quien era chofer de la Policía provincial a cargo de transportar a los detenidos en el Operativo Cutral Co hasta la U9- aseguró que algunos estaban “en un estado deprimente y golpeados". Uribe dijo que el vehículo era un Mercedes Benz 911 con 14 calabozos con cerrojos.
Recordó que se hizo presente en el Comando y desde allí partió una comitiva con vehículos del Ejército hacia Cutral Co, donde ermaneció cuatro horas en la puerta de la Comisaría 14 y se encargó de subir al celular a catorce detenidos. Aseguró que todos estaban con los ojos vendados, algunos golpeados y otros no.
Afirmó que era el único que tenía responsabilidad sobre lo que pasaba en el camión y que ningún otro oficial pudo ingresar a ese vehículo. Indicó que “no” había mujeres detenidas esa noche y, luego, a pregunta de los querellantes de la APDH, recordó que “habría unas tres”. Precisamente en la audiencia del miércoles, Dora Seguel dijo que fue secuestrada durante ese operativo y violada esa noche.

Pidieron archivos
El Tribunal solicitará al Ministerio de Defensa copias de los archivos de la dictadura hallados recientemente en el edificio Cóndor para ser incorporados a este juicio.
Piden no enjuiciar a Gómez Arenas

El defensor Pablo Matkovich solicitó al Tribunal que se lleve adelante una nueva junta médica para evaluar la capacidad de estar en el juicio del imputado Mario Gómez Arenas, ya que aseguró que su salud es “desfavorable”.
Indicó que su defendido no está bien de salud y que, cuando le habla, él mismo no lo entiende.
Los querellantes de la Asamblea por los Derechos Humanos (APDH) se opusieron a este pedido por calificar de "subjetiva" la apreciación del defensor de quien fuera jefe de Inteligencia del Destacamento 182. Las demás querellas requirieron ver los estudios realizados a Gómez Arenas.
El presidente del Tribunal, Leónidas Moldes, aclaró que, como esos estudios están en la Cámara de Casación, recién a su regreso podrá pasarles vistas.

Testigo que no había declarado por dudas que los represores cumplan las condenas

El testigo Norberto Blanco dijo hoy que se decidió a declarar en el tercer juicio en Neuquén por crímenes de lesa humanidad porque "lo merecen" los asesinados y quienes lucharon "por los derechos humanos durante estos 37 años".

Sobreviviente del centro clandestino de detención "La Escuelita", Blanco no había declarado en los dos juicios anteriores debido a una salud quebrantada y también, explicó, por dudas sobre que los "represores cumplan con la condena que les impongan".

En su exposición ante el Tribunal Oral Federal 1, recordó que tras ser detenido en agosto de 1976 permaneció vendado y encadenado a una cama por unos diez días, en los que fue interrogado bajo torturas con picana eléctrica y golpes.

"Después de la picana sentía en la boca, la lengua y el paladar una especie de pasta que me impedía hablar", declaró en el juicio contra cinco represores imputados por delitos de lesa humanidad.

En diálogo con la prensa, Blanco señaló que "tuve mis dudas para presentarme a declarar porque tengo dudas de que estos represores cumplan con la condena que les impongan si cambian en un plazo determinado las condiciones políticas".

"Lo hice porque se lo merecen los compañeros que han militado conmigo (integraba en 1976 la juventud del Partido Comunista) y fueron asesinados y que ya no están, más allá de lo que me pasó a mí, y también por la gente que ha luchado por los derechos humanos durante estos 37 años", añadió.

Blanco consideró que que "estos procesos para la Argentina son muy positivos pero en la sociedad no han tenido la repercusión que se merecen".

El testigo expresó además que "esto puede volver a repetirse porque subsisten aún los factores de poder y las causas económicas que generaron la matanza de los años de la dictadura".

"Quienes manejaron siempre el país, la oligarquía, las corporaciones mantienen su poder económico y cuando se quiso aplicar las retenciones, la Sociedad Rural salió a cortar rutas y a mostrar su poder y consiguieron los jueces necesarios para impedir su aplicación y también lo hicieron con la ley de medios".

Blanco estimó que "esto pasa más allá de que tengamos un gobierno que quiere hacer algunas reformas que posibiliten una mejor distribución de la riqueza, un mejor acceso de las clases populares a la educación o a la vivienda".

En esta audiencia dio además su testimonio Edgardo Kristensen, quien también fue detenido en 1976 y estuvo secuestrado en "La Escuelita".

En su exposición, relató que su hermano Carlos permaneció detenido en la cárcel de Rawson y en 1979 tuvo la opción del exilio en Dinamarca, donde falleció en 1996.

Carlos Kristensen se destacó como un hombre de la cultura y las letras y por esa razón se incorporó como prueba documental en el juicio uno de sus libros, titulado "Salmos del Exilio", donde refleja en poesías la crudeza de la represión y del exilio sufrido junto a su familia.

Testigos comprometen a los federales:asegura que se camuflaban como trabajadores y linyeras

Las partes acusadoras buscaron durante la audiencia de ayer dejar en claro la participación de la Policía Federal en Neuquén en los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.

Neuquén > Las partes acusadoras en el juicio de La Escuelita III buscaron durante la audiencia de ayer dejar en claro la participación de la Policía Federal en los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.

El testigo Rubén Sandoval, primo de las hermanas Arlene, Argentina y Dora Seguel, fue contundente al indicar que efectivos que exhibían credenciales de la Policía Federal fueron los que se llevaron desde su vivienda en Cutral Co a Arlene.

Sandoval, quien por primera vez tuvo la oportunidad de contar su historia ante el Tribunal Oral Federal de Neuquén, relató que sus tíos se presentaron al día siguiente del secuestro en su vivienda de esta capital y desde ahí comenzaron una larga recorrida para hallar a su prima.
La primera visita fue ante el oficial González de la Policía Federal, quien les dijo que no sabía nada. Luego Sandoval recurrió a su padre quien había sido Policía provincial en tiempos de territorios nacionales.
Por intermedio de una pareja amiga el padre de Sandoval concretó una cena familiar a la que invitó a un agente de la Policía Federal de apellido Ricomini para intentar obtener datos de Arlene.
“Estoy bastante cansado porque recién llegué de Buenos Aires de llevar a una guerrillera muy peligrosa”, recordó Sandoval que dijo aquel oficial durante la cena. Recordó que ante esos dichos el temor invadió a la familia. Era apenas el inicio del terror. Minutos más tarde golpearon a la puerta dos policías de civil quienes se llevaron a Argentina Seguel.

“A uno de los dos policías yo lo conocía porque había trabajado conmigo, era Francisco Chaneton”, precisó el testigo. Esa noche la Policía se llevó a Argentina y un tiempo después también secuestraron a Dora, ambas liberadas, mientras que Arlene aún continúa desaparecida. Las gestiones del padre de Sandoval concluyeron ante una “recomendación” de un comisario de apellido Vargas, quien les indicó que dejaran de buscar porque se iban a “ver comprometidos”.

“La pasaron muy mal, hasta fueron violadas”, precisó Sandoval en referencia a los padecimientos de sus primas durante el cautiverio.
También declaró durante la tarde de ayer Hugo Monsalvez, quien realizó el servicio militar durante 1976. Dijo que era habitual ver a los oficiales entrar y salir del destacamento de civil y que varias veces los vio disfrazados de choferes de colectivo, con mamelucos y hasta de linyeras.

