Testimonios de víctimas con contundentes datos y pruebas contra los represores

Testigo afirmó que “en la Policía Federal se hacían los interrogatorios"

"Los gritos de los torturados eran como de animales desesperados”, sostuvo Orlando Balbo al declarar en la causa de los prófugos por delitos de lesa humanidad.
Neuquén > Con la presencia en la sala del Tribunal Oral Federal de Neuquén de Jorge Di Pasquale, uno de los cinco imputados de este tercer juicio por delitos de lesa humanidad, declararon ayer por la mañana Orlando Balbo y Silvia Barco de Blanco.

Balbo comenzó su declaración señalando que tuvo que ir a notificarse a la Policía Federal de concurrir a la audiencia que se realizó ayer, precisamente a escasos metros de la habitación en la que sufrió torturas luego de ser detenido de su casa el 24 de marzo de 1976  por un grupo de civiles armados encabezados por el agente de Inteligencia Raúl Guglielminetti. “Entré por la misma puerta donde fui torturado”, dijo el ex dirigente de ATEN.
Relató que se sorprendió por el despliegue “inusitado” que había en la cuadra de su casa durante su detención, “civiles con armas y escopetas parapetados detrás de árboles y autos”, describió.
Precisó que fue trasladado a la delegación de la Policía Federal, ubicada en la calle Santiago del Estero, donde fue golpeado y torturado con picana eléctrica, ahogamiento con una bolsa de nylon, golpes en los oídos que lo dejaron sordo, sesiones encabezadas por Guglielminetti y en las que también estuvo el “Perro” González, director de la delegación. “Nadie que haya estado en la Policía Federal podía ignorar lo que pasaba ahí porque los gritos de los torturados eran como de animales desesperados”, enfatizó.
Además señaló que fue llevado a la Unidad Penitenciaria 9 donde estuvo unos diez días hasta que nuevamente Guglielminetti se lo llevó a la Policía Federal. Balbo afirmó que “tenía terror que me dejaran en la Policía Federal porque ahí las torturas eran terribles, en la U9 estaba a salvo”.
 
"De gusto"
Luego de una de las sesiones de tortura, Balbo quedó en una sala donde, según su testimonio, había una persona de civil comiendo pollo con puré, que le dice “te estás haciendo pegar de gusto”.
  Ante las preguntas del Tribunal y de las querellas, Balbo no pudo precisar si esa persona era Jorge Alberto Soza, segundo jefe de la delegación, imputado en la causa. “Cuando vi sus fotos en los diarios pensé que podía tratarse de él, pero no puedo asegurarlo”, sostuvo y recordó que “se hacía el bueno, pero no era un subordinado, un subordinado no come delante de un secuestrado”.
Balbo también mencionó a otro de los imputados, Luis Alberto Farias Barrera, jefe de Personal del Comando de la VI Brigada, quien estaba presente cuando fue trasladado en avión junto a otros detenidos a la cárcel de Rawson. Además aseguró que Farías Barrera atendía a sus padres que iban a buscar información sobre su hijo. “Siempre les daba una versión diferente y los hacía ir a todos lados”.
Luego Balbo pudo exiliarse en Italia, donde vivió seis años. “Las marcas que yo tengo en el cuerpo por las torturas son marcas que le dejaron a la sociedad”, finalizó. 
Denuncian violaciones en cautiverio
 

Neuquén > Dora Seguel, secuestrada durante el Operativo Cutral Co, relató los golpes y amenazas que sufrió en la Comisaría 14 de esa localidad. Además, identificó a la Policía Federal como la fuerza que se llevó ilegalmente de su casa a su hermana Arlene, quien sigue desaparecida, y desde la casa de un familiar a su hermana Argentina.
A Seguel la secuestraron en el CEM 6 cuando tenía 16 años. En el celular que la transportó identificó al represor Oscar Reinhold.

Aseguró que fue violada por uno de los tres oficiales que estaba en la comisaría durante los interrogatorios. “Estaba el comisario (Héctor) Mendoza, un militar, y otra persona que estaba vestida de civil y él fue quien me violó", confirmó.

Le preguntaban por las amistades de su hermana Arlene e intentaban que admitiera que tenían armas. Le hicieron firmar un documento donde se la pasaba a disposición de la U9. Atada de manos y con los ojos vendados, pasó la noche en un camión policial con pequeños calabozos, donde identificó a las víctimas Miguel Ángel Pincheira y Carlos Chávez.
En la U9 se encontró con su hermana Argentina y ambas fueron trasladas en avión junto a otros detenidos a Bahía Blanca. "En un momento durante los interrogatorios sentí que Argentina gritaba mucho, pienso que ahí fue cuando la violaron, además por las groserías que se escuchaban", recordó la mujer, quien denunció que durante un nuevo traslado volvió a ser violada por otro hombre. Ya en el centro clandestino de detención La Escuelita de Bahía Blanca, Dora escuchó por última vez la voz de su hermana Arlene.

También declaró Juan Carlos Maidana, quien fue detenido en su vivienda en el mismo operativo por personal del Ejército.
Al final de la audiencia, el tribunal informó que admitieron el pedido de la querella del Ceprodh de incluir en el proceso el informe del Ministerio de Defensa Nacional sobre los documentos recientemente encontrados de la última dictadura militar.

Testigos comprometen a los federales:asegura que se camuflaban como trabajadores y linyeras

Las partes acusadoras buscaron durante la audiencia de ayer dejar en claro la participación de la Policía Federal en Neuquén en los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.

Neuquén > Las partes acusadoras en el juicio de La Escuelita III buscaron durante la audiencia de ayer dejar en claro la participación de la Policía Federal en los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.

El testigo Rubén Sandoval, primo de las hermanas Arlene, Argentina y Dora Seguel, fue contundente al indicar que efectivos que exhibían credenciales de la Policía Federal fueron los que se llevaron desde su vivienda en Cutral Co a Arlene.

Sandoval, quien por primera vez tuvo la oportunidad de contar su historia ante el Tribunal Oral Federal de Neuquén, relató que sus tíos se presentaron al día siguiente del secuestro en su vivienda de esta capital y desde ahí comenzaron una larga recorrida para hallar a su prima.
La primera visita fue ante el oficial González de la Policía Federal, quien les dijo que no sabía nada. Luego Sandoval recurrió a su padre quien había sido Policía provincial en tiempos de territorios nacionales.
Por intermedio de una pareja amiga el padre de Sandoval concretó una cena familiar a la que invitó a un agente de la Policía Federal de apellido Ricomini para intentar obtener datos de Arlene.
“Estoy bastante cansado porque recién llegué de Buenos Aires de llevar a una guerrillera muy peligrosa”, recordó Sandoval que dijo aquel oficial durante la cena. Recordó que ante esos dichos el temor invadió a la familia. Era apenas el inicio del terror. Minutos más tarde golpearon a la puerta dos policías de civil quienes se llevaron a Argentina Seguel.

