Sobreviviente pide que la violación sea considerada un delito de lesa humanidad

Con una nueva audiencia, 16/5/12, continuó la investigación de los casos de secuestros, torturas y desapariciones en la comarca petrolera, conocido como 'operativo Cutral Co'. Declararon Dora Seguel, Juana Aranda y Rogelio Méndez.

Una víctima y sobreviviente de la última dictadura pidió al Tribunal Oral Federal de Neuquén que considere a la violación delito de lesa humanidad, al declarar hoy en el juicio a 24 represores por violaciones a los derechos humanos en ese entonces, en la región.

Dora Seguel, de 52 años, tenía 16 cuando fue detenida por miembros del ejército y de la policía provincial de Neuquén, en junio de 1976 en la ciudad de Cutral Co.

En el mismo operativo también fue detenida su hermana Argentina (ya fallecida) y ocurrió lo mismo, dos días antes, con la mayor de todas, Arlene quien permanece desaparecida.

"Hace 36 años que esperaba decir todo esto. Pude despacharme y expresarme y ahora estoy más tranquila porque llevo una mochila muy pesada", afirmó.

Dijo que tanto ella como su hermana fueron violadas durante la detención que sufrieron.

"Lo importante es que lo pude denunciar y con el apoyo de la Asamblea por los Derechos Humanos y el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos pudimos pedir que sea un delito de lesa humanidad", afirmó.

Señaló que "eso es lo que estamos pidiendo porque no te lo sacás de la cabeza. Un golpe de los tantos que me dieron casi no lo recuerdo, pero esto no te lo podés sacar".

"Estás con tu marido y lo recordás. Es terrible. No te lo podés sacar de la cabeza y no lograron lo que querían porque todo el tiempo me susurraban al oído que no iba a servir para nada, que no iba a poder mirar a nadie a la cara, que no iba a poder integrarme a la sociedad, que vas a ser una lacra", contó.

"Pero no, soy docente, tengo una familia, un marido, hijos que me aman y alumnos que me quieren a quienes les enseño quiénes son ellos y quienes somos nosotros y por qué es esta lucha", agregó.

Identificó al teniente coronel (R), Oscar Reinhold (imputado en la causa) como responsable del operativo militar y policial realizado en junio de 1976 en Cutral Co.

También declaró Juana Aranda, esposa de Miguel Angel Pincheira detenido en ese mismo operativo en Cutral Co y que hoy permanece desaparecido.

Nombró a Reinhold y al mayor (R), Luis Alberto Farías Barreras como los jefes militares que la atendieron junto a otros familiares para conocer la situación de su marido.

Pincheira era subdelegado de los trabajadores en Plaza Huincul de la empresa YPF y permaneció detenido en las unidades federales 9 de Neuquén, 5 de General Roca (Río Negro) y 6 de Rawson (Chubut).

Rogelio Méndez, hermano de José Delineo, detenido-desaparecido mientras cumplía el servicio militar obligatorio en el Grupo de Artillería de Montaña de Junín de los Andes, al declarar hoy solicitó a los culpables "que digan donde están los muertos, donde yacen sus restos".

Le recordó al jefe del GAM de Junín de los Andes de ese entonces que "le quedó algo pendiente; le faltó un soldado clase 55; que lo justifique".

Lugares donde se sembró el terror

En las últimas audiencias, algunas víctimas de la represión señalaron a la actual Comisaría 4ª de Cipolletti como uno de los centros clandestinos de detención y torturas que hubo en la región.
Por georgina gonzales y pablo montanaro

También funcionó como "lugar de paso" previo al traslado a otras cárceles o lugares de cautiverio y tormentos.
Neuquén - En este segundo tramo del juicio a los represores que actuaron en la región durante la última dictadura militar la investigación busca revelar otros centros clandestinos de detención y torturas además de "La Escuelita" que comenzó a funcionar en junio de 1976.

En las últimas jornadas de las audiencias que se llevan a cabo en el Salón Verde de AMUC quedó demostrado que también en la Comisaría Séptima de Cipolletti (actualmente Comisaría Cuarta) fueron torturadas víctimas directas de la represión.

