LA ESCUELITA III - Juicio Demorado :Víctimas de Operativo CUTRAL CO

Espera incansable

 
Neuquén > “Quiero decirles que si hoy estoy en este juicio es para honrar la desaparición de mi esposo, Miguel Ángel, y de los demás desaparecidos”, inició ayer su declaración Juana Aranda, la esposa de Miguel Ángel Pincheira, secuestrado durante el Operativo Cutral Co el 14 de junio de 1976.

Al describir el momento del secuestro, Aranda recordó que esa noche golpearon en su casa e ingresaron oficiales de las “Fuerzas Armadas con ametralladoras”, acompañados por un vecino que pedía disculpas. “Mi marido estaba con nuestro hijo y me pedía que me tranquilizara, me aseguraba que no iba a pasar nada”, describió.

En la comisaría de Cutral Co le dijeron que lo habían trasladado a Neuquén. “Fue Farías Barrera quien me dijo que lo podía ver en la U9; lo vi dos sábados seguidos y el tercero ya no estaba”, aseguró.

La testigo confirmó que Farías Barrera la recibió en varias oportunidades y que le expresó que su marido “era un pobre perejil, que tenía que saber dónde estaba Oscar Hodola”, otro de los secuestrados en el operativo. Luego le indicaron que lo habían trasladado al penal de Rawson, donde el 16 de octubre de 1976 lo vio por última vez.

“Farías me presentó un papel donde decía que mi marido había quedado en libertad y que me quedara tranquila que ya iba a llegar”, contó.
Más tarde fue a buscar al mayor Oscar Reinhold a su casa de Bahía Blanca, quien le confirmó que “había estado a cargo de él y que le había dado la libertad. Le expliqué que nunca había llegado a casa y me contestó ‘se habrá ido con otra mujer’”.

Testigo que no había declarado por dudas que los represores cumplan las condenas

El testigo Norberto Blanco dijo hoy que se decidió a declarar en el tercer juicio en Neuquén por crímenes de lesa humanidad porque "lo merecen" los asesinados y quienes lucharon "por los derechos humanos durante estos 37 años".

Sobreviviente del centro clandestino de detención "La Escuelita", Blanco no había declarado en los dos juicios anteriores debido a una salud quebrantada y también, explicó, por dudas sobre que los "represores cumplan con la condena que les impongan".

En su exposición ante el Tribunal Oral Federal 1, recordó que tras ser detenido en agosto de 1976 permaneció vendado y encadenado a una cama por unos diez días, en los que fue interrogado bajo torturas con picana eléctrica y golpes.

"Después de la picana sentía en la boca, la lengua y el paladar una especie de pasta que me impedía hablar", declaró en el juicio contra cinco represores imputados por delitos de lesa humanidad.

En diálogo con la prensa, Blanco señaló que "tuve mis dudas para presentarme a declarar porque tengo dudas de que estos represores cumplan con la condena que les impongan si cambian en un plazo determinado las condiciones políticas".

"Lo hice porque se lo merecen los compañeros que han militado conmigo (integraba en 1976 la juventud del Partido Comunista) y fueron asesinados y que ya no están, más allá de lo que me pasó a mí, y también por la gente que ha luchado por los derechos humanos durante estos 37 años", añadió.

Blanco consideró que que "estos procesos para la Argentina son muy positivos pero en la sociedad no han tenido la repercusión que se merecen".

El testigo expresó además que "esto puede volver a repetirse porque subsisten aún los factores de poder y las causas económicas que generaron la matanza de los años de la dictadura".

"Quienes manejaron siempre el país, la oligarquía, las corporaciones mantienen su poder económico y cuando se quiso aplicar las retenciones, la Sociedad Rural salió a cortar rutas y a mostrar su poder y consiguieron los jueces necesarios para impedir su aplicación y también lo hicieron con la ley de medios".

Blanco estimó que "esto pasa más allá de que tengamos un gobierno que quiere hacer algunas reformas que posibiliten una mejor distribución de la riqueza, un mejor acceso de las clases populares a la educación o a la vivienda".

En esta audiencia dio además su testimonio Edgardo Kristensen, quien también fue detenido en 1976 y estuvo secuestrado en "La Escuelita".

En su exposición, relató que su hermano Carlos permaneció detenido en la cárcel de Rawson y en 1979 tuvo la opción del exilio en Dinamarca, donde falleció en 1996.

Carlos Kristensen se destacó como un hombre de la cultura y las letras y por esa razón se incorporó como prueba documental en el juicio uno de sus libros, titulado "Salmos del Exilio", donde refleja en poesías la crudeza de la represión y del exilio sufrido junto a su familia.

