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jueves, 30 de mayo de 2019

Denuncian un ataque intimidatorio a Madres de Plaza de Mayo en Neuquén

Harán la presentación oficial en la fiscalía. Lo vincularon al inicio de la sexta etapa del juicio por delitos de lesa humanidad durante la dictadura, "La Escuelita".

POR REDACCIÓN MAYO 29, 2019 

Inés y Lolin solicitaron el acompañamiento de las organizaciones mañana, cuando realicen la denuncia formal por el ataque. 

Las Madres de Plaza de Mayo denunciaron que la sede de la organización fue blanco de un ataque con el objetivo de amedrentarlas, de cara al inicio de “La Escuelita” VI, el juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en la región durante la última dictadura.
Inés Ragni y Lolin Rigoni convocaron a otros organismos a acompañarlas mañana por la mañana a la sede de la fiscalía, donde harán la presentación formal por lo ocurrido.

Con dos meses de atraso, arranca el VI juicio “La Escuelita”
El ataque intimidatorio ocurrió anoche en la sede de Mascardi 55. Fue calificado por la organización como “un hecho cuanto menos amedrentador”.

“A pocos días de iniciarse la etapa VI del Juicio “La Escuelita” consideramos que este hecho no es fortuito, por lo que debemos darlo a conocer y repudiarlo enérgicamente”, resaltaron.

miércoles, 29 de junio de 2016

Oscar Ragni: “Los archivos existen, el reclamo de apertura es legítimo”

Entrevistamos a Oscar Ragni, militante de la Corriente Militante por los Derechos Humanos, padre de Oscar Ragni – hijo – quien permanece desaparecido.
Marina López Dorigoni

Oscar Ragni es militante de Derechos Humanos desde el año 76`, cuando desapareció su hijo Oscar. Es fundador de la APDH de Neuquén, participante de la primera delegación de la Asamblea por los Derechos Humanos de Buenos Aires, la primera delegación en Neuquén. Posteriormente fundador, con otros compañeros, de la Corriente de Militantes por los Derechos Humanos. En el marco del juicio “La Escuelita IV” desde La Izquierda Diario dialogamos con él sobre su visión de los juicios a los genocidas, que en la región comenzaron en el 2008.

¿Qué opinas de este "desmembramiento" del juicio, por tramos, por partes?

No sé de quién es la estrategia, pero esto tiene “olor” a intención de prolongar el juicio, buscando que muchos queden sin ser condenados. Porque el tiempo pasa, las edades de ellos van avanzando como la de cualquier otro ser humano y llega un momento que, como sucedió ahora por ejemplo con Farías Barrera y Olea que por insanidad no los pueden seguir juzgando. Con ellos estaría solucionado el tema porque ya han sido condenados y esa condena no se la van a sacar, si bien no pueden participar y si bien hay que reconocer que esto lo permite la justicia, por el derecho a su defensa, por las garantías constitucionales. Cosas que se las niego rotundamente, no les reconozco ningún derecho y no quisiera darles ningún tipo de garantías, no quiero ponerlos en el paredón a ninguno, pero si quiero verlos a todos juzgados. Ya que ninguno de ellos, hasta ahora ha asumido la responsabilidad de decir la verdad y responder la pregunta de estos últimos 40 años de qué hicieron con los compañeros desaparecidos y dónde están y quiénes fueron los responsables y autores de todo lo que hicieron. Ese es único objetivo, si no se logra, es lo mismo que los condenen a 10, a 20 o a 50 años.
Este es un pensamiento personal, por supuesto, aquí lo que se busca es la verdad. La trilogía de “memoria, verdad y justicia” será muy interesante. La memoria está, está flotando desde los cuatro puntos cardinales. Pero justicia sin verdad no es justicia y para que se haga justicia tenemos que saber la verdad.

¿Cómo ves a la comunidad en relación a los juicios, al terrorismo de estado?

La sociedad ha sido víctima como todos, yo creo que está un poco desgastada, no te olvides que llevamos 40 años atrás de esto. Los primeros tiempos hubo mucha ansiedad, por supuesto, pero después – evidentemente hay que reconocerlo – la gente que no tuvo participación directa, salvo raras excepciones, terminó no por desinteresarse del tema, sino por no preocuparse más.

Y en cuanto a los jóvenes, que tanto esperamos de ellos, es cierto que hay grupos de jóvenes se han encaminado bien, siguiendo caminos que no se desviaron en momentos de definición. ¿Esto por qué lo digo? Porque hay mucho interés en quienes han participado, en quienes hemos participado en todo esto, de que se vaya sabiendo la verdad y que la juventud que no recibe los datos precisos a través de los medios, por ejemplo un análisis completo en todos los niveles de estudio, primario, secundario. Ha habido tantos desvíos en estos años de lo que fue el Terrorismo de Estado. Las consecuencias que produjo y cuando se llega al punto de quiénes tuvieron participación, ahí es donde empieza a cambiarse un poco la historia de aquéllos que quieren contar la historia a su manera.

Hay influencias que son muy pesadas, que siempre están en manos del poder. Los organismos de Derechos Humanos que hemos sido históricamente los que hemos llevado a todos los ámbitos posibles la información que íbamos obteniendo a través de la militancia, la participación y de la actividad que tuvimos, empujados también muchos por la necesidad propia que teníamos de saber la verdad, eso se ha ido perdiendo, porque lo han ido ganando organizaciones que empezaron a quedarse dentro de los ámbitos de poder político, para llevar el mensaje que a cada sector le beneficiaba. Lo usaban como una forma de tergiversar la realidad de los hechos para no llegar en profundidad a la verdad.

Acá en Neuquén la marcha del 24 de marzo es multitudinaria, es un hecho muy importante y significativo

Sí, claro. Desde que estamos en esta lucha, Neuquén ha sido el punto destacado dentro del país. No en vano Neuquén en momentos álgidos de la pelea, digamos, fue declarada la “capital de los Derechos Humanos”. No porque se hayan respetado los Derechos Humanos, ni aún en plena democracia, sino por la militancia, por la participación, también los 24 de marzo. Eso es un ejemplo concreto. También sabemos cómo es Neuquén en cuanto a su participación, a la militancia de distintas organizaciones de distintos organismos, muchos de los cuales tienen su orientación política diferente, pero el 24 de marzo nos juntamos todos, ahí se ve realmente desde dónde nace la militancia. No va sólo convocada para reivindicar su espacio político, concurre para reivindicar a los compañeros que faltan, a los que fueron víctimas, a los que fueron torturados y masacrados y al volver tuvieron el coraje de contarlo, para que de alguna manera se pueda, sobre una base firme, hacer los juicios que se están llevando a cabo.

Esto es muy destacado, porque personalmente uno tiene discusiones con muchos de los compañeros que nos abrazamos el 24 de marzo. Es decir, la sociedad en Neuquén, la militancia en la región sin distinción, ha entendido que el 24 de marzo es un símbolo que no se debe abandonar, que no se debe cambiar, que no se vende, que no se entrega. Esto no tiene precio.

Lamentablemente hemos visto en el resto del país, fundamentalmente desde el poder político, espacialmente en ésta “década ganada” cómo el poder político, que sintió que con los juicios le estaba tocando el agua en los talones, empezó a manipular a los organismos para cooptarlos y no dejarlos mover libremente para que no sigan actuando. Está bien, si entre dos hay un acuerdo es porque ambos participan, hay responsabilidades y aceptación. No nos olvidemos que quienes han querido cambiar la historia, nunca quisieron explicar lo que tienen que explicar con respecto a lo que precedió al Golpe de Estado de 76`, que es el accionar de la Triple A. Y la Triple tenía signo político.

¿Qué opinas de la exigencia al Estado de la apertura de los archivos?

No te olvides que hace un par de años, durante la primera parte del gobierno de Cristina Fernández, hubo una apertura de archivos, que se hizo con muchos bombos y platillos, y se encontró – o al menos eso se dio a conocer – todo lo que se sabía. No fue ninguna apertura de archivo, fue como darnos la razón a aquellos que veníamos contando todo desde el 76. Pero no condujeron a nada. Ahora, esos archivos existen, las Fuerzas Armadas se han cuidado mucho de guardar esos archivos. Porque ególatras y soberbios como son, porque creyeron que en algún momento iban a poder tapar sus culpas con eso. De todo lo que hicieron no puede reivindicarse nada. Es necesario saber la verdad. Yo creo que el poder político de todos estos años, sabe muy bien dónde están esos archivos, saben que están guardados. Entonces el reclamo que abran los archivos es legítimo, a cualquier signo político que esté gobernando.