Si bien los testimonios de los hermanos Juan Domingo y Julio Eduardo Pailos, el miércoles pasado, quedaron suspendidos por una denuncia de persecución laboral en el Hospital de Cipolletti, sus declaraciones anteriores daban cuenta del terror que les había tocado vivir.

Hasta el momento con las declaraciones de Raúl Sotto y Oscar Contreras se identificaron a algunos de los policías que accionaban en esa comisaría ubicada en pleno centro cipoleño.

Sotto identificó al suboficial Saturnino Martínez como el autor de las torturas sufridas en esa dependencia policial, y a Miguel Ángel Quiñones, en ese momento subayudante de Inteligencia de la Policía de Río Negro; al oficial Oscar Ignacio del Magro y a Gerónimo Huircaín, oficial encargado del Servicio de Informaciones, como partícipes de su detención días después del 24 de marzo de 1976. Quien estaba a cargo de la dependencia en ese momento era el comisario principal Antonio Alberto Camarelli.

La víctima relató que sufrió una forma de tortura conocida como "submarino" realizada por Martínez, quien le sumergía la cabeza en un fuentón con agua durante varios minutos para que contestara el interrogatorio.

En su declaración del 27 de abril, Sotto afirmó que “Del Magro me agarró y me dijo: 'Cantá la justa, mirá cómo tenés el oído', ya que producto de las torturas "me reventaron el tímpano". “¡Policía!”, escuchó del otro lado de la puerta de su casa Oscar Contreras. Después del grito y de numerosos golpes en la puerta irrumpió un oficial acompañado de hombres del Ejército, quienes lo metieron en una camioneta Ford de color verde hasta la comisaría, ubicada en Roca al 400.

En su declaración, Contreras aclaró que no había hecho nunca la denuncia de su secuestro en 1976. "Lo mío fue triste y doloroso. Pero mucho más triste y doloroso fueron las que pasaron los que hoy no están”, aseguró.

Contreras identificó al imputado Julio Villalobo, suboficial de la comisaria de Cipolletti al momento de los hechos, como uno de los protagonistas de su detención y marcó al Teniente Primero Gustavo Vitón, quien se desempeñó como responsable militar del área operativa de la Comisaría 24 de Cipolletti.

Ya en el juicio del 2008 el suboficial Jorge Amare contó que Vitón fue destinado a esa comisaría en el marco de la “lucha contra la subversión”.

En sus declaraciones anteriores Juan Domingo Pailos relató que cuando lo detuvieron lo tiraron contra un paredón, momento en que se le aflojaron todos los dientes.

Además, Pedro Trezza y Luis Genga estuvieron confinados en la comisaría antes y después de su cautiverio en "La Escuelita".

Plan sistemático
La fiscal María Cristina Beute, de la Fiscalía en Primera Instancia de Neuquén, señaló que el fallo condenatorio dictado por el Tribunal Oral Federal en diciembre de 2008 que condenó a ocho ex jefes militares que actuaron en la provincia por esos años de dictadura, "por hechos similares a los que se están investigando en la actualidad, consta que la comisaría de Cipolletti operó como centro de detención ilegal en contribución al plan sistemático de represión ilegal perpetrado por el Estado dictatorial".

Y agregó que "la afirmación que acusa a los policías imputados reposa en diversas pruebas, además de los testimonios de las víctimas, oportunamente evaluadas por el Juzgado Federal Nº2 de Neuquén y la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca”.

Beute señaló que a fines de 1975, María Cristina Botinelli estuvo presa en la Comisaría de Cipolletti donde durante las dos semanas de cautiverio fue golpeada.

Por su parte, Noemí Labrune, integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), precisó que los casos de Sotto, Contreras, Ricardo Novero y otra víctima de apellido Carmona -fallecido, cuyo caso se analizará en el siguiente tramo de este juicio- ocurrieron en los primeros días posteriores al golpe de Estado.

