La "Escuelita III" : juicio histórico de los "prófugos"

Un nuevo paso en busca de justicia

Cuatro integrantes del Ejército y un miembro de la Policía Federal Argentina serán juzgados a partir del jueves en un nuevo tramo del juicio por delitos de lesa humanidad ocurridos en Neuquén durante la última dictadura militar.

Por Pablo Montanaro

Neuquén > El próximo jueves 17 a las 9 comenzará en esta ciudad el tercer juicio oral y público contra cinco represores (cuatro ex militares y un ex policía) que actuaron en Neuquén durante la última dictadura militar acusados por delitos de lesa humanidad. Los hechos que serán ventilados en las audiencias a desarrollarse en el Salón Verde de AMUC (Avenida Argentina 1637) involucran a un total de 56 víctimas (17 del primer juicio desarrollado en 2008 y 39 del segundo juicio de 2012).
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Neuquén convocó a 61 personas para que declaren como testigos.
 

“De los prófugos”, tiene como imputados a Jorge Di Pasquale, quien en el momento de los hechos se desempeñaba como teniente coronel de Inteligencia; Jorge Soza, segundo jefe de la Delegación Neuquén de la Policía Federal; Mario Alberto Gómez Arenas, jefe de Inteligencia del Destacamento 182; Luis Alberto Farías Barrera, jefe de Personal del Comando de la Sexta Brigada, e Hilarión de la Pas Sosa, jefe de la sección Sanidad de la Brigada de Infantería de Montaña VI. En tanto, el ex comisario Héctor Mendoza, quien estaba a cargo de la Comisaría 14 de Cutral Co en el momento de los hechos, fue apartado del juicio por motivos de salud.
Tanto Gómez Arenas como Pas Sosa y Farías Barreras se incorporaron a este tercer juicio ya que quedaron fuera del proceso judicial realizado el año pasado a raíz de problemas de salud.
Di Pasquale, quien se encuentra en el penal de Marcos Paz cumpliendo condena, estará presente en la audiencia de apertura del debate ya que el Tribunal Oral Federal no hizo lugar a la solicitud presentada por su abogado defensor, Pablo Matkovich, para que se lo exima de asistir. Matkovich planteó que el ex represor no debía estar presente durante la lectura de la acusación, entre otros motivos, porque la Unidad 9 no está en condiciones de alojarlo.
Para el fiscal Adrián García Lois, junto a su par Marcelo Grosso, el  pedido de la defensa de Di Pasquale “encubre la intención de mejorar un privilegio”.
Por otra parte, el tribunal no hizo lugar a la solicitud para que se revoquen las detenciones domiciliarias de Gómez Arenas, Farías Barrera, De la Pas Sosa y Soza, pedido formulado por las querellas. Sin embargo, la APDH interpuso un recurso de reposición.
Matkovich asistirá además a De la Pas Sosa, Farías Barrera y Gómez Arenas, mientras que Laura Giuliani representa a Soza.
En la audiencia preliminar, Matkovich aseguró que Di Pasquale iba a declarar el primer día de debate. Lo mismo que Soza, que lo hará por el lapso de una hora, según adelantó su defensora, Giuliani. En tanto, De la Pas Sosa, Farías Barrera y Gómez Arenas no prestarán declaración.
Además, el tribunal resolvió que los testigos víctimas que están fuera del país declaren en oficinas del consulado, como es el caso de Pedro Justo Rodríguez, y que se reproducirá el material fílmico de quienes hayan declarado y no puedan hacerlo en esta oportunidad.
Los querellantes de la parte acusadora la componen Marcelo Grosso y Adrián García Lois (Fiscalía Federal), Juan Cruz Goñi (Asamblea por los Derechos Humanos, APDH), Ivana dal Bianco y Natalia Hormazábal (Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, Ceprodh) y Marcelo Medrano (Secretaria de Derechos Humanos de la Nación).

Piden exoneración de médico de Neuquén juzgado por delitos de lesa humanidad en Formosa

El Sindicato de Profesionales de la Salud Pública de Neuquén, reclamó la exoneración del médico Faustino Blanco Cabrera del hospital de Cutral Có, ante el juicio al que es sometido en Formosa por delitos de lesa humanidad cometidos en esa provincia durante la última dictadura.