“A uno de los dos policías yo lo conocía porque había trabajado conmigo, era Francisco Chaneton”, precisó el testigo. Esa noche la Policía se llevó a Argentina y un tiempo después también secuestraron a Dora, ambas liberadas, mientras que Arlene aún continúa desaparecida. Las gestiones del padre de Sandoval concluyeron ante una “recomendación” de un comisario de apellido Vargas, quien les indicó que dejaran de buscar porque se iban a “ver comprometidos”.

“La pasaron muy mal, hasta fueron violadas”, precisó Sandoval en referencia a los padecimientos de sus primas durante el cautiverio.
También declaró durante la tarde de ayer Hugo Monsalvez, quien realizó el servicio militar durante 1976. Dijo que era habitual ver a los oficiales entrar y salir del destacamento de civil y que varias veces los vio disfrazados de choferes de colectivo, con mamelucos y hasta de linyeras.

Recordó además que en una oportunidad vio un camión azul de la Policía en el playón del Comando, donde había detenidos dentro. “Cuando le pregunté al oficial Taquini quiénes eran, me dijo: ‘Son terroristas de Cutral Co’”, afirmó.

Los juicios construyen una "memoria pública"

Entrevista a Elizabeth Jelin, socióloga e investigadora.

NEUQUÉN/CENTENARIO (AN/ACE).- La socióloga, investigadora del Conicet y especialista en el abordaje de las memorias de la represión política, Elizabeth Jelin, sostuvo que los juicios por delitos de lesa humanidad que se sustancian en la Argentina por los crímenes de la dictadura "dan pie a memorias o son soportes de memoria".

Jelin fue invitada a la región por la secretaría de Derechos Humanos de la Nación y en el marco del desarrollo del segundo juicio por "La Escuelita"

En un encuentro con periodistas que trabajan en la cobertura de las audiencias por el juicio contra los 22 acusados de secuestros, torturas y desapariciones en la región durante la última dictadura, recordó que en estos procesos "todos los testimonios de las víctimas, de los sobrevivientes están basados en memorias".

Estimó que el resultado del proceso penal y de la sentencia del juicio "son elementos para una política de memoria pública".

Ejemplificó que independientemente de la polémica posterior del informe Conadep (sobre el prólogo o el eje de la teoría de los dos demonios) "fue la constatación oficial del Estado Argentino de que existieron los centros clandestinos, existieron los listados, las denuncias fueron tomadas y hasta testimonios de violencia sexual están allí, que en ese momento no fueron interpretados como un crimen específico diferente a la tortura, como ahora los estamos separando", describió.

Esbozó su hipótesis de que tanto los informes de las comisiones como los juicios "tienen un nivel de legitimidad que superan cualquier otro de los instrumentos de transmisión de la memoria social (como puede ser una marca simbólica, conmemoración de fechas y lugares); con una idea de verdad, de que es una verdad probada y que está reconocida; ese el lugar del juicio en esta historia de memoria", sostuvo. Aclaró que independientemente de que los juicios en los que se conocen los crímenes de la dictadura sean un "legado para la memoria", en primer término "es un acto de justicia. Cuáles son las consecuencias, las tendremos que estudiar después; estamos en contra de la impunidad, es importante hacer los juicios con todos los elementos de la justicia para dirimir las responsabilidades. Estos crímenes que se están juzgando son de lesa humanidad, horrendos, dejan marcas sociales tan profundas que en el derecho internacional se han decidido que no prescriben: en muchos casos el crimen continua, como los chicos secuestrados que siguen viviendo el secuestro hasta que se aclara su situación, pero aún en aquellos casos en que el asesinato o la desaparición ocurrió hace 35 años, fueron parte de planes de exterminio que es bueno que se puedan juzgar", determinó.

Últimos días del juicio por lesa humanidad en Neuquén

NEUQUEN (ACE).- Hoy se iniciará la última semana de audiencias del juicio por delitos de lesa humanidad durante la dictadura militar, antes del receso judicial de julio. El debate oral y público se encuentra en su etapa final, ya que sólo restan 10 audiencias en agosto con pruebas y peritajes.

Para esta semana, se espera el desarrollo las últimas dos denuncias de los 39 casos por los cuales se inició este segundo tramo del juicio, que tiene por imputados a 22 militares retirados, policías rionegrinos, civiles de inteligencia y un gendarme.

Precisamente la responsabilidad del gendarme Emilio Jorge Sacchitella se ventilará el jueves, cuando se escuche la denuncia de Ernesto Joubert, quien fue secuestrado en la zona cordillerana y traído para ser torturado en "La Escuelita", en los fondos del Batallón neuquino.

Para hoy se espera conocer los detalles de los peritajes y los informes de la autopsia y otros certificados médicos que se realizaron al productor de Cipolletti, José Luis Albanesi, quien falleció en el centro clandestino de Neuquén en momentos en los que era interrogado bajo tormentos por los incendios ocurridos en los galpones "La Colmena", una sociedad cooperativa familiar.

El "blanqueo" de su muerte que ocurrió mientras permanecía desaparecido, se hizo en el Castro Rendón, en septiembre de 1977.

La responsabilidad del médico militar, coronel retirado Hilarión de la Pas Sosa en la producción de los certificados de defunción serán parte de la prueba que se ventile hoy en juicio.

El jueves y viernes se ventilarán los casos de Joubert -de Junín de los Andes- y de Roberto Mario Copollechia -de Bariloche-, también traído desde la zona cordillerana a la U9 y "La Escuelita", en 1977.

Las audiencias se inician a las 9 en el salón de Amuc, con una concurrencia a sala llena en las últimas semanas.

El tribunal, integrado por los jueces Orlando Coscia, Mariano Lozano y Eugenio Krom ya definieron el cronograma de próximas citaciones de testigos, que se retoma el lunes 6 de agosto, para finalizar el miércoles 5 de septiembre.

Después de esa fecha el Tibunal Oral Federal deberá definir si convoca nuevamente a los testigos que durante el desarrollo del juicio no asistieron en los días citados, o si se inicia la etapa de alegatos de las partes.

En su mayoría, los imputados han permanecido ausentes del debate oral y público, a excepción del general de brigada Osvaldo Laurella Crippa -teniente coronel en 1976 cuando fue interventor de la policía neuquina- que siguió todas los días las instancias judiciales desde Bahía Blanca y por videoteleconferencia, en tanto presenciaron algunos tramos del debate los comisarios rionegrinos retirados Alberto Camarelli, Miguel Angel Quiñones y Desiderio Penchulef; en los días en que hubo testimonios de casos que los involucraban.

Continúan los testimonios

Ayuda a otras víctimas a volver de la tortura
Pedro Justo Rodríguez la padeció en 1976.  Integra una fundación en Gran Bretaña.

"El duelo de la tortura se elabora; (esto ocurre) cuando se toma conciencia de que la personalidad ha sido invadida o violada por algo inesperado", dijo ayer Pedro Justo Rodríguez, quien vino desde Gran Bretaña -su lugar de exilio- para atestiguar en el juicio por delitos de lesa humanidad, por su secuestro y tormentos en 1976.

En Gran Bretaña, Rodríguez integra una fundación dedicada a la atención médica de las víctimas de la tortura, "no para patologizarlo" -aclaró- sino para dar un acompañamiento que le sirva a la víctima para continuar con su vida, debido a una fuerte sensación psíquica "de estar separado de la realidad".

