jueves, 30 de mayo de 2019

Denuncian un ataque intimidatorio a Madres de Plaza de Mayo en Neuquén

Harán la presentación oficial en la fiscalía. Lo vincularon al inicio de la sexta etapa del juicio por delitos de lesa humanidad durante la dictadura, "La Escuelita".

POR REDACCIÓN MAYO 29, 2019 

Inés y Lolin solicitaron el acompañamiento de las organizaciones mañana, cuando realicen la denuncia formal por el ataque. 

Las Madres de Plaza de Mayo denunciaron que la sede de la organización fue blanco de un ataque con el objetivo de amedrentarlas, de cara al inicio de “La Escuelita” VI, el juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en la región durante la última dictadura.
Inés Ragni y Lolin Rigoni convocaron a otros organismos a acompañarlas mañana por la mañana a la sede de la fiscalía, donde harán la presentación formal por lo ocurrido.

Con dos meses de atraso, arranca el VI juicio “La Escuelita”
El ataque intimidatorio ocurrió anoche en la sede de Mascardi 55. Fue calificado por la organización como “un hecho cuanto menos amedrentador”.

“A pocos días de iniciarse la etapa VI del Juicio “La Escuelita” consideramos que este hecho no es fortuito, por lo que debemos darlo a conocer y repudiarlo enérgicamente”, resaltaron.

domingo, 21 de agosto de 2016

Las Madres de Plaza de Mayo de Neuquén cuestionaron los dichos de Macri sobre los de desaparecidos

COMUNICADO DE PRENSA

“El Sr. Mauricio Macri, en una entrevista publicada el 10 de agosto, tuvo expresiones: peligrosas, inadmisibles, inaceptables; que ofenden, humillan y duelen; propias de quienes se beneficiaron en la dictadura. Es imposible desconocer o dudar de ese “número”; el Terrorismo de Estado, aniquiló a una generación entera. Ellos son los 30000, a los que no solamente les arrancaron la vida, a hombres, mujeres, niñas y niños, jóvenes que les quitaron también aquello que la vida podía haberles brindado, los sueños que no concretaron, las alegrías que no compartieron, el amor que no gozaron”. Así comienza el comunicado que firmaron las Madres Lolín Rigoni e Inés Ragni. A continuación, el  texto completo.

“Las palabras no son inocentes, máxime cuando son pronunciadas por un presidente”

El Sr. Mauricio Macri, en una entrevista publicada el 10 de agosto, tuvo expresiones: peligrosas, inadmisibles, inaceptables; que ofenden, humillan y duelen; propias de quienes se beneficiaron en la dictadura. Es imposible desconocer o dudar de ese “número”; el Terrorismo de Estado, aniquiló a una generación entera. Ellos son los 30000, a los que no solamente les arrancaron la vida, a hombres, mujeres, niñas y niños, jóvenes que les quitaron también aquello que la vida podía haberles brindado, los sueños que no concretaron, las alegrías que no compartieron, el amor que no gozaron

Pero peor aún que no aceptar ese número; es afirmar que hubo una guerra, fue un plan sistemático de exterminio y desaparición forzada de personas para imponer un plan económico de exclusión a los más empobrecidos.

La Comunidad del Comahue, ha podido concretar, con lucha, convicción y fortaleza cuatro juicios a los genocidas, pedacitos de justicia, justicia que seguiremos exigiendo, para que uniéndolos a otros, podamos llegar a saber qué fue de todos ellos.

¡ESTA LUCHA NO TIENE FIN!
¡JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS CULPABLES!


Neuquen, 20 de agosto de 2016

Lolin Rigoni - Inés Ragni
Grupo por la Memoria y el Compromiso con las Madres y los 30000  

miércoles, 29 de junio de 2016

Oscar Ragni: “Los archivos existen, el reclamo de apertura es legítimo”

Entrevistamos a Oscar Ragni, militante de la Corriente Militante por los Derechos Humanos, padre de Oscar Ragni – hijo – quien permanece desaparecido.
Marina López Dorigoni

Oscar Ragni es militante de Derechos Humanos desde el año 76`, cuando desapareció su hijo Oscar. Es fundador de la APDH de Neuquén, participante de la primera delegación de la Asamblea por los Derechos Humanos de Buenos Aires, la primera delegación en Neuquén. Posteriormente fundador, con otros compañeros, de la Corriente de Militantes por los Derechos Humanos. En el marco del juicio “La Escuelita IV” desde La Izquierda Diario dialogamos con él sobre su visión de los juicios a los genocidas, que en la región comenzaron en el 2008.

¿Qué opinas de este "desmembramiento" del juicio, por tramos, por partes?

No sé de quién es la estrategia, pero esto tiene “olor” a intención de prolongar el juicio, buscando que muchos queden sin ser condenados. Porque el tiempo pasa, las edades de ellos van avanzando como la de cualquier otro ser humano y llega un momento que, como sucedió ahora por ejemplo con Farías Barrera y Olea que por insanidad no los pueden seguir juzgando. Con ellos estaría solucionado el tema porque ya han sido condenados y esa condena no se la van a sacar, si bien no pueden participar y si bien hay que reconocer que esto lo permite la justicia, por el derecho a su defensa, por las garantías constitucionales. Cosas que se las niego rotundamente, no les reconozco ningún derecho y no quisiera darles ningún tipo de garantías, no quiero ponerlos en el paredón a ninguno, pero si quiero verlos a todos juzgados. Ya que ninguno de ellos, hasta ahora ha asumido la responsabilidad de decir la verdad y responder la pregunta de estos últimos 40 años de qué hicieron con los compañeros desaparecidos y dónde están y quiénes fueron los responsables y autores de todo lo que hicieron. Ese es único objetivo, si no se logra, es lo mismo que los condenen a 10, a 20 o a 50 años.
Este es un pensamiento personal, por supuesto, aquí lo que se busca es la verdad. La trilogía de “memoria, verdad y justicia” será muy interesante. La memoria está, está flotando desde los cuatro puntos cardinales. Pero justicia sin verdad no es justicia y para que se haga justicia tenemos que saber la verdad.

¿Cómo ves a la comunidad en relación a los juicios, al terrorismo de estado?

La sociedad ha sido víctima como todos, yo creo que está un poco desgastada, no te olvides que llevamos 40 años atrás de esto. Los primeros tiempos hubo mucha ansiedad, por supuesto, pero después – evidentemente hay que reconocerlo – la gente que no tuvo participación directa, salvo raras excepciones, terminó no por desinteresarse del tema, sino por no preocuparse más.

Y en cuanto a los jóvenes, que tanto esperamos de ellos, es cierto que hay grupos de jóvenes se han encaminado bien, siguiendo caminos que no se desviaron en momentos de definición. ¿Esto por qué lo digo? Porque hay mucho interés en quienes han participado, en quienes hemos participado en todo esto, de que se vaya sabiendo la verdad y que la juventud que no recibe los datos precisos a través de los medios, por ejemplo un análisis completo en todos los niveles de estudio, primario, secundario. Ha habido tantos desvíos en estos años de lo que fue el Terrorismo de Estado. Las consecuencias que produjo y cuando se llega al punto de quiénes tuvieron participación, ahí es donde empieza a cambiarse un poco la historia de aquéllos que quieren contar la historia a su manera.

Hay influencias que son muy pesadas, que siempre están en manos del poder. Los organismos de Derechos Humanos que hemos sido históricamente los que hemos llevado a todos los ámbitos posibles la información que íbamos obteniendo a través de la militancia, la participación y de la actividad que tuvimos, empujados también muchos por la necesidad propia que teníamos de saber la verdad, eso se ha ido perdiendo, porque lo han ido ganando organizaciones que empezaron a quedarse dentro de los ámbitos de poder político, para llevar el mensaje que a cada sector le beneficiaba. Lo usaban como una forma de tergiversar la realidad de los hechos para no llegar en profundidad a la verdad.

Acá en Neuquén la marcha del 24 de marzo es multitudinaria, es un hecho muy importante y significativo

Sí, claro. Desde que estamos en esta lucha, Neuquén ha sido el punto destacado dentro del país. No en vano Neuquén en momentos álgidos de la pelea, digamos, fue declarada la “capital de los Derechos Humanos”. No porque se hayan respetado los Derechos Humanos, ni aún en plena democracia, sino por la militancia, por la participación, también los 24 de marzo. Eso es un ejemplo concreto. También sabemos cómo es Neuquén en cuanto a su participación, a la militancia de distintas organizaciones de distintos organismos, muchos de los cuales tienen su orientación política diferente, pero el 24 de marzo nos juntamos todos, ahí se ve realmente desde dónde nace la militancia. No va sólo convocada para reivindicar su espacio político, concurre para reivindicar a los compañeros que faltan, a los que fueron víctimas, a los que fueron torturados y masacrados y al volver tuvieron el coraje de contarlo, para que de alguna manera se pueda, sobre una base firme, hacer los juicios que se están llevando a cabo.

Esto es muy destacado, porque personalmente uno tiene discusiones con muchos de los compañeros que nos abrazamos el 24 de marzo. Es decir, la sociedad en Neuquén, la militancia en la región sin distinción, ha entendido que el 24 de marzo es un símbolo que no se debe abandonar, que no se debe cambiar, que no se vende, que no se entrega. Esto no tiene precio.