“En ese momento La Escuelita no estaba habilitada por eso algunos fueron a la Unidad Penal 9, y la interrogación y tormentos ocurrieron en la Policía Federal de Neuquén, y otros en la comisaría de Cipolletti que se habilitó como centro clandestino de detención porque estas personas no estaban registradas en el libro de entradas y salidas, y fueron sometidas sistemáticamente a tormentos”, explicó.

Cuando se habilitó La Escuelita en los fondos del Batallón de Ingenieros 181, según consideró Labrune “ya no fue necesario utilizar la comisaría de Cipolletti”. “Pero el solo hecho que se haya utilizado durante varias semanas al principio del golpe militar demuestra que el plan de exterminio era uno solo y se cumplía en diferentes unidades con diferentes fuerzas, que estaban alineadas para el cumplimiento de ese plan”, expresó.

Con respecto a los tormentos y torturas que sufrieron los secuestrados en la comisaría de Cipolletti, Labrune describió que “eran golpes muy bien estudiados, había una técnica para que no dejaran rastros visibles. No le reventaban un ojo, pero le hacían el 'sifón' (les metían soda helada en los oídos), golpes en los riñones y en las piernas que a la larga dejan su rastro porque de esa manera el cuerpo se deteriora".

Comentó que “a la noche sacaban a los secuestrados y los llevaban al paraje conocido como El Treinta, a una instalación militar, y allí continuaban los tormentos y vejámenes, en algunos casos hubo picana. En el caso de Carmona hubo vejámenes sexuales muy aberrantes, propinados, según su testimonio, por personal policial que logró identificar". “De manera tal que lo más liviano, por así decirlo, lo hacían dentro de la comisaría y lo más espantoso afuera, pero tenían la potestad de entrar y salir con detenidos que podrían no haber vuelto”, describió.

Negaciones
El historiador de la Universidad Nacional del Comahue, Pablo Scatizza, señaló que antes de existir "La Escuelita" otros lugares oficiaron de centros clandestinos de detención y torturas, "aunque mucho más 'públicos' y a la vista de toda la sociedad", como la comisaría de Cipolletti.

"A pesar de las evidencias, hay quienes hoy se niegan a pensar o reconocer que una comisaría ubicada en pleno centro de Cipolletti o una Delegación de la Policía Federal ubicada en pleno centro neuquino, haya sido un centro clandestino de detención y torturas. Pero si lo pensamos un poco, nada tiene de raro: el plan sistemático de represión, tortura y muerte perpetrado durante la última dictadura militar no pudo haberse ejecutado sin la participación activa, consciente y deliberada de las fuerzas policiales y de seguridad -que incluso estaban obligadas a hacerlo por directivas del Ejército-, así como de numerosos cíviles y funcionarios políticos y judiciales convencidos del proyecto".

Fuente:LaMañanaNeuquen - Publicado por Colectivo Ex P. Pol. Sobrev. Rosario 

Represalias laborales a dos sobrevivientes

Dos sobrevivientes de la comisaría 4ª de Cipolletti aseguraron que ellos y sus familias son víctimas de persecuciones en su trabajo y apuntan al padre de una abogada de cinco represores.

 Por Irina Hauser

La fiscal de Neuquén Cristina Beute investiga las intimidaciones denunciadas por dos testigos del juicio contra 24 represores, conocido como La Escuelita II, que se lleva adelante en esa provincia. Ambos iban a declarar el miércoles último, pero el tribunal oral resolvió posponer sus testimonios y brindarles protección. Se trata de los hermanos Juan Domingo y Julio Eduardo Pailos, detenidos y torturados en la comisaría 4ª de Cipolletti. Las situaciones de amedrentamiento reciente que describieron en la Justicia son de persecución laboral dentro del hospital de esa ciudad. Allí a Juan Domingo lo quisieron sacar del cargo de jefe de mantenimiento y mudarlo a otro centro de salud lejano, según dijo. En el caso de Julio, que está jubilado, el acoso se habría dirigido a su esposa y a su hija, enfermeras. Ellos dicen que todo esto comenzó justo cuando se supo que darían testimonio y agregan que el médico con poder de decisión sobre los empleados es el padre de la abogada defensora de cinco imputados.