Rodríguez era secretario de Gobierno de Cinco Saltos cuando fue sacado de su casa una semana después del golpe militar.

Fue llevado a la comisaría de Cinco Saltos, desde allí a la unidad policial de Cipolletti, trasladado a la Unidad 9 como preso político, interrogado a los golpes en la delegación neuquina de la Policía Federal, trasladado a Rawson, vuelto a traer a la U9 de Neuquén para ser torturado en el centro clandestino que funcionó en el Batallón neuquino, y finalmente devuelto a Rawson desde donde logró salir hacia el exilio en abril del año siguiente por una intensa campaña de Amnesty Internacional.

Su testimonio abrió las jornadas del juicio ayer, que fueron presenciadas por los comisarios rionegrinos Alberto Camarelli, Desiderio Penchulef, Miguel Ángel Quiñones y el teniente coronel que intervino la policía neuquina en 1976, Osvaldo Laurella Crippa.

Rodríguez describió que el primer interrogatorio fue "humillante", aunque sin golpes, en la comisaría de Cipolletti, de manos de Miguel Ángel Quiñones.

Luego fue interrogado en la delegación neuquina de la policía Federal, donde el subcomisario Soza le recomendó, que "hablara" o le iban a poner la picana en el yeso que tenía en el brazo.

Allí un hombre de "impecable blazer azul" y Raúl Guglielminetti le hacían preguntas entre trompadas.

Describió las torturas padecidas en "La Escuelita" de Neuquén, dirigidas por un interrogador que se hacía llamar "Pedro".

Con aplicación de picana eléctrica "insistían en colectar información que no tenía importancia", dijo Rodríguez.

Sostuvo en el mismo sentido que en una de las sesiones en las que "estaba muy confundido" y con su cuerpo "cansado de la tortura", llamaron a un "tordo" para que verificara si estaba simulando el desmayo, ya que no hablaba, como abatido.

Recordó haber compartido la celda con Javier Seminario durante la estadía en la Unidad 9, junto con Carlos Kristensen.

Durante los tormentos en "La Escuelita", recordó haber compartido el cautiverio allí con Francisco Ledesma, Isidro López, José Luis Cáceres y unas mujeres de Entre Ríos.

Sostuvo que en varios tramos de su secuestro ilegal hubo otros golpes "pero no buscaban información, pegaban por placer".

Puso como ejemplo la paliza sufrida por los presos políticos que fueron trasladados en avión, vendados y esposados, hasta el penal de Rawson, donde con saña hubo golpes para "un sobrino de exgobernador Requeijo y para Luis Almarza, sólo porque era gordo".
 

"Él me daba ánimos"
Graciela Inés López, detenida desaparecida en "La Escuelita" de Neuquén en noviembre de 1976, respaldó ayer el testimonio de Pedro Justo Rodríguez y aseguró haber estado en el mismo lugar de torturas.

"Era un muchacho de San Juan, escuchaba los padecimientos que sufría cuando volvía de la tortura", dijo López, en tanto agregó que "al estar atada y vendada, percibía sensaciones, y él me daba ánimos", dijo.

La testigo declaró por videoteleconferencia y no conoce a Pedro Justo Rodríguez -que es mendocino-, pero el episodio fue coincidente y recordado por ambos. Rodríguez dijo haber recibido una brutal paliza por haber dado aliento a unas mujeres de Entre Ríos a los que se les atribuía el asesinato de un militar en Paraná, Cáceres Monié.

Otro duro testimonio
 "Trato de olvidar porque quiero vivir", dijo ayer Juan Isidro López, hoy de 81 años y soportando las secuelas de las torturas a que fue sometido en "La Escuelita" de esta ciudad y el largo encierro en las cárceles federales, la local U9 y la U6 de Rawson.

López era dirigente del sindicato de Luz y Fuerza de Río Negro y Neuquén y vive en Cipolletti, en el mismo lugar de donde lo secuestraron junto a su esposa, ya fallecida, efectivos de la policía de Río Negro.

"Los problema en el ojo son porque me metían los cables -de la picana-, y creo que ya no lo voy a solucionar, pero los urinarios sí, porque me está tratando un urólogo", relató respecto de las huellas físicas que le dejó el castigo recibido.

Acusó de la muerte de su esposa a los secuestradores, porque dijo que nunca se pudo recuperar de las golpizas que recibió. "Ella me contó que le 'habían dado muy fuerte' porque creían que yo era montonero".

Señaló que nunca le dijeron por qué lo tuvieron detenido y reivindicó su condición de gremialista y militante peronista.

"He venido a declarar, a mis 81 años, porque quiero colaborar con la justicia, para que sepa la verdad y haya castigo", indicó.

También declaró su hija Juana Esther, quien al momento del secuestro de sus padres tenía 14 años y relató -se quebró por la emoción- el calvario propio y el de sus padres durante y después de sus secuestros.

Un ataque a la militancia barrial

Javier Seminario, Orlando Cancio, José Francisco Pichulmán y Celestino Aigo eran militantes barriales y trabajaban en el barrio Sapere por la construcción de viviendas.
Un operativo a cargo de la Policía provincial y el Ejército en 1975 marcó la vida de los cuatro. Aún están desaparecidos.

Por PABLO MONTANARO
Ese grupo de vecinos que a comienzos de los años 70 tuvo el sueño de construir casas, contar con servicios y una salita sanitaria, entre otras necesidades básicas, para llevar una vida digna en el barrio Sapere, jamás se imaginó que tiempo después serían víctimas de una feroz represión -que incluyó allanamientos, secuestros, torturas y desapariciones de personas- llevada adelante por fuerzas policiales y del Ejército antes del 24 de marzo de 1976 y una vez producido el golpe de Estado.

Corría el año 1972; cerca de 80 vecinos, tras luchar para que se le adjudicaran las tierras, pudieron construir sus viviendas en ese barrio, ubicado a la derecha del puente que une las ciudades de Cipolletti y Neuquén, pero “el gobierno de Felipe Sapag no los quería allí porque estaba proyectada la construcción de un casino y chalets residenciales”, explicó Lucía Jara de Cantero, quien el miércoles pasado declaró en el juicio oral y público que se realiza en Neuquén contra 23 represores acusados de delitos de lesa humanidad ocurridos en la región durante la última dictadura militar. Cantero integraba la comisión elegida por los vecinos para negociar con el gobierno provincial.

Esta mujer de 86 años, suegra de Javier Seminario, secuestrado de su domicilio en agosto de 1975 y que aún está desaparecido, contó que “fue una historia de lucha protagonizada por todos los vecinos; éramos todos iguales, con la misma necesidad. Y en esa lucha tuvimos el apoyo de los más jóvenes, algunos estudiantes y otros con alguna militancia política pero todos teníamos un mismo ideal”. El gobierno cedió al pedido de los vecinos que consistía en la construcción de planes de viviendas.

“La respuesta de los vecinos reunidos en asamblea fue desobedecer la imposición del municipio argumentando que ellos tenían organizada su vida laboral y familiar y que si le molestaba al gobierno las casas precarias que les construyeran planes de vivienda pero en ese lugar porque de allí no se moverían”, explicó Nelly Curimán.