Lamentablemente hemos visto en el resto del país, fundamentalmente desde el poder político, espacialmente en ésta “década ganada” cómo el poder político, que sintió que con los juicios le estaba tocando el agua en los talones, empezó a manipular a los organismos para cooptarlos y no dejarlos mover libremente para que no sigan actuando. Está bien, si entre dos hay un acuerdo es porque ambos participan, hay responsabilidades y aceptación. No nos olvidemos que quienes han querido cambiar la historia, nunca quisieron explicar lo que tienen que explicar con respecto a lo que precedió al Golpe de Estado de 76`, que es el accionar de la Triple A. Y la Triple tenía signo político.

¿Qué opinas de la exigencia al Estado de la apertura de los archivos?

No te olvides que hace un par de años, durante la primera parte del gobierno de Cristina Fernández, hubo una apertura de archivos, que se hizo con muchos bombos y platillos, y se encontró – o al menos eso se dio a conocer – todo lo que se sabía. No fue ninguna apertura de archivo, fue como darnos la razón a aquellos que veníamos contando todo desde el 76. Pero no condujeron a nada. Ahora, esos archivos existen, las Fuerzas Armadas se han cuidado mucho de guardar esos archivos. Porque ególatras y soberbios como son, porque creyeron que en algún momento iban a poder tapar sus culpas con eso. De todo lo que hicieron no puede reivindicarse nada. Es necesario saber la verdad. Yo creo que el poder político de todos estos años, sabe muy bien dónde están esos archivos, saben que están guardados. Entonces el reclamo que abran los archivos es legítimo, a cualquier signo político que esté gobernando.

Hace unos días, o semanas, el presidente Macri anuló un decreto que creo que era del tiempo del Alfonsinismo por el cual los traslados – siempre hablando de las jerarquías superiores de las FFAA – y los nombramientos de los comandantes de las tres fuerzas, pasaban por el Poder Ejecutivo, se presentaban pliegos y el Ejecutivo los analizaba. Con esto les dio amplia libertad para que hagan lo que quieran. Parecería algo sin importancia, pero no es así. Dejar eso en sus manos es un peligro para la sociedad.

¿Cuál es tu opinión sobre acusar y pedir las condenas por homicidio y no por desaparición forzada?

Cuando cae un avión o se hunde un barco, hay heridos, muertos y desaparecidos. Y estos siguen siendo desaparecidos aunque sabemos que han ido al fondo del mar porque el barco se hundió, que han explotado contra una montaña porque el avión se estrelló, pero la justicia los considera desaparecidos porque sus cadáveres no se encuentran.

Cuando empezamos a hablar con ciertos sectores del tema, el objetivo era lograr una mayor condena al ser homicidio. Ya a esa altura de los acontecimientos hace un par de años atrás, ya no me interesaba – nunca me interesó – 5, 10, 50 años, porque además sabíamos que iban a ser condenados en distintas etapas. En unas causas a 10, en otras a 15, ya todos están sumando 80 o 90 años de condena.

El tema es que ni un juez tiene autoridad para decretar una muerte. Yo entiendo que hay familiares, que por muchas razones, quisieran que esto termine o necesitan que esto termine. ¿Cómo termina esto? Con esa condena por homicidio.

Quien lo haga, es su responsabilidad, su conciencia, su necesidad que lo impulsa a hacerlo. Pero que de una acusación que lleva años, tomando Neuquén, que desde la militancia, se ha estado hablando siempre de los desaparecidos y pidiendo respuesta por las desapariciones, no creo que se pueda cambiar de un día para el otro. Aquí hay algo más profundo que ha hecho cambiar a algunos sectores, personas con las que hemos compartido estos 40 años de militancia y hemos compartido también, el concepto de desaparecido.

Aquí hubo un solo homicidio, comprobado y fue condenada la persona responsable, es el caso de Albanessi, el compañero que era cooperativista en Cipolletti. Está también el pedido que hizo una persona, de ausencia con presunción de fallecimiento para poder salir del país. Es una señora que fueron secuestrados los dos, ella volvió, su esposo no. Era muy asediada y quería irse de Argentina y llevar consigo a su hija. Dando por fallecido el padre, podía sacar la niña del país. Bueno ese es un caso conocido…

Con Inés (NdR: Inés Rigo de Ragni, su esposa y Madre de Plaza de Mayo Filial Neuquén y Alto Valle), cuando hubo un pedido concreto en juicio de condenas por homicidio, hicimos una presentación mediante una carta al Tribunal que titulamos “No maten a los desaparecidos” y manifestando nuestra opinión y por qué no acordamos. En nuestro caso – de Oscarcito – fueron condenados por desaparición forzada y hay muchas condenas por lo mismo. El tema es los compañeros que quedan ¿por qué los vamos a dar por muertos? ¿Porque no se buscan los medios para saber qué hicieron con los desaparecidos? Ninguno ha dicho “si, yo maté 10 desaparecidos”

Es cierto que en el código no estaba la figura de desaparición forzada, pero fue incluida y es válida para juzgarlos. Si fue necesario crear una nueva figura para poder juzgarlos, por qué ahora vamos a desechar eso, para darles mayor condena o, como creo yo, para terminar con los juicios.
(laizquierdadiario.com)

martes, 9 de febrero de 2016

Juicio Escuelita IV: Gremialistas de Bariloche relataron sus secuestros

NEUQUÉN (AN).- La persecusión política y gremial en la zona cordillerana abrió las audiencias del juicio por los delitos cometidos durante la dictadura en la región, con los testimonios de dos secuestros relatados por los sobrevivientes de Bariloche.

"Por las noches venía alguien, se ponía al lado de uno y gatillaba lo que parecía ser un fusil", describió Iván Molina de su permanencia con los ojos vendados en lo que fue la cancha de pelota-paleta, lindera al cuartel militar, descripto cerca de la escuela militar de instrucción andina, en inmediaciones de la Compañía de Ingenieros de Montaña.

Molina era asesor gremial de delegados de los Gastronómicos en 1976 cuando fue secuestrado de las afueras del Centro Cívico.

También expuso su secuestro el secretario general de los municipales de Bariloche en 1976, Germán González
Hoy se esperan testimonios de la desaparición y tortura de Luis Levita, secuestrado en El Bolsón.



domingo, 27 de abril de 2014

Escuelita III: el miércoles se definirá cuándo será la fecha de la sentencia

 “Necesitamos saber qué pasó con nuestros hijos. Les estamos pidiendo verdad y justicia. Si no hay verdad no habrá justicia”, les dijo Inés Ragni, Madre de Plaza de Mayo filial Neuquén, a los jueces del Tribunal Oral Federal ayer, cuando terminó la audiencia del tercer juicio a cinco represores por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar en la región.

Parada con su pañuelo blanco en su cabeza, Ragni se dirigió a los jueces que escucharon las defensas representadas por Pablo Matkovic y Laura Giuliani. La mujer pidió que “no pasen cinco o diez años más sin saber qué es lo que pasó en este país con nuestros hijos". Y agregó: “Hay que decirles (por los jueces), hay que pedirles porque son ellos a los que tenemos que reclamarles justicia y no a estos miserables que están ahí sentados, por eso siempre seguiremos estando y reclamando".

Matkovic y Giuliani volvieron a rechazar el pedido de cárcel común y afirmaron que no hay ninguna relación entre sus defendidos y los hechos que se están juzgando.
El Tribunal informó que el martes a las 9 será el turno de las últimas palabras de los imputados Jorge Di Pasquale -ex agente de Inteligencia- y Mario Alberto Gómez Arenas -quien estaba a cargo del Destacamento de Inteligencia 182-. Un día más tarde le llegará la hora al ex segundo jefe de la Delegación Neuquén de la Policía Federal, Jorge Alberto Soza. En tanto, Luis Alberto Farías Barrera -ex jefe del personal del Comando de la Sexta Brigada de Infantería de Montaña- e Hilarión de la Paz Sosa -jefe de Sanidad de esa unidad militar- no harán uso de la palabra.
Se estima que el miércoles el Tribunal informe sobre la fecha de la lectura de la sentencia.

miércoles, 19 de febrero de 2014

Requieren en Neuquén la indagatoria de nueve ex magistrados por crímenes de la dictadura

Lo solicitó el fiscal Adrián García Lois. Los imputados cumplían funciones en Neuquén y en el Alto Valle de Río Negro en la justicia ordinaria y en la federal y están sospechados de actuar "en complicidad con las Fuerzas Armadas". El fiscal solicitó que se les prohíba la salida del país y que eventualmente se los detenga.

El fiscal federal subrogante e integrante de la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado, jurisdicción Neuquén, Adrián García Lois, requirió en diciembre pasado que nueve ex magistrados judiciales de Neuquén y del Alto Valle de Río Negro, tanto de la órbita federal como provincial, sean convocados a prestar declaración indagatoria.

"Están sospechados de haber actuado –cuanto menos- en complicidad con las Fuerzas Armadas y de Seguridad, nacionales y locales, para la comisión de crímenes de lesa humanidad", le dijo a Fiscales García Lois, quien en su presentación también requirió que se decrete la prohibición de salida del país y la eventual detención de los acusados. El fiscal formuló el pedido con la colaboración del secretario de la Unidad, Mariano Mannará.