Recordó además que en una oportunidad vio un camión azul de la Policía en el playón del Comando, donde había detenidos dentro. “Cuando le pregunté al oficial Taquini quiénes eran, me dijo: ‘Son terroristas de Cutral Co’”, afirmó.

La "Escuelita III" : juicio histórico de los "prófugos"

Un nuevo paso en busca de justicia

Cuatro integrantes del Ejército y un miembro de la Policía Federal Argentina serán juzgados a partir del jueves en un nuevo tramo del juicio por delitos de lesa humanidad ocurridos en Neuquén durante la última dictadura militar.

Por Pablo Montanaro

Neuquén > El próximo jueves 17 a las 9 comenzará en esta ciudad el tercer juicio oral y público contra cinco represores (cuatro ex militares y un ex policía) que actuaron en Neuquén durante la última dictadura militar acusados por delitos de lesa humanidad. Los hechos que serán ventilados en las audiencias a desarrollarse en el Salón Verde de AMUC (Avenida Argentina 1637) involucran a un total de 56 víctimas (17 del primer juicio desarrollado en 2008 y 39 del segundo juicio de 2012).
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Neuquén convocó a 61 personas para que declaren como testigos.
 

“De los prófugos”, tiene como imputados a Jorge Di Pasquale, quien en el momento de los hechos se desempeñaba como teniente coronel de Inteligencia; Jorge Soza, segundo jefe de la Delegación Neuquén de la Policía Federal; Mario Alberto Gómez Arenas, jefe de Inteligencia del Destacamento 182; Luis Alberto Farías Barrera, jefe de Personal del Comando de la Sexta Brigada, e Hilarión de la Pas Sosa, jefe de la sección Sanidad de la Brigada de Infantería de Montaña VI. En tanto, el ex comisario Héctor Mendoza, quien estaba a cargo de la Comisaría 14 de Cutral Co en el momento de los hechos, fue apartado del juicio por motivos de salud.
Tanto Gómez Arenas como Pas Sosa y Farías Barreras se incorporaron a este tercer juicio ya que quedaron fuera del proceso judicial realizado el año pasado a raíz de problemas de salud.
Di Pasquale, quien se encuentra en el penal de Marcos Paz cumpliendo condena, estará presente en la audiencia de apertura del debate ya que el Tribunal Oral Federal no hizo lugar a la solicitud presentada por su abogado defensor, Pablo Matkovich, para que se lo exima de asistir. Matkovich planteó que el ex represor no debía estar presente durante la lectura de la acusación, entre otros motivos, porque la Unidad 9 no está en condiciones de alojarlo.
Para el fiscal Adrián García Lois, junto a su par Marcelo Grosso, el  pedido de la defensa de Di Pasquale “encubre la intención de mejorar un privilegio”.
Por otra parte, el tribunal no hizo lugar a la solicitud para que se revoquen las detenciones domiciliarias de Gómez Arenas, Farías Barrera, De la Pas Sosa y Soza, pedido formulado por las querellas. Sin embargo, la APDH interpuso un recurso de reposición.
Matkovich asistirá además a De la Pas Sosa, Farías Barrera y Gómez Arenas, mientras que Laura Giuliani representa a Soza.
En la audiencia preliminar, Matkovich aseguró que Di Pasquale iba a declarar el primer día de debate. Lo mismo que Soza, que lo hará por el lapso de una hora, según adelantó su defensora, Giuliani. En tanto, De la Pas Sosa, Farías Barrera y Gómez Arenas no prestarán declaración.
Además, el tribunal resolvió que los testigos víctimas que están fuera del país declaren en oficinas del consulado, como es el caso de Pedro Justo Rodríguez, y que se reproducirá el material fílmico de quienes hayan declarado y no puedan hacerlo en esta oportunidad.
Los querellantes de la parte acusadora la componen Marcelo Grosso y Adrián García Lois (Fiscalía Federal), Juan Cruz Goñi (Asamblea por los Derechos Humanos, APDH), Ivana dal Bianco y Natalia Hormazábal (Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, Ceprodh) y Marcelo Medrano (Secretaria de Derechos Humanos de la Nación).

Piden exoneración de médico de Neuquén juzgado por delitos de lesa humanidad en Formosa

El Sindicato de Profesionales de la Salud Pública de Neuquén, reclamó la exoneración del médico Faustino Blanco Cabrera del hospital de Cutral Có, ante el juicio al que es sometido en Formosa por delitos de lesa humanidad cometidos en esa provincia durante la última dictadura.


Cabrera prestaba servicios en el área de psiquiatría del hospital de Cutral Có hasta que fue detenido en el mes de junio pasado y en la actualidad cuenta con una licencia por enfermedad y continúa percibiendo su salario.

El Sindicato de Profesionales de la Salud Público solicitó al ministerio de Salud de la provincia que sea apartado del plantel de salud del sistema de Neuquén.

En una presentación dirigida al ministro de Salud, Rubén Butigue, los profesionales señalan que “el médico psiquiatra Faustino Blanco Cabrera, DNI 7,646,122, legajo 136,436, ingresó en el año 2006 a la planta del Sistema de Salud en el Hospital de Cutral Có sin mediar el correspondiente concurso”.

”Este profesional actualmente está detenido en la provincia de Formosa acusado de cometer delitos de lesa humanidad durante la dictadura militar de 1976?, denuncian.

Precisan que “se lo acusa de participar en torturas y fraguar certificados de defunción cuando revestía el cargo de Teniente Primero médico en el Regimiento 29 de Infantería de Monte”.

Indican que “por la reactivación de esas causas y la negación de excarcelación se libró pedido de captura en junio de este año, ha sido detenido y permanecerá en esa situación hasta la sustanciación del juicio”.

Afirman que “las denuncias que pesan sobre él tienen tal gravedad que son suficientes para determinar la inmediata exoneración como lo prevén el artículo 8° inciso D y el artículo 111° incisos D y E del Estatuto de la Administración Pública Provincial (EPCAPP)”.

”Nos resulta inaceptable que además se lo esté amparando con una licencia por enfermedad de largo tratamiento (Art. 62°), siendo que no está enfermo sino acusado y preso por los peores delitos cometidos hacia la sociedad argentina en los oscuros años de la dictadura”, expresan.

Agregan que “no es la primera vez que desde nuestra organización nos vemos en la obligación de denunciar a profesionales que participaron en el Terrorismo de Estado, entre los que se encuentran Roberto Fermín de Los Santos, Roberto Moyano y Ricardo Grisotto”.

Consideran que “la anulación de la leyes de impunidad permitió reactivar los juicios a los genocidas, motivo más que alentador para que en definitiva se haga justicia con los responsables y colaboradores del plan de exterminio en todo el país”.

En consecuencia exigen que “se aparte inmediatamente del plantel de Salud a Faustino Blanco Cabrera porque ofende nuestros principios ciudadanos y éticos”.