“El objetivo de la investigación iniciada es develar si hubo una persecución laboral que tuviera como fin obstaculizar la investigación judicial al tratar de condicionar a los testigos que deben declarar; eso podría ser constitutivo de encubrimiento, más allá de que puedan establecerse otros delitos”, explicó a Página/12 la fiscal Beute. “A mí me llama la atención que estos testigos que se sienten perseguidos ya habían sido atacados en una nota del diario Río Negro, que los trataba de mentirosos”, observó. Tanto ella como los fiscales del juicio oral –José María Darquier y Grosso Marcelo– pidieron que se los incluya en el Programa Nacional de Protección de Testigos y que se posterguen sus declaraciones hasta que estén en condiciones de presentarse, algo que el tribunal oral aceptó.

El juicio oral por crímenes de lesa humanidad que transcurre ahora en Neuquén es el segundo que se realiza allí y abarca a un centenar de víctimas que pasaron por el centro clandestino del Ejército conocido como La Escuelita, por una dependencia de Gendarmería en Junín de Los Andes y por la delegación neuquina de la Policía Federal, además de la comisaría de Cipolletti. En esta seccional estuvieron detenidos durante la última dictadura los cuatro hermanos Pailos, que militaban en el peronismo. Uno de ellos falleció, otro no puede declarar porque padece Alzheimer. Los casos de Juan Domingo y Julio Eduardo no son juzgados en este proceso, por eso pueden declarar como testigos. En el banquillo hay militares, gendarmes y policías. Uno de ellos, Antonio Alberto Camarelli, fue jefe de la policía de Río Negro en democracia.

El 27 de abril, Silvia Canale, esposa de Julio Pailos, denunció ante la fiscalía federal la situación de ella, de su hija Andrea y de su cuñado dentro del Hospital de Cipolletti. A ellas –según relataron en la fiscalía– les modificaron el régimen laboral, rebajándolas a tareas menores, además de someterlas a comentarios degradantes. Juan Domingo dijo que llevaba más de veinte años a cargo del área de mantenimiento, le quitaron la jefatura y lo mandaron a un hospital en otra localidad. La familia relaciona este escenario con el juicio. Además señalaron que quien se ocupa de las decisiones laborales en el hospital, un médico de apellido Rubianes, es el padre de una abogada defensora, Paola Rubianes, que representa a represores en las audiencias.

El ex policía de Neuquén Juan Uribe declaró en la causa que investiga la responsabilidad de 24 represores en Neuquén y aportó información vinculada con un operativo realizado en junio de 1976 en las ciudades de Cutral-Có-Plaza Huincul. El ex policía explicó que “los detenidos fueron subidos al camión celular que conducía con los ojos vendados. Algunos se quejaban de dolores”, dijo Uribe, y recordó que “uno intentó escaparse, le dispararon, lo agarraron y lo trajeron a la rastra hacia el camión”. En la audiencia también declaró Armando Paris (foto), ex director del colegio técnico de Cutral-Có.

Se trató la desaparición del soldado de Cutral Co

José Delineo Méndez hacía la conscripción en Junín cuando fue detenido, en 1976.

La desaparición de José Delineo Méndez "es un tatuaje que uno tiene en el alma y que no se va borrar nunca", dijo su hermano Octavio ayer, al declarar en el juicio en el que se ventilan los delitos de lesa humanidad en el Alto Valle.