El requerimiento fue formulado al Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de esa ciudad, a cargo de Luis Villanueva, quien hasta ahora sólo dispuso medidas probatorias y aún no ha convocado a declarar a los imputados.

Los ex magistrados imputados por la fiscalía son el ex juez federal de Neuquén, Pedro Laurentino Duarte; el ex fiscal federal de Neuquén, Víctor Marcelo Ortiz; el ex juez federal subrogante de Neuquén y ex Juez Federal de General Roca, Rodolfo Ramón López Marquet; la ex defensora federal de Pobres, Incapaces y Ausentes y ex jueza federal subrogante de Neuquén, María Ester Borghelli de Poma; a la ex jueza de General Roca, Mirta Ebe Fava; el ex juez de General Roca, Cecilio Alfredo Pagano; el ex fiscal de General Roca, Hernán Etcheverry; al ex Juez de San Carlos de Bariloche, Dardo Ismael Sosa, y el ex Fiscal de la misma localidad, Leopoldo Fuentes.

Sobre la base de prueba recogida en el expediente de la causa caratulada “Reinhold, Oscar Lorenzo y otros s/ delitos contra la libertad y otros”, García Lois consideró que había razones suficientes para estimar que durante la última dictadura cívico militar esos magistrados habrían prestado una colaboración indispensable al personal de las Fuerzas Armadas y de seguridad, para la perpetración de delitos de lesa humanidad. En la región, la represión ilegal fue conducida por la Jefatura de la Subzona de Seguridad 52 a cargo del Comando de la Brigada de Infantería de Montaña VI, con sede en Neuquén capital

Al fundamentar la requisitoria el fiscal destacó que los imputados, pese haber estado a su tiempo "llamados a intervenir para poner fin a los flagelos infligidos en el área local por la dictadura y hacer valer las garantías constitucionales de los ciudadanos, optaron por desamparar a las víctimas del terrorismo de Estado prestando al aparato represivo estatal instalado en la zona" neuquina y del Alto Valle de Río Negro, "al servicio de un gobierno sedicioso", una adecuada cobertura judicial y garantía de impunidad.

El fiscal explicó que los imputados prestaron ese "servicio" interviniendo en las causas donde se ordenaron las detenciones de las víctimas aunque desoyendo sus denuncias de haber sido "interrogadas bajo la imposición de tormentos por parte de las autoridades que ejercían el poder de hecho sobre ellas, y/o al haber rechazado los habeas corpus y amparos" -algunos de manera sistemática con costas para los familiares de las víctimas como un modo de desalentarlos en la búsqueda del paradero de ellas- o bien imprimiéndoles un trámite simplemente formal, y/o al haber archivado -por falta de compromiso y ausencia de actividad investigativa- las denuncias "instauradas por las víctimas o sus familiares en orden a los ilícitos penales de los cuales habían resultado damnificadas".

Además, García Lois solicitó al Juzgado Federal N° 2 de Neuquén el desarrollo de una profunda pesquisa tendiente a establecer si pudo mediar la complicidad de alguno –u otros- de los ex magistrados imputados en relación con otros hechos que victimizaron a más de una treintena de víctimas del terrorismo de Estado en la región de la Provincia de Neuquén y el Alto Valle, cuya actuación, por acción u omisión, pudo haber sido deliberadamente funcional al programa criminal de la última dictadura militar.

Hasta el momento, los ex magistrados no fueron formalmente convocados a declarar por el juez Federal de Neuquén Luis Villanueva, quien dispuso diversas medidas probatorias.

En este contexto, el imputado Duarte se presentó al proceso para solicitar que se quite su nombre de la carátula del expediente, pedido que fue rechazado. Duarte llegó al Poder Judicial el 8 de julio de 1976, cuando asumió como juez federal de primera instancia de Neuquén. Hasta entonces se había desempeñado, con el grado de mayor, y en la función de auditor, en el Comando de la VI Brigada, "es decir, en el mismo lugar donde ya más de un año antes se venían decidiendo, planificando y ejecutando, este tipo de delitos de lesa humanidad", indicó el fiscal.

Piden perpetua para dos acusados de secuestrar y matar a un soldado en Sarmiento durante la dictadura

Son los exmilitares Teófilo Saa y Carlos Españadero, acusados del secuestro y homicidio del conscripto José Luis Rodríguez Dieguez, ocurrido en el regimiento de esa localidad chubutense el 19 de octubre de 1976.

Rostros de la muerte. Saa y Españadero, dos personajes nefastos de la dictadura que azotó al país entre 1976 y 1983.
La Fiscalía Federal de Comodoro Rivadavia solicitó ante el Tribunal Oral Federal de la ciudad petrolera una pena de prisión perpetua para los militares Teófilo Saa y Carlos Españadero, por el secuestro y homicidio de José Luis Rodríguez Dieguez, un soldado desaparecido cuando cumplía con el Servicio Militar Obligatorio en la localidad de Sarmiento, en el sur de Chubut.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Comodoro Rivadavia inició este jueves las audiencias de alegatos en el juicio oralen el juicio oral por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en la provincia del Chubut.

Los jueces Pedro José de Diego, Enrique Jorge Guanziroli y Nora María Teresa Cabrera de Monella escucharon la exposición del representante del Ministerio Público Fiscal, que solicitó la pena de prisión perpetua para Saa y Españadero.

Además, pidió que el cumplimiento de las penas sea en prisiones comunes bajo la jurisdicción del Servicio Penitenciario Federal.

En el proceso se investigan los delitos de privación ilegal de libertad agravada por la duración mayor de un mes y por ser funcionario público, en concurso real con homicidio agravado por alevosía y por concurso premeditado de dos o más partícipes.

El debate se reanudó este viernes, con los alegatos de las defensas.

El caso

Rodríguez Diéguez fue privado ilegalmente de la libertad el 19 de octubre de 1976, cuando cumplía el Servicio Militar Obligatorio en el Regimiento de Infantería 25 en Colonia Sarmiento.

Militante de la Juventud Peronista, Rodríguez Diéguez vivía con sus padres en la Capital Federal cuando acudió al Distrito Militar Buenos Aires para la revisión médica y la asignación del destino donde realizaría el servicio militar obligatorio.

Se incorporó el 16 de marzo de 1976 al Regimiento de Infantería de Montaña 21 de Las Lajas, provincia de Neuquén, y el 13 de octubre su familia recibió un telegrama del hijo, que decía: "Me trasladan a Colonia Sarmiento Chubut. Estoy bien. José Luis".

Según el testimonio del padre del conscripto recogido en el "Nunca Más", "viajando solo durante cinco días mi hijo llega a su nuevo destino el 17 de octubre de 1976. El día 19, a las 48 horas de haberse presentado en el Regimiento 25 desaparece".

La versión oficial, dada a su familia durante la dictadura, sostenía que Rodríguez Diéguez había desertado a fines de octubre de 1976 pero la investigación que llega a juicio estableció que en realidad había sido secuestrado.

lunes, 2 de diciembre de 2013

CCD y E : Comisaría de Cutral Co : Crudo relato de sobrevivientes de la tortura

Ayer declararon Tomasevich y Méndez Saavedra, quienes cargaron duro contra los acusados.

“Querían hacer de nosotros un trapo de piso”, afirmó Francisco Tomasevich con relación a las torturas físicas y psíquicas sufridas durante su detención ilegal en la Comisaría 14 de Cutral Co y en las cárceles de Neuquén y de Rawson durante la última dictadura militar.
Tomasevich declaró ayer en el tercer juicio oral y público contra cinco represores acusados de cometer delitos de lesa humanidad en la región, que se lleva a cabo en el Salón Verde de AMUC de esta ciudad.

Frente a Jorge Di Pasquale -ex jefe de Inteligencia del Destacamento 182-, el único de los cinco imputados presente en la sala, relató su detención ocurrida el 15 de junio de 1976 en el marco del Operativo Cutral Co, llevado adelante por fuerzas del Ejército y de la Policía provincial. En ese momento se desempeñaba como obrero de YPF. “Me sacaron de mi casa y me llevaron a la comisaría, donde me vendaron y me dieron picana y golpearon constantemente, sin tener tiempo de preguntar lo que pasaba”, explicó Tomasevich, quien recordó que quienes lo detuvieron “estaban con uniforme policial y de civil”.

Señaló que fue trasladado a la U9 de Neuquén y posteriormente a Rawson, donde reconoció a otros detenidos, entre ellos a Orlando Balbo, Ramón Jure, Carlos Kristensen, Sergio Méndez Saavedra, Guillermo Almarza, Orlando Cancio, Miguel Pincheira y Pedro Maidana. Afirmó que ahí los golpes “fueron terribles, inhumanos”.
Puntualizó que los familiares de los detenidos en la U9 se entrevistaban con el imputado en esta causa, Luis Alberto Farías Barrera, quien era jefe de Personal del Comando de la Sexta Brigada.
Tomasevich, quien en 1979 se exilió en Suecia -donde reside actualmente-, afirmó que “no hay que olvidar a los compañeros que quedaron en el camino, hay que hablar y decir la verdad para que se sepa lo que pasó, porque las dictaduras son crueles”.