En ese contexto, de organización y solidaridad, algunos vecinos estaban comprometidos con la transformación de la realidad social. Había partidarios del MPN, opositores y adherentes al Partido Revolucionario de los Trabajadores. Fue así que en agosto de 1975 organizaron un acto en homenaje a los dieciséis detenidos y luego fusilados en la Base Naval Almirante Zar de Trelew, quienes horas antes se habían fugado del penal de Rawson, hecho conocido como La Masacre de Trelew. Mientras se disponían a organizarlo, el 20 de agosto la Policía provincial y fuerzas del Ejército rodearon el barrio y realizaron una serie de allanamientos resultando once personas detenidas, entre ellas, Lucía Cantero, Nelly Curimán, Juan Raúl Pichulmán, José Francisco Pichulmán, Orlando Cancio y Javier Seminario. Fueron llevados a la Alcaidía y a comisarías. Algunos vecinos fueron detenidos por el solo hecho de mirar.

“Allanaron el barrio porque hubo una supuesta denuncia de que el acto del 22 que estábamos organizando venía muy pesado, pero en realidad fue la excusa que usó la Policía provincial y la Federal para meterse y descabezar ese movimiento barrial que habíamos logrado. Fue un operativo conjunto de la Policía provincial y Federal en pleno reinado de la Triple A”, relató Nelly Curimán, quien resultó detenida cuando tenía 8 meses de embarazo. Su hija Natalia nació en prisión.

“Ese fue un día (20 de agosto de 1975) de muchos allanamientos en Sapere, ninguna casa quedó libre”, afirmó Amalia Cancio, hermana de Orlando.

Desde aquella noche de 1975, Cancio y Seminario jamás recuperaron la libertad; otros fueron liberados porque “no había méritos” para la detención; algunos estuvieron detenidos en la Comisaría Primera y también en la Alcaidía como el caso de Curimán, y saldrían una vez producido el golpe de Estado de 1976.

En su declaración del jueves ante el Tribunal Oral Federal, Curimán afirmó que Alejandro Rojas fue el comisario que encabezó el operativo de detención.

Precisamente Curimán, que en su declaración reconoció ser “adherente” al PRT, señaló que Rojas -a quien se lo conocía como “el terror de la militancia”- integraba la brigada de informaciones y “tenía mucho poder para hacer inteligencia a la militancia neuquina”.

El mismo día en que fueron detenidos Pichulmán y Cancio, en su domicilio del barrio Villa Florencia fue apresado Celestino Aigo, nacido en Aluminé en 1953. En su declaración del jueves pasado, sus hermanas, Teresa y Elsa, quienes estaban en la casa de la calle Lanín al 1300 el día en que “militares encapuchados” entraron a la fuerza, aseguraron que Celestino “estaba con los chicos de Sapere” con la intención “de ayudar a la gente que menos tenía”. Nunca se pudo establecer cuál fue su destino luego del secuestro. “Cuando estos militares le preguntaron el nombre a mi hermano, él les respondió, y le dijeron: ‘Ah, vos sos el famoso Chino’. Luego se sintió un golpe y nunca más lo volví a ver”, contó Teresa Aigo. “Una vez que los secuestrados se fueron con mi hermano, nos asomamos y por la esquina se iba a toda velocidad un auto grande y blanco”, agregó.

Para una madre no se acaban las esperanzas
José Francisco Pichulman está desaparecido desde el 12 de agosto de 1976. Poco se supo de él en los centros clandestinos de detención, ya que sólo una víctima declaró haberlo escuchado en La Escuelita de Neuquén. Su mamá aún espera que regrese con vida. Con 84 años, Feliciana Alcapan les agradeció a los jueces del Tribunal Oral Federal por “devolverle la esperanza” por su hijo. Serena, con una paz que quizás sólo se logra después de muchos años de andar, la mujer aseguró que no cree que su hijo esté muerto. “Me lo llevaron con vida y con vida tiene que volver”, afirmó.

Luego de los tres primeros meses de juicio, la declaración de Alcapan fue la primera que reclamó que sus seres queridos –su hijo Juan Raúl desapareció un año después- regresen, casi sin tener en cuenta el destino más común que tuvieron los desaparecidos en la última dictadura militar: la muerte.

Fue su hermano Victorino Segundo Pichulman quien brindó más detalles sobre la noche en que se llevaron a José Francisco, durante su declaración el viernes pasado. Victorino explicó que a la 1 de la madrugada del 12 de agosto de 1976 fue cuando se llevaron a su hermano. Recordó que fueron ocho las personas que irrumpieron en su domicilio, y precisó que dos de ellas estaban de civil y las otras seis con ropa de militares.

Dijo que al mando iba un hombre armado, y que llevaba una capucha que dejaba ver sus ojos azules y sus bigotes.

Victorino relató que logró subir las escalares hasta el techo de su vivienda desde donde pudo ver que eran dos autos blancos sin patentes los que se llevaron a su hermano.

A esta familia, como a la mayoría, fue el imputado Luis Farias Barerra quien los recibía en el Comando para no darles información sobre el paradero José Francisco.

“Para mi familia fue algo muy triste la desaparición de mis dos hermanos. Creo que a cualquier madre o padre le cuesta mucho superarlo. Quedamos por mucho tiempo con una sensación de sobresalto, de miedo”, describió Victorino durante su declaración.
FuentedeOrigen: http://www.lmneuquen.com.ar
Fuente:Agndh

Publicado por Colectivo Ex P. Pol. Sobrev. Rosario

Detallado testimonio de las torturas en Cutral Có

Tomasevich dio un detallado testimonio. 

Picana eléctrica en Cutral Co

 Francisco Tomasevich vino desde Suecia, donde reside desde que se fue al exilio, y contó, justo en el día que se cumplieron 30 años de que fue secuestrado de su casa en Plaza Huincul, que nunca supo por qué fue sometido privado de la libertad y torturado.

Es una de las víctimas del denominado Operativo Cutral Co y destacó que en la comisaría cutralquense le pusieron cables en la cara y le aplicaron la picana eléctrica.

"Sólo ahí, a pocas horas de ser detenido, me dijeron creo que para intimidarme, si yo pensaba hacer volar la destilería. Como había sido delegado, interpreté que esa pudo ser el motivo de mi secuestro", señaló.

Dijoque estuvo en la U-9 y en la U-6 y remarcó que los peores castigos los recibió en el penal de Rawson. "Los oficiales eran unos bestias y sufrí castigos durísimos, durante varios días", señaló.

El periodista Carlos Galván hizo un detallado relato del secuestro de Rubén Ríos, Luis Genga y las hermanas Bottinelli y se explayó sobre otros secuestros y desaparecidos de la zona. Entre otros los casos de Darío Altomaro, Alicia Pifarré y del grupo de teatro Génesis.