Con la declaración de Octavio Omar Méndez el juicio inició la investigación de los casos de secuestros, torturas y desapariciones en la comarca petrolera, en un operativo militar que duró varios días y que utilizó como base de detención y de tormentos a la comisaría de Cutral Co. De los 22 imputados, el único que presenció la audiencia fue el militar Osvaldo Laurella Crippa, que lo hizo por videoteleconferencia desde Bahía Blanca. Laurella Crippa fue el interventor de la policía neuquina en 1976 y está acusado, entre otros hechos, de haber planificado la "zona liberada" en la comarca petrolera para que se ejecute el operativo de secuestros y traslado de los detenidos desaparecidos a la capital neuquina. La madre de los hermanos Méndez, María Magdalena Bamonde, no pudo declarar ayer pero su hijo Octavio no sólo dio los detalles de cómo fue torturado a los 15 años en la unidad policial cutralquense, sino también ventiló los pormenores de la intensa búsqueda de su madre y de su padre, Aurelio (ya fallecido) para lograr la aparición de su hermano. José Delineo Méndez cumplía la conscripción en Junín de los Andes cuando fue detenido en junio de 1976 -en simultáneo con el operativo Cutral Co- fue traído al centro clandestino "La Escuelita" en Neuquén capital, luego blanqueado en la U9 y llevado finalmente a la cárcel de Rawson, donde lo retiró el 4 de noviembre de 1976 por una comisión encabezada por el mayor Luis Farías Barrera y desde entonces se desconoce su paradero, al igual que el destino de Javier Seminario, Orlando Cancio y Miguel Ángel Pincheira (retirados del penal junto a Méndez). Todos, son parte de este juicio. 

En un crudo relato firme y sin pausa, Octavio Méndez describió cómo lo retiraron de la escuela secundaria, le refregaron durante horas la cabeza contra las rejas en la comisaría cutralquense y luego lo esposaron, vendaron e interrogaron bajo tortura en la oficina del oficial. "Me interrogaban boca abajo, pusieron una silla en mi espalda y uno se sentó arriba, mientras me preguntaban dónde estaba mi hermano, si era subversivo. A José no lo veíamos desde hace meses, había ido a Junín a hacer la conscripción", dijo. Octavio fue liberado desde la comisaría de Huincul al otro día. "Reinhold y Farías Barrera -dos de los militares imputados en esta causa- fueron los principales en la desaparición de mi hermano, ellos tienen que haber sabido, tanto Farías que debió haber sabido dónde estaba, como Reinhold que comandaba" aseguró.

El hermano de José Delineo dijo que aún conserva el certificado que Farías Barrera le dio a su madre en el que constaba la liberación del penal de Rawson en la madrugada del 4 de noviembre. "José Delineo Méndez nunca estuvo liberado, ni fue dejado en la terminal como le dijo Farías Barrera; en el penal otros detenido vieron que lo sacaron a la tarde; sabemos que no se fueron en libertad porque ninguno de los cuatro -Pincheira, Cancio, Seminario- volvieron"; dijo Octavio.

Secuestrados en las escuelas

 "La dictadura fue sanguinaria, como nunca hubo violaciones tanto a hombres como a mujeres, esta vez voy a presentarme pidiendo que se tengan en cuenta las violaciones como delito de lesa humanidad", dijo Dora Seguel, testigo – víctima en este juicio.

Al menos tres directivos de escuelas secundarias declararán esta semana -dos lo hicieron ayer- porque durante el operativo Cutral Co, cuatro adolescentes fueron arrancados de los establecimientos secundarios para ser llevados a cruentos interrogatorios en la unidad policial de Cutral Co. Octavio Méndez tenía 15 años cuando el oficial Vizcarra -según declaró- entró en su búsqueda a la escuela comercial nocturna, mientras afuera el establecimiento estaba rodeado por soldados que incluso se metieron en los patios de recreo donde "apuntaba al alumnado", dijo tanto Octavio en su declaración como el vicedirector de la nocturna de mujeres, Mario Gercek, quien dijo haberse enterado de esta situación "después, por los alumnos". Pedro Maidana, también retirado del la ex ENET, llegaba a los 19 cuando se lo llevó el Ejército de adentro de la secundaria. Dora y su hermana tenían 16 y 17 cuando fueron secuestradas y según aseguró Dora, fue víctima de un ultraje sexual en el procedimiento. Como testigo-víctima Dora Seguel ya declaró en Bahía, y está previsto que lo haga en estas audiencias por los casos de los otros secuestrados en la zona petrolera. Su causa aún no llega a juicio, pero ya adelantó que cuando se presente ante los jueces solicitará que se declare la violación como una herramienta de tortura que fue utilizada durante los secuestros y desapariciones, declarados delitos de lesa humanidad.