Cabrera prestaba servicios en el área de psiquiatría del hospital de Cutral Có hasta que fue detenido en el mes de junio pasado y en la actualidad cuenta con una licencia por enfermedad y continúa percibiendo su salario.

El Sindicato de Profesionales de la Salud Público solicitó al ministerio de Salud de la provincia que sea apartado del plantel de salud del sistema de Neuquén.

En una presentación dirigida al ministro de Salud, Rubén Butigue, los profesionales señalan que “el médico psiquiatra Faustino Blanco Cabrera, DNI 7,646,122, legajo 136,436, ingresó en el año 2006 a la planta del Sistema de Salud en el Hospital de Cutral Có sin mediar el correspondiente concurso”.

”Este profesional actualmente está detenido en la provincia de Formosa acusado de cometer delitos de lesa humanidad durante la dictadura militar de 1976?, denuncian.

Precisan que “se lo acusa de participar en torturas y fraguar certificados de defunción cuando revestía el cargo de Teniente Primero médico en el Regimiento 29 de Infantería de Monte”.

Indican que “por la reactivación de esas causas y la negación de excarcelación se libró pedido de captura en junio de este año, ha sido detenido y permanecerá en esa situación hasta la sustanciación del juicio”.

Afirman que “las denuncias que pesan sobre él tienen tal gravedad que son suficientes para determinar la inmediata exoneración como lo prevén el artículo 8° inciso D y el artículo 111° incisos D y E del Estatuto de la Administración Pública Provincial (EPCAPP)”.

”Nos resulta inaceptable que además se lo esté amparando con una licencia por enfermedad de largo tratamiento (Art. 62°), siendo que no está enfermo sino acusado y preso por los peores delitos cometidos hacia la sociedad argentina en los oscuros años de la dictadura”, expresan.

Agregan que “no es la primera vez que desde nuestra organización nos vemos en la obligación de denunciar a profesionales que participaron en el Terrorismo de Estado, entre los que se encuentran Roberto Fermín de Los Santos, Roberto Moyano y Ricardo Grisotto”.

Consideran que “la anulación de la leyes de impunidad permitió reactivar los juicios a los genocidas, motivo más que alentador para que en definitiva se haga justicia con los responsables y colaboradores del plan de exterminio en todo el país”.

En consecuencia exigen que “se aparte inmediatamente del plantel de Salud a Faustino Blanco Cabrera porque ofende nuestros principios ciudadanos y éticos”.

Exoneraron a tres docentes que colaboraron con la dictadura militar

Los hombres realizaron trabajos de inteligencia para el Batallón 601. Sus nombres se conocieron en 2010 cuando se publicó el listado de colaboradores del último gobierno de facto.
       
El gobierno provincial aplicó la máxima sanción prevista para un empleado de la administración pública.

Neuquén:  Tres docentes de la provincia que fueron agentes de inteligencia durante la última dictadura fueron separados de su cargo y no podrán volver a ejercer la docencia. La decisión fue ratificada por el gobierno provincial el lunes mediante el Decreto 1271/13 que aplicó la máxima sanción prevista para un empleado provincial.
Se trata de Daniel Nappi, Jorge Rosales y Carlos Clavier, quienes se desempeñaban en el CPEM 40, EPET 8 y CPEM 48, respectivamente, y que fueron colaboradores durante la dictadura prestando servicio en el Batallón de Inteligencia 601.