Hace unos días, o semanas, el presidente Macri anuló un decreto que creo que era del tiempo del Alfonsinismo por el cual los traslados – siempre hablando de las jerarquías superiores de las FFAA – y los nombramientos de los comandantes de las tres fuerzas, pasaban por el Poder Ejecutivo, se presentaban pliegos y el Ejecutivo los analizaba. Con esto les dio amplia libertad para que hagan lo que quieran. Parecería algo sin importancia, pero no es así. Dejar eso en sus manos es un peligro para la sociedad.

¿Cuál es tu opinión sobre acusar y pedir las condenas por homicidio y no por desaparición forzada?

Cuando cae un avión o se hunde un barco, hay heridos, muertos y desaparecidos. Y estos siguen siendo desaparecidos aunque sabemos que han ido al fondo del mar porque el barco se hundió, que han explotado contra una montaña porque el avión se estrelló, pero la justicia los considera desaparecidos porque sus cadáveres no se encuentran.

Cuando empezamos a hablar con ciertos sectores del tema, el objetivo era lograr una mayor condena al ser homicidio. Ya a esa altura de los acontecimientos hace un par de años atrás, ya no me interesaba – nunca me interesó – 5, 10, 50 años, porque además sabíamos que iban a ser condenados en distintas etapas. En unas causas a 10, en otras a 15, ya todos están sumando 80 o 90 años de condena.

El tema es que ni un juez tiene autoridad para decretar una muerte. Yo entiendo que hay familiares, que por muchas razones, quisieran que esto termine o necesitan que esto termine. ¿Cómo termina esto? Con esa condena por homicidio.

Quien lo haga, es su responsabilidad, su conciencia, su necesidad que lo impulsa a hacerlo. Pero que de una acusación que lleva años, tomando Neuquén, que desde la militancia, se ha estado hablando siempre de los desaparecidos y pidiendo respuesta por las desapariciones, no creo que se pueda cambiar de un día para el otro. Aquí hay algo más profundo que ha hecho cambiar a algunos sectores, personas con las que hemos compartido estos 40 años de militancia y hemos compartido también, el concepto de desaparecido.

Aquí hubo un solo homicidio, comprobado y fue condenada la persona responsable, es el caso de Albanessi, el compañero que era cooperativista en Cipolletti. Está también el pedido que hizo una persona, de ausencia con presunción de fallecimiento para poder salir del país. Es una señora que fueron secuestrados los dos, ella volvió, su esposo no. Era muy asediada y quería irse de Argentina y llevar consigo a su hija. Dando por fallecido el padre, podía sacar la niña del país. Bueno ese es un caso conocido…

Con Inés (NdR: Inés Rigo de Ragni, su esposa y Madre de Plaza de Mayo Filial Neuquén y Alto Valle), cuando hubo un pedido concreto en juicio de condenas por homicidio, hicimos una presentación mediante una carta al Tribunal que titulamos “No maten a los desaparecidos” y manifestando nuestra opinión y por qué no acordamos. En nuestro caso – de Oscarcito – fueron condenados por desaparición forzada y hay muchas condenas por lo mismo. El tema es los compañeros que quedan ¿por qué los vamos a dar por muertos? ¿Porque no se buscan los medios para saber qué hicieron con los desaparecidos? Ninguno ha dicho “si, yo maté 10 desaparecidos”

Es cierto que en el código no estaba la figura de desaparición forzada, pero fue incluida y es válida para juzgarlos. Si fue necesario crear una nueva figura para poder juzgarlos, por qué ahora vamos a desechar eso, para darles mayor condena o, como creo yo, para terminar con los juicios.
(laizquierdadiario.com)

domingo, 27 de abril de 2014

Escuelita III: el miércoles se definirá cuándo será la fecha de la sentencia

 “Necesitamos saber qué pasó con nuestros hijos. Les estamos pidiendo verdad y justicia. Si no hay verdad no habrá justicia”, les dijo Inés Ragni, Madre de Plaza de Mayo filial Neuquén, a los jueces del Tribunal Oral Federal ayer, cuando terminó la audiencia del tercer juicio a cinco represores por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar en la región.

Parada con su pañuelo blanco en su cabeza, Ragni se dirigió a los jueces que escucharon las defensas representadas por Pablo Matkovic y Laura Giuliani. La mujer pidió que “no pasen cinco o diez años más sin saber qué es lo que pasó en este país con nuestros hijos". Y agregó: “Hay que decirles (por los jueces), hay que pedirles porque son ellos a los que tenemos que reclamarles justicia y no a estos miserables que están ahí sentados, por eso siempre seguiremos estando y reclamando".

Matkovic y Giuliani volvieron a rechazar el pedido de cárcel común y afirmaron que no hay ninguna relación entre sus defendidos y los hechos que se están juzgando.
El Tribunal informó que el martes a las 9 será el turno de las últimas palabras de los imputados Jorge Di Pasquale -ex agente de Inteligencia- y Mario Alberto Gómez Arenas -quien estaba a cargo del Destacamento de Inteligencia 182-. Un día más tarde le llegará la hora al ex segundo jefe de la Delegación Neuquén de la Policía Federal, Jorge Alberto Soza. En tanto, Luis Alberto Farías Barrera -ex jefe del personal del Comando de la Sexta Brigada de Infantería de Montaña- e Hilarión de la Paz Sosa -jefe de Sanidad de esa unidad militar- no harán uso de la palabra.
Se estima que el miércoles el Tribunal informe sobre la fecha de la lectura de la sentencia.

lunes, 2 de diciembre de 2013

La Escuelita III : Octavio Méndez responsabilizó represores porla desaparición de José Delineo

"Farías dijo que liberó a mi hermano, pero hace 37 años que no aparece"
Detalló el accionar conjunto de las fuerzas del Ejército, Policía provincial y Federal durante los secuestros del Operativo Cutral Co en junio de 1976.

 Dos sobrevivientes del Operativo Cutral Co brindaron detalles ayer ante el Tribunal Oral Federal 1 de Neuquén sobre el accionar de las fuerzas del Ejército, Policía provincial y Federal en esa localidad en junio de 1976.
En primer lugar declaró Octavio Méndez, quien tenía 15 años el 14 de junio de ese año, cuando fue detenido en la escuela secundaria donde estudiaba. Nombró al oficial Juan Vizcarra -también mencionadao el miércoles por Dora Seguel- como la persona que se presentó en la escuela para llevárselo hasta la Comisaría 14 donde estuvo detenido varias horas y fue torturado.
Méndez comentó que durante los interrogatorios a los que era sometido se le preguntaba por su hermano, José Delineo, quien estaba haciendo el servicio militar en el Regimiento de Junín de los Andes y que fue secuestrado ese mismo día y trasladado al Batallón de Ingenieros 181 de Neuquén.
Méndez recordó que, horas antes de su detención, la casa de sus padres había sido allanada. Al otro día, Octavio fue liberado en la comisaría de Plaza Huincul.
En relación con la detención de su hermano, señaló que en julio de 1976 el imputado Luis Alberto Farías Barrera, quien era jefe de personal del Comando de la Sexta Brigada, autorizó a la familia a visitarlo. "Mi hermano le dijo a mis padres que había sido torturado, sobre todo el 22 de junio, que era su cumpleaños", subrayó.
Luego de pasar por la U9, José Delineo fue trasladado al penal de Rawson. "Farías fue quien le informó  a mi madre que a mi hermano se lo había puesto en libertad y que él personalmente lo había llevado a Bahía Blanca junto a otros detenidos (Miguel Angel Pincheira, Javier Seminario y Orlando Cancio), todos continúan desaparecidos", relató.
"En ningún momento mi hermano estuvo en libertad. Incluso Farías Barrera le dio a mi madre un documento con membrete del Ejército que decía que a mi hermano lo habían dejado en libertad. Era mentira", relató. "Pasaron 37 años y todavía no llega. Uno termina pensando que está muerto, pero siempre espera que vaya a llegar", agregó.
A su turno, Pedro Maidana, también detenido el 14 de junio de 1976 en la ENET 1 de Plaza Huincul, declaró que  fue llevado a la comisaría 14 de Cutral Co donde fue golpeado y torturado con picana eléctrica y, luego, trasladado  junto a Dora Seguel, Miguel Pincheira, Luis Almarza, Sergio Méndez, entre otros, al Comando de la Sexta Brigada. Maidana tenía 19 años en el momento de los hechos, y estuvo secuestrado en los centros clandestinos de detención "La Escuelita" de Bahía Blanca y de Neuquén. Permaneció en varias cárceles del país (Rawson, Caseros y La Plata), hasta que en 1981 se le otorgó la "libertad vigilada".

