Juzgan en Neuquén a 24 represores por la causa "La Escuelita II"

Comenzó esta mañana en el Tribunal Oral Federal de Neuquén, el juicio oral y público a 24 represores acusados de delitos de lesa humanidad cometidos en las provincias de Rio Negro y Neuquén, durante la última dictadura militar.
La audiencia es presidida por el Juez Orlando Coscia junto a los vocales, Eugenio Krom y Mariano Lozano en la causa que se conoce como "La Escuelita II", en alusión al Centro Clandestino de Detención que funcionó en el batallón militar de Neuquén en ese entonces.

En 2008 se realizó en Neuquén el primer juicio por las consecuencias del terrorismo de Estado implementado por la dictadura, en el que fueron condenados ocho ex militares que también están imputados en este nuevo proceso.

El ex agente civil de inteligencia, Raúl Guglielminetti, es otro de los procesados junto a ex miembros del Ejército, Gendarmería y también de la policía provincial de Río Negro.

Por video conferencia, el juicio es seguido en la Cámara Federal de Bahía Blanca por los imputados Oscar Lorenzo Reinhold y José Ricardo Luera, y en el Consejo de la Magistratura de Buenos Aires, por el militar retirado Osvaldo Antonio Laurella Crippa.

El único imputado que no se presentó al debate -por razones de salud- es el ex jefe de inteligencia del Comando de la Sexta Brigada de Neuquén, Mario Alberto Gómez Arenas.

Durante esta primera jornada se inició la lectura de la requisitoria fiscal por los casos de 39 víctimas de la región, seis de las cuales permanecen detenidas-desaparecidas.

La delegada en Neuquén de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Beatriz Gentile, asistió al juicio en su calidad de querellante en la causa.

En declaraciones a Télam, Gentile dijo que "se concreta algo que tendría que haber sido hace dos años y por lo tanto este inicio es central. También es importante la presencia de todos los imputados escuchando la acusación que me parece fundamental".

"Cada vez que uno escucha el relato de lo sucedido confirma aún más la necesidad de hacer justicia en la Argentina, de modo que estoy conforme y con la expectativa de lograr condenas para los represores", agregó.

La dirigente de la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén -APDH-, Noemí Labrune, manifestó que "estamos gozando de este momento que no se hubiera dado si alguien hubiera aflojado y suponemos que el juicio va a ser muy interesante para toda la comunidad".

Precisó que "se van a ver aspectos de la represión, la organización de inteligencia y la participación de otras fuerzas que no fueron conocidas durante el primer juicio realizado en 2008".

Inés Ragni, Madre de Plaza de Mayo, expresó que "ninguno de nuestros hijos está para decir la verdad, pero ahora ellos (por los acusados) tienen la oportunidad de hacerlo".

"Nosotros les seguimos exigiendo cara a cara que digan qué es lo que han hecho, quien se llevó a nuestros hijos, quien los torturó y que pasó con ellos. Mientras no digan la verdad vamos a seguir en la calle", enfatizó Ragni.

Un momento de tensión se vivió dentro de la sala cuando las Madres, junto con familiares de una de las víctimas, repudiaron a los represores, que permanecían sentados en sus sillas separados del público y de la prensa por un vidrio.

La sala fue desalojada algunos minutos, hubo un cuarto intermedio y poco después se reanudó la audiencia.

Frente al Tribunal, se concentró desde la mañana temprano un nutrido grupo de manifestantes, quienes arrojaron huevos a los represores cuando eran introducidos al edificio por los uniformados que los custodiaban.

Un maestro torturado en La Escuelita

Neuquén : Juicio contra 24 represores de la dictadura
Un maestro torturado en La Escuelita

El dirigente docente Orlando “Nano” Balbo será el primer testigo del juicio en el que se juzgará al ex agente de inteligencia Raúl Guglielminetti, entre otros represores. El proceso abarca delitos cometidos contra 39 víctimas.