Amplió su declaración ayer el imputado Jorge Molina Ezcurra

"Uno se encargaba de violarlas y golpearlas"

"La tortura era todos los días... terrible", dijo Liberatore (a la izquierda de la foto).
"Uno se encargaba de violarlas y golpearlas"

Liberatore identificó a policías de la comisaría de Cipolletti. Se investigará por homicidio los casos de seis desaparecidos.

Roberto Liberatore, de Cinco Saltos, y Silvia Bottinelli, de Cipolletti (ver aparte) describieron ayer la brutalidad de las torturas en el centro clandestino que funcionaba en los fondos del Batallón en 1976. "Había dos chicas y uno (de los captores) se encargaba de violarlas y golpearlas", describió Liberatore. La audiencia fue presenciada por los imputados -comisarios rionegrinos- Alberto Camarelli y Desiderio Penchulef, ambos nombrados por los testigos en la jornada).

En tanto, los jueces resolvieron favorablemente el pedido de la secretaría de Asamblea por los Derechos Humanos de imputarle a Mario Gómez Arena, Oscar Reinhold y Luis Farías Barrera el delito de homicidio de los desaparecidos Miguel Pincheira, José Méndez, Orlando Cancio, Javier Seminario Ramos, José Pichulmán y Celestino Aigo y remitieron los antecedentes a la fiscalía de primera instancia para su investigación.

Denegaron, por otro lado, suministrar la lista de los magistrados que tramitaron los pedidos de habeas corpus presentados por los familiares de las víctimas y el listado de esos planteos.

Liberatore era integrante de la junta interna de Indupa en 1976 y había sido expulsado luego de reclamos laborales. Lo llevaron a la comisaría de Cipolletti, donde dijo "vi a Camarelli entrar y salir de las oficinas, estaba de civil". Destacó que "las primeras piñas las recibí en la cabeza" y también individualizó entre los policías a Miguel Quiñones.

De ahí lo llevaron a "La Escuelita", vendado y esposado. "Allí me golpeaban y me tiraban al piso mientras todos se reían. Por la mañana me molían a golpes y por la tarde, venía la picana. En la noche me impedían dormir con descargas eléctricas continuas en la cabeza, que me trabaron la mandíbula. Así era todos los días". Añadió que "me pateaban en los testículos cada vez que pedía ir al baño. Al lado mío había dos mujeres y uno se encargaba de violarlas y de golpearlas".

Consultado porqué no lo había declarado antes dijo que ya había hablado de las dos mujeres "y era obvio lo que pasaba al lado mío".

Aseguró que aún tenia marcas en la espalda, de una vez que fue colgado del techo, en los tobillos y durante mucho tiempo las tuvo en las manos "porque las esposas habían llegado al hueso. No podía ver, tenía infecciones y cortes en todo el cuerpo; me habían reventado los dedos de los pies una vez que me intenté levantar, cuando uno me decía que iba a lastimar a mi familia", dijo.

Los Valles
Lesiones en el cuerpo y el cerebro

Silvia Bottinelli era la pareja de Luis Genga -quien declaró el miércoles- cuando lo secuestraron junto a éste, su hermana María Cristina y Jorge Villafañe, de una cena que compartían en su casa en Cipolletti los primeros días de septiembre.

Su hermana falleció en 2009, exiliada, "a la espera de este juicio. Cuando volví a verla -después de haber sido torturadas en La Escuelita´ tenía tres lesiones cerebrales, y no se terminó nunca de componer. La parálisis facial se fue arreglando con tratamiento, pero le quedó una mueca en su boca. En el 2000, por orden médica, no podía volar en avión porque la altura le iba a afectar las lesiones cerebrales que padecía", describió Silvia.

Cuando volvió a ver a Genga -que fue liberado dos días después que ella- dijo que "no podía levantar los brazos, tenía escaras en la piel, la nariz despellejada, estaba muy golpeado",

Relató que cuanto fue dejada en libertad fue a la comisaría de Cipolletti a retirar el hábeas corpus que sus padres habían presentado entre las gestiones de búsqueda. "Nos recibió Camarelli, quien nos dijo que para otra vez no se vayan sin avisarles a sus padres, que han venido de viaje", como una cruel ironía del comisario.

"Eran mapuches"

La sala se vio desbordada ayer de público, en tanto representantes de la Confederación Mapuche participaron ayer de las audiencias por considerar los secuestros de Pichulman y Aigo como "los desaparecidos del pueblo mapuche" durante la dictadura.

"Lo que sufrió el pueblo mapuche y la sociedad no mapuche fue un segundo genocidio que se produce en el territorio, y estamos para traer mucho newen, mucha fuerza espiritual a los testigos mapuche hoy para que tengan la fortaleza necesaria para este momento de represión y de tanta brutalidad", dijo Peti Pichuiñan, de la Confederación Mapuche.

El representantes de la Confederación Mapuche abogó por que haya para los culpables "juicio y castigo como lo que son, como genocidas".

"No creo que mis hijos estén muertos"

 "No creo que mis hijos estén muertos. Con vida se los llevaron y con vida han de volver". Feliciana Alcapán de Pichulmán tiene ahora 84 años y desde la madrugada del 12 de 1976, cuando un grupo de uniformados con los rostros cubiertos y armados irrumpió en su casa del barrio Sapere, no volvió a ver a José Francisco, cuyo caso se ventila en el juicio.

En enero del año siguiente, en J.J.Gómez fue secuestrado otro de sus hijos, Juan Raúl Pichulman, a quien tampoco volvió a ver. Este caso se ventilará en un próximo juicio. De ambos la familia no sólo que nos los vio más sino que tampoco recibió noticia alguna, de ninguna fuente. Ayer en la tarde al cerrar su testimonio agradeció al tribunal por haber escuchado su relato, porque "ahora tengo más esperanzas por mis hijos".

Conmovió a la nutrido público que había en la sala -en la mañana estuvo colmada-, cuando dijo: "Es terrible tener dos hijos desaparecidos...". Aludió a sus creencias religiosas y ese sentido dijo que "yo oro por mis hijos desaparecidos, pero también por los otros, de ellos también me hago madre". Y destacó que las prácticas religiosas la han ayudado a afrontar el drama de la pérdida de sus seres queridos.

"Me ha fortalecido, me dio consuelo y ya no yo lloro, pero sigo cada día pidiendo por ellos", remarcó. La mujer relató que durante meses peregrinó hacia la sede del Comando del Ejército, donde la recibía el ahora imputado, el mayor Luis Alberto Farías Barrera, quien le negaba que los militares tuvieran alguna responsabilidad en el secuestro de su hijo. "Yo no le tenía miedo, iba a pedir por mi hijo porque ellos se lo habían llevado, hasta que un día me dijo que mi hijo no había salido culpable", relató, pero que continuó desaparecido. También declaró Juan Alberto Manque Ñanculef, cuñado de Celestino Aigo, cuyo caso se debatió el miércoles y es otro de los desaparecidos en este tramo de casos en debate. Reiteró datos dados por otros familiares de Aigo al momento de su secuestro y ante la requisitoria del defensor Hernán Corigliano desconoció haber dado su testimonio en la instrucción, incluso desconociendo como suya la firma registrada en documento que obra en el expediente.

Conmovedor relato de ex delegado gremial que sobrevivió a torturas.