"Estaban en estado deprimente"
Juan Uribe -quien era chofer de la Policía provincial a cargo de transportar a los detenidos en el Operativo Cutral Co hasta la U9- aseguró que algunos estaban “en un estado deprimente y golpeados". Uribe dijo que el vehículo era un Mercedes Benz 911 con 14 calabozos con cerrojos.
Recordó que se hizo presente en el Comando y desde allí partió una comitiva con vehículos del Ejército hacia Cutral Co, donde ermaneció cuatro horas en la puerta de la Comisaría 14 y se encargó de subir al celular a catorce detenidos. Aseguró que todos estaban con los ojos vendados, algunos golpeados y otros no.
Afirmó que era el único que tenía responsabilidad sobre lo que pasaba en el camión y que ningún otro oficial pudo ingresar a ese vehículo. Indicó que “no” había mujeres detenidas esa noche y, luego, a pregunta de los querellantes de la APDH, recordó que “habría unas tres”. Precisamente en la audiencia del miércoles, Dora Seguel dijo que fue secuestrada durante ese operativo y violada esa noche.

Pidieron archivos
El Tribunal solicitará al Ministerio de Defensa copias de los archivos de la dictadura hallados recientemente en el edificio Cóndor para ser incorporados a este juicio.
Piden no enjuiciar a Gómez Arenas

El defensor Pablo Matkovich solicitó al Tribunal que se lleve adelante una nueva junta médica para evaluar la capacidad de estar en el juicio del imputado Mario Gómez Arenas, ya que aseguró que su salud es “desfavorable”.
Indicó que su defendido no está bien de salud y que, cuando le habla, él mismo no lo entiende.
Los querellantes de la Asamblea por los Derechos Humanos (APDH) se opusieron a este pedido por calificar de "subjetiva" la apreciación del defensor de quien fuera jefe de Inteligencia del Destacamento 182. Las demás querellas requirieron ver los estudios realizados a Gómez Arenas.
El presidente del Tribunal, Leónidas Moldes, aclaró que, como esos estudios están en la Cámara de Casación, recién a su regreso podrá pasarles vistas.

domingo, 1 de diciembre de 2013

LA ESCUELITA III - Juicio Demorado :Víctimas de Operativo CUTRAL CO

Espera incansable
 
Neuquén > “Quiero decirles que si hoy estoy en este juicio es para honrar la desaparición de mi esposo, Miguel Ángel, y de los demás desaparecidos”, inició ayer su declaración Juana Aranda, la esposa de Miguel Ángel Pincheira, secuestrado durante el Operativo Cutral Co el 14 de junio de 1976.

Al describir el momento del secuestro, Aranda recordó que esa noche golpearon en su casa e ingresaron oficiales de las “Fuerzas Armadas con ametralladoras”, acompañados por un vecino que pedía disculpas. “Mi marido estaba con nuestro hijo y me pedía que me tranquilizara, me aseguraba que no iba a pasar nada”, describió.

En la comisaría de Cutral Co le dijeron que lo habían trasladado a Neuquén. “Fue Farías Barrera quien me dijo que lo podía ver en la U9; lo vi dos sábados seguidos y el tercero ya no estaba”, aseguró.

La testigo confirmó que Farías Barrera la recibió en varias oportunidades y que le expresó que su marido “era un pobre perejil, que tenía que saber dónde estaba Oscar Hodola”, otro de los secuestrados en el operativo. Luego le indicaron que lo habían trasladado al penal de Rawson, donde el 16 de octubre de 1976 lo vio por última vez.

“Farías me presentó un papel donde decía que mi marido había quedado en libertad y que me quedara tranquila que ya iba a llegar”, contó.
Más tarde fue a buscar al mayor Oscar Reinhold a su casa de Bahía Blanca, quien le confirmó que “había estado a cargo de él y que le había dado la libertad. Le expliqué que nunca había llegado a casa y me contestó ‘se habrá ido con otra mujer’”.

viernes, 29 de noviembre de 2013

Testigo que no había declarado por dudas que los represores cumplan las condenas

El testigo Norberto Blanco dijo hoy que se decidió a declarar en el tercer juicio en Neuquén por crímenes de lesa humanidad porque "lo merecen" los asesinados y quienes lucharon "por los derechos humanos durante estos 37 años".

Sobreviviente del centro clandestino de detención "La Escuelita", Blanco no había declarado en los dos juicios anteriores debido a una salud quebrantada y también, explicó, por dudas sobre que los "represores cumplan con la condena que les impongan".

En su exposición ante el Tribunal Oral Federal 1, recordó que tras ser detenido en agosto de 1976 permaneció vendado y encadenado a una cama por unos diez días, en los que fue interrogado bajo torturas con picana eléctrica y golpes.

"Después de la picana sentía en la boca, la lengua y el paladar una especie de pasta que me impedía hablar", declaró en el juicio contra cinco represores imputados por delitos de lesa humanidad.

En diálogo con la prensa, Blanco señaló que "tuve mis dudas para presentarme a declarar porque tengo dudas de que estos represores cumplan con la condena que les impongan si cambian en un plazo determinado las condiciones políticas".

"Lo hice porque se lo merecen los compañeros que han militado conmigo (integraba en 1976 la juventud del Partido Comunista) y fueron asesinados y que ya no están, más allá de lo que me pasó a mí, y también por la gente que ha luchado por los derechos humanos durante estos 37 años", añadió.

Blanco consideró que que "estos procesos para la Argentina son muy positivos pero en la sociedad no han tenido la repercusión que se merecen".

El testigo expresó además que "esto puede volver a repetirse porque subsisten aún los factores de poder y las causas económicas que generaron la matanza de los años de la dictadura".

"Quienes manejaron siempre el país, la oligarquía, las corporaciones mantienen su poder económico y cuando se quiso aplicar las retenciones, la Sociedad Rural salió a cortar rutas y a mostrar su poder y consiguieron los jueces necesarios para impedir su aplicación y también lo hicieron con la ley de medios".

Blanco estimó que "esto pasa más allá de que tengamos un gobierno que quiere hacer algunas reformas que posibiliten una mejor distribución de la riqueza, un mejor acceso de las clases populares a la educación o a la vivienda".

En esta audiencia dio además su testimonio Edgardo Kristensen, quien también fue detenido en 1976 y estuvo secuestrado en "La Escuelita".

En su exposición, relató que su hermano Carlos permaneció detenido en la cárcel de Rawson y en 1979 tuvo la opción del exilio en Dinamarca, donde falleció en 1996.

Carlos Kristensen se destacó como un hombre de la cultura y las letras y por esa razón se incorporó como prueba documental en el juicio uno de sus libros, titulado "Salmos del Exilio", donde refleja en poesías la crudeza de la represión y del exilio sufrido junto a su familia.

domingo, 3 de noviembre de 2013

Testigos comprometen a los federales:asegura que se camuflaban como trabajadores y linyeras

Las partes acusadoras buscaron durante la audiencia de ayer dejar en claro la participación de la Policía Federal en Neuquén en los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.

Neuquén > Las partes acusadoras en el juicio de La Escuelita III buscaron durante la audiencia de ayer dejar en claro la participación de la Policía Federal en los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.

El testigo Rubén Sandoval, primo de las hermanas Arlene, Argentina y Dora Seguel, fue contundente al indicar que efectivos que exhibían credenciales de la Policía Federal fueron los que se llevaron desde su vivienda en Cutral Co a Arlene.

Sandoval, quien por primera vez tuvo la oportunidad de contar su historia ante el Tribunal Oral Federal de Neuquén, relató que sus tíos se presentaron al día siguiente del secuestro en su vivienda de esta capital y desde ahí comenzaron una larga recorrida para hallar a su prima.
La primera visita fue ante el oficial González de la Policía Federal, quien les dijo que no sabía nada. Luego Sandoval recurrió a su padre quien había sido Policía provincial en tiempos de territorios nacionales.
Por intermedio de una pareja amiga el padre de Sandoval concretó una cena familiar a la que invitó a un agente de la Policía Federal de apellido Ricomini para intentar obtener datos de Arlene.
“Estoy bastante cansado porque recién llegué de Buenos Aires de llevar a una guerrillera muy peligrosa”, recordó Sandoval que dijo aquel oficial durante la cena. Recordó que ante esos dichos el temor invadió a la familia. Era apenas el inicio del terror. Minutos más tarde golpearon a la puerta dos policías de civil quienes se llevaron a Argentina Seguel.