Escuelita II : un fallo que premia la impunidad

Indignación entre familiares generó el veredicto que se conoció este martes (06/11/12) en el segundo tramo del juicio por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar en el centro clandestino de detención conocido como La Escuelita. Seis de los 21 acusados recibieron condenas severas -de entre 19 y 23 años de prisión- mientras que siete recibieron penas más bajas de lo esperado por la querella. En tanto, ocho fueron absueltos, entre ellos los policías rionegrinos:

1. José Ricardo Luera: condenado a 23 años de prisión

2. Oscar Lorenzo Reinhold: condenado a 21 años de prisión

3. Enrique Braulio Olea: condenado a 22 años de prisión

4. Francisco Julio Oviedo: condenado a 4 años de prisión

5. Enrique Casagrnade: condenado a 8 años de prisión

6. Máximo Hubaldo Maldonado: condenado a 7 años de prisión

7. Osvaldo Antonio Laurella Crippa: condenado a 23 años de prisión

8. Sergio Adolfo San Martín: condenado a 19 años de prisión

9. Jorge Eduardo Molina Ezcurra: condenado a 19 años de prisión

10. Raúl Antonio Guglielminetti: condenado a 12 años de prisión

11. Antonio Alberto Camarelli: 10 años de prisión

12. Gustavo Vittón: condenado a 8 años de prisión

13. Miguel Ángel Quiñones: condenado a 6 años de prisión

14. Saturnino Martínez: absuelto

15. Jorge Osvaldo Gaetani: absuelto

16. Serapio del Carmen Barros: absuelto

17. Emilio Jorge Sacchitella: absuelto

18. Gerónimo Emilio Huircaín: absuelto

19. Oscar Ignacio del Magro: absuelto

20. Julio Héctor Villalobos: absuelto

21. Desiderio Penchulef: absuelto

El veredicto generó bronca entre las víctimas y los organismos de derechos humanos que llegaron hasta el lugar. Las querellas de la APDH, la secretaría de Derechos Humanos y el CEPRODH consideraron que hubo penas "muy bajas" y absoluciones no esperadas (ver nota).

Por su parte el fiscal Marcelo Grosso declaró a la prensa, en medio de los cuestionamientos de los allegados a las víctimas, que no le conformó el veredicto y que buscarán apelar. "Vamos a evaluar la posibilidad de ir en casación por algunas absoluciones", señaló el funcionario judicial quien dejó en claro que "no cubrió las expectativas de la fiscalía. Pretendíamos otras penas y otras condenas".

En tanto los abogados Rodolfo Ponce de León y Paola Rubianes, únicos representantes de la defensa que estuvieron presentantes, se mostraron conformes con el veredicto. "No hay que agarrárselas ni con los defensores ni con los jueces. Hay que agarrárselas con los que tenían el trabajo de acusar y no acusaron", lanzó Ponce de León (ver nota).

Tras la lectura del veredicto, militantes, organizaciones sociales, partidos y sindicatos se movilizaban desde el salón de Amuc hasta los tribunales federales ubicados en el centro de la ciudad de Neuquén para manifestar su descontento.

Los jueces Orlando Coscia, Mariano Lozano y Eugenio Krom leyeron el veredicto a los 21 acusados por delitos de lesa humanidad, por 39 denuncias de detenidos - desaparecidos en la última dictadura en Neuquén y Río Negro. Ninguno de los imputados estuvo presente durante la audiencia final.

La lectura comenzó a las 7:30 en el salón Verde de Amuc, el lugar donde se han desarrollado las audiencias desde abril, cuando comenzaron los testimonios de los sobrevivientes que padecieron tormentos durante el golpe de Estado. En la voz de Coscia el veredicto culminó antes de las 8.30 e hizo estallar el murmullo y las críticas de los presentes en la sala.

Además de las condenas y las absoluciones, en un veredicto de más de 30 puntos, también se estableció la separación de declaraciones por distintos pedidos. Entre lo concedido existe un planteo del defensor Ponce De León para revisar la Instrucción de la causa. También se resolvió por presuntos falsos testimonios.

De las 39 desapariciones que se trataron en las audiencias, seis corresponden a militantes barriales y políticos de los que nunca se supo su destino.

En el juicio la Apdh pidió que las desapariciones forzadas fueran contempladas como homicidio, y este planteo fue derivado por el tribunal a la instrucción, por lo que, a diferencia de lo que ocurrió en juicios como el de Bahía, la figura de homicidio no fue parte de las condenas.

Tras conocerse el veredicto varios de los referentes que siguieron las instancias, que investigaron a los responsables por los delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino la Escuelita, expresaron su bronca y el compromiso de continuar con la lucha por la verdad y la memoria.

"Vamos a seguir luchando", sintetizó Inés Ragni, Madre de Plaza de Mayo, quien agregó que "no nos sentimos derrotadas porque la sangre de nuestros hijos no tiene precio, no se vende a ningún gobierno a ningún fiscal ni abogados".

Para Sergio Méndez Saavedra, detenido de Cutral Co, cuestionó la actitud del abogado Rodolfo Ponce de León y la otra defensora presente, Paola Rubianes, al decir "la pena vergonzosa que dan estos abogados". Agregó que los jueces del TOF dictaron "un fallo de impunidad".

"No es una burla, es realmente un acto criminal que ha cometido por este tribunal y la justicia Federal", sintetizó Eduardo París, quien fue víctima de la última dictadura militar.

Otro de los referentes que se expresó fue Oscar Ragni quien dijo lo siguiente: "Es una actitud de venganza de él (por Olea) por lo que está padeciendo. Porque ellos saben que secuestraron, torturaron, mataron, robaron y desaparecieron, pero a los compañeros no les ganaron. Los compañeros donde estén están libres y ellos (por los imputados) están aquí y ahora y tendrán que cumplir, no importa que sea un año, cinco, diez o cincuenta, pero tendrán que avenirse a lo que diga la Justicia. Los compañeros y las compañeras desaparecidas les han ganado".

A poco de la sentencia en el juicio "Escuelita II"

LOS JUZGA UN TRIBUNAL…

Como lo hemos sostenido desde el principio, estos juicios tardíos no son una concesión graciosa de ningún poder político para saciar la sed de venganza de un sector particular, sino que constituyen el fruto de más de 36 años de lucha inclaudicable por el Juicio y Castigo a los Genocidas.
Lamentablemente, las secuelas de tantos años de impunidad se han plasmado en la manera en que se llevan a cabo, de forma parcializada y sin un criterio en común para dar respuesta a la elección discrecional de algunas “victimas” por sobre otras. No es necesario ser muy perspicaz para entender que el desguace de la causa tuvo entre sus objetivos, desvirtuar la verdad histórica de lo ocurrido en nuestra región y en el país en general. Además de garantizar la impunidad a muchos de los imputados que serán juzgados en varios tramos por uno o dos casos, buscando obtener penas menores que disminuyan su responsabilidad en el Plan Genocida.

Es así, que a 7 meses de iniciado el Juicio “Escuelita 2”, en que se juzga solo a 22 Genocidas de Rio Negro y Neuquén, es necesario reafirmar algunas denuncias y apreciaciones que hemos hecho públicas en el transcurso del mismo. Estas evidencian cual ha sido el rol asumido por la “Justicia”, representada por el Tribunal Oral Federal de Neuquén, conformado por Orlando Coscia, Eugenio Krom y Mariano Lozano y por la Fiscalía Federal.
En principio, continua siendo una aberración moral que, quienes son juzgados por los crímenes más atroces que se pueden cometer contra la humanidad, cuenten con innumerables beneficios. Mediante ellos, se busca equiparar simbólicamente a las víctimas directas con los victimarios, y generar situaciones de peligro y vulnerabilidad para quienes tienen el peso de dar su testimonio como única prueba fehaciente de imputar responsabilidades a los acusados. Todos ellos, pertenecientes a las Fuerzas Represivas han mantenido y seguirán manteniendo, un “pacto de silencio”; además de haber eliminado y ocultado las pruebas materiales que los incriminan. Sirviéndose para ello de acuerdos espurios con el poder político de los sucesivos gobiernos constitucionales, y consolidando así, las garantías de impunidad brindadas por el Estado y que todo proceso genocida exige.