Imágenes Rubén Ríos, ex delegado gremial, declaró ante el Tribunal Oral Federal (foto Leo Petricio).

Rubén Ríos estuvo detenido 22 días, fue torturado con picana eléctrica y golpeado violentamente. Cuando recuperó la libertad, fue hostigado con amenazas anónimas, e intentó suicidase.

Rubén Ríos, ex delegado gremial del Sindicato de Luz y Fuerza de Río Negro y Neuquén, conmovió hoy a la sala en la que el Tribunal Oral Federal 1 enjuicia a 23 represores acusados de violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura.

Ríos fue secuestrado en agosto de 1976 en su vivienda de General Roca, Río Negro, por un grupo de tareas de civil que lo trasladó al Centro Clandestino de Detención "La Escuelita", en el batallón militar de Neuquén. Permaneció detenido en forma clandestina 22 días, fue torturado con picana eléctrica y golpeado violentamente; recuperó la libertad y fue hostigado con amenazas anónimas durante dos años, intentó suicidase y pudo sobrevivir a toda esa odisea.

"Cuando me fueron a buscar a mi casa me golpearon con una pistola en la boca y me voltearon dos dientes", recordó al declarar en la audiencia de hoy. Intentó escaparse arrojándose del baúl del automóvil donde lo llevaban escondido, aunque de manera increíble cayó frente a la garita de la policía de Neuquén del puente carretero de acceso a la ciudad.

"En la "Escuelita" estuve 22 días. Estaba esposado a una cama de pies y manos y me torturaban con picana eléctrica con los pies dentro de un balde con agua", dijo. No pudo identificar a sus captores porque siempre lo mantuvieron vendado y el que hablaba y lo interrogaba se hacía llamar "Pedro", pero nunca supo quién era.

Mencionó que en las sesiones de tortura había un médico en el lugar que le controlaba el pulso. Ríos relató que "un día Pedro me dijo que iban a dejarme libre y así lo hicieron dejándome frente a mi casa".

"Estaba dolorido, casi no podía caminar, los ojos pegados por las vendas que tenía y el olor que tenía ni yo lo podía aguantar". Recordó que poco después comenzaron a llegar anónimos a su casa, llamadas telefónicas con citas en diferentes lugares de la zona como una forma de hostigarlo permanentemente.

"En una de las llamadas que recibí en mi trabajo me dijeron que tenía 24 horas para suicidarme o de lo contrario secuestraban a mis tres hijos", señaló. "Tenía que elegir entre mis hijos o yo y decidí pegarme un tiro en la cabeza", relató conmovido. La rápida atención que recibió de un vecino que escuchó el disparo y lo trasladó a un centro de salud donde lo operaron "le salvó la vida". La ex esposa de Ríos, Elsa Rivas describió crudamente el estado en el que se encontraba cuando fue liberado.

"Tenía mucha barba, los ojos sin cejas y pestañas, sucio, las piernas abiertas y entendí en ese momento que había estado en una situación terrible", dijo. "Mi vida cambió porque no tenía tres hijos sino cuatro, porque él pasó a ser como un hijo por lo mal que estaba".

La mujer identificó a los ex jefes militares Oscar Reinhold y Luis Alberto Farías Barrera, imputados en la causa, como las personas que le informaban acerca de la situación de su esposo.

Incluso le hicieron un certificado por escrito con firma y sello del Ejército donde constaba que Ríos había estado detenido e incomunicado por averiguación de antecedentes a disposición de la fuerza para presentar en su trabajo y evitar que lo despidieran.

"Me interrogaba con mi hija en brazos"

Nelly Curimán identificó al mayor Farías Barrera. Testimonió sobre la detención de dos desaparecidos.
Curimán dijo que los vecinos se resistían a ser reubicados.
Nelly Curimán fue detenida con ocho meses de embarazo en 1975 y para cuando salió en libertad, había ocurrido el golpe militar, ya tenía una bebé de ocho meses en brazos y su casilla de Sapere había sido destruida.

En el portón de la alcaidía, el teniente coronel Osvaldo Laurella Crippa -interventor militar de la Policía neuquina- le dijo que su detención, "fue una equivocación que éramos unas perejilas". Curimán testimonió ayer sobre la detención de Orlando Cancio y Javier Seminario -desaparecidos- en el juicio por delitos de lesa humanidad que llevan adelante los jueces Orlando Coscia, Eugenio Krom y Mariano Lozano. Laurella Crippa es el único de los 22 imputados que siguen las audiencias, en su caso desde Bahía Blanca, por videoteleconferencia.

Curimán explicó que en 1975, 11 vecinos del barrio fueron llevados a la policía Federal luego de un operativo de detención masiva en el barrio y que luego debieron ser liberados porque "no había méritos" para la detención. "A los pocos días, de a poco nos fueron recapturando a todos.

A mí me detuvo el comisario (Alejandro) Rojas, que estaba vestido de civil; yo tenía 19 años y ocho meses de embarazo y fui a dar a la celda de contraventores masculinos", dijo Curimán al tiempo que detalló que el jefe policial "era conocido como el terror de la militancia, porque integraba la brigada de informaciones y tenía mucho poder para hacer inteligencia a la militancia neuquina"; describió.

Rojas declaró el miércoles como testigo y no aportó datos a los jueces, negó tener conocimiento de detenciones en Sapere aunque estuvo en ambos operativos, le endilgó la responsabilidad de los procedimientos a los jefes policiales fallecidos y hasta desconoció sus propias declaraciones en el juicio anterior, lo que le valió un pedido de la querella del Ceprodh como testigo falso.

Curimán dijo que las detenciones en Sapere se produjeron porque los vecinos se resistían a ser reubicados, se habían organizado como asentamiento, demandaban casas y opinó que el motivo de las detenciones fue el homenaje que habían hecho el 22 de agosto a los "asesinados de Trelew", tras lo cual "hubo llamados anónimos de que algo estábamos haciendo". Se reconoció como "adherente" al PRT -Partido Revolucionario de los Trabajadores- y explicó que luego de tener a su hija durante la detención en U9, "vino el mayor Farías Barrera dos o tres días después del golpe, porque dijo que quería conocer a las presas políticas.

Agarró a mi hija en brazos y me preguntaba dónde estaba mi compañero de entonces, yo lo sentí como una amenaza, me hostigaba para que dijera dónde estaba el fugado del padre; no nos informaron que a Cancio y a Seminario no los íbamos a volver a ver", dijo.
Fuente:RioNegro.com.ar

Testimonios de Daniel Zapata y Rita Cantero

Ex conscripto dijo que limpió La Escuelita
Daniel Zapata declaró que al predio sólo accedían suboficiales designados para la guardia.
Neuquén-Durante la tarde de ayer el ex conscripto Daniel Zapata aseguró que participó de la limpieza del centro clandestino de detención "La Escuelita" en los fondos del Batallón 181 de Ingenieros de Construcciones donde visualizó “manchas de sangre”.

Zapata realizó el servicio militar obligatorio entre 1978 y 1979, perteneció a la Compañía C del Batallón y trabajaba en el parque automotor.