“A uno de los dos policías yo lo conocía porque había trabajado conmigo, era Francisco Chaneton”, precisó el testigo. Esa noche la Policía se llevó a Argentina y un tiempo después también secuestraron a Dora, ambas liberadas, mientras que Arlene aún continúa desaparecida. Las gestiones del padre de Sandoval concluyeron ante una “recomendación” de un comisario de apellido Vargas, quien les indicó que dejaran de buscar porque se iban a “ver comprometidos”.

“La pasaron muy mal, hasta fueron violadas”, precisó Sandoval en referencia a los padecimientos de sus primas durante el cautiverio.
También declaró durante la tarde de ayer Hugo Monsalvez, quien realizó el servicio militar durante 1976. Dijo que era habitual ver a los oficiales entrar y salir del destacamento de civil y que varias veces los vio disfrazados de choferes de colectivo, con mamelucos y hasta de linyeras.

Recordó además que en una oportunidad vio un camión azul de la Policía en el playón del Comando, donde había detenidos dentro. “Cuando le pregunté al oficial Taquini quiénes eran, me dijo: ‘Son terroristas de Cutral Co’”, afirmó.

martes, 15 de octubre de 2013

La "Escuelita III" : juicio histórico de los "prófugos"

Un nuevo paso en busca de justicia

Cuatro integrantes del Ejército y un miembro de la Policía Federal Argentina serán juzgados a partir del jueves en un nuevo tramo del juicio por delitos de lesa humanidad ocurridos en Neuquén durante la última dictadura militar.

Por Pablo Montanaro


Neuquén > El próximo jueves 17 a las 9 comenzará en esta ciudad el tercer juicio oral y público contra cinco represores (cuatro ex militares y un ex policía) que actuaron en Neuquén durante la última dictadura militar acusados por delitos de lesa humanidad. Los hechos que serán ventilados en las audiencias a desarrollarse en el Salón Verde de AMUC (Avenida Argentina 1637) involucran a un total de 56 víctimas (17 del primer juicio desarrollado en 2008 y 39 del segundo juicio de 2012).
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Neuquén convocó a 61 personas para que declaren como testigos.
 
“De los prófugos”, tiene como imputados a Jorge Di Pasquale, quien en el momento de los hechos se desempeñaba como teniente coronel de Inteligencia; Jorge Soza, segundo jefe de la Delegación Neuquén de la Policía Federal; Mario Alberto Gómez Arenas, jefe de Inteligencia del Destacamento 182; Luis Alberto Farías Barrera, jefe de Personal del Comando de la Sexta Brigada, e Hilarión de la Pas Sosa, jefe de la sección Sanidad de la Brigada de Infantería de Montaña VI. En tanto, el ex comisario Héctor Mendoza, quien estaba a cargo de la Comisaría 14 de Cutral Co en el momento de los hechos, fue apartado del juicio por motivos de salud.
Tanto Gómez Arenas como Pas Sosa y Farías Barreras se incorporaron a este tercer juicio ya que quedaron fuera del proceso judicial realizado el año pasado a raíz de problemas de salud.
Di Pasquale, quien se encuentra en el penal de Marcos Paz cumpliendo condena, estará presente en la audiencia de apertura del debate ya que el Tribunal Oral Federal no hizo lugar a la solicitud presentada por su abogado defensor, Pablo Matkovich, para que se lo exima de asistir. Matkovich planteó que el ex represor no debía estar presente durante la lectura de la acusación, entre otros motivos, porque la Unidad 9 no está en condiciones de alojarlo.
Para el fiscal Adrián García Lois, junto a su par Marcelo Grosso, el  pedido de la defensa de Di Pasquale “encubre la intención de mejorar un privilegio”.
Por otra parte, el tribunal no hizo lugar a la solicitud para que se revoquen las detenciones domiciliarias de Gómez Arenas, Farías Barrera, De la Pas Sosa y Soza, pedido formulado por las querellas. Sin embargo, la APDH interpuso un recurso de reposición.
Matkovich asistirá además a De la Pas Sosa, Farías Barrera y Gómez Arenas, mientras que Laura Giuliani representa a Soza.
En la audiencia preliminar, Matkovich aseguró que Di Pasquale iba a declarar el primer día de debate. Lo mismo que Soza, que lo hará por el lapso de una hora, según adelantó su defensora, Giuliani. En tanto, De la Pas Sosa, Farías Barrera y Gómez Arenas no prestarán declaración.
Además, el tribunal resolvió que los testigos víctimas que están fuera del país declaren en oficinas del consulado, como es el caso de Pedro Justo Rodríguez, y que se reproducirá el material fílmico de quienes hayan declarado y no puedan hacerlo en esta oportunidad.
Los querellantes de la parte acusadora la componen Marcelo Grosso y Adrián García Lois (Fiscalía Federal), Juan Cruz Goñi (Asamblea por los Derechos Humanos, APDH), Ivana dal Bianco y Natalia Hormazábal (Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, Ceprodh) y Marcelo Medrano (Secretaria de Derechos Humanos de la Nación).

lunes, 1 de abril de 2013

Neuquén volvió a decir "Nunca más"

Más de 10 mil neuquinos se convocaron ayer en el centro de la ciudad a 37 años del inicio de la dictadura cívico militar y para recordar a los 30 mil desaparecidos que dejó el accionar represivo.

Neuquén > La capital de los derechos humanos volvió a salir a la calle otro 24 de marzo, con sus banderas en alto, sus manifestaciones artísticas y sus Madres de Plazo de Mayo encabezando una multitud.
Más de diez mil personas se movilizaron por Neuquén para gritar “¡Nunca más!”, la clásica consigna en repudio de la dictadura cívico-militar que comenzó el 24 de marzo de 1976. Atravesada por la coyuntura nacional, que dividió en tres a la columna de manifestantes, los discursos de los oradores sobre el Monumento a San Martín hicieron eje en exigir la aparición con vida de los desaparecidos en democracia, en repudiar el “Proyecto X” de inteligencia del gobierno nacional, reclamar el fin de la criminalización de la protesta y el rechazo a la sentencia del juicio La Escuelita II.

La concentración comenzó a las 20, donde Madres de Plaza de Mayo Filial Neuquén y Alto Valle encabezaron la columna por la avenida Argentina, acompañada por organismos de derechos humanos. Luego, una vez comenzada la movilización, se sumaron distintas columnas que se dividieron en dos, las peronistas y las de izquierda.

La organización de la marcha había dispuesto que la movilización no pase frente al Comando de la VI Brigada de Montaña y montó un pequeño operativo de seguridad sobre la calle Teniente Ibañez para que la columna gire en la esquina anterior del edificio. El Comando estaba vallado alrededor de toda su manzana y, detrás del cerco, había una veintena de policías y bomberos. Para obligar a que las columnas doblen por Ibañez y vuelvan hacia el Monumento, la organización colocó un cordón humano en la esquina que sostenía una pancarta con la consigna: “Cárcel común, perpetua y efectiva”.

Oscar Ragni, de la Corriente por los Derechos Humanos, fue el primero en hablarle a la multitud. “Somos más”, repitió emocionado. Criticó el “Proyecto X” porque, según dijo, le da “impunidad a los buchones”. Además, resaltó que la Legislatura neuquina no aprobó una comunicación al gobierno nacional para saber “quién nos persigue, a quiénes, por qué y a pedido de quién”.

Luego, Zainuco, organización de abogados por los Derechos Humanos en las cárceles neuquinas, reiteró su pedido para evitar la criminalización de la pobreza. “La dictadura sigue actuando en las cárceles a través de la represión policial”, dijo su orador.
Desde HIJOS se pidió el fin del gatillo fácil policial, al cual le adujeron más de 3 mil casos, y 300 muertos en represiones abiertas. Además, dijeron que el juicio de La Escuelita II fue un “castigo falaz, un circo judicial y una farsa de justicia”.