"Nosotros o el Ejército"

 Mario Gercek era profesor en el Centro de Educación Técnica 6, actual CPEM 1, de Cutral Co y estaba a cargo de la vicedirección en el turno nocturno. Ayer relató ante el tribunal cómo, contra su voluntad, la policía se llevó del establecimiento a las hermanas Seguel, Dora y Argentina. Arlén, hermana de éstas está desaparecida y Dora permaneció secuestrada y fue sometida a tormentos. Gercek dijo que en horario de clases se presentó un oficial de la policía provincial -recordó que era joven como único detalle- y que le dijo que se tenía que llevar a las hermanas Seguel. "Si no tienen permiso de la madre no se las puedo entregar, porque son menores", dijo que le planteó al efectivo.

El policía le replicó: "Ni las sacamos nosotros, entra el Ejército a sacarlas". Y se llevó a las adolescentes. Agregó que posteriormente los alumnos le dijeron que en el patio había soldados que los apuntaron con las armas. Hay varios testimonios que dan cuenta que en el operativo participaron policías y militares. También declaró Lidia Muñoz, esposa de Gercek que era directora interina del colegio del turno diurno, del mismo edificio.

"La violencia hacia las mujeres en la dictadura tuvo una función disciplinadora"

María Sonderéguer: "La violencia hacia las mujeres en la dictadura tuvo una función disciplinadora"
Para la investigadora, las víctimas del terrorismo de Estado experimentaron un doble castigo porque fueron consideradas "transgresoras" del orden cultural y social establecido.
 
Por Pablo Montanaro

 
“La dificultad para abordar la violencia sexual y la violencia de género durante la dictadura tiene dos ejes. Por un lado, se trata de una cuestión postergada y por otro, su tratamiento pone en discusión el orden sociocultural actual y no sólo el del contexto del terrorismo de Estado. Cómo la sociedad ‘tolera’ la violencia de género parece ir a contrapelo del profuso aparato normativo que la aborda, la tipifica y la judicializa. La impunidad con la que se ejecutó la violencia sexual durante el terrorismo de Estado pone de manifiesto todos los prejuicios sexistas que subyacen aún hoy en la valoración de los delitos sexuales”, explicó María Sonderéguer, coordinadora de la investigación “Análisis de la relación entre violencia sexual, tortura y violación a los derechos humanos”, publicado por la Universidad Nacional de Quilmes.
Recién en 2010, las violaciones y el abuso sexual cometidos por los represores durante la dictadura militar en la Argentina fueron tratados como delitos de lesa humanidad. Antes eran considerados hechos eventuales. No formaban parte del plan sistemático. La Justicia los consideraba prescriptos.
El primer fallo que estableció a la violación como un delito de lesa humanidad e imprescriptible como la tortura se dictó ese año por el Tribunal Oral Federal de Santa Fe, y condenó a once años de prisión a Horacio Américo Barcos, un agente civil de Inteligencia de esa provincia. A la hora de dictar sentencia, los jueces consideraron que la violencia sexual que ejerció Barcos también constituyó una forma más de tormentos y por lo tanto un crimen de lesa humanidad.
En diálogo con La Mañana de Neuquén, Sonderéguer, quien además es Directora Nacional de Formación en Derechos Humanos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, sostuvo que la invisibilización de la violencia sexual en los primeros años de la democracia, en los testimonios recogidos por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) o brindados en el Juicio a las Juntas Militares, “se relaciona tanto con su caracterización como violación sexual como con el reconocimiento de si hubo hechos de violación”.