Posteriormente, Sergio Méndez Saavedra relató las dos veces que fue detenido en forma ilegal en Cutral Co y sometido a torturas. La primera, el 14 de junio de 1976, fue llevado junto a Carlos Chávez -quien se encuentra desaparecido- a la comisaría de Cutral Co “donde Héctor Mendoza era espectador mientras nos golpeaban y torturaban”. Mendoza era el jefe de la comisaría y estaba imputado en esta causa pero fue separado por razones de salud.
Méndez fue trasladado a la U9, donde reconoció a otros detenidos como Pincheira y Jure. “Muchos han muerto y no pueden venir a hablar como yo”, aseguró.

Comentó que luego de un mes fue liberado pero “todos los días tenía un auto frente a mi casa que me vigilaba”. En la segunda detención, Méndez fue llevado al centro clandestino de detención “La Escuelita”, donde aseguró que estuvo “vendado todo el tiempo pero escuchaba las torturas”. “Durante 20 días fui torturado con picana en el cuerpo, en la garganta y en los testículos”, aseguró. Un mes después lo sacaron en auto y lo llevaron a una chacra en Plottier. “Me hicieron arrodillar, yo esperaba el sonido de la bala, pero me abandonaron allí”, dijo.
Recordó que cuando estuvo detenido en la U9 lo trasladaban al Comando, “donde ahora está Carrefour, ese era el lugar de tortura”.

La Escuelita III : Octavio Méndez responsabilizó represores porla desaparición de José Delineo

"Farías dijo que liberó a mi hermano, pero hace 37 años que no aparece"
Detalló el accionar conjunto de las fuerzas del Ejército, Policía provincial y Federal durante los secuestros del Operativo Cutral Co en junio de 1976.

 Dos sobrevivientes del Operativo Cutral Co brindaron detalles ayer ante el Tribunal Oral Federal 1 de Neuquén sobre el accionar de las fuerzas del Ejército, Policía provincial y Federal en esa localidad en junio de 1976.
En primer lugar declaró Octavio Méndez, quien tenía 15 años el 14 de junio de ese año, cuando fue detenido en la escuela secundaria donde estudiaba. Nombró al oficial Juan Vizcarra -también mencionadao el miércoles por Dora Seguel- como la persona que se presentó en la escuela para llevárselo hasta la Comisaría 14 donde estuvo detenido varias horas y fue torturado.
Méndez comentó que durante los interrogatorios a los que era sometido se le preguntaba por su hermano, José Delineo, quien estaba haciendo el servicio militar en el Regimiento de Junín de los Andes y que fue secuestrado ese mismo día y trasladado al Batallón de Ingenieros 181 de Neuquén.
Méndez recordó que, horas antes de su detención, la casa de sus padres había sido allanada. Al otro día, Octavio fue liberado en la comisaría de Plaza Huincul.
En relación con la detención de su hermano, señaló que en julio de 1976 el imputado Luis Alberto Farías Barrera, quien era jefe de personal del Comando de la Sexta Brigada, autorizó a la familia a visitarlo. "Mi hermano le dijo a mis padres que había sido torturado, sobre todo el 22 de junio, que era su cumpleaños", subrayó.
Luego de pasar por la U9, José Delineo fue trasladado al penal de Rawson. "Farías fue quien le informó  a mi madre que a mi hermano se lo había puesto en libertad y que él personalmente lo había llevado a Bahía Blanca junto a otros detenidos (Miguel Angel Pincheira, Javier Seminario y Orlando Cancio), todos continúan desaparecidos", relató.
"En ningún momento mi hermano estuvo en libertad. Incluso Farías Barrera le dio a mi madre un documento con membrete del Ejército que decía que a mi hermano lo habían dejado en libertad. Era mentira", relató. "Pasaron 37 años y todavía no llega. Uno termina pensando que está muerto, pero siempre espera que vaya a llegar", agregó.
A su turno, Pedro Maidana, también detenido el 14 de junio de 1976 en la ENET 1 de Plaza Huincul, declaró que  fue llevado a la comisaría 14 de Cutral Co donde fue golpeado y torturado con picana eléctrica y, luego, trasladado  junto a Dora Seguel, Miguel Pincheira, Luis Almarza, Sergio Méndez, entre otros, al Comando de la Sexta Brigada. Maidana tenía 19 años en el momento de los hechos, y estuvo secuestrado en los centros clandestinos de detención "La Escuelita" de Bahía Blanca y de Neuquén. Permaneció en varias cárceles del país (Rawson, Caseros y La Plata), hasta que en 1981 se le otorgó la "libertad vigilada".

"Estaban en estado deprimente"
Juan Uribe -quien era chofer de la Policía provincial a cargo de transportar a los detenidos en el Operativo Cutral Co hasta la U9- aseguró que algunos estaban “en un estado deprimente y golpeados". Uribe dijo que el vehículo era un Mercedes Benz 911 con 14 calabozos con cerrojos.
Recordó que se hizo presente en el Comando y desde allí partió una comitiva con vehículos del Ejército hacia Cutral Co, donde ermaneció cuatro horas en la puerta de la Comisaría 14 y se encargó de subir al celular a catorce detenidos. Aseguró que todos estaban con los ojos vendados, algunos golpeados y otros no.
Afirmó que era el único que tenía responsabilidad sobre lo que pasaba en el camión y que ningún otro oficial pudo ingresar a ese vehículo. Indicó que “no” había mujeres detenidas esa noche y, luego, a pregunta de los querellantes de la APDH, recordó que “habría unas tres”. Precisamente en la audiencia del miércoles, Dora Seguel dijo que fue secuestrada durante ese operativo y violada esa noche.

Pidieron archivos
El Tribunal solicitará al Ministerio de Defensa copias de los archivos de la dictadura hallados recientemente en el edificio Cóndor para ser incorporados a este juicio.
Piden no enjuiciar a Gómez Arenas

El defensor Pablo Matkovich solicitó al Tribunal que se lleve adelante una nueva junta médica para evaluar la capacidad de estar en el juicio del imputado Mario Gómez Arenas, ya que aseguró que su salud es “desfavorable”.
Indicó que su defendido no está bien de salud y que, cuando le habla, él mismo no lo entiende.
Los querellantes de la Asamblea por los Derechos Humanos (APDH) se opusieron a este pedido por calificar de "subjetiva" la apreciación del defensor de quien fuera jefe de Inteligencia del Destacamento 182. Las demás querellas requirieron ver los estudios realizados a Gómez Arenas.
El presidente del Tribunal, Leónidas Moldes, aclaró que, como esos estudios están en la Cámara de Casación, recién a su regreso podrá pasarles vistas.

domingo, 1 de diciembre de 2013

LA ESCUELITA III - Juicio Demorado :Víctimas de Operativo CUTRAL CO

Espera incansable
 
Neuquén > “Quiero decirles que si hoy estoy en este juicio es para honrar la desaparición de mi esposo, Miguel Ángel, y de los demás desaparecidos”, inició ayer su declaración Juana Aranda, la esposa de Miguel Ángel Pincheira, secuestrado durante el Operativo Cutral Co el 14 de junio de 1976.

Al describir el momento del secuestro, Aranda recordó que esa noche golpearon en su casa e ingresaron oficiales de las “Fuerzas Armadas con ametralladoras”, acompañados por un vecino que pedía disculpas. “Mi marido estaba con nuestro hijo y me pedía que me tranquilizara, me aseguraba que no iba a pasar nada”, describió.

En la comisaría de Cutral Co le dijeron que lo habían trasladado a Neuquén. “Fue Farías Barrera quien me dijo que lo podía ver en la U9; lo vi dos sábados seguidos y el tercero ya no estaba”, aseguró.

La testigo confirmó que Farías Barrera la recibió en varias oportunidades y que le expresó que su marido “era un pobre perejil, que tenía que saber dónde estaba Oscar Hodola”, otro de los secuestrados en el operativo. Luego le indicaron que lo habían trasladado al penal de Rawson, donde el 16 de octubre de 1976 lo vio por última vez.

“Farías me presentó un papel donde decía que mi marido había quedado en libertad y que me quedara tranquila que ya iba a llegar”, contó.
Más tarde fue a buscar al mayor Oscar Reinhold a su casa de Bahía Blanca, quien le confirmó que “había estado a cargo de él y que le había dado la libertad. Le expliqué que nunca había llegado a casa y me contestó ‘se habrá ido con otra mujer’”.

viernes, 29 de noviembre de 2013

Testigo que no había declarado por dudas que los represores cumplan las condenas

El testigo Norberto Blanco dijo hoy que se decidió a declarar en el tercer juicio en Neuquén por crímenes de lesa humanidad porque "lo merecen" los asesinados y quienes lucharon "por los derechos humanos durante estos 37 años".

Sobreviviente del centro clandestino de detención "La Escuelita", Blanco no había declarado en los dos juicios anteriores debido a una salud quebrantada y también, explicó, por dudas sobre que los "represores cumplan con la condena que les impongan".

En su exposición ante el Tribunal Oral Federal 1, recordó que tras ser detenido en agosto de 1976 permaneció vendado y encadenado a una cama por unos diez días, en los que fue interrogado bajo torturas con picana eléctrica y golpes.

"Después de la picana sentía en la boca, la lengua y el paladar una especie de pasta que me impedía hablar", declaró en el juicio contra cinco represores imputados por delitos de lesa humanidad.

En diálogo con la prensa, Blanco señaló que "tuve mis dudas para presentarme a declarar porque tengo dudas de que estos represores cumplan con la condena que les impongan si cambian en un plazo determinado las condiciones políticas".