Fuente: La Mañana

martes, 6 de noviembre de 2012

Escuelita II : un fallo que premia la impunidad

Indignación entre familiares generó el veredicto que se conoció este martes (06/11/12) en el segundo tramo del juicio por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar en el centro clandestino de detención conocido como La Escuelita. Seis de los 21 acusados recibieron condenas severas -de entre 19 y 23 años de prisión- mientras que siete recibieron penas más bajas de lo esperado por la querella. En tanto, ocho fueron absueltos, entre ellos los policías rionegrinos:

1. José Ricardo Luera: condenado a 23 años de prisión

2. Oscar Lorenzo Reinhold: condenado a 21 años de prisión

3. Enrique Braulio Olea: condenado a 22 años de prisión

4. Francisco Julio Oviedo: condenado a 4 años de prisión

5. Enrique Casagrnade: condenado a 8 años de prisión

6. Máximo Hubaldo Maldonado: condenado a 7 años de prisión

7. Osvaldo Antonio Laurella Crippa: condenado a 23 años de prisión

8. Sergio Adolfo San Martín: condenado a 19 años de prisión

9. Jorge Eduardo Molina Ezcurra: condenado a 19 años de prisión

10. Raúl Antonio Guglielminetti: condenado a 12 años de prisión

11. Antonio Alberto Camarelli: 10 años de prisión

12. Gustavo Vittón: condenado a 8 años de prisión

13. Miguel Ángel Quiñones: condenado a 6 años de prisión

14. Saturnino Martínez: absuelto

15. Jorge Osvaldo Gaetani: absuelto

16. Serapio del Carmen Barros: absuelto

17. Emilio Jorge Sacchitella: absuelto

18. Gerónimo Emilio Huircaín: absuelto

19. Oscar Ignacio del Magro: absuelto

20. Julio Héctor Villalobos: absuelto

21. Desiderio Penchulef: absuelto

El veredicto generó bronca entre las víctimas y los organismos de derechos humanos que llegaron hasta el lugar. Las querellas de la APDH, la secretaría de Derechos Humanos y el CEPRODH consideraron que hubo penas "muy bajas" y absoluciones no esperadas (ver nota).

Por su parte el fiscal Marcelo Grosso declaró a la prensa, en medio de los cuestionamientos de los allegados a las víctimas, que no le conformó el veredicto y que buscarán apelar. "Vamos a evaluar la posibilidad de ir en casación por algunas absoluciones", señaló el funcionario judicial quien dejó en claro que "no cubrió las expectativas de la fiscalía. Pretendíamos otras penas y otras condenas".

En tanto los abogados Rodolfo Ponce de León y Paola Rubianes, únicos representantes de la defensa que estuvieron presentantes, se mostraron conformes con el veredicto. "No hay que agarrárselas ni con los defensores ni con los jueces. Hay que agarrárselas con los que tenían el trabajo de acusar y no acusaron", lanzó Ponce de León (ver nota).

Tras la lectura del veredicto, militantes, organizaciones sociales, partidos y sindicatos se movilizaban desde el salón de Amuc hasta los tribunales federales ubicados en el centro de la ciudad de Neuquén para manifestar su descontento.

Los jueces Orlando Coscia, Mariano Lozano y Eugenio Krom leyeron el veredicto a los 21 acusados por delitos de lesa humanidad, por 39 denuncias de detenidos - desaparecidos en la última dictadura en Neuquén y Río Negro. Ninguno de los imputados estuvo presente durante la audiencia final.

La lectura comenzó a las 7:30 en el salón Verde de Amuc, el lugar donde se han desarrollado las audiencias desde abril, cuando comenzaron los testimonios de los sobrevivientes que padecieron tormentos durante el golpe de Estado. En la voz de Coscia el veredicto culminó antes de las 8.30 e hizo estallar el murmullo y las críticas de los presentes en la sala.

Además de las condenas y las absoluciones, en un veredicto de más de 30 puntos, también se estableció la separación de declaraciones por distintos pedidos. Entre lo concedido existe un planteo del defensor Ponce De León para revisar la Instrucción de la causa. También se resolvió por presuntos falsos testimonios.

De las 39 desapariciones que se trataron en las audiencias, seis corresponden a militantes barriales y políticos de los que nunca se supo su destino.

En el juicio la Apdh pidió que las desapariciones forzadas fueran contempladas como homicidio, y este planteo fue derivado por el tribunal a la instrucción, por lo que, a diferencia de lo que ocurrió en juicios como el de Bahía, la figura de homicidio no fue parte de las condenas.

Tras conocerse el veredicto varios de los referentes que siguieron las instancias, que investigaron a los responsables por los delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino la Escuelita, expresaron su bronca y el compromiso de continuar con la lucha por la verdad y la memoria.

"Vamos a seguir luchando", sintetizó Inés Ragni, Madre de Plaza de Mayo, quien agregó que "no nos sentimos derrotadas porque la sangre de nuestros hijos no tiene precio, no se vende a ningún gobierno a ningún fiscal ni abogados".

Para Sergio Méndez Saavedra, detenido de Cutral Co, cuestionó la actitud del abogado Rodolfo Ponce de León y la otra defensora presente, Paola Rubianes, al decir "la pena vergonzosa que dan estos abogados". Agregó que los jueces del TOF dictaron "un fallo de impunidad".

"No es una burla, es realmente un acto criminal que ha cometido por este tribunal y la justicia Federal", sintetizó Eduardo París, quien fue víctima de la última dictadura militar.

Otro de los referentes que se expresó fue Oscar Ragni quien dijo lo siguiente: "Es una actitud de venganza de él (por Olea) por lo que está padeciendo. Porque ellos saben que secuestraron, torturaron, mataron, robaron y desaparecieron, pero a los compañeros no les ganaron. Los compañeros donde estén están libres y ellos (por los imputados) están aquí y ahora y tendrán que cumplir, no importa que sea un año, cinco, diez o cincuenta, pero tendrán que avenirse a lo que diga la Justicia. Los compañeros y las compañeras desaparecidas les han ganado".

jueves, 1 de noviembre de 2012

A poco de la sentencia en el juicio "Escuelita II"

LOS JUZGA UN TRIBUNAL…

Como lo hemos sostenido desde el principio, estos juicios tardíos no son una concesión graciosa de ningún poder político para saciar la sed de venganza de un sector particular, sino que constituyen el fruto de más de 36 años de lucha inclaudicable por el Juicio y Castigo a los Genocidas.
Lamentablemente, las secuelas de tantos años de impunidad se han plasmado en la manera en que se llevan a cabo, de forma parcializada y sin un criterio en común para dar respuesta a la elección discrecional de algunas “victimas” por sobre otras. No es necesario ser muy perspicaz para entender que el desguace de la causa tuvo entre sus objetivos, desvirtuar la verdad histórica de lo ocurrido en nuestra región y en el país en general. Además de garantizar la impunidad a muchos de los imputados que serán juzgados en varios tramos por uno o dos casos, buscando obtener penas menores que disminuyan su responsabilidad en el Plan Genocida.


Es así, que a 7 meses de iniciado el Juicio “Escuelita 2”, en que se juzga solo a 22 Genocidas de Rio Negro y Neuquén, es necesario reafirmar algunas denuncias y apreciaciones que hemos hecho públicas en el transcurso del mismo. Estas evidencian cual ha sido el rol asumido por la “Justicia”, representada por el Tribunal Oral Federal de Neuquén, conformado por Orlando Coscia, Eugenio Krom y Mariano Lozano y por la Fiscalía Federal.
En principio, continua siendo una aberración moral que, quienes son juzgados por los crímenes más atroces que se pueden cometer contra la humanidad, cuenten con innumerables beneficios. Mediante ellos, se busca equiparar simbólicamente a las víctimas directas con los victimarios, y generar situaciones de peligro y vulnerabilidad para quienes tienen el peso de dar su testimonio como única prueba fehaciente de imputar responsabilidades a los acusados. Todos ellos, pertenecientes a las Fuerzas Represivas han mantenido y seguirán manteniendo, un “pacto de silencio”; además de haber eliminado y ocultado las pruebas materiales que los incriminan. Sirviéndose para ello de acuerdos espurios con el poder político de los sucesivos gobiernos constitucionales, y consolidando así, las garantías de impunidad brindadas por el Estado y que todo proceso genocida exige.


Ante esta realidad notoria, los jueces anteriormente mencionados, han optado por proteger y beneficiar sistemáticamente a los genocidas. Permitiendo abiertamente el maltrato y hostigamiento a las víctimas-testigos y sus familiares. Incluso reprimiéndonos como al comienzo del Juicio, cuando de una de las camionetas en que se transportaba a los imputados, se dispararon tres granadas de gas pimienta que lesionaron a una compañera en su rostro y ocasionaron problemas respiratorios a muchos de los presentes. Asimismo, este tribunal admitió como “testigos” a varios genocidas que reconocieron en sus declaraciones su participación activa en el plan y que han sido identificados por las propias víctimas, como el ex comisario de la Policía de la Provincia de Neuquén, Alejandro Rojas y el oficial de inteligencia de la Policía de la Provincia de Rio Negro Jorge Galera, entre muchos otros.