Ante esta realidad notoria, los jueces anteriormente mencionados, han optado por proteger y beneficiar sistemáticamente a los genocidas. Permitiendo abiertamente el maltrato y hostigamiento a las víctimas-testigos y sus familiares. Incluso reprimiéndonos como al comienzo del Juicio, cuando de una de las camionetas en que se transportaba a los imputados, se dispararon tres granadas de gas pimienta que lesionaron a una compañera en su rostro y ocasionaron problemas respiratorios a muchos de los presentes. Asimismo, este tribunal admitió como “testigos” a varios genocidas que reconocieron en sus declaraciones su participación activa en el plan y que han sido identificados por las propias víctimas, como el ex comisario de la Policía de la Provincia de Neuquén, Alejandro Rojas y el oficial de inteligencia de la Policía de la Provincia de Rio Negro Jorge Galera, entre muchos otros.

En contraposición a los numerosos beneficios que se brindó a los genocidas, como no asistir a la mayor parte de las audiencias, permisos de viajar a visitar a sus familias, excarcelaciones y prisiones domiciliarias para la mayoría de ellos, e incluso permitir que amedrenten e insulten en medio de su testimonio a una víctima; Este tribunal no dudo en amenazar con echar de la audiencia a las Madres de Plaza de Mayo de Neuquén y Alto Valle, y en expulsar de la misma a una hija de desaparecidos y a una víctima por romper el silencio ante tamañas injusticias sufridas en el proceso judicial.
Este mismo tribunal, que alegó ser el responsable principal de la seguridad y de garantizar los buenos modales en las audiencias, permitió en incontables oportunidades que los abogados defensores atacaran ferozmente a las víctimas, tildándolas de fabuladoras, mentirosas, delincuentes, entre otros adjetivos peyorativos.
Asimismo, censuró el reclamo mayoritario de la sociedad, expresada a través de organizaciones, victimas, sobrevivientes y familiares, de que se respete la verdad histórica de lo sucedido y se condene por genocidio a los responsables, al negarse a recibir el petitorio elaborado al respecto y rechazando exclusivamente a las testigos de concepto ofrecidas por el CeProDH, quienes debían exponer sobre el tema, después de haber aceptado la totalidad de testigos de concepto ofrecidos por el resto de las partes.

Por su parte, la Fiscalía solicitó penas irrisorias que van de 24 a 5 años de prisión. Alega que es un atenuante para la totalidad de los imputados gozar del concepto de ser “buenos vecinos”. PARA LA FISCALÍA LOS EJECUTORES DE ESTE PLAN GENOCIDA QUE SECUESTRARON, TORTURARON Y DESAPARECIERON A NUESTROS COMPAÑEROS DEBEN SER CONSIDERADOS COMO BUENOS VECINOS Y POR ENDE GOZAR DE PARTE DE LOS ATENUANTES QUE PERMITE UTILIZAR EL CODIGO PENAL.
LOS CONDENAMOS TODO@S!!

Desde el inicio en la Causa “Escuelita II”, decidimos participar activamente de todas las instancias del juicio para acompañar a los testigos-víctimas y a sus familias, para reivindicar la ideología y la militancia política de los compañeros/as desaparecidos/as y para denunciar las arbitrariedades del tribunal, de las defensas y de las querellas que representaron la versión oficial. Participamos de este momento histórico para ser testigos presenciales de la resolución de los juicios a los genocidas que intentó desde el inicio ponerle ”punto final” a más de 36 años de lucha del pueblo trabajador. Militamos contra la impunidad, para que no quede asentada en este tramo del juicio, ni en los venideros, la “historia oficial” que se ha construido desde el poder y se ha legitimado en este tribunal. En las calles esperamos el primer día de Audiencia a los Genocidas para manifestar nuestro repudio y condena social. Trabajamos junto a compañeros y familiares para realizar un homenaje al compañero desaparecido Celestino Aigo, vecino del barrio Villa Florencia y militante por los derechos de los pueblos originarios. Junto a su familia plantamos un árbol, pintamos un mural y fuimos parte de un conmovedor acto en su memoria. También, invitamos a Daniel Eduardo Feierstein, especialista en genocidio, para continuar con los debates y argumentos políticos y jurídicos que reafirman que se puede y debe juzgar bajo esta figura a los imputados de la Causa Escuelita II.
Nos nucleamos en la “Multisectorial contra el genocidio” para organizar acciones conjuntas con otros sectores sociales, sindicales, de derechos humanos, políticos, estudiantiles, victimas, testigos y familiares, para exigir: la condena por genocidio en cárcel común, perpetua y efectiva para todos los culpables, para que los policías que fueron llamados a declarar como testigos sean imputados por su participación indispensable en el plan genocida, para que no se desacreditara la declaración de los testigos-victimas, etc. La primera expresión conjunta de la multisectorial, fue un petitorio que expresaba con cientos de firmas, la exigencia del respeto a la verdad histórica y la condena por Genocidio a los 22 Imputados.

Continuamos en la calles y junto a la Multisectorial señalizamos la Comisaría 4º de Cipolletti, como Centro Clandestino de Detención y Torturas, en el que accionaron los acusados: Enerio Gerónimo Huircaín, Antonio Camarelli, Saturnino Martinez, Oscar Ignacio Del Magro, Julio Hector Villalobos, Desiderio Penchulef y Miguel Ángel Quiñones. Allí se informó a los vecinos que durante la dictadura cívico-militar la policía de Río Negro tuvo un rol activo en la represión ilegal tal como lo declararon decenas de testigos y familiares víctimas del terror organizado. En esa actividad se dejó asentado que el plan genocida no podría haberse ejecutado sin el accionar conjunto de las fuerzas armadas y las fuerzas policiales provinciales que integran hasta hoy un aparato represivo que el propio estado no ha querido desmantelar.

Consideramos que la única forma de lograr el respeto por la verdad histórica y concretar el Juicio y Castigo, es y será la movilización del pueblo trabajador.

Es por ello que este Viernes 2 de Noviembre llamamos a movilizarnos a las puertas del Tribunal para exigir una vez más que el Estado, a través de sus sentencias, reconozca que en Argentina, y en nuestra región, se planificó y ejecutó un GENOCIDIO y condene a los 22 imputados a Cárcel común, perpetua y efectiva.
Porque la verdad es revolucionaria seguimos en la lucha sin dar “ni un paso atrás”.