Testimonios de víctimas con contundentes datos y pruebas contra los represores

Testigo afirmó que “en la Policía Federal se hacían los interrogatorios"

"Los gritos de los torturados eran como de animales desesperados”, sostuvo Orlando Balbo al declarar en la causa de los prófugos por delitos de lesa humanidad.
Neuquén > Con la presencia en la sala del Tribunal Oral Federal de Neuquén de Jorge Di Pasquale, uno de los cinco imputados de este tercer juicio por delitos de lesa humanidad, declararon ayer por la mañana Orlando Balbo y Silvia Barco de Blanco.

Balbo comenzó su declaración señalando que tuvo que ir a notificarse a la Policía Federal de concurrir a la audiencia que se realizó ayer, precisamente a escasos metros de la habitación en la que sufrió torturas luego de ser detenido de su casa el 24 de marzo de 1976  por un grupo de civiles armados encabezados por el agente de Inteligencia Raúl Guglielminetti. “Entré por la misma puerta donde fui torturado”, dijo el ex dirigente de ATEN.
Relató que se sorprendió por el despliegue “inusitado” que había en la cuadra de su casa durante su detención, “civiles con armas y escopetas parapetados detrás de árboles y autos”, describió.
Precisó que fue trasladado a la delegación de la Policía Federal, ubicada en la calle Santiago del Estero, donde fue golpeado y torturado con picana eléctrica, ahogamiento con una bolsa de nylon, golpes en los oídos que lo dejaron sordo, sesiones encabezadas por Guglielminetti y en las que también estuvo el “Perro” González, director de la delegación. “Nadie que haya estado en la Policía Federal podía ignorar lo que pasaba ahí porque los gritos de los torturados eran como de animales desesperados”, enfatizó.
Además señaló que fue llevado a la Unidad Penitenciaria 9 donde estuvo unos diez días hasta que nuevamente Guglielminetti se lo llevó a la Policía Federal. Balbo afirmó que “tenía terror que me dejaran en la Policía Federal porque ahí las torturas eran terribles, en la U9 estaba a salvo”.
 
"De gusto"
Luego de una de las sesiones de tortura, Balbo quedó en una sala donde, según su testimonio, había una persona de civil comiendo pollo con puré, que le dice “te estás haciendo pegar de gusto”.
  Ante las preguntas del Tribunal y de las querellas, Balbo no pudo precisar si esa persona era Jorge Alberto Soza, segundo jefe de la delegación, imputado en la causa. “Cuando vi sus fotos en los diarios pensé que podía tratarse de él, pero no puedo asegurarlo”, sostuvo y recordó que “se hacía el bueno, pero no era un subordinado, un subordinado no come delante de un secuestrado”.
Balbo también mencionó a otro de los imputados, Luis Alberto Farias Barrera, jefe de Personal del Comando de la VI Brigada, quien estaba presente cuando fue trasladado en avión junto a otros detenidos a la cárcel de Rawson. Además aseguró que Farías Barrera atendía a sus padres que iban a buscar información sobre su hijo. “Siempre les daba una versión diferente y los hacía ir a todos lados”.
Luego Balbo pudo exiliarse en Italia, donde vivió seis años. “Las marcas que yo tengo en el cuerpo por las torturas son marcas que le dejaron a la sociedad”, finalizó. 
Denuncian violaciones en cautiverio
 

Neuquén > Dora Seguel, secuestrada durante el Operativo Cutral Co, relató los golpes y amenazas que sufrió en la Comisaría 14 de esa localidad. Además, identificó a la Policía Federal como la fuerza que se llevó ilegalmente de su casa a su hermana Arlene, quien sigue desaparecida, y desde la casa de un familiar a su hermana Argentina.
A Seguel la secuestraron en el CEM 6 cuando tenía 16 años. En el celular que la transportó identificó al represor Oscar Reinhold.

Aseguró que fue violada por uno de los tres oficiales que estaba en la comisaría durante los interrogatorios. “Estaba el comisario (Héctor) Mendoza, un militar, y otra persona que estaba vestida de civil y él fue quien me violó", confirmó.