 Por Elio Brat. Desde Neuquén

El segundo juicio por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura en la llamada Subzona 52 comenzará hoy en Neuquén. El Tribunal Oral Federal de esta provincia, compuesto por los jueces Orlando Coscia, Eugenio Krom y Norberto Ferrando, tendrá delante suyo a 24 represores imputados, entre ellos al ex agente de Inteligencia Raúl Guglielminetti y al ex coronel Oscar Lorenzo Reinhold. El primer testigo identificará a Guglielminetti como cabeza principal del grupo que lo secuestró el 24 de marzo de 1976 y luego lo torturó en el edificio que fue y sigue siendo el lugar de la Policía Federal en esta capital patagónica. Se trata del maestro y dirigente de los docentes neuquinos Orlando “Nano” Balbo, quien en 1976 estudiaba y trabajaba en la Universidad Nacional del Comahue, lugar donde el propio Guglielminetti tenía un puesto laboral a instancias de quien fuera rector de esa universidad, Remus Tetu. Balbo relató a Página/12 qué siente ante la posibilidad de contar ante un tribunal lo que él y sus compañeros sufrieron.

“Cuando Guglielminetti me detiene, la mañana del 24, en Neuquén, pensaba que Nano era mi nombre de guerra, pero yo soy Nano porque mi hermana no podía pronunciar mi nombre, Orlando. Así me conocen hasta hoy mis familiares y mis amigos. Yo había llegado la noche anterior muy tarde desde Buenos Aires y me levanté para avisar a mis amigos que el golpe era un hecho. Cuando tiraron abajo la puerta de la casa donde estaba, el primero que apareció con una Itaka fue Guglielminetti. Rompieron todo e hicieron un despliegue impresionante en la calle. Pensé: ‘¿Todo esto por un gil como yo?’. Pero después me di cuenta de que era por muchos.”

–¿Cuántos años tenía? ¿Militaba?

–Tengo 63, así que en ese momento tenía 27. Cuando Remus Tetu llegó a la universidad, yo estudiaba Ciencias Agrarias. Fue él quien nos cesanteó a muchos que trabajábamos allí en ese tiempo. Yo siempre fui docente y desde 1973 fui nombrado coordinador de la campaña de alfabetización en todo Neuquén del gobierno de (Héctor) Cámpora. Militaba en la Juventud Peronista. Primero en el Peronismo de Base, donde pensábamos que el peronismo era una gran bolsa de gatos, pero donde los trabajadores habían logrado organización e identidad, sin una dirección consciente que les permitiera dar una pelea contra los grupos de poder... Hoy miro nuestra realidad y siento que eso sigue vigente (risas).

–Cuando declare, va a estar muy cerca de Guglielminetti. ¿Es como una revancha después de 36 años?

–No... (piensa). Por momentos tengo una sensación contradictoria, porque uno estuvo 36 años guardando información y lo más suave era olvidarlo, ya que revivirlo era como ser torturado otra vez. Sin embargo, creo que es una estrategia de todos los sobrevivientes. La historia de la humanidad es que “alguien tiene que sobrevivir para contarlo”. Alguien tiene que contar lo que pasó. Y eso nos mantuvo vivos a muchos.

–¿Cómo vivió los días previos a su declaración?

–Estoy muy contento de poder declarar, más allá de que no va a ser fácil. Llego por el apoyo de las organizaciones de derechos humanos, fundamentalmente de Noemí Labrune (de la APDH de Neuquén) y en su momento de (el obispo de Neuquén) Jaime De Nevares. Varias veces le dije a Don Jaime que nunca podríamos poner presos a quienes fueron represores en la dictadura y él me contestaba que era un hombre de poca fe. Lo otro es que todos nosotros, los que sobrevivimos a aquello, tenemos una obligación.

–¿Cuál?

–Yo no me considero una víctima, sino un testigo de cosas terribles. Siento que tengo la obligación de dar testimonio para que el Nunca Más sea una posibilidad. Además, es muy difícil y remota la esperanza de que (los represores) nos digan qué hicieron con nuestros desaparecidos, que les den los cuerpos a sus familiares y que digan dónde están o qué hicieron con ellos, pero eso no va a hacer que no lo sigamos intentando.

–¿Tiene alguna esperanza en éste y otros juicios a los represores?

–Veo al tribunal como una posibilidad de hablarle a la sociedad. Después, el tribunal sabrá qué tiene que hacer con esto. Siempre me acuerdo de lo que escribió Primo Levi como sobreviviente de Auschwitz, cuando dice que “si bien comprender resulta imposible, conocer es impostergable, porque las conciencias pueden volver a oscurecerse. Incluso la nuestra”. Creo que esa frase me mantuvo para llegar a dar testimonio y decir lo que viví.

–¿Hace cuánto que no ve a Guglielminetti?