La exoneración se determinó tras la realización de un sumario que comenzó en 2010 cuando se conoció un listado de 4.300 agentes que colaboraron con las Fuerzas Armadas.
Nappi y Rosales figuraban en esa nómina como “agentes de reunión” cuya misión habría sido la de infiltrarse en sindicatos, fábricas, universidades, organizaciones políticas y sociales para recabar información sobre personas a quienes luego las fuerzas militares y parapoliciales se encargaban de secuestrarlas. En tanto, Clavier, figura como “analista de información” de la central de inteligencia de la dictadura militar.
Durante el proceso sumarial, el Consejo Provincial de Educación determinó que transgredieron las funciones y deberes determinadas en el Estatuto Docente, en la Constitución Nacional y Tratados Internacionales de Derechos Humanos.
“Con la prueba recabada se logró acreditar fehacientemente la participación de los sumariados en el Batallón de Inteligencia Nº 601”, establece el Decreto 1271 del pasado 5 de agosto.
El documento argumentó que “el sistema educativo, al ser parte integrante del Estado de Derecho, no puede ignorar hechos de tal naturaleza” y que el deber de los docentes es educar en los principios democráticos. Además, se determinó que se incumplió con los artículos 5 y 13 del Estatuto Docente que indica que los docentes deben “observar una conducta acorde con la función educativa y no desempeñar actividad que afecte la dignidad del docente” y que deben “poseer la capacidad física y la moralidad inherente a la función educativa”.

“Fueron cómplices”
Desde ATEN se mostraron conformes con la exoneración de los tres agentes de inteligencia y destacaron que desde que se conoció el listado de colaboradores, el gremio inició una investigación para promover la separación de los docentes de su cargo.

“Estas personas fueron cómplices de las desapariciones y entregadores de los militares”, manifestó Demian Romero, secretario adjunto de ATEN. Desde el gremio acusaron al Gobierno de adoptar encubrir la situación en un principio, al trasladar a los docentes hacia otras escuelas. Según explicó, “Esto generó un repudio general en los establecimientos y exigieron que se conozca los archivos completos de la dictadura donde figuran los nombres de todos los colaboradores y las funciones que cumplían. “Los organismos de derechos humanos y ATEN reclamamos verdad completa”, sostuvo.
Fuente: La Mañana de Neuquén

Neuquén volvió a decir "Nunca más"

Más de 10 mil neuquinos se convocaron ayer en el centro de la ciudad a 37 años del inicio de la dictadura cívico militar y para recordar a los 30 mil desaparecidos que dejó el accionar represivo.

Neuquén > La capital de los derechos humanos volvió a salir a la calle otro 24 de marzo, con sus banderas en alto, sus manifestaciones artísticas y sus Madres de Plazo de Mayo encabezando una multitud.
Más de diez mil personas se movilizaron por Neuquén para gritar “¡Nunca más!”, la clásica consigna en repudio de la dictadura cívico-militar que comenzó el 24 de marzo de 1976. Atravesada por la coyuntura nacional, que dividió en tres a la columna de manifestantes, los discursos de los oradores sobre el Monumento a San Martín hicieron eje en exigir la aparición con vida de los desaparecidos en democracia, en repudiar el “Proyecto X” de inteligencia del gobierno nacional, reclamar el fin de la criminalización de la protesta y el rechazo a la sentencia del juicio La Escuelita II.

La concentración comenzó a las 20, donde Madres de Plaza de Mayo Filial Neuquén y Alto Valle encabezaron la columna por la avenida Argentina, acompañada por organismos de derechos humanos. Luego, una vez comenzada la movilización, se sumaron distintas columnas que se dividieron en dos, las peronistas y las de izquierda.

La organización de la marcha había dispuesto que la movilización no pase frente al Comando de la VI Brigada de Montaña y montó un pequeño operativo de seguridad sobre la calle Teniente Ibañez para que la columna gire en la esquina anterior del edificio. El Comando estaba vallado alrededor de toda su manzana y, detrás del cerco, había una veintena de policías y bomberos. Para obligar a que las columnas doblen por Ibañez y vuelvan hacia el Monumento, la organización colocó un cordón humano en la esquina que sostenía una pancarta con la consigna: “Cárcel común, perpetua y efectiva”.

Oscar Ragni, de la Corriente por los Derechos Humanos, fue el primero en hablarle a la multitud. “Somos más”, repitió emocionado. Criticó el “Proyecto X” porque, según dijo, le da “impunidad a los buchones”. Además, resaltó que la Legislatura neuquina no aprobó una comunicación al gobierno nacional para saber “quién nos persigue, a quiénes, por qué y a pedido de quién”.