Le preguntaban por las amistades de su hermana Arlene e intentaban que admitiera que tenían armas. Le hicieron firmar un documento donde se la pasaba a disposición de la U9. Atada de manos y con los ojos vendados, pasó la noche en un camión policial con pequeños calabozos, donde identificó a las víctimas Miguel Ángel Pincheira y Carlos Chávez.
En la U9 se encontró con su hermana Argentina y ambas fueron trasladas en avión junto a otros detenidos a Bahía Blanca. "En un momento durante los interrogatorios sentí que Argentina gritaba mucho, pienso que ahí fue cuando la violaron, además por las groserías que se escuchaban", recordó la mujer, quien denunció que durante un nuevo traslado volvió a ser violada por otro hombre. Ya en el centro clandestino de detención La Escuelita de Bahía Blanca, Dora escuchó por última vez la voz de su hermana Arlene.

También declaró Juan Carlos Maidana, quien fue detenido en su vivienda en el mismo operativo por personal del Ejército.
Al final de la audiencia, el tribunal informó que admitieron el pedido de la querella del Ceprodh de incluir en el proceso el informe del Ministerio de Defensa Nacional sobre los documentos recientemente encontrados de la última dictadura militar.

Testigos comprometen a los federales:asegura que se camuflaban como trabajadores y linyeras

Las partes acusadoras buscaron durante la audiencia de ayer dejar en claro la participación de la Policía Federal en Neuquén en los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.

Neuquén > Las partes acusadoras en el juicio de La Escuelita III buscaron durante la audiencia de ayer dejar en claro la participación de la Policía Federal en los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.

El testigo Rubén Sandoval, primo de las hermanas Arlene, Argentina y Dora Seguel, fue contundente al indicar que efectivos que exhibían credenciales de la Policía Federal fueron los que se llevaron desde su vivienda en Cutral Co a Arlene.

Sandoval, quien por primera vez tuvo la oportunidad de contar su historia ante el Tribunal Oral Federal de Neuquén, relató que sus tíos se presentaron al día siguiente del secuestro en su vivienda de esta capital y desde ahí comenzaron una larga recorrida para hallar a su prima.
La primera visita fue ante el oficial González de la Policía Federal, quien les dijo que no sabía nada. Luego Sandoval recurrió a su padre quien había sido Policía provincial en tiempos de territorios nacionales.
Por intermedio de una pareja amiga el padre de Sandoval concretó una cena familiar a la que invitó a un agente de la Policía Federal de apellido Ricomini para intentar obtener datos de Arlene.
“Estoy bastante cansado porque recién llegué de Buenos Aires de llevar a una guerrillera muy peligrosa”, recordó Sandoval que dijo aquel oficial durante la cena. Recordó que ante esos dichos el temor invadió a la familia. Era apenas el inicio del terror. Minutos más tarde golpearon a la puerta dos policías de civil quienes se llevaron a Argentina Seguel.

“A uno de los dos policías yo lo conocía porque había trabajado conmigo, era Francisco Chaneton”, precisó el testigo. Esa noche la Policía se llevó a Argentina y un tiempo después también secuestraron a Dora, ambas liberadas, mientras que Arlene aún continúa desaparecida. Las gestiones del padre de Sandoval concluyeron ante una “recomendación” de un comisario de apellido Vargas, quien les indicó que dejaran de buscar porque se iban a “ver comprometidos”.

“La pasaron muy mal, hasta fueron violadas”, precisó Sandoval en referencia a los padecimientos de sus primas durante el cautiverio.
También declaró durante la tarde de ayer Hugo Monsalvez, quien realizó el servicio militar durante 1976. Dijo que era habitual ver a los oficiales entrar y salir del destacamento de civil y que varias veces los vio disfrazados de choferes de colectivo, con mamelucos y hasta de linyeras.

Recordó además que en una oportunidad vio un camión azul de la Policía en el playón del Comando, donde había detenidos dentro. “Cuando le pregunté al oficial Taquini quiénes eran, me dijo: ‘Son terroristas de Cutral Co’”, afirmó.

La "Escuelita III" : juicio histórico de los "prófugos"

Un nuevo paso en busca de justicia

Cuatro integrantes del Ejército y un miembro de la Policía Federal Argentina serán juzgados a partir del jueves en un nuevo tramo del juicio por delitos de lesa humanidad ocurridos en Neuquén durante la última dictadura militar.

Por Pablo Montanaro

Neuquén > El próximo jueves 17 a las 9 comenzará en esta ciudad el tercer juicio oral y público contra cinco represores (cuatro ex militares y un ex policía) que actuaron en Neuquén durante la última dictadura militar acusados por delitos de lesa humanidad. Los hechos que serán ventilados en las audiencias a desarrollarse en el Salón Verde de AMUC (Avenida Argentina 1637) involucran a un total de 56 víctimas (17 del primer juicio desarrollado en 2008 y 39 del segundo juicio de 2012).
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Neuquén convocó a 61 personas para que declaren como testigos.
 