¿Qué significado ha tenido la violencia hacia las mujeres en los años de la dictadura militar?
La violencia hacia las mujeres durante el terrorismo de Estado tuvo una función disciplinadora. La diferencia entre los géneros son el resultado de una construcción cultural y social, que estableció una lógica de estatus en la que los atributos y los roles de la masculinidad fueron jerarquizados respecto de los roles y atributos de la feminidad.
La violencia masculina puede ser interpretada en esa relación jerarquizada como expresión de dominio, como un acto disciplinador hacia aquellas mujeres que se desplazaron de su posición subordinada; y también como una agresión, como una afrenta hacia los otros varones. En las violencias sexuales se expresa un acto de poder. Las mujeres víctimas del terrorismo estatal experimentaron un doble castigo ya que fueron consideradas “transgresoras” del orden cultural y social establecido.
Los desarrollos teóricos sobre el género son un aporte a esta reflexión al analizar las relaciones entre el poder, la violencia sexual y el terrorismo estatal. En el contexto del terrorismo de Estado, la violencia sexual y la tortura adquieren una especificidad en el caso de las mujeres. Por ello decimos que es necesario analizar el impacto diferenciado de la violencia represiva sobre varones y mujeres.
 
¿Por qué motivo no se habían investigado las violaciones y los delitos sexuales durante el juicio a las juntas militares en 1985? ¿Por qué la Justicia no los tomó como delitos?
En el Juicio a las Juntas Militares en 1985, la sanción jurídica a los crímenes del terrorismo de Estado supuso el reestablecimiento de la vigencia de un código común, el restablecimiento de la ley. El testimonio de las víctimas, pautado por el interrogatorio de los jueces, se transformaba en prueba jurídica y en la reconstrucción de los hechos, los y las testigos devenían sujetos de derecho. Pero esos sujetos de derecho se constituían sobre un concepto de ciudadanía abstracto que les escamoteaba su condición de varones y mujeres concretos. En ese entonces, las denuncias de prácticas de violencia sexual hacia las mujeres -o hacia los varones- quedaron subsumidas en la figura de los tormentos y en las distintas vejaciones. Incluso, quedaron relegadas ante el crimen de la desaparición forzada, que se consideró el elemento central de la metodología represiva del terrorismo de Estado.

¿Cómo estaba tipificada la violación sexual en el Código Penal argentino?
Como “delito contra la honestidad”. Recién en el año 1999 la definición fue sustituida por la designación de “delito contra la integridad sexual”. Incluso hoy, las acciones penales en el caso de una violación son “acciones dependientes de instancia privada”, es decir, dependen de la denuncia de la persona agraviada. Con todo, ya durante el juicio a las Juntas Militares, la acusación del Ministerio Público -el alegato del fiscal Julio César Strassera- menciona diversas formas de agresión de índole sexual y señala que las órdenes dadas desde la dirección del aparato estatal importaron, dada la clandestinidad en su modo de operar y la libertad de acción a sus integrantes para determinar sus objetivos dentro de un marco vagamente prescripto, la aceptación de que podrían cometerse masivamente otro grupo de delitos, tales como robos, abortos, violaciones y supresión del estado civil de menores.

Usted afirmó que la reflexión sobre violencia sexual en los años de dictadura conforma una instancia en la que es posible hacer visible el impacto diferenciado sobre las mujeres en las prácticas de violencia política.
Analizar el abuso y la violencia sexual en los centros clandestinos de detención durante los años de la dictadura nos permite identificar un núcleo duro de las relaciones de poder en el cual el cuerpo de las mujeres es territorio de quien tiene ese poder. Sin embargo, estas relaciones de poder están naturalizadas por la cultura. Mirar con perspectiva de género permite comprender que durante el terrorismo de Estado, la represión y la tortura  no fueron neutros y esto incide no sólo en la conceptualización legal de las conductas sino que tiene que incidir también en los procesos de justicia, en los procesos de verdad  y en las políticas de reparación.

Hablar de la tortura

A lo largo del juicio a represores del Alto Valle por delitos de lesa humanidad se escuchará el testimonio de víctimas que por primera vez decidieron contar qué fue lo que les ocurrió. En muchos casos el silencio acompañó 36 años de dolor en los que la angustia de haber sufrido los tormentos hizo que callaran sus historias.