Luego, Zainuco, organización de abogados por los Derechos Humanos en las cárceles neuquinas, reiteró su pedido para evitar la criminalización de la pobreza. “La dictadura sigue actuando en las cárceles a través de la represión policial”, dijo su orador.
Desde HIJOS se pidió el fin del gatillo fácil policial, al cual le adujeron más de 3 mil casos, y 300 muertos en represiones abiertas. Además, dijeron que el juicio de La Escuelita II fue un “castigo falaz, un circo judicial y una farsa de justicia”.

Fuente: La Mañana

Escuelita II : un fallo que premia la impunidad

Indignación entre familiares generó el veredicto que se conoció este martes (06/11/12) en el segundo tramo del juicio por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar en el centro clandestino de detención conocido como La Escuelita. Seis de los 21 acusados recibieron condenas severas -de entre 19 y 23 años de prisión- mientras que siete recibieron penas más bajas de lo esperado por la querella. En tanto, ocho fueron absueltos, entre ellos los policías rionegrinos:

1. José Ricardo Luera: condenado a 23 años de prisión

2. Oscar Lorenzo Reinhold: condenado a 21 años de prisión

3. Enrique Braulio Olea: condenado a 22 años de prisión

4. Francisco Julio Oviedo: condenado a 4 años de prisión

5. Enrique Casagrnade: condenado a 8 años de prisión

6. Máximo Hubaldo Maldonado: condenado a 7 años de prisión

7. Osvaldo Antonio Laurella Crippa: condenado a 23 años de prisión

8. Sergio Adolfo San Martín: condenado a 19 años de prisión

9. Jorge Eduardo Molina Ezcurra: condenado a 19 años de prisión

10. Raúl Antonio Guglielminetti: condenado a 12 años de prisión

11. Antonio Alberto Camarelli: 10 años de prisión

12. Gustavo Vittón: condenado a 8 años de prisión

13. Miguel Ángel Quiñones: condenado a 6 años de prisión

14. Saturnino Martínez: absuelto

15. Jorge Osvaldo Gaetani: absuelto

16. Serapio del Carmen Barros: absuelto

17. Emilio Jorge Sacchitella: absuelto

18. Gerónimo Emilio Huircaín: absuelto

19. Oscar Ignacio del Magro: absuelto

20. Julio Héctor Villalobos: absuelto

21. Desiderio Penchulef: absuelto

El veredicto generó bronca entre las víctimas y los organismos de derechos humanos que llegaron hasta el lugar. Las querellas de la APDH, la secretaría de Derechos Humanos y el CEPRODH consideraron que hubo penas "muy bajas" y absoluciones no esperadas (ver nota).

Por su parte el fiscal Marcelo Grosso declaró a la prensa, en medio de los cuestionamientos de los allegados a las víctimas, que no le conformó el veredicto y que buscarán apelar. "Vamos a evaluar la posibilidad de ir en casación por algunas absoluciones", señaló el funcionario judicial quien dejó en claro que "no cubrió las expectativas de la fiscalía. Pretendíamos otras penas y otras condenas".

En tanto los abogados Rodolfo Ponce de León y Paola Rubianes, únicos representantes de la defensa que estuvieron presentantes, se mostraron conformes con el veredicto. "No hay que agarrárselas ni con los defensores ni con los jueces. Hay que agarrárselas con los que tenían el trabajo de acusar y no acusaron", lanzó Ponce de León (ver nota).

Tras la lectura del veredicto, militantes, organizaciones sociales, partidos y sindicatos se movilizaban desde el salón de Amuc hasta los tribunales federales ubicados en el centro de la ciudad de Neuquén para manifestar su descontento.

Los jueces Orlando Coscia, Mariano Lozano y Eugenio Krom leyeron el veredicto a los 21 acusados por delitos de lesa humanidad, por 39 denuncias de detenidos - desaparecidos en la última dictadura en Neuquén y Río Negro. Ninguno de los imputados estuvo presente durante la audiencia final.