–Lo vi hace un par de años, cuando lo trajeron a declarar a Neuquén, cosa a la que se negó por supuesto. Pero antes, cuando volví al país de mi exilio en Italia, lo vi como guardaespaldas de Alfonsín... Entonces preparé la valija y me dije “yo me vuelvo a Europa”. Fue Jaime De Nevares quien me hizo quedar y aquí estoy.


EL PAIS
La Escuelita II: 39 víctimas y 24 imputados

 Por Elio Brat

En el segundo juicio por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar en la llamada Subzona 52 se juzgará a 24 represores, entre ellos al ex agente de Inteligencia Raúl Guglielminetti y al ex coronel Oscar Lorenzo Reinhold. De los imputados, nueve ya fueron condenados en el primer proceso, en 2008, por torturas en el centro clandestino de detención La Escuelita, de Neuquén.

En el banquillo de los acusados se sentarán jefes militares, suboficiales, civiles que trabajaban en inteligencia del Ejército, personal de Gendarmería y comisarios rionegrinos retirados, que al momento de los hechos integraban el área de inteligencia de la policía o la jefatura de comisarías de Cinco Saltos y Cipolletti. Así, comparecerán ante el Tribunal los militares retirados que actuaron en el campo de concentración conocido como La Escuelita, de Neuquén: José Ricardo Luera, Enrique Braulio Olea, Hilarión Sosa, Luis Alberto Farías Barrera, Oscar Lorenzo Reinhold, Mario Alberto Gómez Arenas, Enrique Charles Casagrande, Máximo Ubaldo Maldonado, Osvaldo Antonio Laurella Crippa, Gustavo Vitón, Jorge Osvaldo Gaetani, Jorge Eduardo Molina Ezcurra, Sergio Adolfo San Martín y Francisco Julio Oviedo. También serán juzgados el gendarme retirado Emilio Jorge Sacchitella; los civiles de inteligencia Raúl Guglielminetti y Serapio del Carmen Barros y los ex comisarios rionegrinos Antonio Camarelli, Julio Héctor Villalobo, Saturnino Martínez, Miguel Angel Quiñones, Gerónimo Huircaín, Oscar Ignacio Del Magro y Desiderio Penchulef. Además de las 24 defensas, participarán del proceso gran cantidad de querellantes por las 39 víctimas. La acusación estará ejercida por el fiscal José María Darquier y Marcelo Grosso. Fuentes judiciales adelantaron que por la cantidad de testigos el juicio podría extenderse por más de ocho meses.

Se posterga el inicio del juicio: una ayudita desde la Cámara de Casación

 Pedirán condenas por genocidio

Así se expresaron desde el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh), que es parte querellante en el proceso judicial contra ex jefes militares e integrantes de otras fuerzas represivas. Esperan que los acusados reciban "prisión perpetua en cárcel común".   Neuquén > “Este juicio tiene que ver con el pasado pero también con el presente, no sólo por las consecuencias económicas que significó el genocidio, el ataque a los trabajadores y al pueblo, y la imposición del plan económico que vivimos hoy, sino también la relación con la impunidad”. Con estas palabras resumió Ivana Dal Bianco, abogada del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh), las expectativas del organismo que actuará como querellante en el juicio que se inicia el miércoles 7 de marzo  que juzgará a ex jefes militares e integrantes de otras fuerzas de seguridad que actuaron en la región durante la última dictadura militar.La abogada, junto a su colega Natalia Hormazabal, advirtió que la mayoría “de los genocidas están impunes” y que los que van a juicio “son pocos, por algunos casos y no por todos”. 

“Esto tiene que ver con que una de las piezas claves del genocidio es haber garantizado la impunidad de los represores”, aseguraron. Por eso, las profesionales del Ceprodh esperan que los acusados reciban como condena “prisión perpetua en cárcel común”.Destacaron la importancia de que en este segundo tramo del juicio no sólo se juzgará a los ocho ex represores condenados en 2008 por delitos de lesa humanidad sino también a los integrantes de otras fuerzas represivas que secuestraron, torturaron y desaparecieron a militantes políticos, estudiantes y trabajadores y que hasta el momento “no se los había tocado", como por ejemplo la Policía de Río Negro, "que en su mayoría actuaba en los grupos de tareas o quienes estaban en las comisarías de Cipolletti y en el Destacamento de Inteligencia 182”.También destacaron que estará sentado "en el banquillo de los acusados" Raúl Guglielminetti, "quien fue parte de la Triple A, que operaba desde la Universidad del Comahue junto con Remus Tetu, y que después formó parte de los grupos de tareas de la dictadura", precisó Dal Bianco. 