En contraposición a los numerosos beneficios que se brindó a los genocidas, como no asistir a la mayor parte de las audiencias, permisos de viajar a visitar a sus familias, excarcelaciones y prisiones domiciliarias para la mayoría de ellos, e incluso permitir que amedrenten e insulten en medio de su testimonio a una víctima; Este tribunal no dudo en amenazar con echar de la audiencia a las Madres de Plaza de Mayo de Neuquén y Alto Valle, y en expulsar de la misma a una hija de desaparecidos y a una víctima por romper el silencio ante tamañas injusticias sufridas en el proceso judicial.
Este mismo tribunal, que alegó ser el responsable principal de la seguridad y de garantizar los buenos modales en las audiencias, permitió en incontables oportunidades que los abogados defensores atacaran ferozmente a las víctimas, tildándolas de fabuladoras, mentirosas, delincuentes, entre otros adjetivos peyorativos.
Asimismo, censuró el reclamo mayoritario de la sociedad, expresada a través de organizaciones, victimas, sobrevivientes y familiares, de que se respete la verdad histórica de lo sucedido y se condene por genocidio a los responsables, al negarse a recibir el petitorio elaborado al respecto y rechazando exclusivamente a las testigos de concepto ofrecidas por el CeProDH, quienes debían exponer sobre el tema, después de haber aceptado la totalidad de testigos de concepto ofrecidos por el resto de las partes.

Por su parte, la Fiscalía solicitó penas irrisorias que van de 24 a 5 años de prisión. Alega que es un atenuante para la totalidad de los imputados gozar del concepto de ser “buenos vecinos”. PARA LA FISCALÍA LOS EJECUTORES DE ESTE PLAN GENOCIDA QUE SECUESTRARON, TORTURARON Y DESAPARECIERON A NUESTROS COMPAÑEROS DEBEN SER CONSIDERADOS COMO BUENOS VECINOS Y POR ENDE GOZAR DE PARTE DE LOS ATENUANTES QUE PERMITE UTILIZAR EL CODIGO PENAL.
LOS CONDENAMOS TODO@S!!

Desde el inicio en la Causa “Escuelita II”, decidimos participar activamente de todas las instancias del juicio para acompañar a los testigos-víctimas y a sus familias, para reivindicar la ideología y la militancia política de los compañeros/as desaparecidos/as y para denunciar las arbitrariedades del tribunal, de las defensas y de las querellas que representaron la versión oficial. Participamos de este momento histórico para ser testigos presenciales de la resolución de los juicios a los genocidas que intentó desde el inicio ponerle ”punto final” a más de 36 años de lucha del pueblo trabajador. Militamos contra la impunidad, para que no quede asentada en este tramo del juicio, ni en los venideros, la “historia oficial” que se ha construido desde el poder y se ha legitimado en este tribunal. En las calles esperamos el primer día de Audiencia a los Genocidas para manifestar nuestro repudio y condena social. Trabajamos junto a compañeros y familiares para realizar un homenaje al compañero desaparecido Celestino Aigo, vecino del barrio Villa Florencia y militante por los derechos de los pueblos originarios. Junto a su familia plantamos un árbol, pintamos un mural y fuimos parte de un conmovedor acto en su memoria. También, invitamos a Daniel Eduardo Feierstein, especialista en genocidio, para continuar con los debates y argumentos políticos y jurídicos que reafirman que se puede y debe juzgar bajo esta figura a los imputados de la Causa Escuelita II.
Nos nucleamos en la “Multisectorial contra el genocidio” para organizar acciones conjuntas con otros sectores sociales, sindicales, de derechos humanos, políticos, estudiantiles, victimas, testigos y familiares, para exigir: la condena por genocidio en cárcel común, perpetua y efectiva para todos los culpables, para que los policías que fueron llamados a declarar como testigos sean imputados por su participación indispensable en el plan genocida, para que no se desacreditara la declaración de los testigos-victimas, etc. La primera expresión conjunta de la multisectorial, fue un petitorio que expresaba con cientos de firmas, la exigencia del respeto a la verdad histórica y la condena por Genocidio a los 22 Imputados.

Continuamos en la calles y junto a la Multisectorial señalizamos la Comisaría 4º de Cipolletti, como Centro Clandestino de Detención y Torturas, en el que accionaron los acusados: Enerio Gerónimo Huircaín, Antonio Camarelli, Saturnino Martinez, Oscar Ignacio Del Magro, Julio Hector Villalobos, Desiderio Penchulef y Miguel Ángel Quiñones. Allí se informó a los vecinos que durante la dictadura cívico-militar la policía de Río Negro tuvo un rol activo en la represión ilegal tal como lo declararon decenas de testigos y familiares víctimas del terror organizado. En esa actividad se dejó asentado que el plan genocida no podría haberse ejecutado sin el accionar conjunto de las fuerzas armadas y las fuerzas policiales provinciales que integran hasta hoy un aparato represivo que el propio estado no ha querido desmantelar.

Consideramos que la única forma de lograr el respeto por la verdad histórica y concretar el Juicio y Castigo, es y será la movilización del pueblo trabajador.

Es por ello que este Viernes 2 de Noviembre llamamos a movilizarnos a las puertas del Tribunal para exigir una vez más que el Estado, a través de sus sentencias, reconozca que en Argentina, y en nuestra región, se planificó y ejecutó un GENOCIDIO y condene a los 22 imputados a Cárcel común, perpetua y efectiva.
Porque la verdad es revolucionaria seguimos en la lucha sin dar “ni un paso atrás”.

ACTIVAR, 1 DE OCTUBRE DE 2012

domingo, 28 de octubre de 2012

Multisectorial contra el genocidio


 27 de octubre de 2012
Comunicado de Prensa

La Multisectorial contra el Genocidio informa a los medios de comunicación y por su intermedio a la comunidad de Neuquén y Río Negro que el domingo 28 de octubre a las 18 hs, frente a la Comisaría 4º de Cipolletti realizaremos la SEÑALIZACIÓN de ese lugar que en la época de la dictadura funcionó como centro clandestino de secuestro y tortura. La actividad consiste en señalar Públicamente el lugar, informar a los vecinos e indicar que por allí pasaron compañeros que fueron sometidos a tremendos tormentos. Habrá radio abierta, discursos políticos y expresiones artísticas. 

LA POLICIA DE RIO NEGRO Y LA COMISARIA DE CIPOLLETTI.
Durante la dictadura cívico-militar la Policía de Río Negro tuvo un rol sumamente activo en la represión ilegal. Decenas de testimonios de Víctimas secuestradas y torturadas por esta Fuerza, familiares, testigos y múltiples documentaciones militares y policiales de la época dan cuenta de su accionar conjunto en el Plan Genocida. LA COMISARIA DEL CENTRO DE CIPOLLETTI no solo fue un lugar de detención y traslados de las víctimas secuestradas, sino que fue UN CENTRO CLANDESTINO DE SECUESTROS Y TORTURAS. Según consta de las investigaciones judiciales y denuncias, mas de 25 vecinos/as fueron secuestrados y torturados en esta Comisaría, de los cuales muchos aún continúan desaparecidos.

ALGUNOS POLICIAS DE RIO NEGRO QUE ACTUARON EN ESTA COMISARÍA CONVENCIDOS DE LLEVAR ADELANTE EL PLAN GENOCIDA

Antonio Camarelli Comisario retirado de la Policía de Río Negro. En el año 1976 se desempañaba como Jefe de “operaciones especiales” en la zona que abarca Catriel hasta Allen. 
Miguel Angel Quiñones: Comisario Retirado de la Policía de Río Negro. En los años de la Dictadura era Oficial de Inteligencia. Actuaba y dirigía los grupos de tareas que realizaban los secuestros y torturas en la Comisaría 4º. –
Julio Héctor Villalobos: Ex Oficial de la Policía de la Policía de Río Negro. Actuaba en los secuestros y torturas en la Comisaría 4º. 
Oscar Ignacio del Magro: Sub Comisario retirado de la Policía de Río Negro. Durante la dictadura se desempeñaba de civil y pelo largo para poder  accionar como “buchón” de la comisaría 4º de Cipolletti. Participó del grupo de tareas que secuestró, interrogó y torturó a Raúl Sotto entre otros. 
Enerio Gerónimo Huircaín: Comisario Retirado de la Policía de Río Negro. Era Oficial encargado del área Inteligencia. Actuó en operativos de secuestros y torturas en la Comisaría 4º de Cipolletti. Fue denunciado por varios vecinos de esta ciudad como su captor o torturador. También realizaba tareas de inteligencia en los Sindicatos. 
Saturnino Martinez: Se desempeñaba como Sub-Oficial de la Policía de Río Negro. Es denunciado como uno de los encargados de aplicar el “Submarino” y otras Torturas en la Comisaría 4º. 
Desiderio Penchulef: Ex Comisario Principal de la Policía de Río Negro, Jefe de la Comisaría de Cinco Saltos durante la dictadura. Participó de los secuestros de Roberto Liberatore y Pedro Justo Rodríguez entre otros. 
Jorge Alberto Galera: Ex Oficial de Inteligencia de la Policía de Río Negro –actuó en la comisaría de Cinco Saltos – Estuvo imputado en el primer Triple Crimen (1997). Fue uno de los que estuvo a cargo del secuestro de Roberto Liberatore.
EL GENOCIDIO DE AYER Y LA IMPUNIDAD DE HOY.
El plan Genocida no podría haberse ejecutado sin el accionar conjunto de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas policiales federales y provinciales que integran hasta el día de hoy un Aparato Represivo que el propio estado no ha querido desmantelar. No solo cientos de represores continúan en funciones sino que se mantienen prácticas de persecuciones, inteligencia, torturas, desapariciones y muertes. 
La propia institución policial de Río Negro es una de las actoras principales de estas prácticas. El primer Triple Crimen, la Trata de Mujeres, los crímenes a los Jóvenes de Bariloche, la desaparición de Solano en Valle Medio son solo algunos ejemplos de Impunidad que sigue gozando esta Fuerza.
Es por ello que convocamos a la comunidad a sumarse al reclamo por justicia verdadera, y la condena por Genocidio en cárcel común, perpetua y efectiva a todos los responsables.
LOS JUZGA UN TRIBUNAL. 
LOS CONDENAMOS TODOS Y TODAS!!
MULTISECTORIAL CONTRA EL GENOCIDIO
 NEUQUÉN Y RIO NEGRO