La lectura comenzó a las 7:30 en el salón Verde de Amuc, el lugar donde se han desarrollado las audiencias desde abril, cuando comenzaron los testimonios de los sobrevivientes que padecieron tormentos durante el golpe de Estado. En la voz de Coscia el veredicto culminó antes de las 8.30 e hizo estallar el murmullo y las críticas de los presentes en la sala.

Además de las condenas y las absoluciones, en un veredicto de más de 30 puntos, también se estableció la separación de declaraciones por distintos pedidos. Entre lo concedido existe un planteo del defensor Ponce De León para revisar la Instrucción de la causa. También se resolvió por presuntos falsos testimonios.

De las 39 desapariciones que se trataron en las audiencias, seis corresponden a militantes barriales y políticos de los que nunca se supo su destino.

En el juicio la Apdh pidió que las desapariciones forzadas fueran contempladas como homicidio, y este planteo fue derivado por el tribunal a la instrucción, por lo que, a diferencia de lo que ocurrió en juicios como el de Bahía, la figura de homicidio no fue parte de las condenas.

Tras conocerse el veredicto varios de los referentes que siguieron las instancias, que investigaron a los responsables por los delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino la Escuelita, expresaron su bronca y el compromiso de continuar con la lucha por la verdad y la memoria.

"Vamos a seguir luchando", sintetizó Inés Ragni, Madre de Plaza de Mayo, quien agregó que "no nos sentimos derrotadas porque la sangre de nuestros hijos no tiene precio, no se vende a ningún gobierno a ningún fiscal ni abogados".

Para Sergio Méndez Saavedra, detenido de Cutral Co, cuestionó la actitud del abogado Rodolfo Ponce de León y la otra defensora presente, Paola Rubianes, al decir "la pena vergonzosa que dan estos abogados". Agregó que los jueces del TOF dictaron "un fallo de impunidad".

"No es una burla, es realmente un acto criminal que ha cometido por este tribunal y la justicia Federal", sintetizó Eduardo París, quien fue víctima de la última dictadura militar.

Otro de los referentes que se expresó fue Oscar Ragni quien dijo lo siguiente: "Es una actitud de venganza de él (por Olea) por lo que está padeciendo. Porque ellos saben que secuestraron, torturaron, mataron, robaron y desaparecieron, pero a los compañeros no les ganaron. Los compañeros donde estén están libres y ellos (por los imputados) están aquí y ahora y tendrán que cumplir, no importa que sea un año, cinco, diez o cincuenta, pero tendrán que avenirse a lo que diga la Justicia. Los compañeros y las compañeras desaparecidas les han ganado".

A poco de la sentencia en el juicio "Escuelita II"

LOS JUZGA UN TRIBUNAL…

Como lo hemos sostenido desde el principio, estos juicios tardíos no son una concesión graciosa de ningún poder político para saciar la sed de venganza de un sector particular, sino que constituyen el fruto de más de 36 años de lucha inclaudicable por el Juicio y Castigo a los Genocidas.
Lamentablemente, las secuelas de tantos años de impunidad se han plasmado en la manera en que se llevan a cabo, de forma parcializada y sin un criterio en común para dar respuesta a la elección discrecional de algunas “victimas” por sobre otras. No es necesario ser muy perspicaz para entender que el desguace de la causa tuvo entre sus objetivos, desvirtuar la verdad histórica de lo ocurrido en nuestra región y en el país en general. Además de garantizar la impunidad a muchos de los imputados que serán juzgados en varios tramos por uno o dos casos, buscando obtener penas menores que disminuyan su responsabilidad en el Plan Genocida.