El testigo relató que “siempre hubo dudas sobre dónde mandaban a los suboficiales a hacer guardia”. Explicó que cuando indicaban los puestos de guardia además de los que estaban alrededor del Batallón identificados con números, mencionaban una sigla para los suboficiales. “Me daba entender que se dirigían a ese lugar ubicado en los fondos donde no se podía pasar”, aclaró.

Consultado por el presidente del Tribunal, Orlando Coscia, Zapata no pudo recordar la sigla que mencionaban para indicar ese puesto de guardia. Aunque Coscia preguntó si podía ser LRD, el testigo no logró confirmarlo. Aseguró que antes de finalizar con el servicio militar tuvo la oportunidad de ingresar a La Escuelita. Dijo que tuvo que entrar por el techo y que había una escalera para bajar.

Recordó además que afuera había una especie de fogón donde también se hacían guardias.

Dentro de esta construcción el ex conscripto recordó ver fardos de pasto y “manchas de sangre”. También llamaron su atención unos ganchos que colgaban del techo, “parecidos a los de las carnicerías”.

Zapata identificó a los imputados en esta causa Gustavo Viton, como teniente a cargo de la Compañía en la que era soldado, y Jorge Gaetani como subteniente.

Señaló que esa compañía viajó a Chile y que incluso antes del Conflicto del Beagle con ese país a fines de 1978 "nos llevaron a Allen para buscar chilenos indocumentados. A la fuerza se entraba a las casas y se veía si tenían documentos y decían que los iban a extraditar”, relató.

"Nos decían que estaba libre, pero nunca llegó"
Rita Cantero, esposa de Javier Seminario, militante del barrio Sapere detenido en agosto de 1975, aseguró que Luis Alberto Farías Barrera, imputado en la causa, estaba al tanto de su desaparición.
La víctima estuvo detenida en la Comisaría Primera y posteriormente en la U9. "Tenía miedo de que lo mataran", aseguró la mujer.
Con la declaración de las testigos Rita Graciela Cantero, pareja de Javier Seminario Ramos -detenido en agosto de 1975 en el barrio Sapere y desde entonces se encuentra desaparecido-, y de Lucía Jara, madre de Cantero, se reanudaron ayer las audiencias en el juicio por delitos de lesa humanidad contra 23 represores de la región. Jara, de 83 años, vivía con su hija y Seminario en la vivienda del barrio de Sapere donde el 20 de agosto de 1975 fue detenido.

La mujer declaró que ese día efectivos de la Policía Federal, de la provincia y del Ejército entraron a su casa y "después de revolver todo nos llevaron detenidos a mí, a Seminario y a (Rita) Graciela", a la Delegación de la Policía Federal.

Recordó que el barrio estaba "copado" por las fuerzas represivas y también detuvieron a varios jóvenes y mujeres, pero " a mí y a mi hija nos dejaron en libertad ese mismo día".

Aseguró que unos días después, el 24 de agosto, fue “levantada" por un patrullero policial en cercanías del puente carretero que une las ciudades de Neuquén con Cipolletti, cuando se dirigía a su trabajo y que entre los uniformados identificó a un efectivo de apellido Rossi.

La mujer dijo que esa noche fue detenido Seminario y que escuchó sus gritos cuando era golpeado en la Comisaría Primera. Aclaró que estuvo nueve meses en prisión hasta que el 10 de mayo de 1976 fue liberada.

Afirmó que a partir de recuperar la libertad siguió visitando a Seminario en la U9 donde lo vio muy desmejorado. "La última vez que lo vi tenía mucho miedo", contó.

Rita Cantero contó que Seminario, nacido en Perú, estudiaba la carrera de Ingeniería en la Universidad del Comahue y que en el barrio luchaba por reivindicaciones para la comunidad.

En otro momento de su declaración, relató que en la segunda detención ella estaba trabajando, "era de noche, se lo llevaron semidesnudo porque estaba durmiendo". Recordó que estuvo detenido en la Comisaría Primera y después fue trasladado a la U9, "y a partir de entonces perdimos todo contacto, hasta que nos enteramos que estaba alojado en el penal de General Roca".

Recordó que en la U9 "estaba muy mal, triste, y tenía miedo de que lo mataran". "También me dijo que lo habían picaneado", agregó.

Encuentros con Farías Barrera
La mujer dijo que varias veces fue al Comando de la Sexta Brigada de Neuquén donde era atendida por el mayor Luis Alberto Farías Barrera -imputado en esta causa-, quien le comunicó que Seminario estaba en la U6 de Rawson y a disposición del Poder Ejecutivo Nacional.

Aseguró que Farías Barrera le mostró un papel donde decía que Seminario había sido liberado y reconoció que el documento fue firmado por su pareja. "Ellos decían que estaba libre, pero no llegaba", expresó Cantero.

Por último, manifestó que "siempre procuramos dar con su paradero e hicimos presentaciones en la Embajada de Perú y ante la Comisión de Derechos Humanos y al Ministerio del Interior".
FuentedeOrigen:http://www.lmneuquen.com.ar
Fuente:Agndh

El libro que compiló los casos padecidos en cautiverio

El libro "Grietas en el Silencio" compiló la investigación sobre violencia sexual en el marco del terrorismo de Estado que abordó a víctimas de la dictadura que fueron abusadas sexualmente en centros clandestinos de detención de cinco provincias diferentes.

"Constatamos en varones y mujeres que la agresión sexual fue extendida, frecuente, constante y que ocurrió en todos los centros clandestinos", dijo Susana Chiarotti, integrante del Instituto de Género, Derechos y Desarrollo y desde 2.005 integrante de comité de expertas en violencia de la OEA, durante la presentación del ejemplar la semana pasada en la ciudad de Neuquén.

El libro no se vende, y fue entregado en forma gratuita a bibliotecas populares e instituciones durante la exposición del trabajo que se llevó a cabo en la Conrado Cultural, ante un auditorio colmado.

Algunos de los capítulos, que incluye la investigación sobre jurisprudencia argentina e internacional, fueron citados en la sentencias que se dictaron en Mar del Plata en la causa Molina; y en Mendoza cuando la Cámara de Apelaciones revocó la falta de mérito de Benjamín Menéndez (noviembre del 2011) por los abusos cometidos contra los detenidos en el centro clandestino que funcionó en el Departamento de Informaciones de Mendoza (DEI).

"Si hubo cinco testigos de la violación en un centro clandestino, su desaparición o muerte no puede ser una causa de impunidad; así lo describe un instructivo de la Unidad Fiscal que se logró como parte de este trabajo", dijo Marta Vasallo, periodista que compiló y editó la investigación.

Incluyen la violación como delito de lesa humanidad

La fiscalía investiga los casos que se registraron en Neuquén durante la dictadura. Considera que la agresión sexual es un delito autónomo. Ya hay precedentes en otras provincias.

La violación como delito de lesa humanidad forma parte de la instrucción de la causa de "La Escuelita", a partir de los testimonios de mujeres y hombres que describieron su paso por la tortura en los juicios tanto de Bahía Blanca como de Neuquén.