"Lo hice porque se lo merecen los compañeros que han militado conmigo (integraba en 1976 la juventud del Partido Comunista) y fueron asesinados y que ya no están, más allá de lo que me pasó a mí, y también por la gente que ha luchado por los derechos humanos durante estos 37 años", añadió.

Blanco consideró que que "estos procesos para la Argentina son muy positivos pero en la sociedad no han tenido la repercusión que se merecen".

El testigo expresó además que "esto puede volver a repetirse porque subsisten aún los factores de poder y las causas económicas que generaron la matanza de los años de la dictadura".

"Quienes manejaron siempre el país, la oligarquía, las corporaciones mantienen su poder económico y cuando se quiso aplicar las retenciones, la Sociedad Rural salió a cortar rutas y a mostrar su poder y consiguieron los jueces necesarios para impedir su aplicación y también lo hicieron con la ley de medios".

Blanco estimó que "esto pasa más allá de que tengamos un gobierno que quiere hacer algunas reformas que posibiliten una mejor distribución de la riqueza, un mejor acceso de las clases populares a la educación o a la vivienda".

En esta audiencia dio además su testimonio Edgardo Kristensen, quien también fue detenido en 1976 y estuvo secuestrado en "La Escuelita".

En su exposición, relató que su hermano Carlos permaneció detenido en la cárcel de Rawson y en 1979 tuvo la opción del exilio en Dinamarca, donde falleció en 1996.

Carlos Kristensen se destacó como un hombre de la cultura y las letras y por esa razón se incorporó como prueba documental en el juicio uno de sus libros, titulado "Salmos del Exilio", donde refleja en poesías la crudeza de la represión y del exilio sufrido junto a su familia.

viernes, 15 de noviembre de 2013

Testimonios de víctimas con contundentes datos y pruebas contra los represores

Testigo afirmó que “en la Policía Federal se hacían los interrogatorios"

"Los gritos de los torturados eran como de animales desesperados”, sostuvo Orlando Balbo al declarar en la causa de los prófugos por delitos de lesa humanidad.
Neuquén > Con la presencia en la sala del Tribunal Oral Federal de Neuquén de Jorge Di Pasquale, uno de los cinco imputados de este tercer juicio por delitos de lesa humanidad, declararon ayer por la mañana Orlando Balbo y Silvia Barco de Blanco.

Balbo comenzó su declaración señalando que tuvo que ir a notificarse a la Policía Federal de concurrir a la audiencia que se realizó ayer, precisamente a escasos metros de la habitación en la que sufrió torturas luego de ser detenido de su casa el 24 de marzo de 1976  por un grupo de civiles armados encabezados por el agente de Inteligencia Raúl Guglielminetti. “Entré por la misma puerta donde fui torturado”, dijo el ex dirigente de ATEN.
Relató que se sorprendió por el despliegue “inusitado” que había en la cuadra de su casa durante su detención, “civiles con armas y escopetas parapetados detrás de árboles y autos”, describió.
Precisó que fue trasladado a la delegación de la Policía Federal, ubicada en la calle Santiago del Estero, donde fue golpeado y torturado con picana eléctrica, ahogamiento con una bolsa de nylon, golpes en los oídos que lo dejaron sordo, sesiones encabezadas por Guglielminetti y en las que también estuvo el “Perro” González, director de la delegación. “Nadie que haya estado en la Policía Federal podía ignorar lo que pasaba ahí porque los gritos de los torturados eran como de animales desesperados”, enfatizó.
Además señaló que fue llevado a la Unidad Penitenciaria 9 donde estuvo unos diez días hasta que nuevamente Guglielminetti se lo llevó a la Policía Federal. Balbo afirmó que “tenía terror que me dejaran en la Policía Federal porque ahí las torturas eran terribles, en la U9 estaba a salvo”.
 
"De gusto"
Luego de una de las sesiones de tortura, Balbo quedó en una sala donde, según su testimonio, había una persona de civil comiendo pollo con puré, que le dice “te estás haciendo pegar de gusto”.
  Ante las preguntas del Tribunal y de las querellas, Balbo no pudo precisar si esa persona era Jorge Alberto Soza, segundo jefe de la delegación, imputado en la causa. “Cuando vi sus fotos en los diarios pensé que podía tratarse de él, pero no puedo asegurarlo”, sostuvo y recordó que “se hacía el bueno, pero no era un subordinado, un subordinado no come delante de un secuestrado”.
Balbo también mencionó a otro de los imputados, Luis Alberto Farias Barrera, jefe de Personal del Comando de la VI Brigada, quien estaba presente cuando fue trasladado en avión junto a otros detenidos a la cárcel de Rawson. Además aseguró que Farías Barrera atendía a sus padres que iban a buscar información sobre su hijo. “Siempre les daba una versión diferente y los hacía ir a todos lados”.
Luego Balbo pudo exiliarse en Italia, donde vivió seis años. “Las marcas que yo tengo en el cuerpo por las torturas son marcas que le dejaron a la sociedad”, finalizó. 
Denuncian violaciones en cautiverio
 

Neuquén > Dora Seguel, secuestrada durante el Operativo Cutral Co, relató los golpes y amenazas que sufrió en la Comisaría 14 de esa localidad. Además, identificó a la Policía Federal como la fuerza que se llevó ilegalmente de su casa a su hermana Arlene, quien sigue desaparecida, y desde la casa de un familiar a su hermana Argentina.
A Seguel la secuestraron en el CEM 6 cuando tenía 16 años. En el celular que la transportó identificó al represor Oscar Reinhold.

Aseguró que fue violada por uno de los tres oficiales que estaba en la comisaría durante los interrogatorios. “Estaba el comisario (Héctor) Mendoza, un militar, y otra persona que estaba vestida de civil y él fue quien me violó", confirmó.

Le preguntaban por las amistades de su hermana Arlene e intentaban que admitiera que tenían armas. Le hicieron firmar un documento donde se la pasaba a disposición de la U9. Atada de manos y con los ojos vendados, pasó la noche en un camión policial con pequeños calabozos, donde identificó a las víctimas Miguel Ángel Pincheira y Carlos Chávez.
En la U9 se encontró con su hermana Argentina y ambas fueron trasladas en avión junto a otros detenidos a Bahía Blanca. "En un momento durante los interrogatorios sentí que Argentina gritaba mucho, pienso que ahí fue cuando la violaron, además por las groserías que se escuchaban", recordó la mujer, quien denunció que durante un nuevo traslado volvió a ser violada por otro hombre. Ya en el centro clandestino de detención La Escuelita de Bahía Blanca, Dora escuchó por última vez la voz de su hermana Arlene.

También declaró Juan Carlos Maidana, quien fue detenido en su vivienda en el mismo operativo por personal del Ejército.
Al final de la audiencia, el tribunal informó que admitieron el pedido de la querella del Ceprodh de incluir en el proceso el informe del Ministerio de Defensa Nacional sobre los documentos recientemente encontrados de la última dictadura militar.

domingo, 3 de noviembre de 2013

Testigos comprometen a los federales:asegura que se camuflaban como trabajadores y linyeras

Las partes acusadoras buscaron durante la audiencia de ayer dejar en claro la participación de la Policía Federal en Neuquén en los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.

Neuquén > Las partes acusadoras en el juicio de La Escuelita III buscaron durante la audiencia de ayer dejar en claro la participación de la Policía Federal en los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.

El testigo Rubén Sandoval, primo de las hermanas Arlene, Argentina y Dora Seguel, fue contundente al indicar que efectivos que exhibían credenciales de la Policía Federal fueron los que se llevaron desde su vivienda en Cutral Co a Arlene.

Sandoval, quien por primera vez tuvo la oportunidad de contar su historia ante el Tribunal Oral Federal de Neuquén, relató que sus tíos se presentaron al día siguiente del secuestro en su vivienda de esta capital y desde ahí comenzaron una larga recorrida para hallar a su prima.
La primera visita fue ante el oficial González de la Policía Federal, quien les dijo que no sabía nada. Luego Sandoval recurrió a su padre quien había sido Policía provincial en tiempos de territorios nacionales.
Por intermedio de una pareja amiga el padre de Sandoval concretó una cena familiar a la que invitó a un agente de la Policía Federal de apellido Ricomini para intentar obtener datos de Arlene.
“Estoy bastante cansado porque recién llegué de Buenos Aires de llevar a una guerrillera muy peligrosa”, recordó Sandoval que dijo aquel oficial durante la cena. Recordó que ante esos dichos el temor invadió a la familia. Era apenas el inicio del terror. Minutos más tarde golpearon a la puerta dos policías de civil quienes se llevaron a Argentina Seguel.

“A uno de los dos policías yo lo conocía porque había trabajado conmigo, era Francisco Chaneton”, precisó el testigo. Esa noche la Policía se llevó a Argentina y un tiempo después también secuestraron a Dora, ambas liberadas, mientras que Arlene aún continúa desaparecida. Las gestiones del padre de Sandoval concluyeron ante una “recomendación” de un comisario de apellido Vargas, quien les indicó que dejaran de buscar porque se iban a “ver comprometidos”.