Es así, que a 7 meses de iniciado el Juicio “Escuelita 2”, en que se juzga solo a 22 Genocidas de Rio Negro y Neuquén, es necesario reafirmar algunas denuncias y apreciaciones que hemos hecho públicas en el transcurso del mismo. Estas evidencian cual ha sido el rol asumido por la “Justicia”, representada por el Tribunal Oral Federal de Neuquén, conformado por Orlando Coscia, Eugenio Krom y Mariano Lozano y por la Fiscalía Federal.
En principio, continua siendo una aberración moral que, quienes son juzgados por los crímenes más atroces que se pueden cometer contra la humanidad, cuenten con innumerables beneficios. Mediante ellos, se busca equiparar simbólicamente a las víctimas directas con los victimarios, y generar situaciones de peligro y vulnerabilidad para quienes tienen el peso de dar su testimonio como única prueba fehaciente de imputar responsabilidades a los acusados. Todos ellos, pertenecientes a las Fuerzas Represivas han mantenido y seguirán manteniendo, un “pacto de silencio”; además de haber eliminado y ocultado las pruebas materiales que los incriminan. Sirviéndose para ello de acuerdos espurios con el poder político de los sucesivos gobiernos constitucionales, y consolidando así, las garantías de impunidad brindadas por el Estado y que todo proceso genocida exige.

Ante esta realidad notoria, los jueces anteriormente mencionados, han optado por proteger y beneficiar sistemáticamente a los genocidas. Permitiendo abiertamente el maltrato y hostigamiento a las víctimas-testigos y sus familiares. Incluso reprimiéndonos como al comienzo del Juicio, cuando de una de las camionetas en que se transportaba a los imputados, se dispararon tres granadas de gas pimienta que lesionaron a una compañera en su rostro y ocasionaron problemas respiratorios a muchos de los presentes. Asimismo, este tribunal admitió como “testigos” a varios genocidas que reconocieron en sus declaraciones su participación activa en el plan y que han sido identificados por las propias víctimas, como el ex comisario de la Policía de la Provincia de Neuquén, Alejandro Rojas y el oficial de inteligencia de la Policía de la Provincia de Rio Negro Jorge Galera, entre muchos otros.

En contraposición a los numerosos beneficios que se brindó a los genocidas, como no asistir a la mayor parte de las audiencias, permisos de viajar a visitar a sus familias, excarcelaciones y prisiones domiciliarias para la mayoría de ellos, e incluso permitir que amedrenten e insulten en medio de su testimonio a una víctima; Este tribunal no dudo en amenazar con echar de la audiencia a las Madres de Plaza de Mayo de Neuquén y Alto Valle, y en expulsar de la misma a una hija de desaparecidos y a una víctima por romper el silencio ante tamañas injusticias sufridas en el proceso judicial.
Este mismo tribunal, que alegó ser el responsable principal de la seguridad y de garantizar los buenos modales en las audiencias, permitió en incontables oportunidades que los abogados defensores atacaran ferozmente a las víctimas, tildándolas de fabuladoras, mentirosas, delincuentes, entre otros adjetivos peyorativos.
Asimismo, censuró el reclamo mayoritario de la sociedad, expresada a través de organizaciones, victimas, sobrevivientes y familiares, de que se respete la verdad histórica de lo sucedido y se condene por genocidio a los responsables, al negarse a recibir el petitorio elaborado al respecto y rechazando exclusivamente a las testigos de concepto ofrecidas por el CeProDH, quienes debían exponer sobre el tema, después de haber aceptado la totalidad de testigos de concepto ofrecidos por el resto de las partes.

Por su parte, la Fiscalía solicitó penas irrisorias que van de 24 a 5 años de prisión. Alega que es un atenuante para la totalidad de los imputados gozar del concepto de ser “buenos vecinos”. PARA LA FISCALÍA LOS EJECUTORES DE ESTE PLAN GENOCIDA QUE SECUESTRARON, TORTURARON Y DESAPARECIERON A NUESTROS COMPAÑEROS DEBEN SER CONSIDERADOS COMO BUENOS VECINOS Y POR ENDE GOZAR DE PARTE DE LOS ATENUANTES QUE PERMITE UTILIZAR EL CODIGO PENAL.
LOS CONDENAMOS TODO@S!!