miércoles, 3 de octubre de 2012

Causa "La Escuelita II" pedido de condena por Genocidio


El Ceprodh reclamó que se condene por genocidio

"Que la pena coincida con la verdad histórica". Pidió 12 perpetuas y diez de 30 años de cárcel.

NEUQUÉN (AN).- La querella del Centro de profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh) reclamó ayer que el Tribunal Oral Federal condene a los 22 imputados "por genocidio", para que la pena judicial "coincida con la verdad histórica" de lo que ocurrió en el país a partir del 24 de marzo. Con ese enfoque pidieron penas perpetuas y a 30 años de cárcel.

"En Argentina tuvo lugar un genocidio, cometido por genocidas que cometieron actos genocidas; el genocidio no es un marco, como se ha consignado en algunas condenas en juicios similares en otros puntos del país- sino un delito", subrayaron las querellantes Ivana Dal Bianco y Natalia Hormazábal.

En una extensa explicación indicaron que no aceptan el argumento de la falta de tipicidad legal para no condenar por este delito, porque entienden que existe el encuadramiento en el artículo 55, que habla de "concurso de delitos" y porque la Convención Internacional para la prevención y sanción del delito de genocidio, caracteriza lo ocurrido en Argentina "en los apartados a, b y c del artículo 2".

Sostuvieron que genocidio es "un crimen de crímenes" que se produjo en medio de un ataque desmedido en contra de la militancia, cuando fueron secuestrados, torturados, desaparecidos "por su pertenencia a un grupo nacional", a una parte del país que buscaba "pelear por un país sin explotadores ni explotados".

Detallaron que el señalamiento de este grupo nacional fue hecho "por el mismo represor" que buscó en el "aniquilamiento" de este sector su herramienta para transformar lo que requería, la imposición de un modelo económico.

Con un paralelismo sobre cómo en la región se aplicaron los mismos mecanismos del "plan genocida" que operó en el resto del país, argumentaron que los jueces deben condenar por genocidio para que "la verdad histórica coincida con la verdad judicial".

Consideraron probado el ataque a la militancia en la región, tanto la gremial, como la estudiantil y la política.

"En nombre de los desaparecidos, de Jorge Julio López, de los trabajadores y el pueblo pobre", pidieron las siguiente penas: para Oscar Reinhold, Hilarión Sosa, Enrique Olea, José Luera, Gustavo Vitón, Jorge Molina Ezcurra, Sergio San Martín, Julio Oviedo, Enrique Casagrande, Raúl Guglielminetti, Alberto Camarelli y Antonio Laurella Crippa, cadena perpetua.

Para Jorge Gaetani, Máximo Maldonado, Serapio Barro, Emilio Sacchitella, Miguel Quiñones, Gerónimo Huircaín, Oscar Del Magro, Saturnino Martínez y Desiderio Penchulef, 30 años de cárcel.
El público colmó la sala de audiencias

La sala de audiencias volvió a estar colmada de público como en los primeros días de juicio, cuando se escucharon los relatos de los sobrevivientes de la dictadura militar.

Los 22 acusados ingresaron al salón bajo los cánticos de "asesinos", "a donde vayan los iremos a buscar", y bastó una sola advertencia del presidente del tribunal, Orlando Coscia, de que ordenaría el desalojo si persistían en esa actitud, para que no se repitiera la escena.

Sí hubo aplausos, en dos oportunidades, ante las afirmaciones de las querellantes durante su interpretación de la prueba: una de ellas fue cuando plantearon que los imputados no habían dicho la verdad cuando se declararon inocentes.

Las abogadas pusieron especial énfasis en sostener su planteo de rechazar la figura de homicidio para los desaparecidos, seis entre las víctimas de este proceso. Destacaron que alegaban por 38 víctimas, ya que encuadraron el caso de José Luis Cáceres (fallecido, que llevado a la tortura en "La Escuelita" por una interna parapolicial con Raúl Guglielminetti) como parte del aparato de represión paraestatal que especulaba con la preparación del golpe, debido a que integraba la triple A antes de ser encarcelado.

domingo, 16 de septiembre de 2012

Causa "Escuelita II" : durante el juicio surgieron nuevas denuncias

Las hicieron víctimas de tormentos en el período de facto

NEUQUÉN (AN).- Desde que comenzó el segundo juicio por delitos cometidos durante la dictadura se recibió casi una denuncia por mes en la fiscalía federal y el juzgado de instrucción por parte de personas que sufrieron tormentos durante el período de facto.

Según datos de la fiscalía, se radicó una denuncia en marzo, otra en abril, en mayo recibieron el testimonio de una víctima (que ya integraba la causa) que dio a conocer el nombre de otra persona con la que padeció el cautiverio y que no figuraba en la investigación, una nueva denuncia se recepcionó en junio y dos más en agosto de 2012. En el juzgado también atendieron el mes pasado a una víctima que fue a pedir que se instruyera su caso.

La fiscal Cristina Beute se reservó los nombres de las víctimas que denunciaron los hechos, aunque aclaró que fueron detenciones ilegales producidas durante a fines de 1976 y desde 1977 en adelante, tanto en la región como en la zona andina inclusive hasta fines de 1977, dijo.

A diferencia de los tramos que se ventilaron hasta ahora en los juicios en los cuales se abundó sobre las torturas padecidas en "La Escuelita", en la sede de la federal y comisarías de Neuquén y Río Negro a partir del golpe militar del 24 de marzo de 1976; estos casos "fueron detenciones que no se produjeron por grupos de tarea, sino uniformados en vehículos oficiales que detenían a las víctimas en la calle o en lugares de trabajo y los interrogaban con aplicación de tormentos en las mismas dependencias a las que eran llevados", dijo Beute.

Los interrogatorios "tenían que ver con la persecución ideológica", en tanto destacó que se observó la intervención de profesionales que presenciaban los interrogatorios bajo tormentos o que los encubrían, indicó.

Ejemplificó con el caso de un médico que ante la presencia de una víctima "severamente torturada, con dedos rotos inclusive", extendía un certificado de la inexistencia de lesiones.

"No sé si es por el juicio, pero coincide en el tiempo. Se trata de personas –que no tienen relación entre sí– que vinieron espontáneamente a la fiscalía o al juzgado, son de Roca, de Neuquén, también recibimos de la zona de Junín de los Andes e inclusive la presentación de una familia que hizo sobre lo ocurrido con su familiar durante la dictadura a pesar de que ya falleció", dijo.

La fiscal Beute precisó que en todos las presentaciones, a partir de la denuncia, se inició el trabajo fiscal de la recolección de pruebas, por lo que aún no hay imputación de responsables por estas denuncias.

Explicó que se realizó una primera evaluación para conocer si los hechos denunciados se encuadraban dentro de la causa por delitos de lesa humanidad y cuando correspondió, se dio intervención al centro de atención a la víctima en el caso de aquellos denunciantes en los que se observó alguna fragilidad de ánimo antes de iniciar el relato pormenorizado de los hechos por los cuales se presentaba como denunciante.

Beute detalló que "fueron denuncias larguísimas porque había mucho detalle para preguntar, muchas cosas que a las víctimas no les parecía importante y sí, lo eran, por lo que pedíamos un esfuerzo en el relato y aprovechamos el momento para agotar todo la prueba que se pudiera recabar en una sola sesión para no volverlos a citar.