“La pasaron muy mal, hasta fueron violadas”, precisó Sandoval en referencia a los padecimientos de sus primas durante el cautiverio.
También declaró durante la tarde de ayer Hugo Monsalvez, quien realizó el servicio militar durante 1976. Dijo que era habitual ver a los oficiales entrar y salir del destacamento de civil y que varias veces los vio disfrazados de choferes de colectivo, con mamelucos y hasta de linyeras.

Recordó además que en una oportunidad vio un camión azul de la Policía en el playón del Comando, donde había detenidos dentro. “Cuando le pregunté al oficial Taquini quiénes eran, me dijo: ‘Son terroristas de Cutral Co’”, afirmó.

martes, 15 de octubre de 2013

La "Escuelita III" : juicio histórico de los "prófugos"

Un nuevo paso en busca de justicia

Cuatro integrantes del Ejército y un miembro de la Policía Federal Argentina serán juzgados a partir del jueves en un nuevo tramo del juicio por delitos de lesa humanidad ocurridos en Neuquén durante la última dictadura militar.

Por Pablo Montanaro


Neuquén > El próximo jueves 17 a las 9 comenzará en esta ciudad el tercer juicio oral y público contra cinco represores (cuatro ex militares y un ex policía) que actuaron en Neuquén durante la última dictadura militar acusados por delitos de lesa humanidad. Los hechos que serán ventilados en las audiencias a desarrollarse en el Salón Verde de AMUC (Avenida Argentina 1637) involucran a un total de 56 víctimas (17 del primer juicio desarrollado en 2008 y 39 del segundo juicio de 2012).
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Neuquén convocó a 61 personas para que declaren como testigos.
 
“De los prófugos”, tiene como imputados a Jorge Di Pasquale, quien en el momento de los hechos se desempeñaba como teniente coronel de Inteligencia; Jorge Soza, segundo jefe de la Delegación Neuquén de la Policía Federal; Mario Alberto Gómez Arenas, jefe de Inteligencia del Destacamento 182; Luis Alberto Farías Barrera, jefe de Personal del Comando de la Sexta Brigada, e Hilarión de la Pas Sosa, jefe de la sección Sanidad de la Brigada de Infantería de Montaña VI. En tanto, el ex comisario Héctor Mendoza, quien estaba a cargo de la Comisaría 14 de Cutral Co en el momento de los hechos, fue apartado del juicio por motivos de salud.
Tanto Gómez Arenas como Pas Sosa y Farías Barreras se incorporaron a este tercer juicio ya que quedaron fuera del proceso judicial realizado el año pasado a raíz de problemas de salud.
Di Pasquale, quien se encuentra en el penal de Marcos Paz cumpliendo condena, estará presente en la audiencia de apertura del debate ya que el Tribunal Oral Federal no hizo lugar a la solicitud presentada por su abogado defensor, Pablo Matkovich, para que se lo exima de asistir. Matkovich planteó que el ex represor no debía estar presente durante la lectura de la acusación, entre otros motivos, porque la Unidad 9 no está en condiciones de alojarlo.
Para el fiscal Adrián García Lois, junto a su par Marcelo Grosso, el  pedido de la defensa de Di Pasquale “encubre la intención de mejorar un privilegio”.
Por otra parte, el tribunal no hizo lugar a la solicitud para que se revoquen las detenciones domiciliarias de Gómez Arenas, Farías Barrera, De la Pas Sosa y Soza, pedido formulado por las querellas. Sin embargo, la APDH interpuso un recurso de reposición.
Matkovich asistirá además a De la Pas Sosa, Farías Barrera y Gómez Arenas, mientras que Laura Giuliani representa a Soza.
En la audiencia preliminar, Matkovich aseguró que Di Pasquale iba a declarar el primer día de debate. Lo mismo que Soza, que lo hará por el lapso de una hora, según adelantó su defensora, Giuliani. En tanto, De la Pas Sosa, Farías Barrera y Gómez Arenas no prestarán declaración.
Además, el tribunal resolvió que los testigos víctimas que están fuera del país declaren en oficinas del consulado, como es el caso de Pedro Justo Rodríguez, y que se reproducirá el material fílmico de quienes hayan declarado y no puedan hacerlo en esta oportunidad.
Los querellantes de la parte acusadora la componen Marcelo Grosso y Adrián García Lois (Fiscalía Federal), Juan Cruz Goñi (Asamblea por los Derechos Humanos, APDH), Ivana dal Bianco y Natalia Hormazábal (Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, Ceprodh) y Marcelo Medrano (Secretaria de Derechos Humanos de la Nación).

miércoles, 21 de agosto de 2013

Piden exoneración de médico de Neuquén juzgado por delitos de lesa humanidad en Formosa

El Sindicato de Profesionales de la Salud Pública de Neuquén, reclamó la exoneración del médico Faustino Blanco Cabrera del hospital de Cutral Có, ante el juicio al que es sometido en Formosa por delitos de lesa humanidad cometidos en esa provincia durante la última dictadura.


Cabrera prestaba servicios en el área de psiquiatría del hospital de Cutral Có hasta que fue detenido en el mes de junio pasado y en la actualidad cuenta con una licencia por enfermedad y continúa percibiendo su salario.

El Sindicato de Profesionales de la Salud Público solicitó al ministerio de Salud de la provincia que sea apartado del plantel de salud del sistema de Neuquén.

En una presentación dirigida al ministro de Salud, Rubén Butigue, los profesionales señalan que “el médico psiquiatra Faustino Blanco Cabrera, DNI 7,646,122, legajo 136,436, ingresó en el año 2006 a la planta del Sistema de Salud en el Hospital de Cutral Có sin mediar el correspondiente concurso”.

”Este profesional actualmente está detenido en la provincia de Formosa acusado de cometer delitos de lesa humanidad durante la dictadura militar de 1976?, denuncian.

Precisan que “se lo acusa de participar en torturas y fraguar certificados de defunción cuando revestía el cargo de Teniente Primero médico en el Regimiento 29 de Infantería de Monte”.

Indican que “por la reactivación de esas causas y la negación de excarcelación se libró pedido de captura en junio de este año, ha sido detenido y permanecerá en esa situación hasta la sustanciación del juicio”.

Afirman que “las denuncias que pesan sobre él tienen tal gravedad que son suficientes para determinar la inmediata exoneración como lo prevén el artículo 8° inciso D y el artículo 111° incisos D y E del Estatuto de la Administración Pública Provincial (EPCAPP)”.

”Nos resulta inaceptable que además se lo esté amparando con una licencia por enfermedad de largo tratamiento (Art. 62°), siendo que no está enfermo sino acusado y preso por los peores delitos cometidos hacia la sociedad argentina en los oscuros años de la dictadura”, expresan.

Agregan que “no es la primera vez que desde nuestra organización nos vemos en la obligación de denunciar a profesionales que participaron en el Terrorismo de Estado, entre los que se encuentran Roberto Fermín de Los Santos, Roberto Moyano y Ricardo Grisotto”.

Consideran que “la anulación de la leyes de impunidad permitió reactivar los juicios a los genocidas, motivo más que alentador para que en definitiva se haga justicia con los responsables y colaboradores del plan de exterminio en todo el país”.

En consecuencia exigen que “se aparte inmediatamente del plantel de Salud a Faustino Blanco Cabrera porque ofende nuestros principios ciudadanos y éticos”.

sábado, 10 de agosto de 2013

Exoneraron a tres docentes que colaboraron con la dictadura militar

Los hombres realizaron trabajos de inteligencia para el Batallón 601. Sus nombres se conocieron en 2010 cuando se publicó el listado de colaboradores del último gobierno de facto.
       
El gobierno provincial aplicó la máxima sanción prevista para un empleado de la administración pública.

Neuquén:  Tres docentes de la provincia que fueron agentes de inteligencia durante la última dictadura fueron separados de su cargo y no podrán volver a ejercer la docencia. La decisión fue ratificada por el gobierno provincial el lunes mediante el Decreto 1271/13 que aplicó la máxima sanción prevista para un empleado provincial.
Se trata de Daniel Nappi, Jorge Rosales y Carlos Clavier, quienes se desempeñaban en el CPEM 40, EPET 8 y CPEM 48, respectivamente, y que fueron colaboradores durante la dictadura prestando servicio en el Batallón de Inteligencia 601.


La exoneración se determinó tras la realización de un sumario que comenzó en 2010 cuando se conoció un listado de 4.300 agentes que colaboraron con las Fuerzas Armadas.
Nappi y Rosales figuraban en esa nómina como “agentes de reunión” cuya misión habría sido la de infiltrarse en sindicatos, fábricas, universidades, organizaciones políticas y sociales para recabar información sobre personas a quienes luego las fuerzas militares y parapoliciales se encargaban de secuestrarlas. En tanto, Clavier, figura como “analista de información” de la central de inteligencia de la dictadura militar.
Durante el proceso sumarial, el Consejo Provincial de Educación determinó que transgredieron las funciones y deberes determinadas en el Estatuto Docente, en la Constitución Nacional y Tratados Internacionales de Derechos Humanos.
“Con la prueba recabada se logró acreditar fehacientemente la participación de los sumariados en el Batallón de Inteligencia Nº 601”, establece el Decreto 1271 del pasado 5 de agosto.
El documento argumentó que “el sistema educativo, al ser parte integrante del Estado de Derecho, no puede ignorar hechos de tal naturaleza” y que el deber de los docentes es educar en los principios democráticos. Además, se determinó que se incumplió con los artículos 5 y 13 del Estatuto Docente que indica que los docentes deben “observar una conducta acorde con la función educativa y no desempeñar actividad que afecte la dignidad del docente” y que deben “poseer la capacidad física y la moralidad inherente a la función educativa”.