Para Hormazabal, este histórico proceso judicial presenta una particularidad: "empieza a mostrar el circuito represivo en el que actuaron Policía Federal, las policías de Neuquén y Río Negro, Gendarmería y Ejército”. "Sigue la impunidad"Las abogadas del Ceprodh cuestionaron la forma de juzgamiento que se llevará adelante ya que consideran que se deben juzgar a todos los imputados "por circuitos represivos y no por casos individuales como en este caso"."Por ejemplo, en el juicio anterior hubo una condena a siete años a Francisco Julio Oviedo, quien participaba como ex suboficial de Inteligencia”, explicaron.El pasado 17 de febrero, los jueces del Tribunal Oral Federal decidieron que, de los 24 procesados, los que tienen prisión domicliaria la mantengan y los que están en condición de excarcelados también, con la condición de que se presenten los días de las audiencias en la Unidad Penal 9 de Neuquén y así ser trasladados al juicio. En caso de no hacerlo, se les terminará el beneficio procesal y deberán esperar la sentencia en la cárcel mientras duren las audiencias.“Los ex militares que están con prisión domiciliaria o excarcelados siguen demostrando la impunidad. Que estén excarcelados o con prisión domiciliaria es un peligro para las víctimas. 

En Argentina, Jorge Julio López está desaparecido desde 2006, asesinaron a puñaldas a fines de 2010 en Rafaela a Silvia Suppo, quien fuera testigo en los juicios en los que se condenaron a represores”, dijo Hormazabal.“No es menor el peligro de presión y amedrentamiento que los acusados pueden realizar sobre los testigos y víctimas. Recordemos que en 2007 Luis Farías Barrera, quien está cumpliendo prisión domiciliaria en su casa de Alta Barda, amenazó a uno de sus denunciantes en este juicio”, precisó Dal Bianco.Dal Bianco destacó la “pelea” que desde hace más de treinta años siguen dando los organismos de derechos humanos y Madres de Plaza de Mayo “para que se conozca la verdad histórica de lo que ocurrió y se condene a los responsables del genocidio”.“Acá no debemos contentarnos con condenar a los jefes, a los ex militares emblemáticos, lo que la sociedad quiere es que vaya preso el que torturaba y todos aquellos militares, policías y civiles que formaron parte del plan genocida”, expresaron. 

 
El viernes, el Tribunal Oral Federal de Neuquén decidió suspender el comienzo del juicio tras conocer la resolucóhn de la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca que resolvió dejar sin efecto la designación del juez Mariano Lozano para integrar el tribunal y mencionar en su reemplazo al Juez Norberto Ferrando y, como jueza sustituta, a María del Carmen de la Barrera de Inglemo.
La resolución emitida por la Cámara Federal de General Roca de dejar sin efecto la designación del juez Lozano para atender en esta causa y designar en su reemplazo a jueces jubilados “que no están en condiciones de hacerse cargo de dicho proceso”, a sólo dos días del comienzo del juicio “no puede ser interpretado sino en clave  de obstaculización a la búsqueda de la verdad  e impedimento al ejercicio de la justicia”.

Noemí Labrune cree que los imputados no romperán el pacto de silencio

Para Noemí Labrune, integrante de la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén, ésta será la diferencia con lo ocurrido en 2008 durante el primer tramo que condenó a ocho ex jefes militares

Comentó que las postergaciones que sufrió este proceso sirvieron para "acercar a la parte jurídica lo que ya sabía la conciencia de la sociedad".

“Queremos que los oficiales tengan una pena de 25 años que es lo más parecido a cadena perpetua. De ahí para abajo, lo que determinen las pruebas porque para condenar a los otros miembros de las fuerzas que actuaron durante el terrorismo de Estado se necesitan pruebas directas y en muchos casos no las hay”, expresó Noemí Labrune, integrante de la Asamblea por los Derechos Humanos (APDH) de Neuquén, organización que se presenta como querellante en el segundo tramo del juicio por violaciones de los derechos humanos que se inicia el miércoles 7 de marzo en esta ciudad.