ACTIVAR, 1 DE OCTUBRE DE 2012

Multisectorial contra el genocidio

 27 de octubre de 2012

Comunicado de Prensa

La Multisectorial contra el Genocidio informa a los medios de comunicación y por su intermedio a la comunidad de Neuquén y Río Negro que el domingo 28 de octubre a las 18 hs, frente a la Comisaría 4º de Cipolletti realizaremos la SEÑALIZACIÓN de ese lugar que en la época de la dictadura funcionó como centro clandestino de secuestro y tortura. La actividad consiste en señalar Públicamente el lugar, informar a los vecinos e indicar que por allí pasaron compañeros que fueron sometidos a tremendos tormentos. Habrá radio abierta, discursos políticos y expresiones artísticas. 

LA POLICIA DE RIO NEGRO Y LA COMISARIA DE CIPOLLETTI.

Durante la dictadura cívico-militar la Policía de Río Negro tuvo un rol sumamente activo en la represión ilegal. Decenas de testimonios de Víctimas secuestradas y torturadas por esta Fuerza, familiares, testigos y múltiples documentaciones militares y policiales de la época dan cuenta de su accionar conjunto en el Plan Genocida. LA COMISARIA DEL CENTRO DE CIPOLLETTI no solo fue un lugar de detención y traslados de las víctimas secuestradas, sino que fue UN CENTRO CLANDESTINO DE SECUESTROS Y TORTURAS. Según consta de las investigaciones judiciales y denuncias, mas de 25 vecinos/as fueron secuestrados y torturados en esta Comisaría, de los cuales muchos aún continúan desaparecidos.

ALGUNOS POLICIAS DE RIO NEGRO QUE ACTUARON EN ESTA COMISARÍA CONVENCIDOS DE LLEVAR ADELANTE EL PLAN GENOCIDA

Antonio Camarelli Comisario retirado de la Policía de Río Negro. En el año 1976 se desempañaba como Jefe de “operaciones especiales” en la zona que abarca Catriel hasta Allen. 

Miguel Angel Quiñones: Comisario Retirado de la Policía de Río Negro. En los años de la Dictadura era Oficial de Inteligencia. Actuaba y dirigía los grupos de tareas que realizaban los secuestros y torturas en la Comisaría 4º. –

Julio Héctor Villalobos: Ex Oficial de la Policía de la Policía de Río Negro. Actuaba en los secuestros y torturas en la Comisaría 4º. 

Oscar Ignacio del Magro: Sub Comisario retirado de la Policía de Río Negro. Durante la dictadura se desempeñaba de civil y pelo largo para poder  accionar como “buchón” de la comisaría 4º de Cipolletti. Participó del grupo de tareas que secuestró, interrogó y torturó a Raúl Sotto entre otros. 

Enerio Gerónimo Huircaín: Comisario Retirado de la Policía de Río Negro. Era Oficial encargado del área Inteligencia. Actuó en operativos de secuestros y torturas en la Comisaría 4º de Cipolletti. Fue denunciado por varios vecinos de esta ciudad como su captor o torturador. También realizaba tareas de inteligencia en los Sindicatos. 

Saturnino Martinez: Se desempeñaba como Sub-Oficial de la Policía de Río Negro. Es denunciado como uno de los encargados de aplicar el “Submarino” y otras Torturas en la Comisaría 4º. 

Desiderio Penchulef: Ex Comisario Principal de la Policía de Río Negro, Jefe de la Comisaría de Cinco Saltos durante la dictadura. Participó de los secuestros de Roberto Liberatore y Pedro Justo Rodríguez entre otros. 

Jorge Alberto Galera: Ex Oficial de Inteligencia de la Policía de Río Negro –actuó en la comisaría de Cinco Saltos – Estuvo imputado en el primer Triple Crimen (1997). Fue uno de los que estuvo a cargo del secuestro de Roberto Liberatore.

EL GENOCIDIO DE AYER Y LA IMPUNIDAD DE HOY.

El plan Genocida no podría haberse ejecutado sin el accionar conjunto de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas policiales federales y provinciales que integran hasta el día de hoy un Aparato Represivo que el propio estado no ha querido desmantelar. No solo cientos de represores continúan en funciones sino que se mantienen prácticas de persecuciones, inteligencia, torturas, desapariciones y muertes. 

La propia institución policial de Río Negro es una de las actoras principales de estas prácticas. El primer Triple Crimen, la Trata de Mujeres, los crímenes a los Jóvenes de Bariloche, la desaparición de Solano en Valle Medio son solo algunos ejemplos de Impunidad que sigue gozando esta Fuerza.

Es por ello que convocamos a la comunidad a sumarse al reclamo por justicia verdadera, y la condena por Genocidio en cárcel común, perpetua y efectiva a todos los responsables.

LOS JUZGA UN TRIBUNAL. 

LOS CONDENAMOS TODOS Y TODAS!!

MULTISECTORIAL CONTRA EL GENOCIDIO

 NEUQUÉN Y RIO NEGRO

Concluye ronda de testigos en el juicio "La Escuelita" II

Los testimonios de la última jornada apuntaron a destacar y defender la trayectoria militar del imputado Gustavo Vitón, a quien se lo acusa de delitos de lesa humanidad cometidos en la comisaría de Cipolletti.

Aníbal Vitón declaró ante el Tribunal Oral Federal (foto Leo Petricio). 

Concluye hoy la ronda de testigos en el juicio a 23 personas acusadas de violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura en la región.

Los testimonios de la última jornada apuntaron a destacar y defender la trayectoria militar del imputado Gustavo Vitón, a quien se lo acusa de delitos de lesa humanidad cometidos en la comisaría de Cipolletti (Río Negro) cuando fue designado a cargo de esa unidad policial en marzo de 1976.

Aníbal Vitón, hermano del acusado destacó que "era bueno, saludable, la realización de este juicio donde se respeta el debido proceso".

Confió en que el Tribunal "castigará a quien tenga que castigar y absolverá a quien tenga que absolver".

El testigo fue militante de la Juventud Peronista y perteneció a "La Tendencia" en la década del `70 y fue detenido en septiembre de 1975 hasta diciembre de 1980.

Explicó las coincidencias que mantenía con su hermano militar quien adhería al denominado grupo de los "33 Orientales" enfrentados a la conducción del Ejército que encabezaba el gobierno de facto de entonces.

En el mismo sentido se expresaron al declarar por videoconferencia los militares retirados José Luis Fernández Valoni y Guillermo Cogorno.

Ambos reivindicaron su pertenencia al peronismo y a la corriente de pensamiento militar que planteaba un "Ejército nacional, popular", que también integraba el imputado Vitón, en oposición al "tradicional Ejército liberal, burgués".

En tanto, el Tribunal Oral Federal 1 de Neuquén fijó el calendario de audiencias en la etapa final del juicio: el lunes y martes próximos serán para ampliación de declaración indagatoria de los acusados; del 1 al 4 de octubre los alegatos de las acusaciones; del 22 al 26 de ese mes alegatos de las defensas y del 29 al 31 de octubre, réplicas, dúplicas y palabras finales de los imputados.

Causa "La Escuelita" II: Fallido testimonio de dos expolicías neuquinos

Se desempeñaban en Cutral Co y Huincul en los 70.
Pero uno dijo que no recordaba y el otro no declaró.

NEUQUÉN (AN).- "No recuerdo ningún operativo militar, excepto los controles de ruta", dijo ayer el comisario retirado Miguel Ángel Balmaceda, que entre 1976 y 1978 era oficial de guardia en la comisaría de Huincul y que fue citado como testigo en el juicio en el que se busca establecer las responsabilidades de los imputados durante el operativo que en junio de 1976 marcó a la comarca petrolera.