Desde el inicio en la Causa “Escuelita II”, decidimos participar activamente de todas las instancias del juicio para acompañar a los testigos-víctimas y a sus familias, para reivindicar la ideología y la militancia política de los compañeros/as desaparecidos/as y para denunciar las arbitrariedades del tribunal, de las defensas y de las querellas que representaron la versión oficial. Participamos de este momento histórico para ser testigos presenciales de la resolución de los juicios a los genocidas que intentó desde el inicio ponerle ”punto final” a más de 36 años de lucha del pueblo trabajador. Militamos contra la impunidad, para que no quede asentada en este tramo del juicio, ni en los venideros, la “historia oficial” que se ha construido desde el poder y se ha legitimado en este tribunal. En las calles esperamos el primer día de Audiencia a los Genocidas para manifestar nuestro repudio y condena social. Trabajamos junto a compañeros y familiares para realizar un homenaje al compañero desaparecido Celestino Aigo, vecino del barrio Villa Florencia y militante por los derechos de los pueblos originarios. Junto a su familia plantamos un árbol, pintamos un mural y fuimos parte de un conmovedor acto en su memoria. También, invitamos a Daniel Eduardo Feierstein, especialista en genocidio, para continuar con los debates y argumentos políticos y jurídicos que reafirman que se puede y debe juzgar bajo esta figura a los imputados de la Causa Escuelita II.
Nos nucleamos en la “Multisectorial contra el genocidio” para organizar acciones conjuntas con otros sectores sociales, sindicales, de derechos humanos, políticos, estudiantiles, victimas, testigos y familiares, para exigir: la condena por genocidio en cárcel común, perpetua y efectiva para todos los culpables, para que los policías que fueron llamados a declarar como testigos sean imputados por su participación indispensable en el plan genocida, para que no se desacreditara la declaración de los testigos-victimas, etc. La primera expresión conjunta de la multisectorial, fue un petitorio que expresaba con cientos de firmas, la exigencia del respeto a la verdad histórica y la condena por Genocidio a los 22 Imputados.

Continuamos en la calles y junto a la Multisectorial señalizamos la Comisaría 4º de Cipolletti, como Centro Clandestino de Detención y Torturas, en el que accionaron los acusados: Enerio Gerónimo Huircaín, Antonio Camarelli, Saturnino Martinez, Oscar Ignacio Del Magro, Julio Hector Villalobos, Desiderio Penchulef y Miguel Ángel Quiñones. Allí se informó a los vecinos que durante la dictadura cívico-militar la policía de Río Negro tuvo un rol activo en la represión ilegal tal como lo declararon decenas de testigos y familiares víctimas del terror organizado. En esa actividad se dejó asentado que el plan genocida no podría haberse ejecutado sin el accionar conjunto de las fuerzas armadas y las fuerzas policiales provinciales que integran hasta hoy un aparato represivo que el propio estado no ha querido desmantelar.

Consideramos que la única forma de lograr el respeto por la verdad histórica y concretar el Juicio y Castigo, es y será la movilización del pueblo trabajador.

Es por ello que este Viernes 2 de Noviembre llamamos a movilizarnos a las puertas del Tribunal para exigir una vez más que el Estado, a través de sus sentencias, reconozca que en Argentina, y en nuestra región, se planificó y ejecutó un GENOCIDIO y condene a los 22 imputados a Cárcel común, perpetua y efectiva.
Porque la verdad es revolucionaria seguimos en la lucha sin dar “ni un paso atrás”.

ACTIVAR, 1 DE OCTUBRE DE 2012

Multisectorial contra el genocidio

 27 de octubre de 2012

Comunicado de Prensa

La Multisectorial contra el Genocidio informa a los medios de comunicación y por su intermedio a la comunidad de Neuquén y Río Negro que el domingo 28 de octubre a las 18 hs, frente a la Comisaría 4º de Cipolletti realizaremos la SEÑALIZACIÓN de ese lugar que en la época de la dictadura funcionó como centro clandestino de secuestro y tortura. La actividad consiste en señalar Públicamente el lugar, informar a los vecinos e indicar que por allí pasaron compañeros que fueron sometidos a tremendos tormentos. Habrá radio abierta, discursos políticos y expresiones artísticas. 

LA POLICIA DE RIO NEGRO Y LA COMISARIA DE CIPOLLETTI.