 
Esta organización creada por el obispo Jaime de Nevares y que Labrune junto a otros compañeros y compañeras ayudaron a formar en medio del terror, el miedo, las amenazas y las muertes en 1975, se constituyó como querellante en la causa que instruye desde el año 2005 el Juzgado Federal de Neuquén, y en ese rol participó del primer juicio desarrollado en 2008, y también en este segundo tramo.
Labrune puntualizó que la diferencia entre el primer juicio y éste que se inicia el próximo miércoles tiene la particularidad de que en 2008 "se pudo demostrar la acción del Ejército en la zona y las responsabilidades que tuvieron en cada uno de los secuestros y torturas. En tanto, en este segundo tramo se podrá observar el plan criminal que aplicaron en forma conjunta desde el 24 de marzo de 1976 todas las fuerzas: ejército, aeronáutica, marina, Policía Federal y las policías de Neuquén y Río Negro". "Todos ellos eran la cara visible de la violencia", manifestó.
A una semana del comienzo del juicio en el que están imputados 24 ex militares y de otras fuerzas de seguridad de las provincias de Neuquén y Río Negro, Labrune comentó que “las fuerzas armadas terminaron absorbiendo a las demás fuerzas de seguridad, las coptó en ese plan sistemático de aberraciones”.
Sin embargo, advirtió que, a diferencia de lo que ocurrió en el primer juicio, en este caso habrá “seguramente algunas condenas bajas y algunas absoluciones”. Explicó que los jueces y abogados actúan según "los principios jurídicos". "Pensamos que tendrían que tener una condena mayor pero si no existen pruebas no podemos exigir una condena. Esto generará algunas protestas pero lo cierto es que de todas maneras se hará justicia con un código que respetamos", agregó Labrune.
 
Largo camino
Para Labrune los juicios por violaciones a los derechos humanos en Neuquén son el producto de un camino "innecesariamente largo”, porque "removidos los obstáculos de las leyes de impunidad estos juicios deberían haber caminado más rápido”.
Más allá de estos obstáculos y dilataciones, la dirigente de la APDH manifestó que “todo este período sirvió de alguna manera para arrimar a la parte jurídica lo que ya sabía la conciencia de la comunidad, y ahora tiene forma de jurisprudencia”.
 
Pacto de silencio
Labrune no cree que los imputados rompan "ese pacto de silencio" que tuvieron durante el desarrollo del primer juicio.
“Ese pacto de silencio forma parte del plan criminal que llevaron adelante en los años de terror. El plan criminal comprendía el secreto y el ocultamiento del cuerpo de las víctimas como un castigo hacia las mismas víctimas pero también estaba destinado a la sociedad. No creo que los ex militares vayan a decir ni una palabra durante el desarrollo del juicio porque todavía siguen reivindicando el plan de barbarie que ejecutaron durante esos años", concluyó.

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Represores Río Negro

El 7/03/12 se inicia el juicio "La Escuelita II"

El miércoles 7 de marzo comenzará el segundo juicio oral y público contra ex jefes militares e integrantes de otras fuerzas por violaciones a los derechos humanos ocurridos durante la última dictadura militar en perjuicio de 39 víctimas. Más de 250 testigos se presentarán en las audiencias.

Siete de los ocho militares condenados en el año 2008 volverán a sentarse en el banquillo de los acusados. -

El juicio tendrá una duración de ocho meses. 
 
Luego de sufrir varias postergaciones, el miércoles 7 de marzo se pondrá en marcha en esta ciudad el segundo tramo del juicio oral y público por violaciones a los derechos humanos ocurridos durante la última dictadura militar en el Alto Valle.
El juicio tendrá un total de 24 imputados, incluidos siete ex jefes militares que fueron acusados y condenados en el año 2008 por crímenes de lesa humanidad en el primer tramo, además de integrantes del Ejército, Gendarmería, Policía Federal, policías de Neuquén y Río Negro, y de servicios de inteligencia que integraban los operativos de persecución, desaparición y tortura en los centros clandestinos de detención en perjuicio de 39 víctimas 

 
El salón de la mutual AMUC, sobre avenida Argentina, será el lugar donde se desarrollará el juicio. El recinto, con una superficie cubierta de más de 520 metros cuadrados, albergará a los  imputados, abogados, integrantes de la fiscalía, querellantes de las 39 víctimas y medios de prensa.
Comparecerán ante el Tribunal Oral Federal, integrado por los jueces Orlando Coscia (presidente), Eugenio Krom y Norberto Fernando (vocales), ex jefes militares de la región del Alto Valle de diferentes fuerzas sospechados de integrar los grupos de tareas que operaron en Neuquén, Cipolletti, General Roca, Cinco Saltos, Cutral Co y Junín de los Andes; oficiales y suboficiales del Ejército, policías de la provincia de Río Negro, personal del ejército y personal civil de inteligencia.
Mariano Lozano, magistrado de la Cámara Federal de Apelaciones de Roca, será el cuarto juez  en caso de que alguno de los titulares deba ausentarse.
Los fiscales serán José María Darquier y Marcelo Grosso, quien intervino en el primer juicio realizado en el año 2008.
 