Juan Domingo Vizcarra, otro comisario retirado de Neuquén, del que se tenían expectativas sobre lo que podía decir ante los jueces porque estaba en la comisaría de Cutral Co durante el operativo militar a la comarca petrolera, no declaró.

Balmaceda sólo recordó un episodio, supuestamente a mediados de 1976, cuando un jefe policial -del que no recordó el nombre- le ordenó por teléfono a la comisaría sexta de Huincul (donde cumplía guardia) que "no intervinieran" porque esa noche iba a haber un "operativo importante del Ejército en el campamento a YPF".

Aseguró que luego hubo denuncia de un familiar en la comisaría porque se habrían llevado a una persona y que "todo quedó asentado en el parte diario". No recordó tampoco a la familia denunciante.

El policía retirado no dio mayores precisiones, dijo desconocer el operativo militar en Cutral Co y tampoco recordó haberse enterado después por versiones de lo que había ocurrido en la comunidad contigua.

Cuando la fiscalía le preguntó por esos operativos que recordaba sobre la ruta, durante la dictadura militar, dijo que "eran idénticos a los de ahora, se pedía la documentación personal y no era tan preventivos; eran más extensivos a las personas".

Según revelaron abundantemente los testigos durante el juicio, fue notoria la presencia militar en los días en los que se le pedía precisión, con soldados en las calles, allanamientos, móviles militares y hasta hubo agentes policiales que hablaron de partícipes de otras fuerzas, que en un accionar conjunto recalaron en la comarca al menos por tres días de junio de 1976 cuando se llevaron a la capital neuquina a una decena de militantes y adolescentes de la comarca, con secuestros que incluyeron la inmovilización de estudiantes en tres escuelas diferentes, tanto de Cutral Co como de Huincul.

Las audiencias del juicio por los delitos cometidos durante la dictadura se reanudaron con una gran cantidad de testigos que fueron desestimados -más de una docena- supuestamente porque no aportarían más pruebas a los hechos que ya se conocen.

Sólo el imputado Osvaldo Laurella Crippa -interventor militar de la policía neuquina en 1976- siguió la continuidad del juicio desde Bahía Blanca, por videoteleconferencia.

Para el cronograma de los próximos días sólo quedaron habilitados para declarar cinco personas, por lo que se analizaba una nueva reestructuración del orden de citación.

Antes de Balmaceda, el militar Miguel Ángel Acuña y el policía Vizcarra se vieron sorprendidos con la novedad de que no declararían ante los jueces. Con evidente alivio, los testigos se retiraron de la sala sin hablar.

Vizcarra había sido solicitado por el defensor Hernán Corigliano. En las audiencias de mayo, el policía neuquino fue señalado por Octavio Méndez, estudiante en 1976, como el que lideraba la comisión que lo retiró por la fuerza de la escuela para llevarlo a la comisaría de Cutral Co, donde fue golpeado al igual que todos los que iban llegando detenidos.

Recordó que afuera, en el perímetro de la escuela y en los patios inclusive del establecimiento, habían soldados armados para evitar que los alumnos que se buscaban, pudieran escaparse del procedimiento.

Guglielminetti era buscado por narcotráfico en el 70

Se lo consideraba un delincuente peligroso y tenía pedida captura.
Testimonió un excorresponsal de "Río Negro" en Neuquén. 

El jefe de la corresponsalía Neuquén del diario Río Negro en 1976, Carlos Galván, aseguró que lo primero que supo de Raúl Guglielminetti fue que era un "peligroso delincuente" y que así se publicó en 1970. Después del golpe militar, el agente civil de inteligencia -uno de los imputados en este juicio- se jactaba de ser parte de la "comunidad informativa", una reunión de "espías" que planificaba la captura de quienes estuvieran en contra de la dictadura.

Galván declaró en el juicio por delitos de lesa humanidad porque el 17 de agosto de 1976, en la madrugada, fue testigo directo de cómo el dirigente de Agua y Energía de Roca, Rubén Ríos, escapó del grupo de tareas que lo había secuestrado en su casa. Ríos logró salir del baúl del auto en el que era llevado a "La Escuelita" y fue visto por Galván cuando corría en ropa interior por el puente carretero Neuquén-Cipolletti.

Luego el sindicalista volvió a ser atrapado por quienes después lo torturaron.

El periodista se exilió en Brasil luego de que, por su actividad y la exposición de su esposa, María Cristina De Cano, en la búsqueda de tres cipoleños desaparecidos (Luis Genga y las hermanas María Cristina y Silvia Botinelli) sus hijos fueron amenazados de muerte. Tras el ultimátum Galván consultó al segundo jefe de la regional neuquina, Antonio Casal, por la entidad de esa advertencia, quien le advirtió que el matrimonio se tenía que ir "ese mismo día". Consultado sobre Guglielminetti dijo que "en 1970 el subcomisario de la federal Gustavo Sommer me dijo que habían capturado a un peligroso delincuente que tenía pedido de captura nacional e internacional, por contrabando de armas, estupefacientes y de un incendio en Iquitos (Brasil), y que se llamaba Raúl Guglielminetti".

Dos años después de aparecer en las páginas policiales Guglielminetti volvió a la zona, se empleó en 1972 en el diario Sur Argentino de la familia Sapag; estuvo en el informativo de LU5 y en 1976 se jactaba, entre otras cosas, de integrar la "comunidad informativa", una organización secreta de "espías". "Todos los espías formaban parte de la comunidad informativa, él decía que participaba y lo había hecho en dos oportunidades; nosotros no sabíamos quiénes la integraban porque era secreto, el único bocón era él" describió.

Casal, en su turno como testigo de este juicio, describió cómo Guglielminetti formó parte del grupo que iba a actuar en la región como integrante de la "triple A" (Alianza Anticomunista Argentina) que el ex interventor de la Universidad del Comahue, Dionisio Remus Tetu, intentó comandar a fines de 1975. Los vinculó -a Tetu y a Guglielminetti- con los tres atentados que hubo ese año: en el juzgado Federal, la librería Libracos y la agencia del diario Río Negro.

Galván aseguró que cuando se produjo el golpe militar y los dueños de los diarios fueron citados en el Comando, el general Horacio Tomás Liendo les presentó al mayor Oscar Reinhold, de Inteligencia, como el "nexo" entre los periodistas y el comandante.

En su labor, recurrió a Reinhold para chequear situaciones de desaparecidos, como el caso de Ríos o el de Cecilia Vecchi, y siempre tuvo respuestas como "si quería publicar, lo publicara y que me atuviera a las consecuencias", recordó. Cuando decidió irse de la región tras la advertencia telefónica de que iban a "estampar" a sus hijos contra la pared como mariposas, Galván conocía la desaparición de "Luis Genga, las hermanas Bottinelli, Ramón Jure, Carlos Kristensen, el grupo de teatro Génesis, Alicia Villaverde y Darío Altomaro que fueron secuestrados, llevados a Bahía Blanca y abandonados con señales de tortura".