“Fueron cómplices”
Desde ATEN se mostraron conformes con la exoneración de los tres agentes de inteligencia y destacaron que desde que se conoció el listado de colaboradores, el gremio inició una investigación para promover la separación de los docentes de su cargo.


“Estas personas fueron cómplices de las desapariciones y entregadores de los militares”, manifestó Demian Romero, secretario adjunto de ATEN. Desde el gremio acusaron al Gobierno de adoptar encubrir la situación en un principio, al trasladar a los docentes hacia otras escuelas. Según explicó, “Esto generó un repudio general en los establecimientos y exigieron que se conozca los archivos completos de la dictadura donde figuran los nombres de todos los colaboradores y las funciones que cumplían. “Los organismos de derechos humanos y ATEN reclamamos verdad completa”, sostuvo.

Fuente: La Mañana de Neuquén

lunes, 1 de abril de 2013

Neuquén volvió a decir "Nunca más"

Más de 10 mil neuquinos se convocaron ayer en el centro de la ciudad a 37 años del inicio de la dictadura cívico militar y para recordar a los 30 mil desaparecidos que dejó el accionar represivo.

Neuquén > La capital de los derechos humanos volvió a salir a la calle otro 24 de marzo, con sus banderas en alto, sus manifestaciones artísticas y sus Madres de Plazo de Mayo encabezando una multitud.
Más de diez mil personas se movilizaron por Neuquén para gritar “¡Nunca más!”, la clásica consigna en repudio de la dictadura cívico-militar que comenzó el 24 de marzo de 1976. Atravesada por la coyuntura nacional, que dividió en tres a la columna de manifestantes, los discursos de los oradores sobre el Monumento a San Martín hicieron eje en exigir la aparición con vida de los desaparecidos en democracia, en repudiar el “Proyecto X” de inteligencia del gobierno nacional, reclamar el fin de la criminalización de la protesta y el rechazo a la sentencia del juicio La Escuelita II.

La concentración comenzó a las 20, donde Madres de Plaza de Mayo Filial Neuquén y Alto Valle encabezaron la columna por la avenida Argentina, acompañada por organismos de derechos humanos. Luego, una vez comenzada la movilización, se sumaron distintas columnas que se dividieron en dos, las peronistas y las de izquierda.

La organización de la marcha había dispuesto que la movilización no pase frente al Comando de la VI Brigada de Montaña y montó un pequeño operativo de seguridad sobre la calle Teniente Ibañez para que la columna gire en la esquina anterior del edificio. El Comando estaba vallado alrededor de toda su manzana y, detrás del cerco, había una veintena de policías y bomberos. Para obligar a que las columnas doblen por Ibañez y vuelvan hacia el Monumento, la organización colocó un cordón humano en la esquina que sostenía una pancarta con la consigna: “Cárcel común, perpetua y efectiva”.

Oscar Ragni, de la Corriente por los Derechos Humanos, fue el primero en hablarle a la multitud. “Somos más”, repitió emocionado. Criticó el “Proyecto X” porque, según dijo, le da “impunidad a los buchones”. Además, resaltó que la Legislatura neuquina no aprobó una comunicación al gobierno nacional para saber “quién nos persigue, a quiénes, por qué y a pedido de quién”.

Luego, Zainuco, organización de abogados por los Derechos Humanos en las cárceles neuquinas, reiteró su pedido para evitar la criminalización de la pobreza. “La dictadura sigue actuando en las cárceles a través de la represión policial”, dijo su orador.
Desde HIJOS se pidió el fin del gatillo fácil policial, al cual le adujeron más de 3 mil casos, y 300 muertos en represiones abiertas. Además, dijeron que el juicio de La Escuelita II fue un “castigo falaz, un circo judicial y una farsa de justicia”.

Fuente: La Mañana

martes, 6 de noviembre de 2012

Escuelita II : un fallo que premia la impunidad

Indignación entre familiares generó el veredicto que se conoció este martes (06/11/12) en el segundo tramo del juicio por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar en el centro clandestino de detención conocido como La Escuelita. Seis de los 21 acusados recibieron condenas severas -de entre 19 y 23 años de prisión- mientras que siete recibieron penas más bajas de lo esperado por la querella. En tanto, ocho fueron absueltos, entre ellos los policías rionegrinos:

1. José Ricardo Luera: condenado a 23 años de prisión

2. Oscar Lorenzo Reinhold: condenado a 21 años de prisión

3. Enrique Braulio Olea: condenado a 22 años de prisión

4. Francisco Julio Oviedo: condenado a 4 años de prisión

5. Enrique Casagrnade: condenado a 8 años de prisión

6. Máximo Hubaldo Maldonado: condenado a 7 años de prisión

7. Osvaldo Antonio Laurella Crippa: condenado a 23 años de prisión

8. Sergio Adolfo San Martín: condenado a 19 años de prisión

9. Jorge Eduardo Molina Ezcurra: condenado a 19 años de prisión

10. Raúl Antonio Guglielminetti: condenado a 12 años de prisión

11. Antonio Alberto Camarelli: 10 años de prisión

12. Gustavo Vittón: condenado a 8 años de prisión

13. Miguel Ángel Quiñones: condenado a 6 años de prisión

14. Saturnino Martínez: absuelto

15. Jorge Osvaldo Gaetani: absuelto

16. Serapio del Carmen Barros: absuelto

17. Emilio Jorge Sacchitella: absuelto

18. Gerónimo Emilio Huircaín: absuelto

19. Oscar Ignacio del Magro: absuelto

20. Julio Héctor Villalobos: absuelto

21. Desiderio Penchulef: absuelto

El veredicto generó bronca entre las víctimas y los organismos de derechos humanos que llegaron hasta el lugar. Las querellas de la APDH, la secretaría de Derechos Humanos y el CEPRODH consideraron que hubo penas "muy bajas" y absoluciones no esperadas (ver nota).

Por su parte el fiscal Marcelo Grosso declaró a la prensa, en medio de los cuestionamientos de los allegados a las víctimas, que no le conformó el veredicto y que buscarán apelar. "Vamos a evaluar la posibilidad de ir en casación por algunas absoluciones", señaló el funcionario judicial quien dejó en claro que "no cubrió las expectativas de la fiscalía. Pretendíamos otras penas y otras condenas".

En tanto los abogados Rodolfo Ponce de León y Paola Rubianes, únicos representantes de la defensa que estuvieron presentantes, se mostraron conformes con el veredicto. "No hay que agarrárselas ni con los defensores ni con los jueces. Hay que agarrárselas con los que tenían el trabajo de acusar y no acusaron", lanzó Ponce de León (ver nota).

Tras la lectura del veredicto, militantes, organizaciones sociales, partidos y sindicatos se movilizaban desde el salón de Amuc hasta los tribunales federales ubicados en el centro de la ciudad de Neuquén para manifestar su descontento.

Los jueces Orlando Coscia, Mariano Lozano y Eugenio Krom leyeron el veredicto a los 21 acusados por delitos de lesa humanidad, por 39 denuncias de detenidos - desaparecidos en la última dictadura en Neuquén y Río Negro. Ninguno de los imputados estuvo presente durante la audiencia final.

La lectura comenzó a las 7:30 en el salón Verde de Amuc, el lugar donde se han desarrollado las audiencias desde abril, cuando comenzaron los testimonios de los sobrevivientes que padecieron tormentos durante el golpe de Estado. En la voz de Coscia el veredicto culminó antes de las 8.30 e hizo estallar el murmullo y las críticas de los presentes en la sala.

Además de las condenas y las absoluciones, en un veredicto de más de 30 puntos, también se estableció la separación de declaraciones por distintos pedidos. Entre lo concedido existe un planteo del defensor Ponce De León para revisar la Instrucción de la causa. También se resolvió por presuntos falsos testimonios.

De las 39 desapariciones que se trataron en las audiencias, seis corresponden a militantes barriales y políticos de los que nunca se supo su destino.

En el juicio la Apdh pidió que las desapariciones forzadas fueran contempladas como homicidio, y este planteo fue derivado por el tribunal a la instrucción, por lo que, a diferencia de lo que ocurrió en juicios como el de Bahía, la figura de homicidio no fue parte de las condenas.

Tras conocerse el veredicto varios de los referentes que siguieron las instancias, que investigaron a los responsables por los delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino la Escuelita, expresaron su bronca y el compromiso de continuar con la lucha por la verdad y la memoria.

"Vamos a seguir luchando", sintetizó Inés Ragni, Madre de Plaza de Mayo, quien agregó que "no nos sentimos derrotadas porque la sangre de nuestros hijos no tiene precio, no se vende a ningún gobierno a ningún fiscal ni abogados".

Para Sergio Méndez Saavedra, detenido de Cutral Co, cuestionó la actitud del abogado Rodolfo Ponce de León y la otra defensora presente, Paola Rubianes, al decir "la pena vergonzosa que dan estos abogados". Agregó que los jueces del TOF dictaron "un fallo de impunidad".

"No es una burla, es realmente un acto criminal que ha cometido por este tribunal y la justicia Federal", sintetizó Eduardo París, quien fue víctima de la última dictadura militar.