Foto: Emiliano Ortiz

 
Es el caso de Oscar Dionisio Contreras, quien en la audiencia del viernes 28 de abril, por la tarde, decidió narrar después de tanto tiempo lo vivido en la comisaría 4ª de Cipoletti. “Lo mío fue trise y doloroso pero no lo hace más triste que las desapariciones de compañeros que no están”, expresó.
Contreras relató que fue privado ilegalmente de la libertad con violencia durante el mes de mayo de 1976. Mientras estaba en su casa en Cipolletti golpearon la puerta, y al abrir se encontró con personas uniformadas del Ejército y de la policía de Río Negro quienes entraron y registraron su vivienda. Luego, sin ninguna explicación, lo llevaron en una camioneta a la comisaría. De acuerdo al relato, estuvo casi dos semanas detenido.
“No me interrogaron, nunca supe por qué me llevaron” dijo Contreras, quien presume que la persecución era por ser militante en la Juventud Peronista y ser delegado de UPCN en el Hospital de Cipoletti.
Durante su detención en la comisaría le fueron aplicados tormentos físicos. Al respecto, sostuvo que efectivos policiales lo sacaban al patio y lo hacían poner contra la pared, después de varios minutos le apoyaban un arma en la espalda para que, haciendo presión, tocara con el pecho la pared.
“Lo que más me dolió fue ver a un conocido de la infancia de nombre Villalobos, con el cual prácticamente nos habíamos criado juntos en el barrio, que en varias oportunidades me apoyaba su arma”. En este punto vale aclarar que la víctima hace referencia a Julio Héctor Villalobos, uno de los imputados en esta causa
Mientras Contreras estaba detenido su entonces mujer se reunió con políticos, funcionarios y jefes militares para conocer su paradero. “Después de días de peregrinar por muchos lados, se enteró que estaba en la comisaría. A partir de entonces, todas las jornadas pedía por mi liberación. Yo salí gracias a que me buscaban”.
En su relato, la víctima confirmó que en la dependencia policial compartieron calabozo con un compañero de trabajo y amigo, Raúl Sotto. Pudo observar que en varias ocasiones lo llevaban a una sesión de torturas ya que lo traían golpeado y mojado por la aplicación del “submarino”.

Cuando quedó en libertad, Contreras pudo volver a trabajar en el Hospital en el sector de maestranza, donde se desempeña hasta la actualidad. Expresó que la situación en el trabajo cambió con el golpe porque varios trabajadores quedaron cesantes con una ley que los declaró “prescindibles”.
Después de responder las preguntas del Tribunal, las querellas profundizaron sobre la búsqueda que realizó la familia de la víctima para encontrarlo. Por su parte, las defensas cuestionaron a Contreras por haber callado tanto tiempo y trataron de buscar contradicciones en su relato sobre las torturas con las declaraciones que realizó ante la Justicia en el año 2007.
“Quieren confundir a los testigos para pedir falso testimonio”

Con esa frase los abogados de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación criticaron duramente a las defensas.
El abogado Marcelo Medrano le pidió al Tribunal que mediara para evitar el hostigamiento a las víctimas. El pedido se basó en que varias preguntas que los abogados defensores realizaron a los testigos eran capciosas, infundadas y buscaban confundir. Para Medrano, el objetivo es marear a las personas que se sientan frente a los jueces y luego pedir el falso testimonio.
La audiencia terminó con un duro cruce entre las querellas y las defensas quienes se quejaron y tildaron a los planteos de atentar contra el derecho de ejercer la abogacía.
Al respecto, Guillermo Ibáñez, abogado de Hilarión de la Paz Sosa y Enrique Braulio Olea, dijo que “los planteos son inaceptables e injustos, porque las defensas no son verdugos de los testigos”. Por su parte, el defensor del Del Magro, Rodolfo Ponce de León, solicitó a las querellas tolerancia y respeto por la multiplicidad de enfoques.
Finalmente, el Tribunal decidió tener en cuenta los pedidos del abogado querellante para testimonios futuros.

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