Así lo confirmó la fiscal federal María Cristina Beute, tras el planteo que surgió la semana pasada en el juicio neuquino por delitos de lesa humanidad para que se impute por violación a los responsables de los secuestros y torturas en el Alto Valle.

Beute aclaró que hace un año y medio que la fiscalía revisa "las agresiones sexuales como un ataque distinto a lo que fue la aplicación de tormentos".

Existe el antecedente de al menos cuatro víctimas de violencia sexual (incluso hombres) por abusos cometidos cuando estaban maniatados, vendados y esposados durante el secuestro clandestino practicado durante la dictadura militar.

El pedido de que se condene por violación lo hizo Dora Seguel en el juicio neuquino, convocada como testigo por su secuestro a los 16 años, en el denominado "operativo Cutral Co", que tuvo como resultado la detención y tortura de una decena de militantes sociales y políticos de la comarca petrolera, varios de los cuales siguen desaparecidos.

Cuando las querellas de la APDH y del Ceprodh solicitaron que un tramo de su declaración (el de la violación en la comisaría de Cutral Co) fuera enviada a la instrucción, el fiscal José María Darquier informó que desde enero, la violación como delito de lesa humanidad forma parte de la instrucción de la "causa Reinhold".

"Cuando Dora Seguel declaró en el juicio de Bahía Blanca -por la desaparición de Mónica Morán- el tribunal bahiense le consultó si quería instar a la acción penal, y como asintió, los jueces remitieron las actuaciones a la fiscalía y el hecho es parte de la causa Reinhold", confirmó la fiscal Beute.

Se agregó otro hecho de violación que ya había denunciado Seguel y se compilaron "todas las declaraciones de todas las víctimas de la causa en las que detectamos que recibieron una agresión sexual, e invitamos a instar la acción", ya que por ser un delito de acción privada, la víctima debe expresar el planteo de que se investigue.

Explicó que "es un tipo de agresión que tiende a afectar a la persona de una manera distinta que no sólo tiene que ver con su integridad física. En todos los casos se está imputando, además de la responsabilidad en la privación de la libertad y los tormentos, la agresión sexual como autores mediatos".

Existen antecedentes en Mar del Plata y en Mendoza de condenas por el abuso sexual como delito de lesa humanidad.

En ambas sentencias, por casos diferentes, se consideró que dentro del plan sistemático de exterminio, la violación fue aplicada como método y debía ser castigado como delito autónomo.
Los secuestros en Cutral Co, los testimonios de exiliados políticos y la posibilidad de que declare "el que se escapó" del centro clandestino neuquino en agosto de 1976, forman parte de las expectativas de esta semana de juicio que se reanuda hoy por los delitos cometidos durante la dictadura.

El cronograma prevé hoy las declaraciones de Luis Almarza Arancibia, Emiliano Cantillana Marchant y Francisco Tomasevich, los tres secuestrados en Huincul y Cutral Co tres meses después del golpe del 24 de marzo.

El paso por las torturas tanto en unidad policial de la comarca petrolera como después al ser trasladados a "La Escuelita" fue reseñado la semana pasada por otros sobrevivientes. Almarza se exilió en Bélgica como opción que dio el régimen para salir de la cárcel en Rawson y actualmente vive en la región; en tanto aunque se aguarda con expectativas la declaración de Tomasevich -que desde que salió de Rawson reside en el exterior-, no estaba confirmado que hubiera arribado a la Argentina.

Revelan el accionar de Inteligencia

Hugo Monsalvez, conscripto que cumplió tareas en el comando de esa área del Ejército, aseguró que pudo ver a algunos oficiales ingresar al edificio vestidos con ropas que los hacían "irreconocibles".
 
Monsalvez dijo que la oficina de Mario Gómez Arenas estaba prohibida. -

Recordó que una tarde en un camión calabozo estacionado en la playa del comando, en su interior estaban algunos detenidos de Cutral Co, según le dijo un teniente.
 
Con la ausencia de los imputados, continuó ayer el juicio contra 24 represores acusados de violaciones a los derechos humanos ocurridos en la región durante la última dictadura militar.
El primer testigo en declarar ayer en el Salón Verde de AMUC donde está emplazado el Tribunal Oral Federal fue un ex soldado conscripto nacido en Plaza Huincul, designado al Comando de Inteligencia del Ejército, cuyo centro de operaciones funcionaba en Avenida Argentina y Sargento Cabral.

 
Hugo Nelson Monsalvez dijo que ingresó a cumplir con el servicio militar obligatorio quince días antes del 24 de marzo de 1976, y que durante su permanencia en el lugar se enteró que en el sector desplegaban distintas actividades los oficiales del Destacamento de Inteligencia Eduardo Molina Ezcurra y Sergio Adolfo San Martín; Mario Alberto Gómez Arenas, jefe de Inteligencia; y los suboficiales Francisco Julio Oviedo y Enrique Charles Casagrande. “Todo el mundo usaba ropas de civil”, aseguró Monsalvez.
Indicó que un día vio entrar al edificio a Molina Ezcurra vestido con un mameluco de la empresa petrolera Halliburton. “Estaba irreconocible, lleno de grasa”, manifestó, y agregó que en otro momento entró San Martín, “con ropas sucias y rotas, disfrazado de linyera”.
Expresó que también vio a ambos con una vestimenta igual a la que usaban los choferes de colectivos (camisa celeste y pantalón gris) y señaló que la entrada a la oficina de Gómez Arenas, a quien se lo identificaba como Teco, estaba prohibida.
Añadió que una tarde observó “un camión calabozo” estacionado en la playa del Comando en el que en su interior había gente, y que estaba custodiado por cuatro o cinco soldados que empuñaban armas largas. Indicó que "el teniente Taquini"  contó que los detenidos eran “terroristas de Cutral Co”.
Sorprendentemente, los fiscales y los abogados querellantes no interrogaron al testigo sobre las actividades de Raúl Guglielminetti en el Departamento de Inteligencia donde desempeñaba sus tareas.

 
El presidente del Tribunal, Orlando Coscia, le preguntó al testigo si los soldados destinados al Comando contaban con algunas ventajas y cómo se produjo su designación. Reconoció que contaban con ciertos privilegios y que fue enviado al lugar por la intervención de su jefe laboral “Jorge Cruz”. “(Cruz) era personal de Inteligencia. Entraba y salía diariamente sin documentos y en aquel entonces era gerente del Casino de la provincia y en la actualidad sigue desempeñándose en el cargo”.
Después declaró Juan Carlos Maidana, detenido por fuerzas militares cuando se encontraba en su casa el 14 de junio de 1976. Confirmó que en el procedimiento participó personal de civil que cubrían sus rostros con pasamontañas y fue llevado a la Comisaría de Cutral Co e interrogado sobre las actividades de su hermano Pedro Maidana.
También declaró Sergio Roberto Méndez Saavedra, de 76 años, sobreviviente de "La Escuelita" de Neuquén, quien calificó de cobardes a los imputados por delitos de lesa humanidad. Méndez Saavedra, nacido en Chile, era obrero de la construcción en Cutral Co cuando fue detenido y torturado durante el operativo que realizó el Ejército y la Policía de la provincia.