Querellantes
Los querellantes de la causa son los abogados Bruno Bonetti, Nerea Monte, María Monserrat Suárez Amieva y Juan Manuel Kees, por la Asamblea por los Derechos Humanos (APDH) Neuquén; Ivana dal Bianco y Natalia Hormaechea por el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh), y Eduardo Luis Duhalde, Marcelo Medrano, Marcelo Hertzriken Velazco (apoderado de Rubén Ríos) por la secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Además se constituyeron en querellantes: Sergio Roberto Méndez Saavedra, Rubén Ríos, Amalia Cancio, Teresa Nivea Aigo, Feliciano Alcapan, Raúl Radonich, Cristina Seminario, Rogelio Méndez Saavedra, Pedro Maidana, Pedro Justo Rodríguez,  Roberto Aurelio Liberatore, Jorge Mario Berstein, Orlando Balbo, Luis Alberto Genga, Juan Manuel Pincheira y Luis Almarza.
Comparecerán los 24 acusados, de los cuales 8 ya fueron condenados en el primer juicio. Cuando la causa de esta segunda parte -caratulada "Luera, José Ricardo y otros s/Delitos contra la Libertad y otros"-, llegó al TOF eran 26 los imputados pero en junio de 2010 murió el capitán del ejército retirado Roberto Maier y en 2011 el segundo jefe del Batallón de Ingenieros 181.
La investigación judicial planteó como centros de tortura a la comisaría de Cipolletti, la Comisaría 14 de Cutral Co, la sede de la Policía Federal, el centro clandestino de detención “La Escuelita” que funcionaba en los fondos del  Batallón de Ingenieros, y en algunos casos en las oficinas de la U9.
Se calculan que las audiencias del juicio se extenderán unos ocho meses fijándose los días miércoles, jueves y viernes, con una semana de descanso luego de tres semanas de testimonios.
 
Testigos
La segunda parte del juicio oral y público tiene más de 250 testigos quienes asistirán a las audiencias que se realizarán tres días a la semana desde las 9.
Según el cronograma elaborado por el Tribunal, el miércoles 21 de marzo en el salón de AMUC se escucharán los testimonios del primer grupo de testigos que se presentarán a la audiencia.
Ese día, por la mañana lo harán Orlando Santiago Balbo y Roberto Mariano Sánchez Soria; en tanto, a partir de las 14 brindarán su testimonio Eduardo Guillermo Buamscha, Dora Nelly Del Hoyo y Elsa Noemí Kristensen.
Está previsto que el miércoles 27 de junio finalice la presentación de testigos.
 
Víctimas
Las denuncias de las víctimas fueron las que originaron las causas para la elevación a juicio.
Las víctimas son: Orlando Balbo, Carlos José Kristensen, Norberto Blanco, Silvia Noemí Barco de Blanco, Raúl Sotto, Oscar Dionisio Contreras, Ricardo Novero, Pedro Justo Rodríguez, Virginia Rita Recchia, Francisco Tomasevich, Octavio Omar Méndez, Miguel Angel Pincheira, Pedro Daniel Maidana, Juan Carlos Maidana, Sergio Roberto Mendez, Luis Guillermo Almarza Arancibia, Emiliano del Carmen Cantillana Marchant, José Delineo Méndez, orlando Cancio, Javier Octavio Seminario, José Francisco Pichulman, Celestino Aigo, Rubén Ríos, Hugo Obed Inostroza Arroyo, Luis Alfredo Genga, Jorge Américo Villafañe, María Cristina Bottinelli, Silvia Beatriz Bottinelli, Roberto Liberatore, Juan Isidro López, José Luis Cñaceres, José Antonio Giménez, Raúl Esteban Radonich, Jorge Mario Berstein, Clorinda Georgina Barreto, Carlos Eli de Filippis y José Luis Albanessi.