A partir de allí comenzaron las medidas de investigación", dijo Beute.

martes, 11 de septiembre de 2012

Concluye ronda de testigos en el juicio "La Escuelita" II

Los testimonios de la última jornada apuntaron a destacar y defender la trayectoria militar del imputado Gustavo Vitón, a quien se lo acusa de delitos de lesa humanidad cometidos en la comisaría de Cipolletti.

Aníbal Vitón declaró ante el Tribunal Oral Federal (foto Leo Petricio). 

Concluye hoy la ronda de testigos en el juicio a 23 personas acusadas de violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura en la región.

Los testimonios de la última jornada apuntaron a destacar y defender la trayectoria militar del imputado Gustavo Vitón, a quien se lo acusa de delitos de lesa humanidad cometidos en la comisaría de Cipolletti (Río Negro) cuando fue designado a cargo de esa unidad policial en marzo de 1976.

Aníbal Vitón, hermano del acusado destacó que "era bueno, saludable, la realización de este juicio donde se respeta el debido proceso".

Confió en que el Tribunal "castigará a quien tenga que castigar y absolverá a quien tenga que absolver".

El testigo fue militante de la Juventud Peronista y perteneció a "La Tendencia" en la década del `70 y fue detenido en septiembre de 1975 hasta diciembre de 1980.

Explicó las coincidencias que mantenía con su hermano militar quien adhería al denominado grupo de los "33 Orientales" enfrentados a la conducción del Ejército que encabezaba el gobierno de facto de entonces.

En el mismo sentido se expresaron al declarar por videoconferencia los militares retirados José Luis Fernández Valoni y Guillermo Cogorno.

Ambos reivindicaron su pertenencia al peronismo y a la corriente de pensamiento militar que planteaba un "Ejército nacional, popular", que también integraba el imputado Vitón, en oposición al "tradicional Ejército liberal, burgués".

En tanto, el Tribunal Oral Federal 1 de Neuquén fijó el calendario de audiencias en la etapa final del juicio: el lunes y martes próximos serán para ampliación de declaración indagatoria de los acusados; del 1 al 4 de octubre los alegatos de las acusaciones; del 22 al 26 de ese mes alegatos de las defensas y del 29 al 31 de octubre, réplicas, dúplicas y palabras finales de los imputados.

domingo, 26 de agosto de 2012

Los juicios construyen una "memoria pública"

Entrevista a Elizabeth Jelin, socióloga e investigadora.

NEUQUÉN/CENTENARIO (AN/ACE).- La socióloga, investigadora del Conicet y especialista en el abordaje de las memorias de la represión política, Elizabeth Jelin, sostuvo que los juicios por delitos de lesa humanidad que se sustancian en la Argentina por los crímenes de la dictadura "dan pie a memorias o son soportes de memoria".

Jelin fue invitada a la región por la secretaría de Derechos Humanos de la Nación y en el marco del desarrollo del segundo juicio por "La Escuelita"

En un encuentro con periodistas que trabajan en la cobertura de las audiencias por el juicio contra los 22 acusados de secuestros, torturas y desapariciones en la región durante la última dictadura, recordó que en estos procesos "todos los testimonios de las víctimas, de los sobrevivientes están basados en memorias".

Estimó que el resultado del proceso penal y de la sentencia del juicio "son elementos para una política de memoria pública".

Ejemplificó que independientemente de la polémica posterior del informe Conadep (sobre el prólogo o el eje de la teoría de los dos demonios) "fue la constatación oficial del Estado Argentino de que existieron los centros clandestinos, existieron los listados, las denuncias fueron tomadas y hasta testimonios de violencia sexual están allí, que en ese momento no fueron interpretados como un crimen específico diferente a la tortura, como ahora los estamos separando", describió.

Esbozó su hipótesis de que tanto los informes de las comisiones como los juicios "tienen un nivel de legitimidad que superan cualquier otro de los instrumentos de transmisión de la memoria social (como puede ser una marca simbólica, conmemoración de fechas y lugares); con una idea de verdad, de que es una verdad probada y que está reconocida; ese el lugar del juicio en esta historia de memoria", sostuvo. Aclaró que independientemente de que los juicios en los que se conocen los crímenes de la dictadura sean un "legado para la memoria", en primer término "es un acto de justicia. Cuáles son las consecuencias, las tendremos que estudiar después; estamos en contra de la impunidad, es importante hacer los juicios con todos los elementos de la justicia para dirimir las responsabilidades. Estos crímenes que se están juzgando son de lesa humanidad, horrendos, dejan marcas sociales tan profundas que en el derecho internacional se han decidido que no prescriben: en muchos casos el crimen continua, como los chicos secuestrados que siguen viviendo el secuestro hasta que se aclara su situación, pero aún en aquellos casos en que el asesinato o la desaparición ocurrió hace 35 años, fueron parte de planes de exterminio que es bueno que se puedan juzgar", determinó.

miércoles, 22 de agosto de 2012

Causa "La Escuelita" II: Fallido testimonio de dos expolicías neuquinos

Se desempeñaban en Cutral Co y Huincul en los 70.
Pero uno dijo que no recordaba y el otro no declaró.

NEUQUÉN (AN).- "No recuerdo ningún operativo militar, excepto los controles de ruta", dijo ayer el comisario retirado Miguel Ángel Balmaceda, que entre 1976 y 1978 era oficial de guardia en la comisaría de Huincul y que fue citado como testigo en el juicio en el que se busca establecer las responsabilidades de los imputados durante el operativo que en junio de 1976 marcó a la comarca petrolera.

Juan Domingo Vizcarra, otro comisario retirado de Neuquén, del que se tenían expectativas sobre lo que podía decir ante los jueces porque estaba en la comisaría de Cutral Co durante el operativo militar a la comarca petrolera, no declaró.

Balmaceda sólo recordó un episodio, supuestamente a mediados de 1976, cuando un jefe policial -del que no recordó el nombre- le ordenó por teléfono a la comisaría sexta de Huincul (donde cumplía guardia) que "no intervinieran" porque esa noche iba a haber un "operativo importante del Ejército en el campamento a YPF".

Aseguró que luego hubo denuncia de un familiar en la comisaría porque se habrían llevado a una persona y que "todo quedó asentado en el parte diario". No recordó tampoco a la familia denunciante.

El policía retirado no dio mayores precisiones, dijo desconocer el operativo militar en Cutral Co y tampoco recordó haberse enterado después por versiones de lo que había ocurrido en la comunidad contigua.

Cuando la fiscalía le preguntó por esos operativos que recordaba sobre la ruta, durante la dictadura militar, dijo que "eran idénticos a los de ahora, se pedía la documentación personal y no era tan preventivos; eran más extensivos a las personas".

Según revelaron abundantemente los testigos durante el juicio, fue notoria la presencia militar en los días en los que se le pedía precisión, con soldados en las calles, allanamientos, móviles militares y hasta hubo agentes policiales que hablaron de partícipes de otras fuerzas, que en un accionar conjunto recalaron en la comarca al menos por tres días de junio de 1976 cuando se llevaron a la capital neuquina a una decena de militantes y adolescentes de la comarca, con secuestros que incluyeron la inmovilización de estudiantes en tres escuelas diferentes, tanto de Cutral Co como de Huincul.

Las audiencias del juicio por los delitos cometidos durante la dictadura se reanudaron con una gran cantidad de testigos que fueron desestimados -más de una docena- supuestamente porque no aportarían más pruebas a los hechos que ya se conocen.

Sólo el imputado Osvaldo Laurella Crippa -interventor militar de la policía neuquina en 1976- siguió la continuidad del juicio desde Bahía Blanca, por videoteleconferencia.

Para el cronograma de los próximos días sólo quedaron habilitados para declarar cinco personas, por lo que se analizaba una nueva reestructuración del orden de citación.

Antes de Balmaceda, el militar Miguel Ángel Acuña y el policía Vizcarra se vieron sorprendidos con la novedad de que no declararían ante los jueces. Con evidente alivio, los testigos se retiraron de la sala sin hablar.

Vizcarra había sido solicitado por el defensor Hernán Corigliano. En las audiencias de mayo, el policía neuquino fue señalado por Octavio Méndez, estudiante en 1976, como el que lideraba la comisión que lo retiró por la fuerza de la escuela para llevarlo a la comisaría de Cutral Co, donde fue golpeado al igual que todos los que iban llegando detenidos.

Recordó que afuera, en el perímetro de la escuela y en los patios inclusive del establecimiento, habían soldados armados para evitar que los alumnos que se buscaban, pudieran escaparse del procedimiento.