“De los prófugos”, tiene como imputados a Jorge Di Pasquale, quien en el momento de los hechos se desempeñaba como teniente coronel de Inteligencia; Jorge Soza, segundo jefe de la Delegación Neuquén de la Policía Federal; Mario Alberto Gómez Arenas, jefe de Inteligencia del Destacamento 182; Luis Alberto Farías Barrera, jefe de Personal del Comando de la Sexta Brigada, e Hilarión de la Pas Sosa, jefe de la sección Sanidad de la Brigada de Infantería de Montaña VI. En tanto, el ex comisario Héctor Mendoza, quien estaba a cargo de la Comisaría 14 de Cutral Co en el momento de los hechos, fue apartado del juicio por motivos de salud.
Tanto Gómez Arenas como Pas Sosa y Farías Barreras se incorporaron a este tercer juicio ya que quedaron fuera del proceso judicial realizado el año pasado a raíz de problemas de salud.
Di Pasquale, quien se encuentra en el penal de Marcos Paz cumpliendo condena, estará presente en la audiencia de apertura del debate ya que el Tribunal Oral Federal no hizo lugar a la solicitud presentada por su abogado defensor, Pablo Matkovich, para que se lo exima de asistir. Matkovich planteó que el ex represor no debía estar presente durante la lectura de la acusación, entre otros motivos, porque la Unidad 9 no está en condiciones de alojarlo.
Para el fiscal Adrián García Lois, junto a su par Marcelo Grosso, el  pedido de la defensa de Di Pasquale “encubre la intención de mejorar un privilegio”.
Por otra parte, el tribunal no hizo lugar a la solicitud para que se revoquen las detenciones domiciliarias de Gómez Arenas, Farías Barrera, De la Pas Sosa y Soza, pedido formulado por las querellas. Sin embargo, la APDH interpuso un recurso de reposición.
Matkovich asistirá además a De la Pas Sosa, Farías Barrera y Gómez Arenas, mientras que Laura Giuliani representa a Soza.
En la audiencia preliminar, Matkovich aseguró que Di Pasquale iba a declarar el primer día de debate. Lo mismo que Soza, que lo hará por el lapso de una hora, según adelantó su defensora, Giuliani. En tanto, De la Pas Sosa, Farías Barrera y Gómez Arenas no prestarán declaración.
Además, el tribunal resolvió que los testigos víctimas que están fuera del país declaren en oficinas del consulado, como es el caso de Pedro Justo Rodríguez, y que se reproducirá el material fílmico de quienes hayan declarado y no puedan hacerlo en esta oportunidad.
Los querellantes de la parte acusadora la componen Marcelo Grosso y Adrián García Lois (Fiscalía Federal), Juan Cruz Goñi (Asamblea por los Derechos Humanos, APDH), Ivana dal Bianco y Natalia Hormazábal (Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, Ceprodh) y Marcelo Medrano (Secretaria de Derechos Humanos de la Nación).

Piden exoneración de médico de Neuquén juzgado por delitos de lesa humanidad en Formosa

El Sindicato de Profesionales de la Salud Pública de Neuquén, reclamó la exoneración del médico Faustino Blanco Cabrera del hospital de Cutral Có, ante el juicio al que es sometido en Formosa por delitos de lesa humanidad cometidos en esa provincia durante la última dictadura.


Cabrera prestaba servicios en el área de psiquiatría del hospital de Cutral Có hasta que fue detenido en el mes de junio pasado y en la actualidad cuenta con una licencia por enfermedad y continúa percibiendo su salario.

El Sindicato de Profesionales de la Salud Público solicitó al ministerio de Salud de la provincia que sea apartado del plantel de salud del sistema de Neuquén.

En una presentación dirigida al ministro de Salud, Rubén Butigue, los profesionales señalan que “el médico psiquiatra Faustino Blanco Cabrera, DNI 7,646,122, legajo 136,436, ingresó en el año 2006 a la planta del Sistema de Salud en el Hospital de Cutral Có sin mediar el correspondiente concurso”.

”Este profesional actualmente está detenido en la provincia de Formosa acusado de cometer delitos de lesa humanidad durante la dictadura militar de 1976?, denuncian.

Precisan que “se lo acusa de participar en torturas y fraguar certificados de defunción cuando revestía el cargo de Teniente Primero médico en el Regimiento 29 de Infantería de Monte”.

