domingo, 8 de abril de 2012

Torturadores y asesinos sufren de mudez

De 23 acusados 18 se abstuvieron de declarar. 
Las decisiones del tribunal fueron todas unánimes.

El arranque del segundo juicio de la causa "La Escuelita" II fue de alto voltaje. Los primeros tres días de audiencias fueron de desarrollos intensos, con duros cruces entre los fiscales, querellantes y defensores. Hubo fuertes encontronazos a raíz de los planteos preliminares y el tribunal, con resoluciones contundentes en algunos casos y postergando sus fallos para otras instancias, evidenció la firme decisión de avanzar en el proceso sin dejarse distraer por las estrategias de las partes.

Quedó en claro que acusadores y defensores van por todo y fueron a fondo con sus requerimientos. Los primeros procurando que los imputados revelaran algún dato más que el mero formalismo de su ficha personal cuando respondieron las primeras preguntas, y los segundos tratando de lograr cualquier beneficio para sus representados, desde el más modesto hasta pedir la anulación del proceso.

De los 23 acusados 18 se abstuvieron de declarar, aunque algunos prometieron hacerlo después, y quedó abierta la expectativa sobre los cinco restantes, porque hay elementos objetivos que permiten suponer que podrían tomar la palabra y dar su versión de los hechos que les imputan o al menos del proceso (ver aparte).

Si en las dos primeras jornadas con sus gestos y actitudes Raúl Antonio Guglielminetti acaparó la atención, en la tercera, cuando fue llamado para su identificación, decididamente se ubicó en el centro de la escena.

El "mayor Guastavino", nombre de guerra que le asignó el Ejército en su condición de agente civil de inteligencia para su accionar por alrededor de diez años en la zona, hizo gala de un lenguaje casi jurídico y jugueteó con las expectativas de los defensores y público diciendo que hablará, pero cuando lo crea conveniente (ver aparte). Los fiscales abrieron las exposiciones sosteniendo que la comisaría de Cipolletti y la delegación local de la Policía Federal funcionaron como centros clandestinos de detención, en los cuales se interrogó bajo tormentos a los secuestrados antes de que se habilitara "La Escuelita".

Los querellantes arremetieron con nuevos cargos –el Ceprodh pidió que se agregue el delito de genocidio– y que al menos mientras dure el juicio les suspendan a los imputados el beneficio de la prisión domiciliaria.

No se quedaron atrás los defensores, que replicaron cada acusación y redoblaron la apuesta, irritando los ánimos de los querellantes, al pedir que las víctimas que denunciaron haber sufrido tormentos con picana eléctrica, presenten certificados médicos otorgados por un centro asistencial público que acredite ese suplicio.

Todas las definiciones que tomó el tribunal compuesto por los jueces Orlando Coscia, Eugenio Krom y Mariano Lozano -el cuarto es Norberto Ferrando- fueron por unanimidad.