Durante la dictadura cívico-militar la Policía de Río Negro tuvo un rol sumamente activo en la represión ilegal. Decenas de testimonios de Víctimas secuestradas y torturadas por esta Fuerza, familiares, testigos y múltiples documentaciones militares y policiales de la época dan cuenta de su accionar conjunto en el Plan Genocida. LA COMISARIA DEL CENTRO DE CIPOLLETTI no solo fue un lugar de detención y traslados de las víctimas secuestradas, sino que fue UN CENTRO CLANDESTINO DE SECUESTROS Y TORTURAS. Según consta de las investigaciones judiciales y denuncias, mas de 25 vecinos/as fueron secuestrados y torturados en esta Comisaría, de los cuales muchos aún continúan desaparecidos.

ALGUNOS POLICIAS DE RIO NEGRO QUE ACTUARON EN ESTA COMISARÍA CONVENCIDOS DE LLEVAR ADELANTE EL PLAN GENOCIDA

Antonio Camarelli Comisario retirado de la Policía de Río Negro. En el año 1976 se desempañaba como Jefe de “operaciones especiales” en la zona que abarca Catriel hasta Allen. 

Miguel Angel Quiñones: Comisario Retirado de la Policía de Río Negro. En los años de la Dictadura era Oficial de Inteligencia. Actuaba y dirigía los grupos de tareas que realizaban los secuestros y torturas en la Comisaría 4º. –

Julio Héctor Villalobos: Ex Oficial de la Policía de la Policía de Río Negro. Actuaba en los secuestros y torturas en la Comisaría 4º. 

Oscar Ignacio del Magro: Sub Comisario retirado de la Policía de Río Negro. Durante la dictadura se desempeñaba de civil y pelo largo para poder  accionar como “buchón” de la comisaría 4º de Cipolletti. Participó del grupo de tareas que secuestró, interrogó y torturó a Raúl Sotto entre otros. 

Enerio Gerónimo Huircaín: Comisario Retirado de la Policía de Río Negro. Era Oficial encargado del área Inteligencia. Actuó en operativos de secuestros y torturas en la Comisaría 4º de Cipolletti. Fue denunciado por varios vecinos de esta ciudad como su captor o torturador. También realizaba tareas de inteligencia en los Sindicatos. 

Saturnino Martinez: Se desempeñaba como Sub-Oficial de la Policía de Río Negro. Es denunciado como uno de los encargados de aplicar el “Submarino” y otras Torturas en la Comisaría 4º. 

Desiderio Penchulef: Ex Comisario Principal de la Policía de Río Negro, Jefe de la Comisaría de Cinco Saltos durante la dictadura. Participó de los secuestros de Roberto Liberatore y Pedro Justo Rodríguez entre otros. 

Jorge Alberto Galera: Ex Oficial de Inteligencia de la Policía de Río Negro –actuó en la comisaría de Cinco Saltos – Estuvo imputado en el primer Triple Crimen (1997). Fue uno de los que estuvo a cargo del secuestro de Roberto Liberatore.

EL GENOCIDIO DE AYER Y LA IMPUNIDAD DE HOY.

El plan Genocida no podría haberse ejecutado sin el accionar conjunto de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas policiales federales y provinciales que integran hasta el día de hoy un Aparato Represivo que el propio estado no ha querido desmantelar. No solo cientos de represores continúan en funciones sino que se mantienen prácticas de persecuciones, inteligencia, torturas, desapariciones y muertes. 

La propia institución policial de Río Negro es una de las actoras principales de estas prácticas. El primer Triple Crimen, la Trata de Mujeres, los crímenes a los Jóvenes de Bariloche, la desaparición de Solano en Valle Medio son solo algunos ejemplos de Impunidad que sigue gozando esta Fuerza.

Es por ello que convocamos a la comunidad a sumarse al reclamo por justicia verdadera, y la condena por Genocidio en cárcel común, perpetua y efectiva a todos los responsables.

LOS JUZGA UN TRIBUNAL. 

LOS CONDENAMOS TODOS Y TODAS!!

MULTISECTORIAL CONTRA EL GENOCIDIO

 NEUQUÉN Y RIO NEGRO