Indican que “por la reactivación de esas causas y la negación de excarcelación se libró pedido de captura en junio de este año, ha sido detenido y permanecerá en esa situación hasta la sustanciación del juicio”.

Afirman que “las denuncias que pesan sobre él tienen tal gravedad que son suficientes para determinar la inmediata exoneración como lo prevén el artículo 8° inciso D y el artículo 111° incisos D y E del Estatuto de la Administración Pública Provincial (EPCAPP)”.

”Nos resulta inaceptable que además se lo esté amparando con una licencia por enfermedad de largo tratamiento (Art. 62°), siendo que no está enfermo sino acusado y preso por los peores delitos cometidos hacia la sociedad argentina en los oscuros años de la dictadura”, expresan.

Agregan que “no es la primera vez que desde nuestra organización nos vemos en la obligación de denunciar a profesionales que participaron en el Terrorismo de Estado, entre los que se encuentran Roberto Fermín de Los Santos, Roberto Moyano y Ricardo Grisotto”.

Consideran que “la anulación de la leyes de impunidad permitió reactivar los juicios a los genocidas, motivo más que alentador para que en definitiva se haga justicia con los responsables y colaboradores del plan de exterminio en todo el país”.

En consecuencia exigen que “se aparte inmediatamente del plantel de Salud a Faustino Blanco Cabrera porque ofende nuestros principios ciudadanos y éticos”.

Exoneraron a tres docentes que colaboraron con la dictadura militar

Los hombres realizaron trabajos de inteligencia para el Batallón 601. Sus nombres se conocieron en 2010 cuando se publicó el listado de colaboradores del último gobierno de facto.
       
El gobierno provincial aplicó la máxima sanción prevista para un empleado de la administración pública.

Neuquén:  Tres docentes de la provincia que fueron agentes de inteligencia durante la última dictadura fueron separados de su cargo y no podrán volver a ejercer la docencia. La decisión fue ratificada por el gobierno provincial el lunes mediante el Decreto 1271/13 que aplicó la máxima sanción prevista para un empleado provincial.
Se trata de Daniel Nappi, Jorge Rosales y Carlos Clavier, quienes se desempeñaban en el CPEM 40, EPET 8 y CPEM 48, respectivamente, y que fueron colaboradores durante la dictadura prestando servicio en el Batallón de Inteligencia 601.

La exoneración se determinó tras la realización de un sumario que comenzó en 2010 cuando se conoció un listado de 4.300 agentes que colaboraron con las Fuerzas Armadas.
Nappi y Rosales figuraban en esa nómina como “agentes de reunión” cuya misión habría sido la de infiltrarse en sindicatos, fábricas, universidades, organizaciones políticas y sociales para recabar información sobre personas a quienes luego las fuerzas militares y parapoliciales se encargaban de secuestrarlas. En tanto, Clavier, figura como “analista de información” de la central de inteligencia de la dictadura militar.
Durante el proceso sumarial, el Consejo Provincial de Educación determinó que transgredieron las funciones y deberes determinadas en el Estatuto Docente, en la Constitución Nacional y Tratados Internacionales de Derechos Humanos.
“Con la prueba recabada se logró acreditar fehacientemente la participación de los sumariados en el Batallón de Inteligencia Nº 601”, establece el Decreto 1271 del pasado 5 de agosto.
El documento argumentó que “el sistema educativo, al ser parte integrante del Estado de Derecho, no puede ignorar hechos de tal naturaleza” y que el deber de los docentes es educar en los principios democráticos. Además, se determinó que se incumplió con los artículos 5 y 13 del Estatuto Docente que indica que los docentes deben “observar una conducta acorde con la función educativa y no desempeñar actividad que afecte la dignidad del docente” y que deben “poseer la capacidad física y la moralidad inherente a la función educativa”.

“Fueron cómplices”
Desde ATEN se mostraron conformes con la exoneración de los tres agentes de inteligencia y destacaron que desde que se conoció el listado de colaboradores, el gremio inició una investigación para promover la separación de los docentes de su cargo.

“Estas personas fueron cómplices de las desapariciones y entregadores de los militares”, manifestó Demian Romero, secretario adjunto de ATEN. Desde el gremio acusaron al Gobierno de adoptar encubrir la situación en un principio, al trasladar a los docentes hacia otras escuelas. Según explicó, “Esto generó un repudio general en los establecimientos y exigieron que se conozca los archivos completos de la dictadura donde figuran los nombres de todos los colaboradores y las funciones que cumplían. “Los organismos de derechos humanos y ATEN reclamamos verdad completa”, sostuvo.
Fuente: La Mañana de Neuquén