La querella de la secretaría de Derechos Humanos de la Nación solicitó que el tribunal pidiera la nómina de los magistrados y funcionarios judiciales de Roca y de Neuquén entre 1974 y 1983 y se cruzara esta información con los hábeas corpus que fueron rechazados a los familiares en este período en el que buscaban a los desaparecidos.
El pedido efectuado en la audiencia del miércoles fue respaldado por el resto de las querellas, y los jueces deben definir si hacen o no lugar al planteo.
"Es una petición de nueva prueba que está vinculada con una gran cantidad de testimonios que hablan de habeas corpus rechazados. El hábeas corpus es una garantía esencial en épocas de legalidad, y en el marco de la dictadura tenían una relevancia superior precisamente por la falta de garantías", dijo el querellante Marcelo Medrano, en tanto la apoderada Beatriz Gentile, detalló que "queremos determinar cómo actuó la estructura del poder judicial para después saber si el juez o el fiscal encubrió, fue cómplice, actuó, le mintió a la familia... como no lo sabemos exigimos que esta nómina esté para saber qué papel jugó la justicia provincial y federal en esto", dijo.
Agregó que "queremos tener la nómina de magistrados y saber cómo operaron porque la implementación del plan sistemático necesitó de sojuzgar al poder judicial y otras instituciones, como en este juicio tenemos testigos que manifestaron que presentaban hábeas corpus que no eran respondidos, queremos saber si la ciudadanía tuvo algún tipo de defensa de las instituciones provincial o federal", dijo Gentile.
El pedido efectuado en la audiencia del miércoles fue respaldado por el resto de las querellas, y los jueces deben definir si hacen o no lugar al planteo.
"Es una petición de nueva prueba que está vinculada con una gran cantidad de testimonios que hablan de habeas corpus rechazados. El hábeas corpus es una garantía esencial en épocas de legalidad, y en el marco de la dictadura tenían una relevancia superior precisamente por la falta de garantías", dijo el querellante Marcelo Medrano, en tanto la apoderada Beatriz Gentile, detalló que "queremos determinar cómo actuó la estructura del poder judicial para después saber si el juez o el fiscal encubrió, fue cómplice, actuó, le mintió a la familia... como no lo sabemos exigimos que esta nómina esté para saber qué papel jugó la justicia provincial y federal en esto", dijo.
Agregó que "queremos tener la nómina de magistrados y saber cómo operaron porque la implementación del plan sistemático necesitó de sojuzgar al poder judicial y otras instituciones, como en este juicio tenemos testigos que manifestaron que presentaban hábeas corpus que no eran respondidos, queremos saber si la ciudadanía tuvo algún tipo de defensa de las instituciones provincial o federal", dijo Gentile.
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