Galván señaló a Miguel Ángel Quiñones -policía rionegrino imputado en esta causa- como quien dio el dato a una tercera persona de la liberación de Genga "en un espacio entre Centenario y Arroyito", y ante una consulta puntual, aclaró haber conocido a Quiñones cuando ambos vivían y trabajaban -cada uno en su labor- en Cinco Saltos, en 1968. Recordó que el 24 de marzo de 1976 el general Liendo le exigió a los directores de los diarios regionales la censura y "autocensura" para que se abstuvieran de publicar "nada que afecte el proceso en marcha".

Ex enfermero complicó a Guglielminetti y dos represores a otro juicio

NEUQUÉN (AN).- Un enfermero que se desempeñó en la U9 los meses posteriores al 24 de marzo de 1976, aseguró que Raúl Guglielminetti sacaba a "presos políticos" de la cárcel durante la noche y los regresaba con evidentes signos de tortura.

Federico Blonski (76 años) llegó a la zona como sargento primero en la década del '60 y fue dado de baja por inconducta militar. Para 1976 ejercía como enfermero en el Castro Rendón y de allí fue declarado "prescindible"; con posterioridad continuó con la labor profesional en la U9 hasta que lo obligaron a renunciar, y se fue a Sierra Grande porque en Neuquén no conseguía trabajo y "tenía miedo".

El enfermero sostuvo haber estado el 25 de marzo en la U9 durante la noche, y que en el sector de calabozos, "estaba lleno de jóvenes (hombres y mujeres) que habían sido detenidos" por razones políticas, entre los que recordó a Jorge Jure.

Aseguró que Guglielminetti, a quien dijo haber conocido antes cuando se presentaba como periodista del Diario "Sur Argentino", se hacía llamar "mayor Guastavino, venía con un oficial del Ejército y con soldados; traía prisioneros y se los llevaba; los traía luego en muy malas condiciones".

Describió que cuando regresaban esos detenidos "venían con los oídos reventados, y a otros se les notaba que les habían aplicado la picana eléctrica". Aseguró que no los trató él sino que lo supo en el penal, porque fueron colocados "en un ala de la unidad donde no los veía", y que tampoco se le ordenó asistirlos médicamente.

Los defensores cuestionaron al testigo porque se enteró de los hechos a través de otros penitenciarios, a quienes no identificó.

Dos para el otro juicio
NEUQUÉN (AN).- El jefe del destacamento de Inteligencia 182 en Neuquén, Mario Gómez Arenas, y el encargado de atender a los familiares y responsable del traslado de las víctimas, Luis Farías Barrera, irán a juicio junto con el excomisario de Cutral Co en 1976, Héctor Mendoza.

Así lo dieron a conocer los jueces Orlando Coscia, Eugenio Krom y Mariano Lozano. Su situación "se acumula" a la causa 808/12, de Mendoza, para lo cual ya se designó el mismo tribunal de enjuiciamiento, se indicó ayer extraoficialmente.

Mendoza fue elevado a juicio y esta acusado por todos los casos de víctimas del operativo Cutral Co, que fueron ventilados los primeros meses de este juicio. El comisario neuquino no integró la actual lista de imputados en este proceso porque permaneció prófugo en Paraguay, de donde fue extraditado en 2010.

Gómez Arenas y Farías Barrera presentaron problemas de salud en la apertura de las audiencias, y el juicio estaba suspendido para ellos. Los militares están acusados de la mayoría de los casos de secuestros y torturas por su rol protagónico en las definiciones de quiénes debían ser detenidos y cuál era su destino final.

Farías Barrera tiene detención domiciliaria en Alta Barda. Trasladó a cuatro de los seis desaparecidos de este juicio y nunca más se los vio.

Reconstruyeron el secuestro de Chávez en Cutral Co

Los autores destruyeron la casa de sus padres.

Su esposa nunca supo por qué, ni lo volvió a ver.

NEUQUÉN (AN).- "Nunca se pudo saber nada, para nosotros se lo tragó la tierra", graficó ayer la esposa de Carlos Chávez, desaparecido de Cutral Co en junio de 1976 sin que aún se conozca su destino.

Testimonios de sobrevivientes dieron cuenta de que luego de que fue secuestrado de su casa en Cutral Co, se lo escuchó en el centro clandestino de Bahía Blanca, donde está radicada la investigación de su caso.

La reapertura del juicio por delitos de lesa humanidad en Neuquén se llevó a cabo ayer en el salón de audiencias de Amuc.

Gladis Durán de Chávez fue la testigo propuesta por la fiscalía para "complementar todo el operativo Cutral Co", especificó ayer el fiscal José María Darquier.

La mujer dijo ante los jueces que Chávez fue secuestrado violentamente de la vivienda de sus padres por un grupo de personas "que destruyeron la casa", "no dieron explicaciones" y "entraron como si fueran ladrones" la madrugada del 14 de junio de 1976.

Describió que el grupo actuó con los rostros tapados "pero llevaban armas largas, y borceguíes, botas como de policía y el pantalón y bombachas verdes", describió.

Detalló que llegaron al domicilio amenazando a un conocido para que les indicara dónde vivía Carlos Chávez, agregó que una vez que lo apresaron, lo envolvieron en una frazada, y en el mantel de la cocina se llevaron "todo lo que pudieron" de la heladera.

Nunca más lo volvió a ver ni supo de él. Indicó que cuando algunos de los secuestrados "comenzaron a aparecer, surgió que alguno lo vio". Le indicaron que lo habían observado en un auto de la policía el día de la detención masiva en Cutral Co y Huincul, pero "cuando fuimos a la comisaría, el comisario (por Héctor Mendoza) le dijo que "ahí no había pasado nada". Sostuvo que tampoco logró respuestas en el Comando, por parte del mayor Oscar Reinhold.

Carlos Chávez trabajaba en YPF, y la defensa de los militares insistió en conocer si tenía alguna militancia. "Si mi marido tuvo alguna vinculación con los grupos de ese momento, se ocupó mucho de que nosotros no lo supiéramos; no lo pude saber posteriormente, nunca nadie me dijo que estaba en otro lugar que no fuera en las cosas de la Iglesia, o del gremio. Nunca se me hubiera pasado por la cabeza semejante tragedia", dijo la mujer luego en rueda de prensa, en tanto ante los jueces exigió Justicia "por el terrible daño" que acarreó la dictadura. "Nunca entendí qué fue lo que pasó, fue tan terrible y desagradable, que aguardo que alguna vez se haga justicia", finalizó.

Durán se posicionó a favor de peticionar la figura de homicidio para los desaparecidos.

Se reanudan las audiencias por "La Escuelita" II

A partir de las 14 declararán testigos del operativo Cutral Co.
Falta el testimonio de más de 80 personas de aquí a septiembre.

NEUQUÉN (AN).- Con un cronograma que prevé la presentación de casi 80 testigos de prueba hasta septiembre próximo, comenzará hoy la última etapa del juicio por los delitos cometidos durante la dictadura militar en el Alto Valle.

El debate se reabrirá a partir de las 14 en el salón Verde de Amuc, con los testimonios de familiares de detenidos - desaparecidos durante el operativo "Cutral Co", y de agentes penitenciarios y policías federales solicitados por las defensas.

El cronograma de audiencias fijó la continuidad del proceso de prueba hasta la primera semana de septiembre con más de 72 personas que deberán comparecer ante los jueces, aunque a este listado se sumarían al menos una decena de citaciones. Los jueces deben aún decidir sobre más de 15 testigos que en la etapa anterior fueron postergados porque en el momento de la convocatoria no se los halló, o pidieron un aplazamiento de la fecha.