Otro de los referentes que se expresó fue Oscar Ragni quien dijo lo siguiente: "Es una actitud de venganza de él (por Olea) por lo que está padeciendo. Porque ellos saben que secuestraron, torturaron, mataron, robaron y desaparecieron, pero a los compañeros no les ganaron. Los compañeros donde estén están libres y ellos (por los imputados) están aquí y ahora y tendrán que cumplir, no importa que sea un año, cinco, diez o cincuenta, pero tendrán que avenirse a lo que diga la Justicia. Los compañeros y las compañeras desaparecidas les han ganado".

jueves, 1 de noviembre de 2012

A poco de la sentencia en el juicio "Escuelita II"

LOS JUZGA UN TRIBUNAL…

Como lo hemos sostenido desde el principio, estos juicios tardíos no son una concesión graciosa de ningún poder político para saciar la sed de venganza de un sector particular, sino que constituyen el fruto de más de 36 años de lucha inclaudicable por el Juicio y Castigo a los Genocidas.
Lamentablemente, las secuelas de tantos años de impunidad se han plasmado en la manera en que se llevan a cabo, de forma parcializada y sin un criterio en común para dar respuesta a la elección discrecional de algunas “victimas” por sobre otras. No es necesario ser muy perspicaz para entender que el desguace de la causa tuvo entre sus objetivos, desvirtuar la verdad histórica de lo ocurrido en nuestra región y en el país en general. Además de garantizar la impunidad a muchos de los imputados que serán juzgados en varios tramos por uno o dos casos, buscando obtener penas menores que disminuyan su responsabilidad en el Plan Genocida.


Es así, que a 7 meses de iniciado el Juicio “Escuelita 2”, en que se juzga solo a 22 Genocidas de Rio Negro y Neuquén, es necesario reafirmar algunas denuncias y apreciaciones que hemos hecho públicas en el transcurso del mismo. Estas evidencian cual ha sido el rol asumido por la “Justicia”, representada por el Tribunal Oral Federal de Neuquén, conformado por Orlando Coscia, Eugenio Krom y Mariano Lozano y por la Fiscalía Federal.
En principio, continua siendo una aberración moral que, quienes son juzgados por los crímenes más atroces que se pueden cometer contra la humanidad, cuenten con innumerables beneficios. Mediante ellos, se busca equiparar simbólicamente a las víctimas directas con los victimarios, y generar situaciones de peligro y vulnerabilidad para quienes tienen el peso de dar su testimonio como única prueba fehaciente de imputar responsabilidades a los acusados. Todos ellos, pertenecientes a las Fuerzas Represivas han mantenido y seguirán manteniendo, un “pacto de silencio”; además de haber eliminado y ocultado las pruebas materiales que los incriminan. Sirviéndose para ello de acuerdos espurios con el poder político de los sucesivos gobiernos constitucionales, y consolidando así, las garantías de impunidad brindadas por el Estado y que todo proceso genocida exige.


Ante esta realidad notoria, los jueces anteriormente mencionados, han optado por proteger y beneficiar sistemáticamente a los genocidas. Permitiendo abiertamente el maltrato y hostigamiento a las víctimas-testigos y sus familiares. Incluso reprimiéndonos como al comienzo del Juicio, cuando de una de las camionetas en que se transportaba a los imputados, se dispararon tres granadas de gas pimienta que lesionaron a una compañera en su rostro y ocasionaron problemas respiratorios a muchos de los presentes. Asimismo, este tribunal admitió como “testigos” a varios genocidas que reconocieron en sus declaraciones su participación activa en el plan y que han sido identificados por las propias víctimas, como el ex comisario de la Policía de la Provincia de Neuquén, Alejandro Rojas y el oficial de inteligencia de la Policía de la Provincia de Rio Negro Jorge Galera, entre muchos otros.

En contraposición a los numerosos beneficios que se brindó a los genocidas, como no asistir a la mayor parte de las audiencias, permisos de viajar a visitar a sus familias, excarcelaciones y prisiones domiciliarias para la mayoría de ellos, e incluso permitir que amedrenten e insulten en medio de su testimonio a una víctima; Este tribunal no dudo en amenazar con echar de la audiencia a las Madres de Plaza de Mayo de Neuquén y Alto Valle, y en expulsar de la misma a una hija de desaparecidos y a una víctima por romper el silencio ante tamañas injusticias sufridas en el proceso judicial.
Este mismo tribunal, que alegó ser el responsable principal de la seguridad y de garantizar los buenos modales en las audiencias, permitió en incontables oportunidades que los abogados defensores atacaran ferozmente a las víctimas, tildándolas de fabuladoras, mentirosas, delincuentes, entre otros adjetivos peyorativos.
Asimismo, censuró el reclamo mayoritario de la sociedad, expresada a través de organizaciones, victimas, sobrevivientes y familiares, de que se respete la verdad histórica de lo sucedido y se condene por genocidio a los responsables, al negarse a recibir el petitorio elaborado al respecto y rechazando exclusivamente a las testigos de concepto ofrecidas por el CeProDH, quienes debían exponer sobre el tema, después de haber aceptado la totalidad de testigos de concepto ofrecidos por el resto de las partes.

Por su parte, la Fiscalía solicitó penas irrisorias que van de 24 a 5 años de prisión. Alega que es un atenuante para la totalidad de los imputados gozar del concepto de ser “buenos vecinos”. PARA LA FISCALÍA LOS EJECUTORES DE ESTE PLAN GENOCIDA QUE SECUESTRARON, TORTURARON Y DESAPARECIERON A NUESTROS COMPAÑEROS DEBEN SER CONSIDERADOS COMO BUENOS VECINOS Y POR ENDE GOZAR DE PARTE DE LOS ATENUANTES QUE PERMITE UTILIZAR EL CODIGO PENAL.
LOS CONDENAMOS TODO@S!!

Desde el inicio en la Causa “Escuelita II”, decidimos participar activamente de todas las instancias del juicio para acompañar a los testigos-víctimas y a sus familias, para reivindicar la ideología y la militancia política de los compañeros/as desaparecidos/as y para denunciar las arbitrariedades del tribunal, de las defensas y de las querellas que representaron la versión oficial. Participamos de este momento histórico para ser testigos presenciales de la resolución de los juicios a los genocidas que intentó desde el inicio ponerle ”punto final” a más de 36 años de lucha del pueblo trabajador. Militamos contra la impunidad, para que no quede asentada en este tramo del juicio, ni en los venideros, la “historia oficial” que se ha construido desde el poder y se ha legitimado en este tribunal. En las calles esperamos el primer día de Audiencia a los Genocidas para manifestar nuestro repudio y condena social. Trabajamos junto a compañeros y familiares para realizar un homenaje al compañero desaparecido Celestino Aigo, vecino del barrio Villa Florencia y militante por los derechos de los pueblos originarios. Junto a su familia plantamos un árbol, pintamos un mural y fuimos parte de un conmovedor acto en su memoria. También, invitamos a Daniel Eduardo Feierstein, especialista en genocidio, para continuar con los debates y argumentos políticos y jurídicos que reafirman que se puede y debe juzgar bajo esta figura a los imputados de la Causa Escuelita II.
Nos nucleamos en la “Multisectorial contra el genocidio” para organizar acciones conjuntas con otros sectores sociales, sindicales, de derechos humanos, políticos, estudiantiles, victimas, testigos y familiares, para exigir: la condena por genocidio en cárcel común, perpetua y efectiva para todos los culpables, para que los policías que fueron llamados a declarar como testigos sean imputados por su participación indispensable en el plan genocida, para que no se desacreditara la declaración de los testigos-victimas, etc. La primera expresión conjunta de la multisectorial, fue un petitorio que expresaba con cientos de firmas, la exigencia del respeto a la verdad histórica y la condena por Genocidio a los 22 Imputados.

Continuamos en la calles y junto a la Multisectorial señalizamos la Comisaría 4º de Cipolletti, como Centro Clandestino de Detención y Torturas, en el que accionaron los acusados: Enerio Gerónimo Huircaín, Antonio Camarelli, Saturnino Martinez, Oscar Ignacio Del Magro, Julio Hector Villalobos, Desiderio Penchulef y Miguel Ángel Quiñones. Allí se informó a los vecinos que durante la dictadura cívico-militar la policía de Río Negro tuvo un rol activo en la represión ilegal tal como lo declararon decenas de testigos y familiares víctimas del terror organizado. En esa actividad se dejó asentado que el plan genocida no podría haberse ejecutado sin el accionar conjunto de las fuerzas armadas y las fuerzas policiales provinciales que integran hasta hoy un aparato represivo que el propio estado no ha querido desmantelar.

Consideramos que la única forma de lograr el respeto por la verdad histórica y concretar el Juicio y Castigo, es y será la movilización del pueblo trabajador.

Es por ello que este Viernes 2 de Noviembre llamamos a movilizarnos a las puertas del Tribunal para exigir una vez más que el Estado, a través de sus sentencias, reconozca que en Argentina, y en nuestra región, se planificó y ejecutó un GENOCIDIO y condene a los 22 imputados a Cárcel común, perpetua y efectiva.
Porque la verdad es revolucionaria seguimos en la lucha sin dar “ni un paso atrás”.

ACTIVAR, 1 DE OCTUBRE DE 2012