Desde el Ceprodh cuestionaron la decisión del Tribunal Oral Federal de dar lugar al pedido de la APDH de investigar por ese delito a tres ex jefes militares por la desaparición de seis personas.
"El momento procesal oportuno en que el tribunal tendrá que resolver el planteo de la APDH será con la sentencia", dijo la abogada Natalia Hormazabal.
“No es la calificación legal que corresponde”, aseguró la abogada Natalia Hormazabal del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh) en relación a la decisión tomada el jueves por el Tribunal Oral Federal de Neuquén de remitir los casos de seis víctimas que permanecen desaparecidas a la Fiscalía de Primera Instancia para iniciar su investigación por el delito de homicidio.
El Tribunal hizo lugar al pedido presentado por la abogada de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), María Monserrat Suárez Amieva, de juzgar por homicidio a los ex jefes militares Oscar Reinhold, Luis Alberto Farías Barrera y Mario Gómez Arena como responsables de las muertes de José Delineo Méndez, Miguel Ángel Pincheira, Orlando Cancio, Javier Seminario, Celestino Aigo y José Francisco Pichulman.
La abogada querellante del Ceprodh aclaró que ”no hay ninguna resolución, ni sentencia que establezca que concretamente lo que ocurrió con estos seis compañeros fue un homicidio”. Precisó que “el momento procesal oportuno en que el tribunal tendrá que resolver el planteo que realiza la APDH será con la sentencia”.
Según Hormazabal, homicidio “no es la calificación legal que corresponde” sino que “la correcta es que se juzgue a todos estos genocidas por lo que son, esto es que se reconozca que en la Argentina hubo un genocidio y que se los condene por genocidio. No se trata de una simple enumeración de delitos aislados lo que le ocurrió a nuestros compañeros y compañeras, sino que fueron todos parte de un plan sistemático en el cual actuaron todas las fuerzas represivas de la región, brindando un aporte necesario y fundamental cada uno de ellos”.
En este sentido, la abogada destacó que en “este plan sistemático era tan importante el aporte del que trasladaba a los detenidos como aquel que los interrogaba, el que los secuestraba o quienes los hicieron desaparecer”.
Mencionó que “no es la voluntad de los familiares de los desaparecidos que se los investigue por el delito de homicidio”. Puso como ejemplo la declaración en este juicio de Feliciana Alcapán, madre de José Francisco y Juan Raúl Pichulmán, quien expresó “no quiero que me digan que mis hijos están muertos porque con vida se los llevaron y con vida los quiero de vuelta”.
Sin explicaciones lógicas ni la APDH ni la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, querellante en la causa, respaldan el pedido por genocidio (¡¿?!)
"El momento procesal oportuno en que el tribunal tendrá que resolver el planteo de la APDH será con la sentencia", dijo la abogada Natalia Hormazabal.
“No es la calificación legal que corresponde”, aseguró la abogada Natalia Hormazabal del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh) en relación a la decisión tomada el jueves por el Tribunal Oral Federal de Neuquén de remitir los casos de seis víctimas que permanecen desaparecidas a la Fiscalía de Primera Instancia para iniciar su investigación por el delito de homicidio.
El Tribunal hizo lugar al pedido presentado por la abogada de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), María Monserrat Suárez Amieva, de juzgar por homicidio a los ex jefes militares Oscar Reinhold, Luis Alberto Farías Barrera y Mario Gómez Arena como responsables de las muertes de José Delineo Méndez, Miguel Ángel Pincheira, Orlando Cancio, Javier Seminario, Celestino Aigo y José Francisco Pichulman.
La abogada querellante del Ceprodh aclaró que ”no hay ninguna resolución, ni sentencia que establezca que concretamente lo que ocurrió con estos seis compañeros fue un homicidio”. Precisó que “el momento procesal oportuno en que el tribunal tendrá que resolver el planteo que realiza la APDH será con la sentencia”.
Según Hormazabal, homicidio “no es la calificación legal que corresponde” sino que “la correcta es que se juzgue a todos estos genocidas por lo que son, esto es que se reconozca que en la Argentina hubo un genocidio y que se los condene por genocidio. No se trata de una simple enumeración de delitos aislados lo que le ocurrió a nuestros compañeros y compañeras, sino que fueron todos parte de un plan sistemático en el cual actuaron todas las fuerzas represivas de la región, brindando un aporte necesario y fundamental cada uno de ellos”.
En este sentido, la abogada destacó que en “este plan sistemático era tan importante el aporte del que trasladaba a los detenidos como aquel que los interrogaba, el que los secuestraba o quienes los hicieron desaparecer”.
Mencionó que “no es la voluntad de los familiares de los desaparecidos que se los investigue por el delito de homicidio”. Puso como ejemplo la declaración en este juicio de Feliciana Alcapán, madre de José Francisco y Juan Raúl Pichulmán, quien expresó “no quiero que me digan que mis hijos están muertos porque con vida se los llevaron y con vida los quiero de vuelta”.
Sin explicaciones lógicas ni la APDH ni la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, querellante en la causa, respaldan el pedido por genocidio (¡¿?!)
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