Entre ellos se encuentra el caso de los tres hermanos Pailos, que fueron propuestos como testigos por las víctimas que acusan a los policías rionegrinos imputados en esta causa por las detenciones ilegales y las torturas en la comisaría de Cipolletti.

Como se recordará, los jueces Orlando Coscia, Mariano Lozano y Eugenio Krom consideraron que los Pailos no estaban en condiciones de atestiguar porque se sentían amenazados, y acordaron analizar su posible presentación en una etapa posterior.

En estas semanas se espera conocer la resolución de los jueces sobre la salud de los imputados Mario Alberto Gómez Arenas (jefe del destacamento de Inteligencia 182) y Luis Alberto Farías Barrera (Jefe de Personal del Comando, encargado de atender a los familiares y responsable del traslado de los detenidos) y si el juicio continuará suspendido para ellos.

Tras el receso judicial, el listado de testigos contiene en su mayoría a retirados de las fuerzas policiales, militares y federales que fueron propuestos por las defensas. También incluye en los últimos días, a los testigos de concepto solicitados por querellantes y defensores.

La primera audiencia comenzará a las 14, y habrá continuidad de testimonios mañana y el miércoles durante toda la jornada. "Arrancan en esta etapa las testimoniales de diferentes fuerzas represivas que fueron convocados por las defensas, incluidos los del servicio penitenciario, y que nosotros planteamos que van a aportar la participación de estas fuerzas en el plan sistemático porque desde la U5, o la U9 o la U6 se llevaban a la gente para torturar: si bien no están imputados, reflejará el rol que esta fuerza aportó a lo que fue la dictadura"; dijo la querellante Ivana Dal Bianco.

Aseguró que varios de los comparecientes de este mes "más que testigos, deberían ser imputados porque tuvieron un rol activo en los operativos de secuestro".

“La Policía Federal fue una pieza clave de la represión en Neuquén”

 Así lo manifestaron los querellantes en el juicio por delitos de lesa humanidad.
Esa dependencia fue un centro ilegal de detención y torturas antes de ponerse en funcionamiento “La Escuelita”.
Por Georgina Gonzales y Pablo Montanaro
Ramón González, alias “Perro” (fallecido en octubre de 1988), y Raúl Guglielminetti eran quienes realizaban los interrogatorios. 

 
Neuquén- Algunos de los testimonios brindados por víctimas y testigos durante las audiencias de la primera parte del juicio contra 23 imputados por delitos de lesa humanidad cometidos en la región durante la última dictadura militar, que se está desarrollando en esta ciudad y que retomará el próximo lunes 6 de agosto, confirmaron el rol significativo que desempeñó la Policía Federal en Neuquén en el marco de la alegada lucha contra la subversión.

A esto se le ha sumado la detención a mediados de julio en la Unidad Nº9 del Servicio Penitenciario Federal de Jorge Alberto Soza, quien se desempeñara como segundo jefe de la Policía Federal de Neuquén desde septiembre de 1975 y enero de 1977, período en el que se registró la mayor cantidad de detenciones y secuestros en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén.

El texto del procesamiento con prisión preventiva dictado por el Juzgado Federal Nº2 contra Soza señala “el rol de la Policía Federal Argentina en la alegada lucha subversiva en cuyo marco fueron cometidos los hechos aquí investigados fue preponderante, no sólo en cuanto a la experiencia que el personal policial tenía para su formación en cuanto a la práctica de llevar a cabo allanamientos, detenciones, labrar actuaciones sumariales, etcétera, como a la vez por las tareas de inteligencia que desarrollaba personal de su repartición”.

En ese tiempo la delegación de la Policía Federal en Neuquén estaba a cargo del comisario Jorge Ramón González, alias “Perro” (fallecido en octubre de 1988), quien junto al agente civil de inteligencia Raúl Guglielminetti, imputado en esta causa, realizaban los interrogatorios.

Según consta en la instancia de instrucción, esa dependencia “recibía en horario diurno detenidos provenientes de otras unidades de detención que eran interrogados bajo la aplicación de tormentos y luego devueltos por la noche a su lugar de origen.

En la ejecución de las actividades ilegales se encuentra acreditada la participación de personal de Policía Federal y personal civil de Inteligencia militar”. Cuando Soza fue indagado luego de su detención, el ex policía afirmó que nunca vio detenidos en la delegación de la Policía Federal y negó que el lugar haya sido utilizado para interrogatorios y aplicación de torturas a detenidos.

Para Ivana Dal Bianco, abogada querellante por el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh), la Policía Federal “fue una de las fuerzas fundamentales en el genocidio de Estado que se desató a partir del 24 de marzo de 1976”. Es que la delegación de la Policía Federal, ubicada en la calle Santiago del Estero 130 de esta ciudad, fue utilizada como centro de interrogatorios y torturas mucho antes de junio de 1976 cuando comenzó a funcionar “La Escuelita”.

Prueba
Para Dal Bianco, la prueba más clara del rol de la Policía Federal durante los años de la dictadura está en que allí “llevaban a los detenidos hasta que se puso en funcionamiento La Escuelita, era el lugar de secuestro y era una comunidad entre todas las fuerzas, decidían a quién secuestraban, había una conexión y un aporte fundamental, no sólo de la fuerza sino de las instalaciones”.

Por su parte, el abogado querellante por la Asamblea por los Derechos Humanos (APDH), Juan Cruz Goñi, señaló que en la sede de la Policía Federal “se instituyó un verdadero centro de detención, donde se mantuvieron detenidas a las víctimas ilegalmente en condiciones inhumanas y donde muchas de ellas fueron cruelmente interrogadas y torturadas, lo que quedó demostrado en los casos, entre otros, de Orlando Balbo y Carlos Kristensen pero también por una serie de casos que serán tratados en el tercer tramo del juicio contra los represores en el que muchas víctimas relatarán lo sucedido en ese lugar”.

Indicó que en el marco del esquema represivo la conexión de la delegación de la Policía Federal de Neuquén con Capital Federal era manifiesta “en razón de que es posible afirmar que nuestra región se comportó como una zona de recolección de víctimas que luego eran enviadas a Coordinación Federal.

Ello quedó comprobado en el caso Susana Mordasini e inclusive se verá reforzado en el tercer tramo del juicio”. Mordasini tenía 16 años cuando en 1977 fue secuestrada de la casa de sus abuelos en Neuquén donde vino a pasar sus vacaciones (el mismo día en que en Buenos Aires detenían a su hermana) y llevada al Batallón, luego a la U9 y de ahí a la Alcaidía y posteriormente trasladada a la Capital Federal donde fue alojada en el tercer piso de Superintendencia de Coordinación Federal, junto con otros presos políticos.

Cutral Co
La Policía Federal fue clave en el Operativo Cutral Co porque los interrogatorios a las personas detenidas durante los días 14 y 15 de junio en la Comarca se hicieron en la delegación de la calle Santiago del Estero.

Dal Bianco aportó que no sólo la Policía Federal participó de los secuestros de esos dos días sino antes, “el 9 de junio con la detención de Alicia Pifarré, Susana Mujica, Arlene Seguel y Argentina Seguel”. “Participaron de secuestros de personas que aún están desaparecidas”, agregó.